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Exige resultados la Canainpesca: es el tercer ataque contra el gremio en el año

Hace 2 años
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Canainpesca BC hizo un “enérgico y justificado reclamo” para que las autoridades responsables “presenten resultados inmediatos”. - Foto: Cortesía.

Integrantes de la iniciativa privada de Ensenada y Baja California se conmocionaron ante el asesinato del empresario tiburonero Servando Valenzuela Nakato, además de que la Canainpesca BC señaló que es la tercera muerte en su sector en lo que va del año.

El ataque armado ocurrió durante la mañana de este martes en la delegación de El Sauzal de Rodríguez; el hombre de 56 años falleció luego de su traslado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en dicha demarcación.

Tras los hechos, la delegación de la Cámara Nacional de Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en la entidad, compartió un posicionamiento en el que lamentó la muerte del reconocido empresario del sector pesquero y miembro activo, además de señalar la vulnerabilidad del gremio.

“Es el tercer asesinato impune de empresarios del sector pesquero y que han acontecido en Ensenada, Baja California, solamente en el transcurso de este año, incluyendo a la presidenta de esta cámara (Minerva Pérez Castro) y sin saber hasta el momento resultados concretos de parte de las autoridades”, puntualizaron en el mensaje.

El primer ataque fue contra Emilio Ohiiashi Manjarrez Masuda, registrado el 12 de junio, mientras que a la presidenta de la Canainpesca la emboscaron el 8 de julio, también en El Sauzal; en el caso de la líder, había denunciado extorsión (“cobro de piso”) contra su gremio.

“Lamentamos que el sector pesquero, que tanto se presume a nivel internacional por representantes populares de los tres niveles de gobierno, no cuente con la misma importancia y cuidado cuando se trata de resolver peticiones de vigilancia o señalamientos sobre intromisión de entes criminales”, remarcó la cámara.

Por lo anterior, Canainpesca BC hizo un “enérgico y justificado reclamo” para que las autoridades responsables “presenten resultados inmediatos”.

“Puesto que esto no fue un hecho aislado: se cuenta con más de un año de señalamientos y puntuales declaraciones a las distintas autoridades competentes”, remarcaron en su mensaje.

El Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen) condenó los asesinatos de la comunidad pesquera y subrayó que -además de generar un clima de inseguridad- ponen en riesgo la estabilidad social y económica del municipio.

Héctor Contreras Luengas, presidente del organismo, se sumó a las exigencias de que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para dar con los responsables de los hechos y llevarlos ante la justicia.

“Asimismo, hacemos un llamado urgente para que se implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en particular de aquellos que se dedican a actividades económicas esenciales como la pesca y que ahora parecen sometidos a un nivel mayor de vulnerabilidad”, estableció.

Contreras Luengas agregó que estos acontecimientos tienen repercusiones en el corto y en el largo plazo, como la disminución del turismo, la pérdida de inversiones y el deterioro de la imagen de Ensenada.

“Además del profundo dolor que provocan las pérdidas entre familiares y allegados de las víctimas”, expresó.

Marco Antonio Estudillo Bernal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), señaló que además de las familias afectadas, también tiene un impacto contra el desarrollo económico de la localidad.

“Exigimos justicia para Minerva Pérez y ahora para Servando Valenzuela. No podemos permitir que la impunidad continúe”, afirmó, además de indicar que estos crímenes “no son hechos aislados”, sino que reflejan la vulnerabilidad en la que se vive.

Y remarcó que el CCEE hace un “llamado enérgico” para que las autoridades esclarezcan los casos y adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y empresarios en Ensenada.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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