Un ciudadano mexicano extraditado desde México fue condenado a 87 meses de prisión por su participación en una organización de contrabando que operó durante varios años en la frontera entre Estados Unidos y México.
Según la acusación, Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años y residente de Mexicali, México, y sus cómplices facilitaron el viaje de un gran número de extranjeros desde y a través de numerosos países hacia Estados Unidos entre 2018 y 2022.
La organización de contrabando cobraba a los extranjeros hasta decenas de miles de dólares por cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Saucedo-Huipio era gerente o supervisor en esta extensa operación de contrabando de extranjeros y frecuentemente exhibía un arma de fuego en la cintura antes de que cruzaran la frontera. Los extranjeros viajaron desde y a través de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México para finalmente llegar a Estados Unidos. La conspiración trasladó a más de 200 personas, y es probable que la cifra real sea mucho mayor.
“El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Esta organización criminal no solo transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas. El tráfico de personas genera muchos problemas adicionales que, en última instancia, heredan las comunidades y los programas gubernamentales. Es peligroso y supone un gran gasto para nuestros recursos”.
“Los traficantes de personas violentos como Saucedo-Huipio utilizan la intimidación, la violencia y la coacción para lograr sus objetivos: obtener ganancias económicas sin importar el daño causado”, declaró el agente especial a cargo Jason T. Stevens de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona. “Una de las muchas misiones de HSI es investigar las organizaciones de tráfico de personas para desmantelarlas y llevar a los responsables ante la justicia. La sentencia impuesta hoy no solo sirve como castigo, sino también como una oportunidad para que el delincuente reflexione sobre el daño causado a tantas personas. Saucedo-Huipio debe estar tras las rejas”.
Saucedo-Huipio y sus cómplices dirigían a los inmigrantes ilegales para que cruzaran la frontera por diversos medios. Les proporcionaban una escalera para trepar la valla fronteriza, les señalaban agujeros en la valla por los que podían pasar arrastrándose y les facilitaban una tabla para cruzar los ríos. Saucedo-Huipio supervisó un caso de contrabando en el que tres niños pequeños tuvieron que cruzar una tabla de madera colocada sobre un cuerpo de agua. Además de ayudar a los inmigrantes ilegales a cruzar la frontera, Saucedo-Huipio y sus cómplices también les robaban dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, a menudo armados con pistolas y cuchillos.
En marzo de 2023 , Saucedo-Huipio y Ofelia Hernández-Salas fueron arrestados en México a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos. En diciembre de 2024 , Hernández-Salas se declaró culpable de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos sustantivos de introducir a un extranjero en Estados Unidos con fines comerciales o de lucro personal. Fue sentenciada a 11 años de prisión el 13 de mayo por su participación en la organización. En marzo de 2026, Saucedo-Huipio se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de introducir a un extranjero en Estados Unidos.
La investigación y los cargos son respaldados y procesados por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), la principal iniciativa del Departamento para combatir el tráfico y la trata de personas de alto impacto cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales (OCT). El JTFA, fruto de una exitosa colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), investiga y procesa el tráfico y la trata de personas, así como delitos migratorios conexos que afectan la seguridad pública y la seguridad fronteriza. La misión del JTFA es identificar a los líderes y organizadores de los cárteles y las OCT involucrados en el tráfico y la trata de personas en todo el continente americano. El Fiscal General ha ampliado el alcance del JTFA para centrarse en los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan no solo en México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), sino también en Canadá, el Caribe, la frontera marítima y otros lugares. Dirigida por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y apoyada por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento, entre otras, la JTFA ha dedicado Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos del Distrito Sur de California; Distrito de Arizona; Distrito de Nuevo México; Distritos Oeste y Sur de Texas; Distrito Sur de Florida; Distrito Norte de Nueva York; y Distrito de Vermont. La JTFA también se asocia con otras Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos en todo el país y apoya casos de alta prioridad en cualquier distrito. Todos los casos de la JTFA dependen de importantes recursos de aplicación de la ley del DHS, incluidos HSI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) y la Oficina de Operaciones de Campo, así como el FBI y otras agencias de aplicación de la ley. Hasta la fecha, el trabajo de la JTFA ha resultado en más de 458 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando y/o tráfico de personas; más de 408 condenas en los Estados Unidos; Se impusieron más de 357 penas de prisión significativas y se confiscaron bienes sustanciales.
La Oficina de Inteligencia de Seguridad (HSI) de Yuma investigó el caso con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), la Oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU., trabajando en conjunto con la HSI de Tijuana, la INTERPOL y la Unidad de Tráfico de Personas de la HSI en Washington, DC. La HSI también recibió asistencia sustancial del Grupo de Trabajo Internacional de Interdicción del Centro Nacional de Selección de Objetivos de la CBP y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa para lograr la detención y extradición del acusado desde México. El Departamento de Justicia agradece a sus socios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley, quienes fueron fundamentales para la detención de Saucedo-Huipio, así como a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por hacer posible la extradición. La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación para Fiscales en el Extranjero (OPDAT) del Departamento de Justicia también brindó una asistencia significativa.
La abogada litigante Alexandra Skinnion, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal, y el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Jason Crowley, del Distrito de Arizona, llevaron el caso, con la importante colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
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