Justicia Cívica descarta confrontación con DSPM por detención de abogado “coyote”
Iván Barbosa, de Justicia Cívica, negó ayer un conflicto con la DSPM por la detención de un abogado que ofrecía asesoría sin permiso en la vía pública. - Foto: Cortesía.
El director de Justicia Cívica, Iván Barbosa Gutiérrez, respondió a los señalamientos realizados por un abogado y gestor, quien fue detenido en las inmediaciones del edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por presuntamente ofrecer asesoría y servicios de gestión a cambio de una remuneración económica.
El litigante presentó una queja ante la Sindicatura Municipal, en la que señaló que, después de su detención, el subdirector jurídico de la DSPM le habría aconsejado proceder legalmente contra la Dirección de Justicia Cívica y los jueces cívicos para obtener un beneficio económico.
Barbosa Gutiérrez rechazó los señalamientos y consideró que se trata de un intento del litigante por generar una confrontación entre las áreas de Seguridad Pública, que encabeza Alejandro Monreal Noriega y su dirección de Justicia Cívica.
“La verdad es que estamos coordinados, y así seguiremos. No hay un conflicto”, afirmó el funcionario, al señalar que ambas instancias participaron en el procedimiento contra el abogado, debido a que éste incurrió en una falta contemplada en el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Explicó que ese día de la intervención, el abogado presentó un cuadro de presión arterial elevada después de su detención, por lo que no permaneció en las celdas municipales y se le mantuvo en un lugar separado.
Barbosa Gutiérrez recordó que el motivo del arresto fue por que el litigante se encontraba en el exterior de las instalaciones ofreciendo servicios a cambio de una remuneración económica, situación que fue reportada por una persona y derivó en la actuación de los agentes.
Indicó que este tipo de conductas continuarán siendo atendidas y exhortó a la ciudadanía a reportarlas a través del número de emergencias 911.
Señaló que desde el inicio de operaciones del Juzgado Cívico se ha establecido coordinación para atender este tipo de situaciones, particularmente cuando personas ofrecen servicios de gestión o asesoría en la vía pública sin contar con autorización municipal.
Esta práctica, comúnmente conocida como “coyotaje”, está contemplada como una infracción en el artículo 162, fracción XIII, del Bando de Policía y Gobierno de Ensenada.
La disposición establece como falta “utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin contar con el permiso de la autoridad municipal”.