Intentan extorsionar a mujer con 150 mil pesos

Los oficiales decomisaron un arma abastecida con 114 cartuchos y un fusil similar a un AK-47, con 47 cartuchos. Además de doce cargadores con 24 cartuchos calibre .223 cada uno. También un radio de comunicación, dos chalecos tácticos y una camioneta Ford Expedition modelo 1999.

Según el informe, los detenidos manifestaron que presuntamente trabajaban para una célula delictiva identificada como Los Chapitos o Los de la Pizza, y que sus actividades consistían en el cobro de piso, extorsiones y patrullajes mediante vehículos presuntamente clonados en distintos ejidos. Incluso en declaraciones mencionaron que habrían participado en la instalación de puntos de inspección o “retenes” para extorsionar ciudadanos.

Los detenidos, junto con las armas, cartuchos, equipo táctico y vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones.

Advirtió que Baja California enfrenta condiciones particularmente complejas por su ubicación fronteriza, dinámicas económicas y migratorias, además de la operación de organizaciones delictivas que trascienden municipios y requieren coordinación federal.

“La seguridad de Baja California no puede depender de operativos extraordinarios activados después de una crisis. Requiere estrategia, inteligencia, coordinación y presencia permanente”, precisó García Ruvalcaba.

En ese contexto el exhorto propone que instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República y autoridades locales, fortalezcan sus capacidades de inteligencia, investigación y operación en el estado.

Asimismo, requiere que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asuma de manera permanente el liderazgo estratégico y operativo de la participación federal en la coordinación de la estrategia de seguridad implementada en Baja California, garantizando intercambio continuo de información, planeación conjunta y evaluación periódica de resultados.

Daylín García reafirmo que “cuando las circunstancias lo requieren, existe capacidad para concentrar instituciones federales, estatales y municipales, compartir información y reforzar determinadas zonas. Lo que proponemos es que esta coordinación extraordinaria no se limite a reaccionar frente a una alerta, sino que sea permanente”.

Por decisión del Pleno se determinó canalizar la proposición a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, para un mayor análisis y estudio.

“El cobro de piso opera como un auténtico impuesto criminal, cobrado bajo violencia directa, amenazas de muerte, quema de establecimientos y ataques armados”, indicó Echevarría Ibarra.

De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Baja California, con una tasa superior a cinco mil casos por cada cien mil habitantes, mientras que la cifra negra rebasa el 97%, motivada por el temor a represalias y la desconfianza ciudadana en los mecanismos institucionales de denuncia.

El legislador expuso que esta modalidad delincuencial ha golpeado distintos municipios, pues en Tijuana pequeños comercios, taquerías y el sector de autopartes usadas han sufrido cierres masivos y agresiones armadas, mientras que en Ensenada y San Quintín el sector pesquero y gastronómico ha sido vulnerado con cuotas por tonelada comercializada, y en Mexicali comerciantes y bazares han denunciado amenazas escritas y exigencias semanales de pago bajo riesgo de violencia contra sus familias.

Asimismo, cámaras empresariales como Canaco y Canirac han advertido que la presencia constante de grupos criminales ha derivado en abandono de arrendamientos e inversiones, debilitando la confianza en la actividad económica y generando un clima de incertidumbre.

El exhorto solicita expresamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureno Carrillo Rodríguez, y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez rendir un informe detallado sobre las estrategias y acciones implementadas para prevenir, combatir y sancionar el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso, así como los resultados obtenidos.

La propuesta fue respaldada por todas las diputaciones presentes, ante el incremento de esta modalidad delincuencial y la creciente sofisticación con la que operan las células delictivas en los municipios de Baja California, lo que ha generado cierres de negocios, abandono de inversiones y un clima de inseguridad que vulnera directamente a las familias y al sector productivo.

El tema de las extorsión en todas sus modalidades, temas arancelarios ante las nuevas pólizas de Estados Unidos, reforma laboral, inseguridad de alto impacto, gestiones para ampliar servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, comercio informal, mejoras regulatorias, entre otros asuntos relacionados con el poder legislativo.

Durante su mensaje, Nicolás Ayub destacó que el aniversario representa el compromiso de fortalecer el comercio organizado e impulsar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Al tomar protesta al nuevo Consejo, Octavio de la Torre subrayó que las instituciones perduran gracias al trabajo de cada generación, al tiempo que llamó a fortalecer el legado empresarial en beneficio del comercio y la comunidad.

Como parte de la celebración, se rindió homenaje a expresidentes de CANACO Ensenada, quienes participaron en el corte del pastel conmemorativo, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la institución.

Durante el evento rindieron honores a los expresidentes del organismo y participaron como parte del consejo: Mario Ruanova Zárate, Cosme Acuña Amaya, Consuelo Granados de Palafox, Ignacio Chávez Martínez, Víctor Manuel de la Mora Ramos, Martín Muñoz Barba, Alfredo Rico Bravo, Jorge Alberto Menchaca Sinencio y Octavio de la Torre

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a dos hombres que salían apresuradamente del establecimiento y se dirigían hacia un vehículo de transporte tipo taxi en color blanco, que permanecía frente al inmueble con las puertas abiertas y con otra persona en su interior.

Ante dicha situación, los agentes procedieron a intervenir a quienes se identificaron como Carlos “N”, de 31 años; Joel “N”, de 36 años; y Alejandro “N”, de 26 años.

De manera simultánea, una oficial se entrevistó con la persona afectada, un hombre de 65 años de edad, quien se encontraba dentro del establecimiento y presentaba una crisis de ansiedad, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos para brindarle atención.

El ciudadano manifestó que momentos antes los hombres presuntamente lo habían amenazado de muerte para obligarlo a firmar documentos de cesión de derechos, mediante los cuales reconocería una supuesta deuda por la cantidad de un millón 470 mil pesos.

Durante la inspección precautoria del vehículo, los agentes localizaron documentación que coincidía con la señalada por la víctima, por lo que fue asegurada y embalada conforme a los procedimientos correspondientes para su entrega a la autoridad investigadora.

Paramédicos determinaron que la persona afectada presentaba signos vitales estables y que no requería traslado a una institución médica.

Posteriormente, los agentes informaron a los tres intervenidos el motivo de su detención, les colocaron los candados de manos y les dieron lectura a los derechos constitucionales que les asisten, para después trasladarlos a las instalaciones de la corporación local para la certificación médica.

Finalmente Carlos “N”; Joel “N”, y Alejandro “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Una de ellas fue una narcomanta en el puente El Gallo y otra frente a las oficinas del periódico El Vigía en Ensenada.

De acuerdo con el reporte de la SSPCM, los hechos ocurrieron el pasado 21 de julio, cuando elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte relacionado con una extorsión tras la venta de un vehículo con reporte de robo.

Las víctimas señalaron que previamente habían entregado alrededor de dos mil dólares, y después los ahora detenidos les exigieron un pago adicional de 65 mil pesos, argumentando que era el saldo pendiente por la compra del vehículo.

Tras la denuncia, fueron detenidos Adrián “N”, Mariano Vásquez “N”, Rubén “N”, Armando.

La SSPCM informó que los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

De manera complementaria, la diputada plantea incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un Registro Estatal confidencial y no público de personas sentenciadas por violencia digital, orientado a proteger a mujeres, adolescentes y niñas frente a conductas que lesionan su intimidad, seguridad y desarrollo.

Asimismo, procura adicionar al mismo ordenamiento la atribución para que se diseñe un Violentómetro Digital, concebido como herramienta pedagógica y preventiva para identificar señales de riesgo, reconocer conductas de violencia digital y orientar a las víctimas sobre rutas de atención, denuncia y protección.

En materia educativa, impulsa una reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar contenidos sobre violencia digital y mediática en campañas y materiales escolares, así como para promover la difusión del Violentómetro Digital en centros educativos. La iniciativa busca fortalecer la cultura de autocuidado digital y dotar a estudiantes, docentes y familias de herramientas para identificar riesgos, y actuar oportunamente frente a situaciones que afecten la convivencia escolar.

Finalmente, la diputada presenta una iniciativa para adicionar un Título Octavo al Código Penal del Estado, denominado “Delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial”, con el fin de regular conductas humanas que emplean IA para suplantar identidad, fabricar evidencia falsa, manipular registros audiovisuales, defraudar, extorsionar o ejercer violencia digital.

“Baja California requiere un marco jurídico moderno que responda a los riesgos del entorno digital; este paquete de reformas fortalece la prevención, moderniza las instituciones y protege la dignidad, seguridad e identidad de la ciudadanía, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan nuevas formas de violencia mediante tecnologías e inteligencia artificial”, indicó Daylín García.

Sergio Torres Martínez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), y Edgar Alejandro Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, encabezaron el pronunciamiento.

“Lo que le sucedió a Minerva Pérez Castro sigue siendo una herida abierta para Ensenada. Mientras no exista una investigación plenamente esclarecida, responsables procesados y una sentencia firme, esta herida continuará recordándonos que todos somos vulnerables”, afirmó Torres Martínez.

Puntualizó que el llamado es a “las autoridades” respectivas, sin nombrarlas, para que este caso “llegue a sus últimas consecuencias legales”.

“Exigimos conocer la verdad. Exigimos que haya responsables plenamente identificados. Exigimos que haya procesos judiciales concluidos. Exigimos que haya justicia. No buscamos confrontación. Buscamos Estado de Derecho. Porque cuando un crimen de esta naturaleza permanece impune, el mensaje que recibe toda la sociedad es profundamente preocupante”, expresó el vicepresidente.

Hernández González, por su parte, señaló que la “impunidad genera desconfianza” y, a su vez, “la desconfianza genera la percepción de inseguridad”.

“Y este caso, de Minerva Pérez, no puede ser una estadística. Necesitamos que este caso no sea uno de los 11 mil que no llegan a nada, y necesitamos que sea uno de los 7 que tenga un resultado con una pena indicada por un juez para el responsable intelectual. Si no obtenemos ese resultado para este caso, la percepción de impunidad se va a mantener”, afirmó.

A pregunta directa de Zona Norte Noticias sobre la última información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), refirieron que solamente había un detenido por el robo del vehículo usado en el ataque.

“Lo último que nos informaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado, como un gran logro, hace alrededor de 16 meses es que habían detenido al responsable del robo del vehículo. Detener al responsable del robo del vehículo en un Estado donde hay 8 mil 600 casos de robo de vehículo al año, nos parece una burla”, señaló el presidente del Comité Ciudadano.

-Sobre si hay algún autor intelectual, ¿nada? -se les insistió.

-Que se nos haya informado no -respondió Torres Martínez.

-De autor material o autor intelectual, nada -agregó Hernández González.

Mario III Nicolás Ruanova Morineau, presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), afirmó que el llamado, además de lo preocupante y triste de la pérdida de una vida humana, es “esa sensación de falta de respuesta a hechos de este nivel”.

“Lo último que debemos de permitir es que se normalice. No podemos vivir en una sociedad donde se normalicen los actos criminales. Y todo esto derivado de que ‘si no hay consecuencia, yo sigo adelante”, dijo.

José Alfredo Salazar Juárez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ensenada, remarcó que seguirán “haciendo observaciones”, al tiempo de señalar que son un sector formal y que cumple con sus obligaciones.

“Vamos a seguir exigiendo a la autoridad competente que se esclarezca este asesinato”, afirmó.

Sobre el tema de las extorsiones contra el sector pesquero y el llamado “Operativo Marea” por parte del gobierno estatal, Sergio Guevara Escamilla, vocal de la Canainpesca, consideró que es una estrategia correcta, pero que “está llegando tarde”.

“Estaremos muy pendientes de que no se victimice a los empresarios que están trabajando legalmente y que son víctimas de este tipo de extorsiones”, puntualizó.

Y Rubén Ayub Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ensenada (Canaco-Servytur), además de consejero nacional de la Concanaco, señaló que el organismo también se ha estado manifestando desde hace dos años, en referencia al asesinato de Julio César Almanza Armas, presidente de la Fecanaco, en Tamaulipas.

“Esta seguridad que tanto nos cuesta: nos cuestan todo tipo de policías. No sé a quien se le ha ocurrido inventar tantos policías y participaciones de los grupos militares, pero al final del día no nos han garantizado la seguridad. Y más allá de eso, lo que es más triste, donde sí tenemos que elevar la voz, es que se tienen que resolver y no puede quedar impune ningún asesinato, sea un dirigente importante o de un ciudadano común”, mencionó.

A la rueda de prensa acudieron representantes de Codeen, Provino, Comice, Asociación de Hoteles y Moteles, Coparmex, Canirac, Consulten, Canadevi, AMPI, Index y Copreen.

“En Ensenada se ha logrado la desarticulación de 6 bandas relacionadas con distintos giros comerciales y de servicios, en las que se logró la detención de 20 personas presuntamente involucradas”, según los datos expuestos.

Andrade Ramírez indicó que los casos abarcan los sectores restaurantero y empresarial.

“Fue aquí en Ensenada donde nos dieron el foco rojo, nos prendió. Y nos dedicamos a llevarlo a cabo”, dijo.

Como parte de su exposición, la fiscal general citó el caso de una pescadería ubicada en la colonia Ruiz Cortinez, donde acudió el imputado Pedro “N”, el pasado 9 de diciembre de 2025.

“En el lugar amenazó directamente al ofendido exigiéndole el pago de 10 mil pesos mensuales, advirtiendo que en caso de no cumplir, matarían a toda su familia”, citó.

Agregó que, en forma paralela, diferentes coimputados realizaron actos de vigilancia e intimidación, pasando en distintos horarios frente al negocio con el propósito de infundir temor y reforzar la amenaza, generando presión psicológica constante sobre la víctima.

Tras las labores de investigación, cinco personas fueron detenidas el 13 de diciembre del año pasado.

Ma. Elena Andrade Ramírez ejemplificó otras situaciones, como el ocurrido en la Central de Abastos de Tijuana, donde incluso fue entregada una carta presuntamente del Cártel de Tijuana, y donde al final hubo tres detenidos; también el del Bazar Gaby, en Mexicali, donde se exigía “una cuota por protección”, aunque al final hubo cuatro arrestados.

Y también el caso de un sitio de taxis, en Tijuana, donde hubo cinco detenidos y la captura del presunto líder, Luis “N” o “Matute”, quien operaba desde el estado de Jalisco e incluso tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado.

“Donde inclusive llegaron a incendiarles tres taxis. Tuvimos tres eventos”, refirió, al tiempo de señalar que de todos los presuntos involucrados eran líderes y representantes de un cártel, quienes comienzan por el tema de la extorsión y pueden incrementar a otros delitos.

Ávila Olmeda recordó que la “mañanera” anterior en el puerto, le presentaron la estrategia de combate a la extorsión, tomando en cuenta lo que le denunciaron los diferentes organismos.

“Se elaboró una estrategia para combatir la extorsión en Ensenada. Ya hay una estrategia general en todo el Estado. Quiero decirles que no hay grupo de extorsionadores que no esté detenido. A todos se les ha detenido”, afirmó Marina del Pilar.

Recordó que hicieron una estrategia estatal y la homologaron a la estrategia del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinabum Pardo, para integrara los esfuerzos de todas las autoridades de seguridad.

“En un año, fíjense lo que hemos logrado: hay 95 personas detenidas, 43 grupos desarticulados. Y se evitó la extorsión de más de 14 millones de pesos por 5 mil 927 intentos de extorsión”, citó.

Marina del Pilar señaló que el reto actual está relacionado con la Inteligencia Artificial (IA), pues se pueden modificar voces, audios, textos, mensajes o manipular fotografías.

Para esto último, indicó el uso de herramientas tecnológicas de última generación, la denuncia ciudadana y la implementación del programa “Filtro Ciudadano, Antes de Compartir, DesconfIA”.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, detalló que el esquema no es únicamente policial, sino que abarca fiscalización, inspección sanitaria y control financiero.

El funcionario destacó que los nuevos retos operativos incluyen contrarrestar el uso de inteligencia artificial empleado por la delincuencia organizada para cometer fraudes.

Como parte de la operación integral del Centro de Atención y Prevención, las autoridades ejecutaron 110 operativos interinstitucionales de vigilancia y 15 reuniones con sectores productivos.

El despliegue preventivo focalizó revisiones en centros de acopio y bodegas, sumando además la capacitación técnica de los operadores de la línea de denuncia anónima 089.

Y la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, destacó que estas detenciones y desarticulaciones son producto de un firme compromiso con la procuración de justicia y el uso de metodologías avanzadas de investigación, logrando debilitar sustancialmente las estructuras financieras y operativas de las células criminales que atentan contra el comercio y las familias de la entidad.

Por último, sobre la instalación formal de la Mesa Especial de Intervención MAREA en Ensenada, las autoridades explicaron que el modelo tendrá como ejes rectores fundamentados el control territorial, regulación sanitaria, fiscalización financiera y procuración de justicia para proteger de manera prioritaria al sector pesquero y productivo de la región.

Durante el encuentro se abordó el tema de la extorsión telefónica, sus principales modalidades, las recomendaciones para actuar en caso de ser víctima y la importancia de denunciar este delito. Asimismo, se presentó el uso de la aplicación 911 en teléfonos celulares como herramienta de atención inmediata y canalización de emergencias.

El Fiscal Regional de Ensenada compartió casos de éxito relacionados con la atención e investigación de denuncias por extorsión, derivados de las labores institucionales realizadas en coordinación con áreas operativas.

Asimismo, destacó que, por instrucción de la Fiscal General del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, la institución mantiene una política permanente de cercanía con la ciudadanía y los sectores productivos, promoviendo espacios de diálogo que permitan informar sobre las acciones de la Fiscalía y fortalecer la colaboración en materia de seguridad y procuración de justicia.