Aprehende FGE a prófugo por femicidio

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, indicó este martes 6 de octubre en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que se dio intervención al órgano de control para que investigue el caso dentro de sus atribuciones administrativas y determine si existen posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La inclusión de Inteliproof Efficient en el padrón de proveedores de la FGE, y recién sancionada por la OFAC, puso en revisión la relación comercial de la institución. La fiscal explicó que las medidas se adoptaron de manera inmediata debido a que la contratación de este tipo de empresas puede involucrar la adquisición de equipos y sistemas de seguridad con recursos públicos.

La funcionaria señaló que la revisión deberá realizarse conforme a las disposiciones legales aplicables, tanto federales como estatales, así como a los reglamentos correspondientes.

Andrade Ramírez precisó que no se ha determinado suspender a algún funcionario relacionado con las contrataciones, pues todavía no se cuenta con elementos objetivos que justifiquen esa decisión. Añadió que las acciones deberán conducirse bajo criterios de transparencia y con base en los resultados de las investigaciones administrativas.

Conforme a una solicitud hecha por este medio de comunicación, la dependencia refirió que son cinco casos, junto con el relacionado con Leticia Isabel Chávez Ojeda, víctima del delito señalado, y quien acusó directamente a Pedro “N”.

Sobre el caso de Chávez Ojeda, las autoridades indicaron la existencia de una carpeta del 2023; ahí se indica que la víctima, de 50 años de edad, refirió el presunto abuso en 1994, cuando tenía 17 años.

“Está archivada por prescripción, no tuvo afectación. La víctima ya impugnó la determinación. Se está en espera de que el Tribunal Estatal señale fecha para la audiencia”, según los datos obtenidos.

También afirmaron que la FGE “actuará con rigor, responsabilidad y perspectiva de género para esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia y determinar las posibles responsabilidades conforme a derecho”.

Y que brindarán “atención y protección a las denunciantes, salvaguardando su integridad y confidencialidad”.

Leticia Isabel, en rueda de prensa realizada el pasado jueves 10 de septiembre, mostró su denuncia formal ante la FGE, realizada el 28 de octubre de 2023, en el Módulo de Justicia Alternativa Orientación Praderas de El Ciprés, con Número Único de Caso (NUC) 0201-2023-16960.

Actualmente la víctima, apoyada por la asociación civil Diamantina Rosa, solicita que más mujeres se sumen para llevar a cabo una demanda colectiva.

Las denuncias podrán ser canalizadas en el sitio oficial de redes sociales (https://www.facebook.com/profile.php?id=61584460419140) y al número de WhatsApp (646) 127 1394.

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El primer incidente fue reportado alrededor de las 02:26 horas, sobre la calle Del Puerto, entre México y Pípila, donde se informó sobre el incendio de un vehículo Volkswagen Beetle, modelo 2017, color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos señalaron que un hombre habría quebrado uno de los vidrios del automóvil con una piedra y posteriormente arrojado al interior una botella u otro objeto, provocando el inicio del fuego.

Elementos del departamento de Bomberos acudieron al lugar y sofocaron las llamas. Una vez controlado el incendio, no fue posible identificar indicios claros que permitieran determinar en el sitio el origen del siniestro, aunque se indicó que el fuego pudo haber sido provocado mediante el uso de algún acelerante.

Después, y aproximadamente a una cuadra del primer incidente, se registró un segundo incendio. El reporte que se recibió fue de una explosión y de un vehículo en llamas sobre la calle Juárez, entre México y Pípila, también en Buenaventura, en las inmediaciones de una casa de cambio y una yarda de vehículos.

Al llegar al lugar, se localizó un Mini Cooper color beige, modelo 2016, que resultó con daños totales a consecuencia del incendio. En este incidente atendido por la unidad M33, el personal de Bomberos indicó que no tenían personal suficiente porque lo que no había peritos disponibles para la elaboración del dictamen.

En ambos asuntos los afectados manifestaron tener distintas sospechas sobre las posibles causas de los incendios pero aún no hay elementos para determinar la responsabilidad.

Una de las personas afectadas señaló que podría tratarse de una persona conocida, mientras que en el segundo caso se mencionó como posible línea de investigación un asunto relacionado con la cobertura del seguro del vehículo.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hacen cargo de las investigaciones correspondientes.

Tras el accidente, un elemento de la Policía Municipal acudió como primer respondiente, aseguró al conductor del vehículo y lo trasladó a la Estancia Municipal de Infractores para la práctica del certificado médico de alcoholemia.

Posteriormente regresó al lugar del accidente para continuar con diversas diligencias relacionadas con el procesamiento de la escena y la elaboración del Informe Policial Homologado. Fue hasta después de concluir esas actuaciones cuando se formalizó la detención del conductor y lo puso a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó que la detención había sido ilegal al considerar que el elemento policial realizó previamente actos de investigación antes de formalizar la detención en flagrancia, rompiendo con el principio de inmediatez que debe existir entre la privación de la libertad y la puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Como consecuencia de esa determinación, la persona imputada obtuvo su libertad con reservas de ley.

Derivado de estos hechos, la CEDHBC inició una investigación en la que analizó la carpeta de investigación, el Informe Policial Homologado, resoluciones judiciales, informes rendidos por las autoridades involucradas y demás diligencias practicadas durante la integración del expediente.

La investigación permitió acreditar que el elemento policial omitió realizar la detención de manera inmediata, privilegiando actos de investigación antes de formalizarla, actuación que posteriormente repercutió en la resolución judicial que declaró ilegal la detención.

Asimismo, el Organismo documentó que personal de la FGE calificó como legal dicha detención sin advertir las irregularidades existentes y continuó con la integración de la carpeta de investigación bajo esas condiciones.

La Comisión también acreditó diversas omisiones durante la investigación ministerial posteriores a la audiencia inicial. Entre ellas, inconsistencias en los domicilios utilizados para localizar a la persona imputada, retrasos en la ejecución de la orden de aprehensión, falta de coordinación entre agentes del Ministerio Público y personal de investigación, así como periodos prolongados sin actuaciones relevantes dentro de la carpeta, circunstancias que retrasaron el desarrollo del procedimiento penal y afectaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

La Recomendación plantea diversas medidas dirigidas a ambas autoridades. En el caso de la FGE, solicita concluir diligentemente la investigación penal, elaborar un manual para la correcta calificación de detenciones e investigar la actuación del personal involucrado. A la SSPCM le recomienda implementar un programa permanente de capacitación para el personal operativo, impartir cursos sobre la actuación del primer respondiente en hechos de tránsito e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia, el Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo que representa para las víctimas.

Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2026 en un domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita, donde el imputado presuntamente agredió físicamente a su pareja. Durante la agresión, una menor de edad intervino con la intención de proteger a la víctima; no obstante, el imputado la lesionó con un cuchillo en la mano izquierda.

Derivado de las investigaciones realizadas, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar la imputación y obtener la vinculación a proceso, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La funcionaria estatal lo declaró este martes 9 de junio durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizada en el municipio de Ensenada, en torno al caso dado a conocer durante la mañana del pasado domingo 7 de junio.

Conforme publicó Zona Norte Noticias, los cuerpos estaban a un costado de la carretera libre Ensenada-Tijuana, a la altura del kilómetro 86, en la demarcación citada; ellas presentaban huellas de violencia y manchas de sangre.

Andrade Ramírez explicó que, de primera instancia, tenía “la connotación” de un accidente, pero posteriormente confirmaron las agresiones.

“Sí fueron ultimadas por disparos de arma de fuego. Lo extraño es que, hasta el momento, no hay una reclamación. No tenemos un reporte de extravío previo de dos mujeres. Nadie ha reclamado los cuerpos”, citó sobre el caso.

La fiscal general indicó que están en la etapa de intentar identificar a las víctimas.

“No tenemos identificación. Pueden ser personas que no sean del lugar, puesto que nadie las ha reclamado. Repito: no hay una denuncia de desaparición de personas o desaparición de mujeres, sobre todo, con esas características”, aseguró.

Sobre más detalles, agregó que “eran muertes recientes”, es decir, entre 24 y 48 horas de haber ocurrido los homicidios.

“Los cuerpos se encontraban en buen estado”, dijo, al tiempo de agregar que “puede ser” que las hayan arrojado.

“Conforme a la evidencia, pudieron haber sido privadas en otro lugar cercano”, concluyó Ma. Elena Andrade Ramírez sobre el tema.

El viernes 14 de mayo, alrededor de las 20:25 horas, los elementos de la Policía Municipal, recibieron el reporte y al llegar a la escénica localizando a una persona aún lesionada, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención médica pero perdió la vida.

La víctima fue identificada como Faustino Antonio González Díaz. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el reporte se recibió una alerta relacionada con amenazas en el plantel, localizado en el cruce de la calle José María Morelos y Paseo Pacífico. Elementos de seguridad pública acudieron al sitio y se entrevistaron con el subdirector de la institución.

El directivo informó que mientras se encontraba laborando escuchó a través del radio de frecuencia interna, utilizado como medio de comunicación entre personal docente y de intendencia, una voz masculina desconocida que emitió el mensaje:

“Aliniense, ahorita va a ser el tiroteo en la Secundaria #43”.

Tras el aviso, se activó el protocolo de seguridad escolar, el cual incluyó la revisión de pertenencias con apoyo del Comité de Participación Social, integrado por padres de familia presentes en ese momento.

Durante la inspección, un menor de 12 años entregó un radio sin antena, mientras que otro estudiante de la misma edad reconoció haber manipulado el dispositivo junto con su compañero y ambos señalaron haber intervenido en el equipo de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 21 de abril en la colonia Vista al Mar, en la parte alta de Maneadero, donde lo que inició como un altercado verbal entre ambas terminó en una agresión con navaja.

La joven lesionada fue atendida por servicios de emergencia y, según la información disponible hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y lograron la detención de la presunta responsable, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se hará cargo de la investigación.