La realidad de un gobierno se revela en los peores momentos. Personas muertas y desaparecidas, autos varados, falla de servicios, viviendas inundadas y arrastradas con personas dentro, hospitales sin electricidad y con agua y lodo en sus pasillos y salas. Las imágenes de la emergencia exhiben una ciudad vulnerable y autoridades rebasadas, incapaces de responder con oportunidad ante una contingencia que puso en riesgo la vida de miles de personas.
¿Hasta cuándo Protección Civil dejará de pasearse por la ciudad en sus unidades para utilizar de verdad los atlas de riesgo? ¿Cuándo se tomarán decisiones para impedir que las familias habiten zonas de deslaves y escurrimientos, y se negarán permisos de construcción a desarrollos inmobiliarios en lugares peligrosos? Prevenir a minutos de la tragedia es como no hacer nada o cuando el desastre ya ocurrió.
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La prevención es meses, semanas, incluso días antes para evitar que el desastre ocurra.
La desorganización también quedó expuesta en las calles. Desde el sábado por la tarde, semáforos de la avenida Reforma dejaron de funcionar y los congestionamientos comenzaron a complicar la circulación, sin presencia de agentes de tránsito para agilizarla. A minutos de la llegada de los vientos, el gobierno municipal anunció el cierre de bares y establecimientos que venden bebidas alcohólicas, pero no informó oportunamente dónde podía resguardarse.
Ni siquiera había un mapa de rutas seguras para llegar a cada lugar de la ciudad, o los lugares que había que evitar para no quedar atascado.
También deberán explicarse las consecuencias de las obras realizadas en el arroyo municipal para permitir el paso de las carreras, luego de las cuales se inundó la calle Sexta, entre Espinoza y Floresta, una zona que anteriormente no presentaba ese problema.
No basta con reparar daños ni anunciar apoyos, lucir convoys para presumir la “coordinación”, peinado de áreas, lucir en las fotos caminando con la frente en alto.
La ciudadanía merece saber qué decisiones se tomaron, quién las autorizó y si se evaluaron sus posibles consecuencias.
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Prevención implicaba sacar a las familias donde el agua destrozó casas de madera; remover autos estacionados en zonas de inundación; insistir en albergues; revisar que no estuvieran tapadas alcantarillas, anunciar a dónde no acercarse.
Hasta ahora, hay cuatro personas fallecidas y diez desaparecidas, mientras las pérdidas materiales siguen sin cuantificarse con precisión.
Cuando la tragedia se hace patente, algunos funcionarios apenas comienzan a reaccionar. Los regidores y demás responsables públicos tienen la obligación de exigir explicaciones, pero también de asumir su parte en la vigilancia y prevención.
Y cuando llegue el momento de volver a pedir el voto, la ciudadanía tendrá que recordar quién estuvo a la altura y quién no. Porque la lluvia, el viento y las inundaciones pueden ser fenómenos naturales que se volverán habituales. ¿Se acusará a alguien de negligencia?
