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Arropa Estado a Luis Felipe Chan

Director “relámpago” en Ensenada y Mexicali
Hace 1 año
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Luis Felipe Chan, criticado por su gestión en Ensenada y Mexicali, ahora ocupará un puesto estratégico en la coordinación de corporaciones. - Foto: Cortesía.

Luis Felipe Chan Baltazar, ex director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada y de Mexicali, fue designado este lunes como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en Baja California.

Lo anterior fue dado a conocer por el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en rueda de prensa para presentar los nuevos mandos administrativos y operativos.

“El maestro Chan, dada su experiencia que tiene en seguridad pública por eso fue invitado a trabajar con nosotros, a colaborar. Estamos haciendo buen equipo y aprovechando su experiencia que tiene en temas de seguridad. Creo que vamos a salir muy fortalecidos como institución”, aseguró Carrillo Rodríguez.

El secretario agregó que también servirá para “el desarrollo de los apoyos a las demás corporaciones municipales”.

De acuerdo con los registros de prensa, Luis Felipe Chan Baltazar entró en octubre de 2019 al entonces XXIII Ayuntamiento de Ensenada, presidido por el ahora senador Armando Ayala Robles.

Sin embargo, salió el 20 de mayo de 2022, para ser sustituido por Adrián Ortiz Ortiz, quien a los cinco meses fue relevado por el Mayor de Infantería, David Armando Sánchez González.

Tanto Chan Baltazar como Ortiz Ortiz fueron fuertemente criticados por sus pobres resultados en los crímenes de alto impacto, principalmente por los homicidios registrados en el municipio.

Además, sobre Tijuana, en el 2017 también salió “por motivos personales” de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, donde duró 10 meses

Algunos de los otros nombramientos fueron:

Cecilia González Acero, subsecretaria de Seguridad Ciudadana

Álvaro Ferando Munguía Martínez, director de Administración

Nancy Luz Medina Corral, directora de Planeación y Desarrollo

Jorge Eduardo Montero Álvarez, director del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria (academia que se encuentra en Tecate),

Jacobo Bermúdez Jacobo, jefe de Recurso Humanos

Teniente Óscar García, quien apoyará con el parque vehicular

Teniente Coronel Jorge Enrique Medina, coordinador general operativo

Mayor de Infantería, Juan Ventura Quiroz, en la Coordinación General del Centro Estatal de Inteligencia

Oziel Arturo García Hernández, director de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana

Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, director de Investigación

Mayor Samuel Rodríguez Valentín, director de Inteligencia

Ana Lilia Delgadillo Camargo, coordinadora del Escuadrón Violeta

“Cuando yo llegué aquí, casi todos los mandos como ellos eran militares. Hoy en día, somos pocos los militares que estamos aquí. Creo que estamos nada más el teniente coronel y yo. Los demás, les dimos la oportunidad a los compañeros de la Fuerza Estatal, pero sobre todo a los compañeros de Baja California, que por años han servido a la institución”, puntualizó el general Laureano Carrillo Rodríguez.

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Policías municipales realizan practica de tiro

Hace 2 años
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La capacitación incluyó módulos especializados en protocolos de seguridad, vigilancia personalizada, técnicas de reacción ante emergencias, el uso de equipo táctico y estrategias de protección  - Foto: Cortesía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de su Subdirección de Profesionalización y Desarrollo, llevó a cabo un curso de capacitación titulado “Protección a Funcionarios”, con una duración total de 40 horas.

La formación se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la Comandancia Central de Policía, como parte de los esfuerzos para fortalecer las competencias del personal operativo.

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Alejandro Monreal Noriega, jefe de la corporación local, explicó que el objetivo principal de este curso es proporcionar a los elementos de seguridad las herramientas necesarias para garantizar la protección de funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, especialmente en situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

“Este tipo de capacitaciones son clave para fortalecer nuestras capacidades institucionales y asegurar que nuestras autoridades puedan desempeñar sus funciones con plena confianza, en un entorno seguro y protegido”, señaló Monreal.

La capacitación incluyó módulos especializados en protocolos de seguridad, vigilancia personalizada, técnicas de reacción ante emergencias, el uso de equipo táctico y estrategias de protección. Además, se realizaron simulacros diseñados para replicar situaciones reales, lo que permitió a los asistentes poner en práctica los conocimientos adquiridos en escenarios de alto riesgo.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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