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Empresarios exigen justicia tras asesinato de Minerva Pérez Castro

Redacción
Hace 2 años
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El asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca) de Baja California, ha generado reacciones y demandas de acción a la autoridad entre los empresarios de la región y del país.

Ragnar Gutiérrez Abarca, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó su condena y exigió una rápida acción de las autoridades para investigar y castigar a los responsables.

Resalto preocupación por la creciente inseguridad y violencia en Baja California, que no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos sino también inhibe las inversiones y reduce la competitividad del estado.

Gutiérrez Abarca hizo un llamado a las corporaciones policiacas y a las autoridades judiciales para que realicen su trabajo con eficiencia y obtengan resultados positivos.

De igual forma los líderes de Canacintra en Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate exigieron garantías de seguridad y una estrategia clara para frenar la violencia, subrayando que Baja California ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos.

Advirtieron que estarán pendientes del curso de las investigaciones y solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno y los legisladores para priorizar la seguridad pública en sus agendas.

Por su parte, Sergio Torres Martínez, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), también condenó el asesinato y manifestó la consternación del sector empresarial.

Exigió investigaciones profesionales y coordinadas para esclarecer el crimen y evitar la impunidad. Torres Martínez recordó la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad y otros derechos indispensables para la convivencia armoniosa y el desarrollo económico.

Subrayó que la voz del grupo empresarial pide pasar de las palabras a los hechos y hacer valer la ley para proteger la vida humana y asegurar un ambiente de respeto al estado de derecho.

Ambas organizaciones empresariales extendieron sus condolencias a los familiares de la empresaria y a Canaipesa por la pérdida de Minerva Pérez Castro y reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto por la seguridad y el desarrollo económico de Ensenada.

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Detenida menor de edad acusada de asesinato

Archivo
Hace 8 años
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Instalaciones de la subprocuraduría en Ensenada.  - Archivo.

Agentes Ministeriales en Ensenada cumplimentaron este sábado la orden de detención de la adolescente Alejandra Berenice "N", de 16 años de edad, acusada de ser copartícipe en el homicidio de Nataly Carreón González, de 19 años de edad en el poblado de El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. El grupo de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada, informó que la detención se realizó en la colonia Márquez de León. El asesinato se registró el 5 de diciembre por la noche en una cabaña ubicada en el mismo poblado donde Berenice y Carlos “N” invitaron a Nataly a una supuesta fiesta y una vez ahí la golpearon con un barrote de madera y una pala hasta quitarle la vida. Días después Carlos “N” de 18 años de edad fue apresado y vinculado a proceso el 1 de febrero.
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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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