Beneficia a 25 mil personas “Tijuana: Ciudad Limpia”: Ismael Burgueño

La jornada gastronómica se realizó en los jardines del Centro Cultural Riviera el domingo 14 de junio donde los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar una amplia variedad de platillos elaborados especialmente para la ocasión, con muestras gastronómicas exclusivas creadas por reconocidos chefs de la región, quienes destacaron la calidad de los productos del mar que distinguen a Ensenada como uno de los principales destinos culinarios del país.

Los encargados de la inauguración fueron Luis Carlos Novelo Salas, presidente de la CANIRAC, Adhara García García, presidenta de la CANAINPESCA, el Secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola y la Secretaría de Pesca Dra. Alma Rosa Garcia Juarez, el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui Ibarra, y la directora del Riviera, Rosela Medina Lencioni.

Los expositores presentaron propuestas culinarias diseñadas exclusivamente para el festival, ofreciendo a los visitantes una experiencia única para descubrir nuevas interpretaciones de pescados, mariscos y productos regionales.

Además de las degustaciones, el encuentro permitió promover la actividad pesquera local y fortalecer la identidad gastronómica de Baja California, considerada una de las regiones culinarias más importantes de México gracias a la calidad de sus ingredientes y la creatividad de sus cocineros.

El Festival del Pescado y el Marisco se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes de Ensenada, al reunir en un mismo espacio a reconocidos chefs, productores, viticultores y amantes de la cocina del mar, quienes celebran año con año el gran momento que vive la gastronomía de la región.

En el festival del pescado y Marisco Ensenada también apoyamos a nuestra comunidad, por eso no olviden pasar al Stand de Conectados con Autismo una red de apoyo para madres, padres y familias de personas autistas, trabajando juntos para construir una comunidad más informada, empatía y fuerte.

El festival contó con la participación de destacados cocineros como Diego Hernández, Solange Muris y Benito Molina, de Manzanilla; David Castro Hussong, de Fauna; David Linares, de Bruma Wine Garden; Drew Deckman, de Deckman’s en el Mogor; Rob Ruiz, de Enso Omakase; Ángel Beltrán, de La Conchería, entre muchos otros representantes de la cocina bajacaliforniana.

Categoría Pescado frío

1er lugar La barra Conchita, de Tijuana

2do lugar Tinta/Co

3er lugar Valle Omakase

Categoría Pescado Caliente

1er lugar MIRA Fireside

2do lugar Occio de Rosarito

3er lugar Ignia Baja Bistro, de Tecate

Categoría Marisco Frío

1er lugar MIRA Fireside

2do lugar Salvia Blanca

3er lugar Bocalobina

Marisco caliente

1er lugar MIRA Fireside

2do lugar Yatai

3er lugar Alma Tierra

-Stand Decorativo

Ejido Nacionalista Sánchez Taboada

-People Choice

Temaky

La funcionaria estatal lo declaró este martes 9 de junio durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizada en el municipio de Ensenada, en torno al caso dado a conocer durante la mañana del pasado domingo 7 de junio.

Conforme publicó Zona Norte Noticias, los cuerpos estaban a un costado de la carretera libre Ensenada-Tijuana, a la altura del kilómetro 86, en la demarcación citada; ellas presentaban huellas de violencia y manchas de sangre.

Andrade Ramírez explicó que, de primera instancia, tenía “la connotación” de un accidente, pero posteriormente confirmaron las agresiones.

“Sí fueron ultimadas por disparos de arma de fuego. Lo extraño es que, hasta el momento, no hay una reclamación. No tenemos un reporte de extravío previo de dos mujeres. Nadie ha reclamado los cuerpos”, citó sobre el caso.

La fiscal general indicó que están en la etapa de intentar identificar a las víctimas.

“No tenemos identificación. Pueden ser personas que no sean del lugar, puesto que nadie las ha reclamado. Repito: no hay una denuncia de desaparición de personas o desaparición de mujeres, sobre todo, con esas características”, aseguró.

Sobre más detalles, agregó que “eran muertes recientes”, es decir, entre 24 y 48 horas de haber ocurrido los homicidios.

“Los cuerpos se encontraban en buen estado”, dijo, al tiempo de agregar que “puede ser” que las hayan arrojado.

“Conforme a la evidencia, pudieron haber sido privadas en otro lugar cercano”, concluyó Ma. Elena Andrade Ramírez sobre el tema.

Las unidades tenían como destino el estado de Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 18:38 horas del 7 de mayo en la calle Laderas, donde los agentes localizaron tres unidades de procedencia extranjera que fueron verificadas mediante coordinación con la California Highway Patrol (CHP).

Entre los vehículos recuperados se encuentra una camioneta Toyota Tacoma modelo 2026, color café, que tenía reporte de robo emitido por la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, California, desde el 21 de abril de 2026.

Además fue asegurada una Toyota Tundra modelo 2022, color negro, que tenía reporte de robo vigente desde el 30 de enero de 2026, registrado por el Departamento de Policía de San José, California.

La tercera unidad corresponde a una RAM modelo 2024, color negro, la cual quedó bajo resguardo en el corralón Grúas Bladys mientras las autoridades estadounidenses envían la documentación de soporte para confirmar su estatus legal.

La unidad fue registrada bajo el inventario número 048244. Durante la intervención fue detenido Edder Félix de 32 años de edad, originario de Mexicali, quien fue puesto a disposición de la autoridad de la Fiscalía General de la República (FGR) a quien le competente la investigación.

Lo anterior se desprende de una respuesta obtenida el 7 de mayo de 2026, mediante una solicitud de transparencia hecha por el colectivo Ensenada Digna, en torno a la “Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada”, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) clasificaron la información en torno a: proyecto ejecutivo completo; planos de trazo definitivo y preliminar; así como entradas, salidas, entronques y accesos.

También para: planos de afectación parcelaria; memorias descriptivas; secciones transversales y longitudinales; modificaciones al trazo y croquis de obras provisionales.

Para las motivaciones, las autoridades federales argumentaron los artículos 102 y 107 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tras considerar que hacer pública la información representa “un riesgo real, demostrable e identificable”.

“Ya que actualmente la información requerida respecto al proyecto… se encuentra en etapa de validación y aprobación por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pudiendo presentar modificaciones u observaciones por parte de la DGST”, según la respuesta.

Indicaron que la información disponible corresponde a “estudios preliminares” y la publicidad “supone un riesgo para la realización de proyecto” pues está directamente relacionada con “procesos administrativos no concluidos”.

Esto, en apego al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, mismo que establece que no podrán ejecutarse trabajos de construcción o reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa autorización de la Secretaría, de los planos memoria descriptiva y demás documentos con las obras que pretenden ejecutarse.

El gobierno federal remarcó que “el riesgo de prejuicio al difundirse dicha información supera el interés público de conocerla”, pues dichos documentos “constituyen un insumo indispensable para la toma de una postura institucional”, al igual que para la “determinación final”.

“Que a la fecha aún no ha sido adoptada por las autoridades competentes, por lo que al divulgar dicha información podría interrumpir o menoscabar la conducción técnica de futuras negociaciones, con lo que se pondría en riesgo las condiciones de propuestas de operación, así como la exitosa culminación de proyecto”, conforme al texto.

En la respuesta se reitera que la exposición pública podría interpretarse como una “postura definitiva” y que incluso podría generar “presiones externas que alteren la voluntad de negociación” o comprometer “el margen de ajuste” que requieran las áreas técnicas para emitir una “conclusión sólida”.

“Así como inducir a terceros a especular sobre montos no oficiales o sobre obligaciones contractuales aún no confirmadas, afectando la estabilidad institucional del proyecto”, aseguraron las autoridades.

Agregaron que, incluso, dar a conocer elementos deliberativos “no firmes” podría “deteriorar la confianza pública en el proyecto”, pudiendo interpretarse como un retraso o incumplimiento contractual, e incluso “derivar en presiones políticas injustificadas”

“En razón de la fecha señalada para la validación y aprobación de proyecto ‘Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada’, se considera que el periodo de reserva es de cinco años en consideración de que no hay fecha definitiva para la terminación por parte de las autoridades competentes”, según subrayaron.

“No puede hablarse de legalidad si se oculta la información”: Ensenada Digna

Tras obtener la clasificación, integrantes del colectivo Ensenada Digna señalaron que dicha decisión representa “un grave atentado contra el derecho de la ciudadanía de estar informada” y participar en decisiones que afectan directamente el territorio, recursos hídricos, y medio ambiente.

Señalaron que la reserva citada contradice los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a garantizar transparencia y participación pública en asuntos ambientales.

“No puede hablarse de legalidad, transparencia ni participación ciudadana cuando la información relacionada con obras de alto impacto ambiental se mantiene oculta a la población”, puntualizaron en su postura pública.

Por lo anterior exigieron: La inmediata desclasificación de la información relacionada con los trabajos observados sobre el trazo del Bypass; y transparencia total sobre permisos, estudios y actividades actualmente en ejecución.

También el respeto al derecho ciudadano de acceso a la información ambiental y participación pública; y que ninguna obra o actividad avance mientras persistan irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sobre la pasada reunión pública de información, realizada el 12 de mayo en Ceart Ensenada por parte de Semanart y la compañía TGC Geotecnia, S.A. de C.V. -proyectista contratada por Banobras y la SICT-, recordaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por dicha empresa ha sido ampliamente cuestionado.

Esto, por las omisiones, inconsistencias técnicas y una deficiente evaluación de los impactos estructurales, ambientales hídricos, sociales y arqueológicos del proyecto.

“Por lo que ha cobrado sumas que rebasan los 51.9 millones de pesos tan solo en las cifras que han accedido a revelar”, apuntaron.

El Bypass es un libramiento de 25 kilómetros de largo para quitar presión a la carretera Escénica Tijuana-Ensenada y mantener una vía de comunicación; esto, ante probables nuevos deslizamientos, como han advertido especialistas científicos.

La inversión anunciada, hasta el momento, es de 4 mil 300 millones de pesos, mediante un esquema de inversión mixta; según TGC Geotecnia, S.A. de C.V, contempla casetas de cobro, cuatro puentes y dos túneles falsos, además de que la justificación general es la saturación de vehículos en las vías de entrada al puerto.

De mantenerse la reserva, la información sería liberada hasta el 2031, un año después de concluir su periodo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sería la segunda en su administración, pues el Cicese reservó por tres años la relacionada con la MIA para el proyecto de ampliación del puerto de El Sauzal de Rodríguez.

La mandataria estatal lo dio a conocer este miércoles 13 de mayo durante su conferencia matinal realizada en Mexicali, donde recordó que están en el proceso de actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2026-2040, pues este tiene más de una década sin actualizar.

“Desde hace aproximadamente 12 años que este plan no se actualiza y corresponde a este año, durante nuestra administración, que actualicemos este plan. Un plan para que Baja California continue creciendo con orden, con sustentabilidad y, sobre todo, con justicia social”, dijo.

Conforme a los planes, dicha consulta pública esta prevista del 1 de mayo al 1 de junio; además de los foros, se prevén espacios virtuales y foros especiales dirigidos a comunidades indígenas.

Los objetivos generales serán ordenar el territorio, fortalecer la movilidad, impulsar la vivienda, proteger los recursos naturales y mejores oportunidades para la población.

“Queremos un estado donde haya infraestructura, donde se continúe y no se paralice como estuvo durante muchos años en nuestro estado. Es hasta esta administración donde realmente hay un esfuerzo importante de inversión para infraestructura”, comentó Marina del Pilar.

Los foros de consulta pública contarán con formatos de participación electrónica y se podrán hacer entregas físicas en las oficinas; será usado el correo electrónico consultapublica@baja.gob.mx, y al número de WhatsApp (686) 1407193.

Brígida Fernández Rubio, directora general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), indicó en su participación que el documento podrá ser obtenido en la plataforma: https://www.bajacalifornia.gob.mx/Coplade/ConsultaPublica.

Destacó la riqueza cartográfica y que dará, a los siguientes gobiernos estatales y municipales, para los próximos 15 años.

“Una vez que se consulte este documento se podrá participar a través de diferentes mecanismos”, dijo, al tiempo de anunciar las fechas de los foros presenciales.

En el caso de Ensenada y San Quintín, está programado para el próximo 26 de mayo, de las 11:00 a las 13:00 horas, en el Centro Estatal de las Artes (Ceart) Ensenada.

Para la zona metropolitana, de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito, será el 25 de mayo, y de Mexicali-San Felipe, el 14 de mayo.

Los foros virtuales estarán enfocados en sectores económicos como agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, turismo e industria, para el 19 de mayo vía Zoom; y el Académico/Universitario ya fue realizado el pasado 8 de mayo.

Para las comunidades indígenas de Baja California, se prevén los días 27 y 28 de mayo, en el Museo Comunitario Siñaw Kuatay, en el Valle de Guadalupe, y en la Universidad Intercultural, en el municipio de San Quintín, respectivamente.

El cierre de los foros está organizado el 29 de mayo, vía Zoom, de las 11:00 a las 13:00 horas; y la recepción a través de los mecanismos tendrá como último día el 1 de junio.

Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Sidurt, recordó que los foros sirven para recibir observaciones para ser revisadas y valoradas.

“Después que tengamos el 1 de junio la terminación de respuestas, u observaciones, se elabora un nuevo documento, o se ajusta, y se vuelve a poner a disposición para dar la última revisión y poder ser publicado”, adelantó, al tiempo que dará certeza en el uso de suelo a sectores inmobiliarios y de agricultura, por citar algunos ejemplos.

El estudio titulado “Detección de deslizamientos activos usando MT-InSAR en la sección Salsipuedes de la carretera Tijuana–Ensenada” fue elaborado por la investigadora Sarychikhina, el geólogo Luis Delgado Argote, exdirector de la División de Ciencias de la Tierra, así como el técnico Cristian Gallegos Castillo, quienes advierten sobre movimientos constantes de tierra y roca en la zona.

De acuerdo con los especialistas, estas condiciones representan un riesgo que debe considerarse en la planeación de nuevas obras de infraestructura, particularmente en el contexto del Bypass, proyecto que busca mejorar la conectividad entre la carretera escénica y la carretera libre.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, informó que el proyecto continúa en etapa de análisis y ajustes de trazo, en coordinación con instancias federales como Banobras y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones.

El funcionario explicó que el diseño busca evitar afectaciones a centros de población, aunque reconoció que algunos cambios implican el paso por propiedades privadas.

“Logramos hacer esos cambios en el trazo, facilitamos que la carretera pase por algunas propiedades que están deseosas de que se haga la obra y en otras quizá se pueda batallar”, declaró.

En respuesta a las observaciones del CICESE, Espinoza Jaramillo señaló que los deslizamientos documentados se concentran principalmente en la actual carretera escénica, no en el trazo proyectado del Bypass.

“Si se documenta y se entrega la información, claro que sí, porque nadie quiere una nueva carretera sobre una falla. Ahora, sí se pueden hacer carreteras en zonas con fallas, con las acciones necesarias para que no se dañen. Aquí todos los deslizamientos se han estado dando pegados al mar”, afirmó.

Las observaciones técnicas deben presentarse de manera formal, reiteró.

“Las observaciones que apliquen, porque no todas son en esta consulta, se pueden recibir, pero todo lo formal es lo ideal, por escrito, con fundamentos, para poder contestarlas de la mejor manera posible. Si no hay argumentos suficientes, la respuesta será muy sencilla”, puntualizó.

La inicialsita también señaló que la ausencia de puentes peatonales ha provocado múltiples accidentes, el más reciente con un joven atropellado que sufrió fractura de fémur y otras lesiones graves. Criticó que mientras en otros municipios se construyen puentes innecesarios, en Tijuana no se atiende una necesidad urgente.

“La verdad que a mí me da coraje cuando voy a veces a otros municipios y veo puentes que no eran necesarios, mientras aquí la gente tiene que cruzar corriendo entre los vehículos”, sostuvo Gilvaja.

Por otra parte recordó que al cuestionar al titular de infraestructura sobre las obras realizadas en Tijuana, la respuesta fue que solo se había concretado una, a pesar de que la ciudad es la más grande del Estado y la que más aporta a los ingresos públicos. “Solamente una obra nos merecimos los tijuanenses, los que más aportamos monetariamente al gobierno del Estado, eso es indigno”, refirió.

Agregó que la seguridad de las personas no puede quedar en manos de unos cuantos conductores que tienen prisa por llegar a su destino. Por eso propuso que también se giren instrucciones para que haya vigilancia en el Boulevard 2000 a su paso en esas colonias, que se asignen policías de vialidad, así como patrullas para permanecer y mantener a los vehículos dentro de los límites de velocidad.

Derivado de lo planteado, la proposición exhorta a la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, a que se sirvan instruir la instalación de puentes peatonales en el Boulevard 2000, acompañados de campañas de concientización y vigilancia vial para garantizar la seguridad de las personas.

La mandataria estatal lo resaltó este martes 21 de abril durante su conferencia matinal realizada en el municipio de Ensenada.

Ávila Olmeda recordó que este programa busca garantizar a las y los bajacalifornianos el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica, para que las familias puedan contar con su patrimonio.

“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Infonavit de Vivienda para el Bienestar. Esto significa que en Baja California hay alrededor de 424 mil personas que hoy viven en mejores condiciones”, refirió.

Marina del Pilar indicó que, a la fecha, han registrado 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.

La gobernadora previó que, durante su administración, se proyecta una inversión de más de 50 mil millones de pesos de recursos propios, destinados a infraestructura hídrica, obras de movilidad, vialidades dignas y bacheo en apoyo a los municipios del estado.

Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), mencionó el diseño de un esquema para atender las necesidades de vivienda, derivado de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en la entidad.

Sobre los municipios, enumeró que en Ensenada van 11 mil 787 acciones de vivienda social; en Mexicali se han registrado 40 mil 181 acciones; en Tijuana, 43 mil 252; en San Quintín, 4 mil 672; en Playas de Rosarito, 2 mil 616; en Tecate, 2 mil 691; y en San Felipe, 858.

Las autoridades agregaron que, en forma complementaria, han impulsado programas como Casa Fuerte, mediante el cual se ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares.

También la estrategia Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, que contribuye a disminuir los costos de energía eléctrica en Mexicali y San Felipe.

Para las personas interesadas en conocer los fraccionamientos registrados dentro del programa, se invita a la población a visitar el sitio web del Programa Estatal de Vivienda 2022–2027: http://www.sidurt.gob.mx/pev/.

El resultado de la sentencia comenzó a circular este lunes 20 de abril, en distintos medios de comunicación locales, y confirmado por la mandataria estatal en una atención a la prensa brindada en Mexicali.

De acuerdo a los datos, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo, le otorgó la razón al exservidor público.

En la sentencia emitida el 16 de abril de 2026, el juez determinó que las publicaciones realizadas por el diario – en la edición del 18 de octubre de 2025- al parecer “carecían de toda veracidad”, mismas que están relacionadas con una supuesta orden de aprehensión en Estados Unidos por los delitos de huachicol y venta de armas.

De acuerdo a la información difundida, Unomásuno al parecer se negó, en reiteradas ocasiones, a otorgar el derecho de réplica, incurriendo así en el delito de difamación.

Tras dar por válidas las pruebas presentadas por la defensa de Torres, el Juez Pérez Lugo ordenó al medio de comunicación publicar el derecho de réplica en los mismos espacios y páginas de su edición impresa, así como en todas sus plataformas digitales donde se replicó la supuesta nota difamatoria.

Unomásuno también fue sentenciado al pago de una multa equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —casi 59 mil pesos al día de hoy— y se le ordenó cubrir la totalidad de los gastos económicos generados durante el juicio.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó dicha sentencia.

“Fue una nota que no estuvo fundada en datos reales, sino más bien, a lo que entiendo, es una nota difamatoria y no se concedió el derecho de réplica. Entonces, al ocurrir esto, se presentó una demanda, un recurso. No traigo todos los datos, pero se presentó un recurso justamente al no permitirse el derecho de réplica”, declaró.

Ávila Olmeda agregó que lo anterior se le concede al excoordinador de proyectos estratégicos en Baja California y Tijuana, y reiteró que fue “una nota basada en difamaciones”.

La gobernadora fue cuestionada en torno al “tema de fondo”, en referencia a la carpeta abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), a lo que reiteró que eso parte de una denuncia anónima.

“¿Cuál tema de fondo? Esa es una denuncia anónima que se presentó ante la Fiscalía General del Estado (sic.), pero entiendo que la materia de este recurso es por una columna con información falsa y difamatoria”, concluyó Marina del Pilar.

A pesar de la divulgación de la sentencia, Carlos Torres Torres no se ha pronunciado públicamente y se limitó a compartir en su cuenta oficial el link de una nota; también diversos analistas remarcan que lo anterior no significa una absolución al respecto.

En el contexto, el contenido de la carpeta de investigación, revelada por la Unidad de Investigación N+Focus, Torres presuntamente pertenecería a una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California, además de que supuestamente habría aceptado sobornos de 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Mexicali, en el primer periodo como alcaldesa de Norma Bustamante.

Esto, para presuntamente permitir que el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), pudiera operar en la entidad.