Congreso de Baja California aprobó ‘‘Nueva Ley Bonilla’’

Calificó iniciativa privada el decreto como un "nuevo episodio vergonzoso de la política en nuestra entidad''

Héctor Andrade S. / ZNNoticias

Hace 6 años

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El gobernador de Baja California Jaime Bonilla.

Foto: Cortesía.

El Congreso de Baja California aprobó una iniciativa de decreto que reforma el Artículo 42 del régimen municipal para Baja California que entrará en función a partir de su publicación.

Esta modificación permitirá al gobernador Jaime Bonilla Valdez proponer a los presidentes municipales que podrían sustituir a los alcaldes que por alguna razón pidan licencia para ausentarse.

La ley determina que las ausencias mayores a 15 días naturales de los alcaldes serán resueltas por el Congreso estatal. Con esta nueva reforma, y ante la ausencia de un suplente que tome el cargo en ese lapso, el gobernador podrá enviar propuestas de alcaldes, regidores y síndicos procuradores al Congreso.

Con 16 votos a favor por parte de la fracción de Morena, así como los legisladores del PT, PVEM y Transformemos y cinco en contra por parte de Los diputados del PAN, Loreto Quintero y Eva María Vázquez, Rosina del Villar (Morena), Gerardo López (PRD) y Elí Topete (MC).

Se ha destacado en diversos medios que esto no solo tomo lugar a un mes de que comience el proceso electoral para elegir al próximo gobernador, si no también se da a unos días del regreso del alcalde de Tijuana, Arutro González, quien el 15 de octubre solicitó licencia y regresó el 5 de noviembre, pidiendo licencia nueve días después.

Con esta movida por parte del gobernador del estado la administración de Morena sigue acumulando desaprobación de una oposición y de la comunidad empresarial, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California, quien rechazó esta aprobación y buscarán acciones legales que puedan hacer frente a una ley que han calificado ''nuevo episodio vergonzoso de la política en nuestra entidad''.

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Condenan a 40 años de cárcel a hacker que filtró miles de documentos de la CIA

Colaboración

Hace 2 años

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Joshua Schulte en 2019 usa un celular de contrabando dentro de la Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. (Imagen de dominio público) - Foto: Cortesía.

Estados Unidos

Joshua Schulte, de 35 años de edad y exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Estados Unidos, fue condenado a 40 años de cárcel por filtrar archivos confidenciales a Wikileaks, la organización fundada por Julian Assange.

La que de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos calificaron como «la mayor violación de datos en la historia de la CIA», «causó un daño incalculable a nuestra seguridad nacional, en su búsqueda de venganza contra la CIA por su respuesta a las brechas de seguridad de Schulte mientras estaba empleado allí».

Así lo dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado, donde además el hombre fue acusado de traicionar a su país y cometer uno de los crímenes más descarados de la historia del país norteamericano.

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Schulte compartió unos 8 mil 761 documentos al portal Wikileaks en 2017, por lo que había sido condenado por diversos cargos en tres juicios federales separados, celebrados en 2020, 2022 y 2023.

En esta ocasión, lo sentenciaron por cargos de espionaje, piratería informática y desacato al tribunal. También lo culparon de posesión de pornografía infantil.

Schulte, que se halla preso desde 2018, trabajó como ingeniero informático en el Centro de Inteligencia Cibernética de la CIA entre 2012 y 2016 que fue cuando filtró los documentos. Durante su tiempo de trabajo creó una herramienta llamada Vault 7, que permitía a la CIA hackear teléfonos inteligentes y utilizarlos como dispositivos de escucha.

Fue en 2017 que WikiLeaks publicó los datos y denunció este programa de espionaje basado en el sistema Vault 7.

«El archivo parece haber circulado entre ex piratas informáticos y contratistas del gobierno de Estados Unidos de manera no autorizada, uno de los cuales ha proporcionado a WikiLeaks partes del archivo», explicaron el origen de los datos mediante un comunicado colgado en su portal.

El fiscal contó que la filtración de datos surgió de una problema laboral entre Schulte con sus compañeros que lo llevó a trabajar en otra oficina.

El problema se agravó cuando la CIA quiso pagar a un contratista para desarrollar una herramienta similar a la que él había creado.

Acusaron que fue desde la computadora de su casa, en abril de 2016, cuando Schulte transmitió los archivos robados a WikiLeaks, utilizó para ello herramientas que la organización de Assange recomienda utilizar a sus fuentes.

Luego, intentó limpiar cualquier rastro, formateando los discos duros internos de su equipo. Luego de ser detenido en 2018, todavía intentó desde prisión filtrar más datos desde un celular que ingresó a escondidas.

Envió a un periodista información sobre los grupos cibernéticos de la CIA y quiso enviar más información a WikiLeaks. Describió el Departamento de Justicia que incluso creó perfiles falsos en redes sociales con el nombre de Jason Bourne para seguir compartiendo información.

Más tarde, en un registro de su departamento, las autoridades encontraron «decenas de miles de imágenes de materiales de abuso sexual infantil», detallaron los fiscales en su comunicado.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste

Mexicali, B.C.

2026-10-25 11:54:08

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Redacción

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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

Más información...

Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

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