Denuncia regidora a presidenta municipal de SQ ante la FGE

Por ello, se solicita a la Secretaría de Salud de Baja California y a ISSSTECALI remitir un informe detallado sobre el estado que guardan las investigaciones, los procedimientos administrativos iniciados, las posibles responsabilidades identificadas, las denuncias presentadas y las medidas implementadas para reforzar los controles de adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos. Asimismo, se solicita informar si los productos involucrados llegaron a distribuirse entre la población derechohabiente o si fueron retirados preventivamente.

La proposición también plantea requerir información a la Fiscalía General del Estado respecto al avance de las carpetas de investigación relacionadas con estos hechos, incluyendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos y, en su caso, la existencia de personas imputadas o sujetas a algún procedimiento derivado de las indagatorias.

De igual forma, la diputada pidió la intervención de la Auditoría Superior del Estado y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que informen sobre auditorías, revisiones, investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa vinculados con la adquisición, recepción, resguardo y distribución de los medicamentos objeto de investigación, así como sobre posibles daños al erario y sanciones aplicadas.

Alejandrina Corral subrayó que el objetivo del exhorto no es sustituir las facultades de las autoridades investigadoras ni prejuzgar sobre la responsabilidad de persona alguna, sino garantizar la transparencia en los avances y resultados de las investigaciones. “Esclarecer estos hechos permitirá fortalecer los mecanismos de control sanitario, prevenir futuras irregularidades y asegurar la protección efectiva del derecho a la salud de las y los bajacalifornianos”.

Debido a esto, a la fecha se generó un problema de 900 toneladas de basura que no han sido levantadas, según denunciaron diferentes sectores, como el hotelero y restaurantero.

La mandataria estatal refirió que se han reunido varias empresas, tanto de la ciudad como del Valle de Guadalupe, para brindar el servicio.

“Pero la clausura se dio conforme a derecho”, afirmó Marina del Pilar.

Norma Elvia Martínez Santos, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Smads), explicó que los permisos fueron revocados, para luego dar paso al derecho de audiencia, términos y plazos para solventar las observaciones e incumplimiento, pero Ecoterra no aprovechó sus recursos legales.

“Realmente, la empresa como tal, no cuenta con ninguna autorización ni Manifiesto de Impacto Ambiental, ni licencia de manejo de residuos, desde el año pasado. Le dimos a la propia empresa la oportunidad de solventar todas esas observaciones (como) cédula de operación anual, que manifestaran inclusive su uso de suelo. El Manifiesto tiene algunas observaciones y no cumplieron con las mismas. No fueron entregadas en tiempo y forma”, abundó Martínez Santos.

Agregó que el cierre “fue una decisión empresarial” y que la Procuraduría de Protección al Ambiente realizó “una suspensión de actividades”, al tiempo de recordar que las empresas tienen derecho a recurrir a instrumentos legales.

La secretaria citó que, desde el martes pasado que fue la clausura, han monitoreado la ciudad de Ensenada, y observaron que “cuentan con un servicio estable” gran parte de las zonas de mayor concentración y de atracción turística.

También que estarán al tanto de los prestadores de este tipo de servicios para que puedan ofrecer una tarifa razonable y cumplan con la normatividad ambiental vigente.

El procurador ambiental estatal, Omar Javier Durán Contreras, informó que la suspensión fue por no cumplir con la normatividad para poder operar y que hay término legal para que puedan aportar la documentación.

“Si ellos la aportan, lo vamos a tomar en cuenta y se puede hasta levantar la suspensión, pero ellos no han aportado un solo documento”, dijo.

El funcionario detalló que Ecoterra tenían los permisos vencidos y para aplicar la suspensión se tiene que pasar por procedimiento administrativo de la Smads, además de plazos legales, así como resoluciones e impugnaciones.

“Ya para cuando llega la procuraduría es porque no cuentan con las licencias, no contaban con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y si no se cuenta con ese manifiesto, la ley dice que debe clausurarse. No hay para donde hacerse”, remarcó.

Reiteró que procedieron a clausurar tras pasar todos los plazos y términos legales facultados por ley.

“No lo hicieron. Contaron con términos legales y no lo hicieron”, reiteró Durán Contreras.

Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo y Previsión social estatal, indicó que se acercaron en primera instancia siete trabajadores, quienes afirmaron que no habían recibido liquidación.

“Bajo el argumento de que (Ecoterra) no tenía solvencia económica. Este, definitivamente, no es un argumento que valga para evadir el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. Se está representando este grupo, se está agotando el proceso de conciliación, esperando que la empresa asuma su responsabilidad”, apuntó.

Arregui Ibarra adelantó que, en caso contrario, se presentará la demanda ante el Tribunal Laboral; en el proceso, también buscará vincular al personal a un nuevo empleo.

“Estos Centros representan un avance fundamental para garantizar que las mujeres reciban acompañamiento especializado y multidisciplinario, con la certeza de que sus derechos serán protegidos”, señaló la legisladora.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, quien ha impulsado la instalación de los CEJUM en distintos municipios, fortaleciendo la política pública de atención a mujeres víctimas de violencia.

“Sin embargo, como representante del pueblo mágico de Tecate, reconozco las bondades de contar con un Centro de Justicia para las Mujeres en nuestro municipio, un espacio que garantiza atención digna y especializada para quienes enfrentan violencia de género”, indicó Maythé Méndez.

En este sentido, solicitó que se informe a la soberanía sobre los avances del proyecto, el inicio de construcción y la fecha tentativa de operación.

El exhorto aprobado por unanimidad del Pleno contó con el respaldo de diputaciones de diversas fuerzas políticas, quienes se adhirieron de manera particular a la propuesta, reafirmando el compromiso de la XXV Legislatura de impulsar políticas públicas que fortalezcan la atención y protección de las mujeres en Baja California.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:10 horas, cuando el C5 emitió una alerta sobre una menor extraviada, proporcionando las características físicas y de vestimenta para facilitar su localización inmediata por parte de las unidades que realizaban recorridos preventivos en el primer cuadro de la ciudad.

En atención al reporte, elementos adscritos a la Policía Turística reforzaron la vigilancia y búsqueda en distintos puntos de la zona centro, logrando ubicar a una menor que coincidía plenamente con las características difundidas en las inmediaciones del área conocida como Mirador del Mosquito.

Una vez localizada, los oficiales verificaron su identidad y confirmaron que se encontraba en buenas condiciones físicas, sin presentar lesiones ni situación alguna que comprometiera su integridad, brindándole acompañamiento y resguardo mientras se realizaban las acciones necesarias para reunirla con sus familiares.

Tras confirmar plenamente los datos de identificación y siguiendo los protocolos de atención y protección a menores de edad, los agentes municipales efectuaron el traslado de la niña para reunirla con su madre, logrando entregarla sana y salva.

La corporación reiteró la importancia de reportar de manera inmediata al número de emergencias 9-1-1, cualquier situación relacionada con personas extraviadas, ya que la pronta denuncia permite activar los protocolos de búsqueda y respuesta que contribuyen a obtener resultados favorables en beneficio de la comunidad.

De esta forma, se garantiza que las víctimas puedan denunciar en cualquier momento, sin que el paso de los años le cierre el acceso a la justicia, resaltó la legisladora al darle lectura al presente Dictamen desde la Máxima Tribuna del Congreso del Estado.

Entre los beneficios de la presente reforma, pueden citarse: el combate a la impunidad que fortalece la protección de la niñez y grupos vulnerables; reconoce el impacto emocional y psicológico de la violencia digital y, salvaguarda la dignidad, privacidad e integridad de las víctimas.

Las personas menores de dieciocho años y aquellas que no cuentan con capacidad de comprender o resistir el hecho, enfrentan barreras estructurales para denunciar este tipo de delitos.

El miedo, la vergüenza, la manipulación del agresor, la dependencia emocional o económica, así como la falta de información jurídica, provocan que muchas víctimas tarden años en identificar la conducta como delictiva y en estar en condiciones de acudir ante las autoridades.

En México, el fenómeno de la violencia sexual contra menores ha sido ampliamente documentado. Reformas recientes al Código Penal Federal y a diversos códigos penales estatales han eliminado la prescripción para delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, en reconocimiento a que estos ilícitos presentan altos niveles de subregistro y denuncia tardía.

De ahí la importancia de haberse aprobado por el Pleno por veinte votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 30 de la Comisión de Justicia que preside la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo y que contiene la reforma al Código Penal de la Diputada Gloria Miramontes.

Lo anterior como parte del “Operativo Valle”, realizado en Estación Coahuila del municipio, donde también fue arrestado Raúl “N”, originario de San Luis Río Colorado, Sonora, y presunto homicida de 19 años requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó este sábado 6 de junio que el operativo comenzó desde el viernes 5 de junio, tras una denuncia ciudadana, y aún continúan las labores de las fuerzas especiales en el valle.

“Se logró localizar este hangar clandestino, se desmanteló ayer. Se aseguró una avioneta ultraligera. También se decomisaron 20 kilogramos de cocaína. Hay un detenido: tiene orden de aprehensión por homicidio en el Estado de Sonora y se le detuvo en San Luis Río Colorado gracias a un convenio de colaboración que tenemos con Sonora”, explicó.

Esto, para que los agentes de las Fuerzas Estatales (FESC) puedan hacer detenciones al cruzar la frontera, prosiguió Ávila Olmeda, al tiempo de agregar que Raúl también es buscado por Estados Unidos.

“Ha sido requerida también por autoridades norteamericanas, por la DEA, y se empezará con el proceso correspondiente para que se cumpla con toda la normatividad”, dijo.

Sobre el cártel que estuviera a cargo de las instalaciones, Marina del Pilar refirió que al parecer “es una célula delictiva de Sinaloa”, pero no señaló específicamente alguna.

Conforme a los datos trascendidos por medios locales, el hangar al parecer era operado por “Los Rusos”, brazo armado del Cártel de Sinaloa (CDS) que opera principalmente en Baja California y parte de Sonora.

“En Baja California no hay ningún rincón en donde puedan esconderse los criminales, nosotros buscamos paz, tranquilidad, seguridad, y hangar que pongan, hangar que vamos a desmantelar, laboratorio que pongan, laboratorio que se va a desmantelar y aquí vamos a seguir siempre combatiendo la criminalidad de forma frontal”, puntualizó la gobernadora.

Como pate de las acciones, el despliegue se concentró en las inmediaciones de Estación Coahuila, un poblado pegado al Estado de Sonora.

En el “Operativo Valle”, realizado en Estación Coahuila del municipio, fue arrestado Raúl “N”, originario de San Luis Río Colorado, Sonora. - Foto: Cortesía.

Fabricio Ruiz, director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, señaló que, en el perímetro de la intervención, también fue capturado un hombre de 52 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la operación de la aeronave irregular.

De manera paralela, el rastreo estratégico en el Ejido Oviedo Mota permitió la recuperación de un vehículo pick-up de modelo reciente con reporte de robo en el extranjero, además del aseguramiento de una unidad tipo panel abandonada por civiles armados en su huida.

La titular del Ejecutivo, señaló que continuará el trabajo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de seguir garantizando el orden y el estado de derecho en beneficio de las familias bajacalifornianas.

De acuerdo con la investigación, el 23 de septiembre de 2009 Enrique “N” celebró una compraventa de dos predios localizados en el Ejido Capricornio, delegación Camalú, recibiendo un pago de 70 mil pesos por parte de la víctima.

Las indagatorias establecen que el 11 de marzo de 2019 habría realizado una segunda operación de compraventa sobre los mismos terrenos, situación que originó la denuncia y la posterior investigación ministerial.

Durante la audiencia correspondiente, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial para determinar la existencia de elementos suficientes que permitieran vincular a proceso al imputado.

Asimismo, el Juez de Control impuso medidas cautelares para garantizar la continuidad del procedimiento penal y la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso.

El operativo fue llevado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero la titular en la entidad, Teófila González Lozada, evitó el 1 de junio dar declaraciones sobre el tema; lo mismo para el vicealmirante José Luis Meugniot, administrador del lugar.

De lo poco compartido por González Lozada, es que supuestamente se enteraron por “una denuncia anónima”.

Carrillo Rodríguez refirió que hace 15 días personal de la Fuerza Estatal aseguró tres vehículos de alta gama en “una especie de taller” ubicado en Tijuana, y que ese día obtuvieron información del robo de vehículos de alta gama, principalmente hacia el centro de la república y Sinaloa.

Explicó que las unidades son utilizadas para terrenos escabrosos y agrestes, al contar con características como llantas anchas y altas, además de motores arreglados.

“También obtuvimos información del posible tráfico de ese tipo de vehículos, precisamente, en Ensenada a través de contenedores. Es decir, fue la información que se compartió en su momento con la Fiscalía General de la República. Es lo que tenemos nosotros. Más allá de esto, es todo lo que podemos comentar. No sabemos los resultados de este aseguramiento porque no se ha comentado de manera oficial”, dijo hoy Carrillo Rodríguez.

Al ser cuestionado sobre cómo pudieron haber entrado los vehículos a dicho lugar, el secretario de Seguridad reiteró que es un tema que debe investigar la FGR.

“Nosotros únicamente compartimos la información porque en temas de prevención, que es lo que me corresponde a mí, es lo que localizamos y lo que podemos obtener de información de campo cuando hay algún tipo de detención. Más allá de cómo llegaron y quien los introdujo, será trabajo de la Fiscalía General de la República a través de estas actividades que está realizando”, respondió.

Por último, insistió que la información con la que cuentan se pone a disposición de la FGR, y que los vehículos asegurados por la SSCBC sí cuentan con reporte de robo en Estados Unidos.

Sobre el tema del visado, que tomó relevancia desde hace un año a raíz de la cancelación del documento para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (el 10 de mayo de 2025), y los posteriores señalamientos a otros políticos de Morena, Ayala Robles aseguró que aún cuenta con la autorización oficial.

“No me han notificado nada: tengo mi visa. Paso, más o menos, cada 15 días”, afirmó.

Armando Ayala recordó que su familia cuenta con un negocio de automóviles usados en la zona centro, y suele ayudar a su padre para adquirir “carritos viejos”.

“Allá (en Estados Unidos) y se traen, se arreglan y se venden. Desde hace muchos años”, aseguró.

-¿Cuándo se te vence? -se le preguntó.

-¿La visa? Creo que hasta el 2033. Cruzamos a veces de paseo, o también de negocio que tenemos en la yarda -respondió el exalcalde de Ensenada.

Sobre la carpeta de investigación filtrada a medios de comunicación, en la que -junto con otros políticos morenistas- fue mencionado él y funcionarios del entonces XXIII Ayuntamiento de Ensenada (en su primer periodo como presidente municipal), aseguró que no ha sido buscado por las autoridades federales mexicanas.

“Con la supuesta denuncia, esa que salió en medios de comunicación, yo me enteré por los medios, pero nunca me ha llegado un citatorio, una notificación, o algún documento de que se me esté investigando”, dijo.

Asegura que sigue pagando la “Casa Más Bonita de México”

Como parte de su respuesta, Ayala Robles agregó que sigue pagando la conocida casa en la que vive en la zona centro, misma que en la parte frontal tienen un letrero con la leyenda “La Casa Más Bonita de México. 1982”, tras recibir un premio nacional de arquitectura por parte de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, tras diseño y construcción del arquitecto Alberto Madrid Mérida, en 1971.

“La casa donde yo vivo, que es tu casa también, ahí vivo desde que yo trabajaba en las estaciones de radio. No es una casa que adquirí cuando haya sido servidor público. Incluso todavía estoy pagando el crédito hipotecario porque saqué el crédito hipotecario a 20 años. Han pasado 16, me faltan cuatro. Se pagan 13 mil pesos al mes por el crédito hipotecario de la casa. Está en Bancomer”, dijo en referencia al edificio ubicado en la avenida Ryerson.

Las y los integrantes del Colegio participaron activamente durante la exposición, manifestando interés en los programas presentados y planteando diversas inquietudes, mismas que fueron atendidas por el personal de la institución, generando un diálogo abierto y productivo que contribuye a fortalecer la cultura de la denuncia y la participación ciudadana.

Por parte de la Fiscalía General del Estado estuvieron presentes el Fiscal Regional de Ensenada, Lic. Miguel Ángel Pérez Rojas; el encargado de despacho del programa Fiscal Enlace Contigo, Mtro. Sergio Pineda Ortiz; la Directora General de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal, Lic. Sonia López Urrea; y la Coordinadora del C5 en Ensenada, Isla Figueroa.

Al concluir la reunión, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, A.C., Ing. Ricardo Alberto Herrera Magdaleno, agradeció la participación de la institución y reiteró el interés de continuar impulsando este tipo de acercamientos en beneficio de la comunidad.

Que durante el operativo elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Fiscalía Federal en el Estado de Baja California, revisaron dos contenedores que tenían por destino final el continente asiático en el primero de ellos.

Aseguraron dos camionetas y en el segundo, dos vehículos los cuales tenían reporte de robo. Los vehículos y contenedores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad representada por el fiscal federal, quien continúa con la aplicación de técnicas de investigación y recopilación de indicios y pruebas para deslindar responsabilidades.