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Empresarios exigen justicia tras asesinato de Minerva Pérez Castro

Redacción
Hace 2 años
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El asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca) de Baja California, ha generado reacciones y demandas de acción a la autoridad entre los empresarios de la región y del país.

Ragnar Gutiérrez Abarca, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó su condena y exigió una rápida acción de las autoridades para investigar y castigar a los responsables.

Resalto preocupación por la creciente inseguridad y violencia en Baja California, que no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos sino también inhibe las inversiones y reduce la competitividad del estado.

Gutiérrez Abarca hizo un llamado a las corporaciones policiacas y a las autoridades judiciales para que realicen su trabajo con eficiencia y obtengan resultados positivos.

De igual forma los líderes de Canacintra en Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate exigieron garantías de seguridad y una estrategia clara para frenar la violencia, subrayando que Baja California ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos.

Advirtieron que estarán pendientes del curso de las investigaciones y solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno y los legisladores para priorizar la seguridad pública en sus agendas.

Por su parte, Sergio Torres Martínez, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), también condenó el asesinato y manifestó la consternación del sector empresarial.

Exigió investigaciones profesionales y coordinadas para esclarecer el crimen y evitar la impunidad. Torres Martínez recordó la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad y otros derechos indispensables para la convivencia armoniosa y el desarrollo económico.

Subrayó que la voz del grupo empresarial pide pasar de las palabras a los hechos y hacer valer la ley para proteger la vida humana y asegurar un ambiente de respeto al estado de derecho.

Ambas organizaciones empresariales extendieron sus condolencias a los familiares de la empresaria y a Canaipesa por la pérdida de Minerva Pérez Castro y reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto por la seguridad y el desarrollo económico de Ensenada.

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Detenida menor de edad acusada de asesinato

Archivo
Hace 8 años
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Instalaciones de la subprocuraduría en Ensenada.  - Archivo.

Agentes Ministeriales en Ensenada cumplimentaron este sábado la orden de detención de la adolescente Alejandra Berenice "N", de 16 años de edad, acusada de ser copartícipe en el homicidio de Nataly Carreón González, de 19 años de edad en el poblado de El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. El grupo de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada, informó que la detención se realizó en la colonia Márquez de León. El asesinato se registró el 5 de diciembre por la noche en una cabaña ubicada en el mismo poblado donde Berenice y Carlos “N” invitaron a Nataly a una supuesta fiesta y una vez ahí la golpearon con un barrote de madera y una pala hasta quitarle la vida. Días después Carlos “N” de 18 años de edad fue apresado y vinculado a proceso el 1 de febrero.
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Editorial
El dilema de la presidenta Sheinbaum
2026-06-07 21:16:09
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Ya tan solo la duda de que el poder de los cárteles en México hayan permeado las filas del partido gobernante, Morena, pone a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una situación incómoda.

En otros tiempos o, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera el de su primer mandato, Sinaloa seguiría como hasta antes de abril cuando los fiscales estadounidenses expidieron órdenes de extradición contra funcionarios de ese Estado incluido su gobernador y aliado del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Así la primer presidenta de México se halla en medio de una fuerte tensión entre Washington, Ciudad de México y Palenque. Con un difícil dilema.

Por un lado sería actuar formalmente contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado por Washington de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. Retirar su red de protección política y permitir que avance el proceso de extradición, y que la investigación abra un caudal de acusaciones hacia otros estados, administraciones, congresos, el senado y hasta una hacienda en el sur de México.

Realizar una investigación conjunta creíble con Estados Unidos y hacer limpieza del partido y del país, claro que la presidenta recibiría acusaciones de ceder ante Washington por los miembros de su propio partido pero podría ganar el visto bueno y credibilidad entra la oposción y personas que creen firmemente que su gobierno en realidad está protegiendo narcopolíticos y militares corruptos al más alto nivel.

La otra cara de la moneda: escudarse en la soberanía y no hacer nada, aún y con pruebas y testimonios contundentes, aumentaría las sospechas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido. Y al interior del país da material a la oposición para erosionar su aceptación de cara a los comicios y próximos años de su gobierno, incluso se arriesgaría a una poco probable Revocación de Mandato.

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Hasta ahora la presidenta ha maniobrado con cierto éxito tanto las exigencias externas como las presiones internas, y ha mantenido junto al partido pero esta es una situación insostenible a mediano plazo, hay demasiado en juego.

América del Norte está muy unida con los tratados, la economía, los migrantes, el turismo e incluso los cárteles, más ahora que sus gobiernos entran en 2026 a la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ceder ante Estados Unidos tampoco es sostenible para el Estado mexicano y la presidenta sabe que su credibilidad corre riesgo de cualquiera de las dos opciones por lo que debe hallar un sano punto medio.

El concepto de soberanía es claro: ningún presidente mexicano, o de otro país, puede dejar a Estados Unidos disciplinar a la clase política y perseguir a sus corruptos pero alguien por fuerza tiene que hacerlo.

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