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Publica Poder Judicial lista de mil 46 aspirantes para ministros, magistrados y jueces

Hace 2 años
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El Comité de Evaluación del Poder Judicial publicó este domingo la lista definitiva de aspirantes a ministros, jueces y magistrados que cumplieron con los requisitos - Foto: Cortesía.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial publicó este domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista definitiva de aspirantes a ministros, jueces y magistrados que cumplieron con los requisitos legales de elegibilidad, para un total de mil 46 personas.

La de ministras y ministros es de 25, donde 9 son de género femenino, mientras que el resto aparece como “indistinto”.

Para el caso de magistradas y magistrados correspondientes al Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del TEPJF, y las Salas Regionales del TEPJF, suman 50.

En el caso de los cargos por Especialidad y Circuito de Tribunales Colegiados de Circuito (penal, administrativa, civil, trabajo, mixto, competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, entre otras) son 374 interesados e interesadas.

Para los cargos por Especialidad y Circuito de Tribunales Colegiados de Apelación, la lista refiere 24.

Y por Especialidad y Circuito de Juzgados de Distrito (sistema penal acusatorio, tribunal laboral federal de asuntos colectivos, ejecución de penas, materias penal, civil y administrativa, juicios orales y concursos mercantiles, entre otros) es la más numerosa, al contar con 573 aspirantes.

La prensa nacional hizo eco del listado, al aparecer familiares y reconocidos políticos a nivel nacional, como Marisela Morales Ibáñez, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Felipe Calderon Hinojosa.

También Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero.

Otros nombres que llamaron la atención son: Magda Zulema Mosri Gutiérrez, pareja sentimental de Rafael Macedo de la Concha, exprocurador en el sexenio de Vicente Fox; Sergio Javier Molina Mártínez, consejero de la Judicatura Federal; Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, magistrado presidente del Poder judicial del Estado de México; y Adriana Margarita Favela Herrera, exconsejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Conforme a los reportes, se aclaró que no están los nombres de las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, que contaban con pase automático para participar en la elección del Poder Judicial.

De acuerdo al proceso, se espera que los comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo den a conocer sus listas respectivas; también que, a partir de esta lista que refiere únicamente cumplir con los requisitos, lo que sigue es identificar “los mejores perfiles” o que cumplan con la “idoneidad”, es decir, buena fama, perfil curricular, antecedentes profesionales y académicos, examen por escrito y entrevista pública.

Los tres comités tendrán hasta el 31 de enero de 2025 para calificar la llamada “idoneidad”.

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Editorial
El dilema de la presidenta Sheinbaum
2026-06-07 21:16:09
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Ya tan solo la duda de que el poder de los cárteles en México hayan permeado las filas del partido gobernante, Morena, pone a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una situación incómoda.

En otros tiempos o, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera el de su primer mandato, Sinaloa seguiría como hasta antes de abril cuando los fiscales estadounidenses expidieron órdenes de extradición contra funcionarios de ese Estado incluido su gobernador y aliado del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Así la primer presidenta de México se halla en medio de una fuerte tensión entre Washington, Ciudad de México y Palenque. Con un difícil dilema.

Por un lado sería actuar formalmente contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado por Washington de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. Retirar su red de protección política y permitir que avance el proceso de extradición, y que la investigación abra un caudal de acusaciones hacia otros estados, administraciones, congresos, el senado y hasta una hacienda en el sur de México.

Realizar una investigación conjunta creíble con Estados Unidos y hacer limpieza del partido y del país, claro que la presidenta recibiría acusaciones de ceder ante Washington por los miembros de su propio partido pero podría ganar el visto bueno y credibilidad entra la oposción y personas que creen firmemente que su gobierno en realidad está protegiendo narcopolíticos y militares corruptos al más alto nivel.

La otra cara de la moneda: escudarse en la soberanía y no hacer nada, aún y con pruebas y testimonios contundentes, aumentaría las sospechas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido. Y al interior del país da material a la oposición para erosionar su aceptación de cara a los comicios y próximos años de su gobierno, incluso se arriesgaría a una poco probable Revocación de Mandato.

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Hasta ahora la presidenta ha maniobrado con cierto éxito tanto las exigencias externas como las presiones internas, y ha mantenido junto al partido pero esta es una situación insostenible a mediano plazo, hay demasiado en juego.

América del Norte está muy unida con los tratados, la economía, los migrantes, el turismo e incluso los cárteles, más ahora que sus gobiernos entran en 2026 a la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ceder ante Estados Unidos tampoco es sostenible para el Estado mexicano y la presidenta sabe que su credibilidad corre riesgo de cualquiera de las dos opciones por lo que debe hallar un sano punto medio.

El concepto de soberanía es claro: ningún presidente mexicano, o de otro país, puede dejar a Estados Unidos disciplinar a la clase política y perseguir a sus corruptos pero alguien por fuerza tiene que hacerlo.

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