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Presenta diputada paquete de reformas para fortalecer la protección digital

Redacción
Hace 2 meses
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Diputada Daylín García presenta en el Congreso de BC reformas contra la violencia digital - Foto: Cortesía.

La diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó ante el Congreso del Estado un paquete integral de reformas orientado a fortalecer la protección digital en Baja California, mediante la actualización de leyes en materia de violencia digital, prevención escolar, atribuciones institucionales y delitos cometidos con inteligencia artificial.

En primer término, propone reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para que genere un Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos de Violencia Digital, sustentado únicamente en sentencias firmes y bajo estrictos criterios de protección de datos personales, con el fin de identificar reincidencia, generar diagnósticos y prevenir nuevas agresiones.

De manera complementaria, la diputada plantea incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un Registro Estatal confidencial y no público de personas sentenciadas por violencia digital, orientado a proteger a mujeres, adolescentes y niñas frente a conductas que lesionan su intimidad, seguridad y desarrollo.

Asimismo, procura adicionar al mismo ordenamiento la atribución para que se diseñe un Violentómetro Digital, concebido como herramienta pedagógica y preventiva para identificar señales de riesgo, reconocer conductas de violencia digital y orientar a las víctimas sobre rutas de atención, denuncia y protección.

En materia educativa, impulsa una reforma a la Ley de Educación del Estado para incorporar contenidos sobre violencia digital y mediática en campañas y materiales escolares, así como para promover la difusión del Violentómetro Digital en centros educativos. La iniciativa busca fortalecer la cultura de autocuidado digital y dotar a estudiantes, docentes y familias de herramientas para identificar riesgos, y actuar oportunamente frente a situaciones que afecten la convivencia escolar.

Finalmente, la diputada presenta una iniciativa para adicionar un Título Octavo al Código Penal del Estado, denominado “Delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial”, con el fin de regular conductas humanas que emplean IA para suplantar identidad, fabricar evidencia falsa, manipular registros audiovisuales, defraudar, extorsionar o ejercer violencia digital.

“Baja California requiere un marco jurídico moderno que responda a los riesgos del entorno digital; este paquete de reformas fortalece la prevención, moderniza las instituciones y protege la dignidad, seguridad e identidad de la ciudadanía, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan nuevas formas de violencia mediante tecnologías e inteligencia artificial”, indicó Daylín García.

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Asesinan a policía municipal

Redacción
Hace menos de 1 decada
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El automóvil en el que viajaban los agentes en el lugar donde se llevó a cabo el atentado.  - Foto: Cortesía.

Un ataque con arma de fuego a tres agentes se registró el 29 de marzo, en la zona sur del municipio. Uno de los elementos murió en el lugar otros dos fueron trasladados a hospital de la ciudad de Ensenada y se reportan estables.

Los tres policías adscritos a la secretaría de Seguridad Pública circulaban en un auto particular tras haber concluido su labor.

A eso de las 12:00 horas en el tramo entre las delegaciones El Mármol y El Rosario, se dieron cuenta que eran perseguidos por una camioneta color negro.

Testigos aseguran que el agresor iba en la parte trasera de la unidad.

Sergio Chavarría Solís, comandante de policía en El Mármol, que viajaba en la parte trasera de la unidad fue quien resultó muerto.

Tras el atentado se desplegó un operativo donde participaron elementos estatales y federales. Los hechos se le atribuyen al crimen organizado.

No hubo detenidos.

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Editorial
El espacio público no tiene religión
2026-09-24 12:25:16
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La aparición de un monumento con una inscripción bíblica como los Diez Mandamientos en la zona de la playa municipal de Ensenada abrió el debate sobre la necesidad de preservar espacios públicos neutrales frente a las distintas expresiones religiosas.

Si bien el artículo 24 de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como a participar individual o colectivamente en ceremonias, devociones y actos de culto, tanto en público como en privado, la redacción de este artículo no constituye, por sí misma, una autorización irrestricta para ocupar bienes públicos, colocar anuncios o instalar monumentos en ellos.

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Por otro lado, el artículo 40 de la misma Constitución establece el carácter laico de México, al definirlo como una República representativa, democrática, laica y federal.

La justificación de los promotores y empresarios locales de estos monumentos, que según se ha señalado ya fueron colocados y van a seguirlos colocando en distintos espacios del municipio, es que buscan fomentar valores como el respeto al prójimo y contribuir a mejorar la convivencia social.

Abrir las puertas del espacio público a manifestaciones vinculadas con una determinada creencia religiosa —que, por minoritaria o inusual que sea, no constituye por sí misma una conducta ilícita— obliga, sin embargo, a recordar por qué históricamente se estableció la separación entre el Estado y las iglesias.

El problema comienza cuando una creencia deja de ser una expresión de libertad individual o colectiva y pretende convertirse en una norma para todos. La historia ofrece numerosos ejemplos de cómo la intolerancia religiosa, el fanatismo y el ejercicio abusivo de la autoridad espiritual pueden derivar en coerción, violencia, discriminación o vulneración de derechos.

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Un ejemplo puntual que permite analizar estos fenómenos en México es el caso de Nueva Jerusalén, en Michoacán, una comunidad religiosa conocida por su organización alrededor de una autoridad espiritual y por sus conflictos con instituciones educativas y civiles.

En tiempos más recientes también existen casos documentados de abusos y delitos cometidos por integrantes de organizaciones religiosas. Entre ellos se encuentra el caso de La Luz del Mundo, cuyo dirigente Naasón Joaquín García fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.

En años anteriores fueron retiradas esculturas de la misma zona de la playa municipal que no aludían a creencias religiosas. En la zona Centro también fueron retiradas esculturas con el busto de Emiliano Zapata, sin que quedara claro para la ciudadanía el criterio aplicado en esos casos.

Aun cuando estos monumentos a todas luces religiosos cuenten con los permisos municipales correspondientes y la iniciativa haya sido incluso propiciada desde el propio Ayuntamiento, permanece una cuestión de fondo: el espacio público pertenece a todos y el Estado debe mantener una posición de neutralidad frente a las distintas creencias.

Porque la libertad religiosa protege el derecho de cada persona a creer, practicar y expresar su fe; no significa que una creencia particular deba convertirse en símbolo oficial del espacio que compartimos todos. La verdadera convivencia no consiste en imponer una visión del mundo sobre las demás, sino en garantizar que creyentes, no creyentes y personas de distintas religiones puedan caminar por el mismo espacio público sin que ninguna de ellas tenga que sentir que ese espacio le pertenece más que a las otras.

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