AHÍ VIENE EL LOBO, AHÍ VIENE EL LOBO... Y LA TORMENTA NUNCA LLEGÓ

El ajuste espacial busca equilibrar el sustento social con los esfuerzos de conservación de la Vaquita Marina (Phocoena sinus), especie en alto riesgo de extinción propensa a la captura incidental.

En este sentido, la autoridad federal precisó que la denominada Zona de Tolerancia Cero se mantendrá intacta y continuará operando bajo las máximas restricciones de conservación.

Para garantizar la navegabilidad y las actividades productivas ordenadas, el acuerdo prevé la creación de un canal regulado que permitirá el tránsito de embarcaciones menores.

No obstante, dentro del área restringida que permanece, únicamente se autorizará el uso de artes de pesca selectivas, como redes suriperas activas, líneas de anzuelos, palangres, trampas y buceo libre o semiautónomo, previa aprobación del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y autorización de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Además, se mantendrá la prohibición estricta de realizar actividades pesqueras en horario nocturno, de 19:00 a 05:00 horas.

Monitoreo, marcaje y abrogación de normas previas

El ordenamiento deroga formalmente los acuerdos expedidos el 24 de septiembre de 2020 y el 9 de julio de 2021, que establecían el marco regulatorio previo y sus factores detonantes.

En su lugar, el nuevo marco institucional contempla mecanismos de control reforzados.

La Conapesca implementará el marcaje de las redes de enmalle autorizadas que operen fuera del polígono de prohibición para identificar formalmente los equipos y a los permisionarios.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), se instalará un sistema de monitoreo inalterable en las embarcaciones menores en un plazo no mayor a 12 meses tras la asignación presupuestal correspondiente.

Además, se delimitarán los puntos autorizados para el zarpe y arribo de embarcaciones, con facultad de la Conapesca para normar sitios adicionales fuera de los alcances del acuerdo.

Con esta estrategia de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEMAR y las autoridades pesqueras, se busca encauzar una actividad pesquera responsable y sustentable que devuelva la estabilidad económica a las familias de la región, salvaguardando al mismo tiempo el ecosistema único del Alto Golfo de California.

Los datos oficiales establecen, que en lo que respecta a la protección de la vaquita marina, los monitoreos realizados entre mayo y septiembre de 2025 confirmaron la presencia de la especie en la Zona de Tolerancia Cero y sus alrededores.

Por ello, las autoridades y la organización Sea Shepherd reforzaron la vigilancia en el área.

En torno a la actividad pesquera, reconocieron la existencia de especies de interés comercial en el Norte del Golfo de California que pueden aprovecharse de manera sustentable.

Cabe recordar que en febrero de 2026, el Grupo Interinstitucional (GIS), acordó iniciar los trámites para modificar el Acuerdo de 2020 que regula las artes, métodos y horarios de pesca, así como los sitios de desembarque y sistemas de monitoreo para embarcaciones en la región.

El acuerdo del publicado el 14 de octubre, por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de Sistemas de Monitoreo para tales embarcaciones, puede ser consultado en: https://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5801240&fecha=14/10/2026

Durante el encuentro con la prensa, se les refirió que periodistas de Tecate se manifestaron hoy para exigir protección y el cumplimiento de los protocolos, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) no había recibido la denuncia respectiva.

También se les hizo saber de un texto, proporcionado por Jorge Caro, donde aseguró que hasta el momento carecía de alguna medida de protección.

Conforme a la denuncia, el comunicador estaba en su casa el pasado sábado 10 de octubre, probando un dron, cuando dos hombres armados se le acercaron e ingresaron a su domicilio ubicado en la colonia Santa Anita, en dicha localidad.

Los sujetos revisaron su vivienda, le tomaron fotografías a su rostro y a la credencial de elector con fotografía; también se llevaron el dron, además de exigirle el teléfono celular y la contraseña para desbloquearlo.

Tras esto, se retiraron en un vehículo y le advirtieron que regresarían “al rato”, supuestamente para devolverle los artículos.

Marina del Pilar expresó su solidaridad y que “tendrá todo el acompañamiento del Gobierno del Estado”, además de asegurar que supuestamente había solicitado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que emitiera “las medidas de seguridad necesarias”.

“Pero, como gobernadora, todo mi respaldo, toda mi solidaridad. Es un hecho terrible. (Pedirle) a la Fiscalía (General del Estado de Baja California) y al Secretario que se revisen cámaras, toda la situación en general, para dar con los responsables”, dijo la gobernadora, al tiempo de reiterar que se tiene que “proteger” el ejercicio del periodismo.

“Cuenten con todo mi respaldo, mi solidaridad, en estos hechos”, agregó.

Juan José Pon refirió que el 10 de octubre tuvieron comunicación con Caro y que para el 11de octubre implementaron cinco medidas de protección, mediante la Secretaría General de Gobierno, específicamente del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas.

Agregó que, además de rondines en la casa, también lo habían acompañado jurídicamente, y que supuestamente el martes 13 se había presentado la denuncia.

Sin embargo, colegas de Jorge Caro insistieron en que esto no se había cumplido y que tampoco estaba funcionado, como debería, el mecanismo indicado.

“Este es un espacio donde participan autoridades y, obviamente, compañeros periodistas. Las personas que autorizan en su momento este tipo de medidas son las que participan en ese mecanismo. Tanto autoridades, insisto, como integrantes del gremio periodístico. Nosotros tenemos la certeza de que sí se les están aplicando esas medidas de protección. Si ustedes me dicen que no, en este momento yo me comprometo a revisarlo”, concluyó el secretario general de Gobierno.

La alcaldesa señaló que, ante la magnitud de las afectaciones, solicitó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda su intervención ante el Gobierno de México para gestionar el respaldo necesario para la atención de las familias damnificadas y la rehabilitación de viviendas, vialidades e infraestructura pública.

Agatón Muñiz explicó que la solicitud de declaratoria de desastre natural documenta las afectaciones registradas los días 10 y 11 de octubre por lluvias severas, inundaciones, fuertes vientos y deslaves, entre ellas la pérdida de viviendas, daños a la infraestructura y riesgos derivados de derrumbes.

Precisó que la magnitud de los daños rebasa la capacidad financiera y operativa del municipio para atenderlos en su totalidad, por lo que resulta indispensable sumar los recursos y capacidades de los gobiernos estatal y federal.

“No vamos a minimizar lo ocurrido ni a dejar solas a las familias frente a las consecuencias de esta tormenta. Estamos trabajando en las colonias afectadas y gestionando los recursos que Ensenada necesita para recuperarse”, afirmó.

La presidenta municipal indicó que, mientras avanza el procedimiento correspondiente, las dependencias municipales mantienen las labores de limpieza, desazolve, atención a familias damnificadas y evaluación de daños en las comunidades afectadas.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil dará seguimiento a la solicitud y atenderá los requerimientos de información de las instancias competentes.

El llamado Súper Niño (denominación informal, pero usada por el sector científico) es una temporada de tormentas excepcionalmente intensa que puede provocar inundaciones graves, sequías y temperaturas récord.

Sobre el huracán Simón, los últimos reportes refieren que se degradó a categoría 1 y se perfila hacia Baja California Sur, aunque se prevé que afecte a San Quintín.

“También quiero reiterar algo: no podemos bajar la guardia. Esto apenas inicia. El Niño continúa activo. Los pronósticos indican que podemos tener nuevos episodios de lluvia conforme avanza el otoño y el invierno. Incluso, se pronostica el próximo domingo la llegada de Simón a las costas de Baja California, especialmente municipios como San Quintín pudieran verse afectados”, detalló Ávila Olmeda.

La mandataria estatal reiteró que la contingencia sigue activa, donde se prevé que continúen las lluvias durante los próximos días.

“Pedimos seguir atendiendo los avisos de Protección Civil: no cruzar arroyos, muy importante. No cruzar corrientes de agua, sobre todo cuando la lluvia esté activa. Evitar permanecer en los cauces. No podemos pensar ‘Es que nunca ha llegado la lluvia hasta acá, estamos a tantos metros de distancia del cauce’. Tenemos que prevenir”, expresó.

Marina del Pilar recomendó acercarse con las autoridades en caso de que alguna persona viva cerca de zonas de riesgo, sobre todo antes de que lleguen nuevas lluvias.

“Nosotros hemos estado, estamos y seguiremos estando en comunicación permanente con quien viva en una zona de riesgo, pero es importante que ellos mismos manifiesten su intención de salir. Nosotros haremos lo propio”, aseguró la gobernadora.

Higuera también ha marcado un precedente para el kayak mexicano al convertirse, en 2024, en la primera mujer del país en clasificar y participar en un campeonato mundial de esta disciplina. En esa edición, celebrada en Madeira, Portugal, conquistó la medalla de bronce.

A su trayectoria internacional se suma la medalla de oro obtenida en 2024 en el Hanohano Ocean Challenge, realizado en San Diego, California, donde se impuso en la categoría Open de la rama femenil.

Con estos resultados, la palista bajacaliforniana continúa fortaleciendo su trayectoria en competencias internacionales y contribuyendo al desarrollo y la proyección del kayak mexicano.

El tijuanense Diego Peraza, especialista en estilo libre, estará en el colchón este sábado junto a otros 22 luchadores que buscarán la gloria universal en los 70 kilogramos.

Luchadores de Armenia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, China, Egipto, España, Georgia, Alemania, India, Japón, Kazajistán, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Rusia, Turquía, Ucrania y Estados Unidos combatirán en esta división.

El alumno de José Chacón, en el Centro de Alto Rendimiento de Baja California, en Tijuana, luego de un campamento en la Ciudad de México, se encuentran en Las Vegas, listo para representar a México.

La legisladora explica que esta práctica representa un riesgo para la seguridad de quienes transitan diariamente por las calles, ya que los responsables suelen recurrir a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas para obligar a las personas afectadas a entregar dinero por daños que fueron provocados deliberadamente.

De acuerdo con la exposición de motivos, el pasado 16 de septiembre autoridades de seguridad municipal de Tijuana informaron sobre la desarticulación de dos células presuntamente dedicadas a esta actividad delictiva, con un total de diez personas detenidas. Estos grupos operaban principalmente sobre la Vía Rápida y el bulevar Insurgentes, donde utilizaban varios vehículos para provocar colisiones y exigir pagos bajo intimidación.

Asimismo, la iniciativa hace referencia a un incidente ocurrido el 22 de septiembre en Playas de Tijuana, donde un automovilista resultó lesionado con un arma blanca tras un altercado vial relacionado con presuntos “montachoques”, por lo que es urgente proteger la integridad y el patrimonio de las y los automovilistas.

En cuanto a las sanciones, la reforma propone aplicar el agravamiento previsto para el delito de extorsión, que contempla un incremento de hasta una mitad de la pena correspondiente y hasta 500 días de multa. Además, establece que las penas podrán aumentar hasta el doble cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres o integrantes de grupos vulnerables.

La diputada Evelyn Sánchez enfatizó que, aunque la extorsión ya se encuentra contemplada en la legislación penal, resulta necesario reconocer expresamente esta modalidad para evitar que los choques provocados sean tratados únicamente como conflictos de tránsito o asuntos de carácter civil.

En consecuencia, la iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para combatir estas conductas, proteger a las víctimas y contribuir a que las familias bajacalifornianas puedan desplazarse con mayor seguridad, sin exponerse a actos de intimidación o afectaciones a su patrimonio.

“Los mecanismos de seguridad que incorporan los vehículos pueden ser vulnerados mediante dispositivos tecnológicos que facilitan el robo en cuestión de minutos. Es necesario que la legislación contemple estas modalidades y establezca consecuencias específicas para quienes las utilicen”, subrayó el congresista.

En cuanto al robo a casa habitación, la iniciativa propone adicionar de dos a seis años de prisión a las sanciones correspondientes cuando el delito se cometa mientras una o más personas que habitan el inmueble se encuentren en su interior, así como en otros supuestos relacionados con circunstancias agravantes previstas en el propio Código Penal.

En su planteamiento, reconoce que este delito no solo afecta el patrimonio de las familias, sino también la seguridad de quienes se encuentran en su hogar. Ante esta situación, plantea que los casos comprendidos en esta nueva disposición se persigan de oficio, sin que la actuación de la autoridad dependa de la presentación de una denuncia formal por parte de la persona afectada.

Al respecto Bryan Castillo indicó: “Cuando un robo ocurre dentro de una vivienda habitada, la afectación va más allá de los bienes sustraídos, pues también compromete la seguridad de las personas. La iniciativa busca que estas circunstancias tengan un tratamiento específico en la legislación penal”.

Adicionalmente, el proyecto plantea precisar los conceptos de reparación del daño para incluir gastos de arrastre y depósito de vehículos recuperados, reposición de cerraduras y sistemas de seguridad dañados para cometer el delito, así como la reposición de documentos sustraídos.

La iniciativa de reforma al Código Penal fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y seguimiento legislativo.

Entre las principales observaciones derivadas de las auditorías se identificaron adeudos pendientes de recuperación, incumplimiento de metas de los programas operativos anuales, irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), omisiones en la incorporación de la perspectiva de género, deficiencias en el control de medicamentos y falta de documentación para comprobar obras y pagos a proveedores.

Ello, luego de qué la Auditoría Superior del Estado pusiera a consideración de los integrantes de este órgano legislativo, los Informes Individuales de las cuentas públicas.

Otros dictámenes analizados que si fueron aprobados, corresponden a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE); Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana (IMJUV Tijuana); Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California (ISSSTECALI).

También se analizó el informe individual de las cuentas públicas de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA); Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN Rosarito); Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN Tijuana); así como los Ayuntamientos de San Quintín, de Tecate y de San Felipe.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de San Felipe, fue la entidad fiscalizada con la máxima puntuación, al obtener cien puntos en la evaluación cuantitativa realizada, misma que fue reconocida por las y los integrantes de la comisión.

En la sesión participaron, además de la diputada presidenta Alejandra Ang Hernández, las diputadas Julia Andrea González Quiroz, Dunnia Montserrat Murillo López, Norma Angélica Peñaloza, Michel Sánchez Allende, Mayola Gaona Medina y Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, así como los diputados Jaime Cantón Rocha y Fidel Mogollón Pérez.

Cabe destacar que se atiende a todas las comunidades afectadas en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

En este contexto, se desplegaron 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) integrada por personal de Infantería de Marina, Sanidad Naval, y Servicios, Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), así como 224 elementos del Mando Naval y el despliegue de un helicóptero MI-17 y un avión tipo Cessna, para efectuar sobrevuelos de búsqueda y reconocimiento en las áreas afectadas del municipio de Ensenada.

Por otra parte, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, desplegó dos patrullas interceptoras y una embarcación tipo Defender, con el objetivo de realizar patrones de búsqueda en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo El Pípila en Maneadero. Asimismo, en coordinación interinstitucional, en tierra se realiza la búsqueda de personas no localizadas tras el desbordamiento de citado arroyo.

Entre las diferentes acciones que se realizaron en Ensenada Baja California, destaca la evacuación de pacientes en el Hospital General de Ensenada, labores de achique de agua, retiro de lodo, restablecimiento del sistema eléctrico, rescate de personas en vehículos inundados, desazolve de vialidades, remoción de árboles caídos y postes de luz, levantamiento de censo de viviendas dañadas, con el empleo de maquinaria pesada se despejaron vías en el poblado San Carlos, lo que permitió la evacuación de personas que se encontraban aisladas; asimismo, se brindó atención médica a personas en el albergue del poblado El Papalote, San Quintín.

La Secretaría de Marina se empeña en la búsqueda de las personas que no han sido localizadas al Equipo USAR MARINA con binomios caninos, sobrevuelos con helicóptero MI-17 y dron.

En las zonas siniestradas y en redes sociales se han hecho cuestionamientos sobre la presencia de políticos, representantes populares y ciudadanos que han expresado abiertamente sus aspiraciones a cargos de elección popular.

Marcos Carlón, Daniela García Salgado, Edith Méndez, Armando Ayala, Eduardo Vega, Marcela Valdez, Iván Nolasco, Adrián García y Marco Antonio Estudillo, figuran entre los protagonistas.

La discusión no radica en el acto mismo de llevar ayuda, invaluable y urgente, para quien lo ha perdido todo, sino en la narrativa y la puesta en escena con que se entrega (con los logos o el nombre del partido por delante).

Transmisiones en vivo, galerías fotográficas posadas, el despliegue de banderas partidistas como las del PAN o el uso explícito de chalecos institucionales en el caso de militantes de Morena, abre espacios a la especulación y a los cuestionamientos en torno a, si la motivaciones la empatía humana o cálculo electoral.

Incluso entre quienes han optado por un perfil aparentemente más moderado, como Marco Estudillo o Adrián García, la presencia del lente fotográfico genera suspicacia.

Ante este panorama, la opinión pública en Ensenada muestra distintas posturas.

Por un lado, hay quienes consideran que, en medio del desastre, el origen y la intención del recurso son secundarios. Para la familia que carece de techo, agua o alimento, la ayuda efectiva importa más que el ego o intención de quien la entrega.

Para otros, estos actos podrían enfocarse en el oportunismo abierto y una falta de respeto hacia las víctimas. Utilizar el sufrimiento humano para exhibir la inoperancia de los gobiernos en turno, sumar adeptos o posicionar marcas partidistas en vísperas electorales roza la mezquindad política.

Las coincidencias se centran en, si la verdadera solidaridad requiere de escenografía, logotipos y redes sociales para ser válida.

La asistencia social en tiempos de desastre es un deber ciudadano y una responsabilidad pública, no un activo de campaña.

La ciudadanía de Ensenada afectada por la tragedia sabrá ponderar si las acciones de estos y otros personajes, responden a una genuina vocación de servicio o simple "raja política".