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Buscan fortalecer acciones para la protección del patrimonio y datos personales

Colaboración
Hace 2 meses
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El diputado Fidel Mogollón Pérez propone reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de BC para prevenir fraudes electrónicos - Foto: Cortesía.

Ante el incremento de fraudes electrónicos, robo de información personal y otras modalidades delictivas vinculadas al entorno digital, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California para fortalecer las acciones preventivas en materia de delitos patrimoniales y riesgos digitales.

El legislador busca que se incorpore dentro de las atribuciones de coordinación institucional estrategias de información, orientación, difusión y concientización dirigidas a proteger a la ciudadanía de mecanismos de engaño, fraudes en línea y conductas que pongan en riesgo su patrimonio, seguridad o datos personales.

La transformación tecnológica ha generado importantes beneficios para la sociedad, sin embargo, también ha propiciado nuevas formas de delincuencia que afectan directamente a miles de personas mediante falsas inversiones, ofertas de empleo fraudulentas, ventas engañosas en plataformas digitales y robo de identidad.

En ese sentido, propone establecer una coordinación interinstitucional de seguridad para implementar estrategias enfocadas en la prevención de delitos patrimoniales y riesgos digitales, mediante campañas permanentes de información y orientación ciudadana.

Además, que el Programa Estatal de Seguridad Ciudadana incluya acciones, metas y subprogramas específicos orientados a la prevención de delitos patrimoniales, riesgos digitales y mecanismos de engaño.

Fidel Mogollón destacó que, por la condición fronteriza y alta conectividad tecnológica y comercial, Baja California requiere herramientas más sólidas para enfrentar las amenazas emergentes del entorno digital y con esta reforma, se fortalece el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana y se promueve una cultura de protección, denuncia y uso responsable de las tecnologías.

Abundó que el fraude continúa entre los delitos de mayor incidencia en el país, mientras que el porcentaje que no se denuncia, conocido como cifra negra, supera el 90 por ciento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos.

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Asesinan a policía municipal

Redacción
Hace menos de 1 decada
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El automóvil en el que viajaban los agentes en el lugar donde se llevó a cabo el atentado.  - Foto: Cortesía.

Un ataque con arma de fuego a tres agentes se registró el 29 de marzo, en la zona sur del municipio. Uno de los elementos murió en el lugar otros dos fueron trasladados a hospital de la ciudad de Ensenada y se reportan estables.

Los tres policías adscritos a la secretaría de Seguridad Pública circulaban en un auto particular tras haber concluido su labor.

A eso de las 12:00 horas en el tramo entre las delegaciones El Mármol y El Rosario, se dieron cuenta que eran perseguidos por una camioneta color negro.

Testigos aseguran que el agresor iba en la parte trasera de la unidad.

Sergio Chavarría Solís, comandante de policía en El Mármol, que viajaba en la parte trasera de la unidad fue quien resultó muerto.

Tras el atentado se desplegó un operativo donde participaron elementos estatales y federales. Los hechos se le atribuyen al crimen organizado.

No hubo detenidos.

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Editorial
El espacio público no tiene religión
2026-09-24 12:25:16
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La aparición de un monumento con una inscripción bíblica como los Diez Mandamientos en la zona de la playa municipal de Ensenada abrió el debate sobre la necesidad de preservar espacios públicos neutrales frente a las distintas expresiones religiosas.

Si bien el artículo 24 de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como a participar individual o colectivamente en ceremonias, devociones y actos de culto, tanto en público como en privado, la redacción de este artículo no constituye, por sí misma, una autorización irrestricta para ocupar bienes públicos, colocar anuncios o instalar monumentos en ellos.

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Por otro lado, el artículo 40 de la misma Constitución establece el carácter laico de México, al definirlo como una República representativa, democrática, laica y federal.

La justificación de los promotores y empresarios locales de estos monumentos, que según se ha señalado ya fueron colocados y van a seguirlos colocando en distintos espacios del municipio, es que buscan fomentar valores como el respeto al prójimo y contribuir a mejorar la convivencia social.

Abrir las puertas del espacio público a manifestaciones vinculadas con una determinada creencia religiosa —que, por minoritaria o inusual que sea, no constituye por sí misma una conducta ilícita— obliga, sin embargo, a recordar por qué históricamente se estableció la separación entre el Estado y las iglesias.

El problema comienza cuando una creencia deja de ser una expresión de libertad individual o colectiva y pretende convertirse en una norma para todos. La historia ofrece numerosos ejemplos de cómo la intolerancia religiosa, el fanatismo y el ejercicio abusivo de la autoridad espiritual pueden derivar en coerción, violencia, discriminación o vulneración de derechos.

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Un ejemplo puntual que permite analizar estos fenómenos en México es el caso de Nueva Jerusalén, en Michoacán, una comunidad religiosa conocida por su organización alrededor de una autoridad espiritual y por sus conflictos con instituciones educativas y civiles.

En tiempos más recientes también existen casos documentados de abusos y delitos cometidos por integrantes de organizaciones religiosas. Entre ellos se encuentra el caso de La Luz del Mundo, cuyo dirigente Naasón Joaquín García fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.

En años anteriores fueron retiradas esculturas de la misma zona de la playa municipal que no aludían a creencias religiosas. En la zona Centro también fueron retiradas esculturas con el busto de Emiliano Zapata, sin que quedara claro para la ciudadanía el criterio aplicado en esos casos.

Aun cuando estos monumentos a todas luces religiosos cuenten con los permisos municipales correspondientes y la iniciativa haya sido incluso propiciada desde el propio Ayuntamiento, permanece una cuestión de fondo: el espacio público pertenece a todos y el Estado debe mantener una posición de neutralidad frente a las distintas creencias.

Porque la libertad religiosa protege el derecho de cada persona a creer, practicar y expresar su fe; no significa que una creencia particular deba convertirse en símbolo oficial del espacio que compartimos todos. La verdadera convivencia no consiste en imponer una visión del mundo sobre las demás, sino en garantizar que creyentes, no creyentes y personas de distintas religiones puedan caminar por el mismo espacio público sin que ninguna de ellas tenga que sentir que ese espacio le pertenece más que a las otras.

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