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Rechazaron diputados 6 cuentas públicas de Ensenada

Encontraron irregularidades graves en las cuentas del Riviera en los ejercicios 2017 y 2018
Redacción
Hace 6 años
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Diputados de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP), que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez, dictaminaron 12 cuentas públicas de paramunicipales de Ensenada; seis de ellas fueron rechazadas.

En sesión virtual de comisión, los legisladores rechazaron las cuentas del 2017 y 2018 del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, debido a que encontraron diversas irregularidades consideradas como graves por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con base al informe individual de la Auditoria Superior del Estado, los diputados rechazaron las cuentas del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, por los ejercicios 2017 y 2018.

Lo anterior debido a la omisión injustificada del pago de impuestos, que en el presente caso se retuvieron por sueldos y honorarios.

Los legisladores participantes también negaron las cuentas del 2017 y 2018 del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, lo anterior debido a la omisión injustificada del reconocimiento y pago de impuestos, que en el presente caso se debieron haber retenido y enterado por sueldos y salarios.

Los diputados aprobaron las cuentas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, correspondientes al 2017 y 2018, toda vez que la entidad fiscalizada presentó una seguridad razonable en los estados.

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público aprobaron las cuentas del 2017 y 2018 del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada.

Por último, los legisladores aprobaron las cuentas públicas del Fidecomiso para la Construcción, Administración y Proyecto La Bufadora, por los ejercicios del 2017 y 2018.

En esta sesión, además de la diputada presidenta Eva Gricelda Rodríguez, participaron la secretaria de la comisión María Luisa Villalobos Ávila, y las diputadas Rosina del Villar Casas, Eva María Vázquez Hernández, Monserrat Caballero Ramírez y el diputado David Rubalcaba Flores.

Exigen a síndico de San Quintín informar sobre resultados de cuentas públicas 2021-2023

Redacción
Hace 2 días
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Las observaciones derivan de la no aprobación de las cuentas públicas 2021, 2022 y 2023 del Concejo Municipal Fundacional.  - Foto: Cortesía.

El Congreso del Estado exhortó al Síndico Procurador del Ayuntamiento de San Quintín, Juan Pablo Guerrero Gamboa, para que informe sobre el avance y resultados de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad que tiene bajo su cargo, derivados de las observaciones turnadas por la Auditoría Superior del Estado tras la no aprobración de las cuentas públicas del extinto Concejo Municipal Fundacional, correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.

El promovente, diputado Juan Manuel Molina García, en su intervención recordó que la gestión del Concejo Fundacional presentó deficiencias estructurales y sistemáticas en el manejo de la Hacienda Pública, lo que motivó la reprobación de tres cuentas consecutivas.

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“La no aprobación de las cuentas públicas del Concejo Fundacional de San Quintín no es una anécdota administrativa, sino evidencia de un posible daño patrimonial que exige reparación y justicia”, señaló.

El legislador agregó que las irregularidades detectadas incluyen adjudicaciones sin cotizaciones de ley, posibles conflictos de interés en contratos, arrendamientos irregulares de vehículos y ausencia de bitácoras y actas de entrega de obras.

Ante esto la Sindicatura Procuradora tiene la obligación legal de dar trámite inmediato a los expedientes heredados; permitir que las investigaciones se dilaten o prescriban sería violar el principio de legalidad y dejaría en estado de indefensión a la Hacienda Pública de San Quintín.

“Este exhorto no constituye una injerencia en la autonomía municipal, sino un acto de colaboración republicana para garantizar que el Sistema Estatal Anticorrupción opere con eficacia, San Quintín merece iniciar su historia municipal con cuentas claras, donde el resarcimiento del daño al erario sea prioridad y donde se demuestre que la ley se aplica sin distinción de tiempos ni personas”, concluyó el congresista de Morena.

La aprobación unánime de este exhorto por parte de la XXV Legislatura confirma el compromiso del Congreso de Baja California con la transparencia y la protección del erario.

Culpa Sheinbaum de desabasto a empresas

Colaboración
Hace 4 meses
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Una manta dirigida a “El Ruso” apareció en el Hospital General de Mexicali, pidiendo que surtiera medicamentos. Claudia Sheinbaum respondió: el desabasto se debe a empresas que no cumplen.  - Foto: Cortesía.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la falta de medicamentos está relacionada con las empresas que no han cumplido con las entregas, en referencia a la manta colocada en el Hospital General de Mexicali, Baja California, donde se le pide al presunto líder criminal “El Ruso” surtir los insumos del lugar.

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La mandataria federal lo declaró este jueves 25 de septiembre en su conferencia matinal, luego de darse a conocer que desconocidos colocaron el lunes 22 dicho mensaje en una de las rejas del lugar, como solicitud dirigida a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado alto mando del Cártel de Sinaloa (CDS) y de quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para dar con su paradero.

“Como se informó el martes, tanto a los centros de salud como a los hospitales, les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tienen que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos “, afirmó Sheinbaum Pardo, sin referirse directamente al capo.

Pero, como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90 por ciento, prosiguió en su respuesta, y en caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó que el Gabinete de Seguridad “tendrá que contestar con base en la investigación el origen de la manta”, además de afirmar de que “no hay conocimiento de algún mal manejo en el Estado de Baja California”.

De acuerdo al texto de la manta, se enfatizó que al parecer la actual administración estatal habría hecho un “desvío”.

“Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”, según el texto colocado.

En respuesta, ayer miércoles 24 de septiembre, la mandataria estatal respondió que “Ya son otros temas”, y repitió los señalamientos hechas por el gobierno federal contra las empresas farmacéuticas.

Aseguran no hubo reporte al 911 sobre manta con petición a “El Ruso”

Hace 4 meses
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Autoridades niegan haber recibido reporte al 911 sobre la manta en el Hospital General de Mexicali.  - Foto: Cortesía.

Luis Felipe Chan Baltazar, director de la Policía Municipal de Mexicali, aseguró que la corporación no recibió reporte, al igual que los demás niveles de gobierno, sobre la manta colocada en el Hospital General de Mexicali donde se le solicita a “El Ruso” que cubra el abasto de medicamentos.

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El funcionario municipal lo declaró este martes 23 de septiembre a la prensa, luego de darse a conocer el mensaje dirigido al presunto jefe criminal.

Chan Baltazar consideró que “es otro tema” porque “no alude información” de la que comúnmente aparece en las conocidas narcomantas, en referencia a las amenazas.

“Aquí alude a otros temas que tienen que ver con la operación del Hospital General: nos enteramos por redes sociales de la colocación de estas mantas. Nunca fue notificado al número de emergencia 911. Envíe una unidad porque vi la publicación que se hizo en un portal. Nosotros no tenemos conocimiento de esto”, dijo.

El director refirió que la manta fue retirada por personal administrativo para resguardarla, pero nunca notificaron a alguna autoridad de seguridad.

Agregó que cuenta con la información de que el guardia de seguridad le cuestiona a un grupo de personas que no podían colocar dicha manta.

“Solamente le dijeron ‘Tú no te metas’. Y así pasó, pero el guardia nunca notifica al número de emergencia. Nos enteramos por redes sociales. Ya la fiscalía hará la investigación”, concluyó Luis Felipe Chan Baltazar.

Conforme fue documentado, el mensaje fue: “Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”.

Juan José Ponce Félix es conocido por su alias “El Ruso” y se le considera un alto mando del Cártel de Sinaloa (CDS), con presencia en Baja California; actualmente, el gobierno estadounidense ofrece 5 millones de dólares por información sobre su paradero.

Con manta, piden a “El Ruso” surtir medicamentos en hospital de Mexicali

Hace 4 meses
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Aparece manta en el Hospital General de Mexicali. Desconocidos pidieron a “El Ruso”, presunto líder criminal, surtir de medicamentos al nosocomio.  - Foto: Cortesía.

En el Hospital General de Mexicali, desconocidos colocaron una manta en una de las entradas para solicitar a “El Ruso”, presunto líder criminal en la región, de que se haga cargo de surtir los medicamentos del lugar, ante el desabasto y supuesto desvío de recursos por el gobierno estatal.

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La imagen de la manta comenzó a circular en redes sociales desde el lunes 22 de septiembre.

En el inusual mensaje, incluso se le reconoce como la persona con más “poder” en el municipio.

“Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”, según el texto.

Conforme a datos generales, personal de la institución retiró la manta y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE); en meses pasados, trabajadores del hospital han protestado por la falta de insumos.

El pasado 16 de septiembre, el gobierno estadounidense anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que conduzcan a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado un alto mando del Cártel de Sinaloa (CDS), con presencia en Baja California.

Esto, tras ser considerado este grupo como “terrorista” por parte de la administración de Donald Trump.

Cuestionan origen y destino de ingresos de Asipona Ensenada

Hace 6 meses
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Un 45% de los ingresos de Asipona Ensenada no proviene de operar el puerto… ¡sino de privatizarlo!  - Foto: Cortesía.

El 45 por ciento de los ingresos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada no proviene de la operación directa del puerto, sino de la subcontratación del privatización del espacio del espacio público portuario, señaló el grupo Ensenada Digna.

Integrantes del colectivo lo puntualizaron mediante un análisis compartido a la prensa, en el contexto de rechazo al proyecto de megapuerto en la delegación El Sauzal de Rodríguez por prever daños irreversibles a playas y la comunidad.

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El documento, que abarca 9 cuartillas y aborda distintos tópicos, revisa la parte de las ganancias de la dependencia federal en el apartado “Una economía de paso: el dinero se va, el daño se queda”.

“En lugar de evaluar cuánto de la mercancía que transita por Ensenada se queda en el país —cuánto valor agregado bruto llega a manos de la comunidad local—, los servidores públicos optan por ampliar el puerto”, puntualiza el texto de la autoría de Nysaí Moreno.

La investigadora remarcó que “nadie rinde cuentas sobre quién gana y quién pierde”, o si los beneficios se quedan en el territorio o “se fugan” al extranjero, al tiempo que “el litoral se privatiza” y son ignorados los costos ecológicos, las pérdidas comunitarias y el vaciamiento fiscal.

“En 2023, la Asipona Ensenada reportó ingresos por 483.9 millones de pesos, de los cuales 221 millones provinieron de la cesión parcial de derechos —es decir, concesiones y contratos privados—, y 170 millones por uso de infraestructura como atraque, muellaje y almacenaje portuario. Esto significa que cerca de un 45 por ciento de sus ingresos no provienen de la operación directa del puerto, sino de la subcontratación y privatización del espacio público portuario”, abundó.

Nysaí Moreno citó que la Ley de Puertos obliga a la contraprestación al gobierno federal, pero dicha aportación “apenas llega al 4.5 por ciento de los ingresos brutos”, cifra que ronda los 19.6 millones de pesos en 2023, lo que calificó como “una mísera fracción de lo cobrado”.

Enfatizó que el resto queda en manos de la dependencia y sus operadores, sin una inversión proporcional en infraestructura comunitaria o mitigación ambiental.

“Los estados financieros también revelan que Asipona no reinvierte todos sus ingresos en la modernización del puerto o en infraestructura pública. Por ejemplo, en 2023 se destinó menos del 50?por ciento del presupuesto ejercido a ‘servicios generales’; no obstante, se aprobó la construcción de oficinas operacionales en El Sauzal por casi 210 millones de pesos”, indicó.

La analista refirió que dichos fondos provienen en última instancia, del erario público: de impuestos federales, estatales y recursos canalizados a través de fideicomisos y presupuestos de infraestructura que deberían destinarse al bienestar colectivo.

“Mientras tanto, despuntan nuevas licitaciones para concesiones urbanas, marinas comerciales y recintos turísticos dentro del polígono portuario. Se trata de un modelo donde se privatiza el puerto, se concentra el capital y se externalizan los costos”, explicó.

Como parte del desglose, subrayó que “la mercancía pasa, el dinero se va y el litoral queda como una carga fracturada”, lo que se refleja en residentes sin playas.

“Sin acceso al mar y un ecosistema devastado, dejado al borde de su declive. Financiado, paradójicamente, por las propias arcas públicas”, remarcó en esta parte del texto.

Para estos datos, fue citada la Auditoría Superior de la Federación, en el documento Informe de Auditoría de Cumplimiento 2023-0004-19GB4-21-000.

Aprueba Congreso, iniciativa para reducir financiamiento a partidos políticos

Hace 6 meses
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El Congreso aprobó una iniciativa para que los estados definan sus propias reglas de financiamiento a partidos locales.  - Foto: Cortesía.

Con el objetivo de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos y permitir que cada entidad federativa establezca reglas conforme a sus realidades específicas, el Pleno del Congreso respaldó la iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, presentada por el diputado Juan Manuel Molina García.

El legislador argumentó que la fórmula actual de financiamiento, al aplicar criterios uniformes, ignora las diferencias en desarrollo económico, población y prioridades de cada estado, lo que ha derivado en una percepción negativa sobre el uso del erario y un desgaste en la legitimidad democrática.

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La reforma plantea modificar el artículo 51 para establecer que, en el caso de los partidos políticos locales, las reglas de financiamiento se definan en las legislaciones locales respectivas, ajustándose a las características y necesidades particulares de cada entidad.

Derivado del debate en la Asamblea, el diputado Molina García presentó una reserva —que fue aprobada—, con el propósito de que el nuevo esquema también aplique a partidos políticos nacionales con registro local.

Con esta modificación, explicó el congresista, se atiende el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforzando el fundamento legal y el carácter federalista de la propuesta.

“Garantizar un esquema de financiamiento que refleje las particularidades locales y respalde la equidad en el uso de los recursos públicos es fundamental para atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía”, subrayó.

La propuesta fue aprobada con 21 votos a favor de las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, MC, PAN y PRI, mientras que la legisladora del PES votó en contra y el diputado de Fuerza por México se abstuvo.

Por tratarse de una reforma a una ley general, el Dictamen No. 38 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, será turnado al Congreso de la Unión para su análisis y trámite correspondiente.

Equipo deportivos pueden recibir condonación de impuestos, confirmó Secretario de Hacienda

Hace 8 meses
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Águilas de Mexicali no pagaron 3 mdp en impuestos por acuerdo con Gobierno de BC.  - Foto: Cortesía.

El Gobierno del Estado de Baja California condonó al presidente del Club Águilas de Mexicali, Diego Murillo, el pago de 3 millones de pesos correspondientes al Impuesto sobre Espectáculos derivado de la organización de la Serie del Caribe, evento deportivo celebrado en esta capital el paso 31 de enero.

La condonación fue confirmada por el titular de la Secretaría de Hacienda estatal, Marco Moreno Mexia, quien explicó que dicha exención se otorgó mediante un convenio amparado en el Código Fiscal de Baja California, que permite a equipos deportivos profesionales intercambiar el pago de este impuesto por la prestación de servicios de comunicación social.

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“No es exclusivo para Las Águilas ni para algún equipo en particular. Todos lo hacen”, declaró Moreno este miércoles 8 de mayo durante la rueda de prensa mañanera.

“Hay un convenio donde concurre el área de Comunicación Social autorizando el uso del evento para promocionar campañas del pago del agua, del predial, y se hace una compensación entre la valuación del servicio que presta, en este caso un espectáculo, contra el pago del impuesto”, fue como explicó el proceso de exención.

De acuerdo con el funcionario, el Impuesto sobre Espectáculos oscila entre el 2 y el 3 por ciento del valor del evento, dependiendo de sus características, y todos los procesos de compensación deben cumplir con los requisitos establecidos en la legislación fiscal estatal, indicó el funcionario quien se reservó información sobre la valuación entre, la deuda con los servicios prestación a través del acuerdo.

El Club Águilas de Mexicali, cuyo presidente Diego Murillo mantiene la concesión del estadio Nido de los Águilas, juega en un inmueble construido con recursos públicos y que cada año recibe millones de pesos del erario en remodelaciones y mejoras. Los beneficios que ha dejado esta concesión a la comunidad son imprecisos.

Usaron miles de pesos del erario en promoción de Adan Augusto

Colaboración
Hace 3 años
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El ahora candidato Adán Augusto López al participar en la presentación del Plan de Rehabilitación de Vialidades e Infraestructura 2023 de Baja California el 9 de mayo.  - Colaboración.

La visita del entonces todavía Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Ensenada duró menos de una hora, en la que el Ayuntamiento de Ensenada, por lo menos gastó 250 mil pesos.

La tarde del 9 de mayo el ahora aspirante presidencial de Morena, realizó un evento en el Campo 2 de la Ciudad Deportiva, en Valle Dorado, donde cientos de personas llegaron a bordo de camiones de pasajeros.

En el lugar hubo música, equipo de sonido, pantallas, agua, alimentos, una carpa mayor y varias individuales para los invitados, un espacio de seguridad detrás del escenario. Cercaron zonas con vallas metálicas, colocaron sillas, pasto sintético, colocaron baños portátiles, un templete, usaron generadores de energía. Todo rentado con costo al erario público.

Todo ese gasto que realizó la administración del  Ayuntamiento por la visita de Adan Augusto consistió en anunciar una supuesta inversión millonaria en vialidades, alrededor de mil 240 millones de pesos repartidos en 118 obras, de los cuales 372.8 millones son para mejoramiento de vialidades y 867.7 millones de pesos en otros proyectos estratégicos.

Con proveedores locales una carpa de 20 por 42 metros tiene un costo de 100 mil pesos por día, el pasto artificial de la misma medida colocado sobre la terracería tiene un costo 25 mil 200 se utilizó un poco más de ese pasto para los pasillos. 

Estos sin contar los alimentos, el agua, la renta de los camiones para llevar y traer gente, los generadores de energía y otros gastos logísticos y de personal de apoyo.

El costo de la renta de pantallas con empresas locales se estima puede llegar a ser de hasta 100 mil pesos, incluyendo los generadores, los baños tienen un costo aproximado de 2 mil pesos por unidad, para el evento utilizaron ocho.

El 30 de junio el aspirante tuvo otra visita a la ciudad, esta vez a las canchas gemelas de la colonia 89, pero ya no era secretario, renunció al cargo el día 16 de junio, para anunciar sus aspiraciones a la candidatura por el partido, de igual forma durante su discurso el ex secretario transparentó los gastos que realizó en su primer semana de recorridos por el país, afirmando que el gasto fue de alrededor de 395 mil pesos, de su anterior visita, nada dijo.

Pero el candidato de Morena ya tenía meses con estos recorridos de promoción por el territorio nacional como Secretario de Gobernación, esto con cargo al gasto de los ciudadanos.

Malgastó gobierno de BC más de 90 mdp en lavamanos portátiles en pandemia por covid-19

Hace 4 años
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 - Colaboración.

El gobierno de Baja California malgastó más de 90 millones de pesos en la compra de lavamanos portátiles contra covid-19, pues tras el esperado retorno presencial a clases, los equipos lucen arrumbados, con fugas de agua o no fueron entregados en su totalidad a los planteles escolares.

Los enseres aparecen como un logro durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, según se desprende de un informe de la Secretaría de Hacienda de la entidad, donde se afirma la supuesta instalación al 100 % en las escuelas de la región.

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Sin embargo, contradicen la versión oficial una revisión a las cláusulas de los contratos y reportes oficiales --obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) --, así como las observaciones realizadas en ocho centros escolares y los testimoniales del magisterio.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California (CNTE BC) calcula que hasta un 45 %, de las 3 mil 806 escuelas de la entidad, podrían no haber recibido o instalado en forma adecuada los equipos, además de que existe un listado de una compañía que, al parecer, no entregó más del 54 % de las unidades en el municipio de Ensenada.

El dinero fue para seis proveedores de la región, cuyos representantes se comprometieron a suministrar, instalar o habilitar -dependiendo del contrato-, más de 6 mil lavamanos dirigidos a escuelas de educación básica y los correspondientes al Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).

De las compañías seleccionadas bajo adjudicación directa, tres no están en los domicilios indicados en los contratos firmados durante 2020 y 2021.

En su lugar hay locales abandonados, en renta o venta, e incluso uno está ubicado en una zona de tolerancia en Tijuana, donde un vecino aseguró que en 45 años nunca ha habido una empresa, salvo viviendas populares.

La dirección de otro proveedor fue bloqueada por el gobierno, bajo el argumento de que era un “dato identificativo”.

De las dos restantes, tan sólo una cuenta con una lona al frente de su predio, mientras que la otra mantiene un bajo perfil -sin letrero o mención en el directorio empresarial-, entre los demás despachos que conforman el primer piso de una torre de condominios, en el centro de Tijuana.

La investigación llamó la atención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), cuyo Comité de Transparencia decidió reservar por 5 años toda la información relacionada con la compra de dichos lavamanos portátiles.

Esto, bajo el argumento legal de haber iniciado un procedimiento administrativo con la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios públicos relacionados con el caso, según respondieron a solicitudes hechas mediante la PNT.

Incluso fue informada la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, cuyo personal tampoco transparentó la cantidad de funcionarios involucrados, bajo la justificación de que su investigación es “exclusivamente por probables irregularidades de la información contenida en el acta de entrega-recepción”.

Esta dependencia también reservó por cinco años la información, según respuestas de su Comité de Transparencia, para un total de 144 expedientes de investigación relacionados con los lavamanos portátiles.

A pesar de este panorama, el gasto se ha extendido al periodo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues los lavamanos para los Cobach ya presumen el lema de la actual administración: “Con el Corazón por Delante”.

La investigación fue elaborada durante el ciclo escolar 2021-2022 y parte del 2022-2023, con recorridos por las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, así como el respaldo de más de 20 documentos oficiales obtenidos a través de la PNT, una decena de entrevistas, un archivo de por lo menos 60 fotografías y video documental.

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Linea de Tiempo, personajes y sucesos.
Línea de tiempo. Personajes y sucesos.
Foto:Crédito: Claudia Durazo.

Lavamanos sin instalar en la escuela más vandalizada de Ensenada

A falta de techo, la vista se detiene en el cielo azul. La mirada baja por los muros cuarteados, hasta posarse en los libros que deberían estar en las manos de algún alumno, en lugar de lucir destrozados en el piso.

El sol ilumina los muebles rotos de la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, espacio inaugurado el 29 de octubre de 2015, según reza una placa manchada de cemento.

Estamos en la escuela más vandalizada del municipio de Ensenada, el plantel “Felipe Carrillo Puerto”, donde los delincuentes se entretuvieron durante el último receso escolar en destruir tres techos, romper ventanas, hacer pintas en muros y lanzar las sillas a un barranco.

A un lado de este desastre, están dos lavamanos portátiles contra el covid-19, emplayados, nuevos.

Por fuera, los trabajadores están en receso, tras colocar un par de techumbres y reposar el lonche. “Se metieron por un boquete”, según indican sobre un salón al que los malandros destruyeron los vidrios.

Llama la atención que los ladrones no hayan tocado los lavamanos portátiles, los muebles lucen firmes, ajenos a la destrucción del lugar, sin siquiera haber sido conectados a una manguera.

La atmósfera general indica que la escuela, en este momento, tiene prioridades mayores que los armatostes de 12 mil a 13 mil pesos, por unidad, abandonados en lo que queda del sitio de estudio.

Lavamanos empaquetado.
Un par de lavamanos portátiles en la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, en el municipio de Ensenada. El empaquetado delata que nunca han sido instalados.
Foto:Crédito: Isaac Rosas.

Un “logro” de 93 millones de pesos que nunca se vio reflejado

El gobierno aseguró que más de 93 millones de pesos fueron invertidos para instalar 6 mil 240 lavamanos portátiles en las escuelas de la entidad, según aparece en una Evaluación del Desempeño de la Gestión Estatal, fechada al 2021.

Conforme a la página 13, aparece como un logro el Programa de lavamanos para la higiene y salud en escuelas, dentro de la estrategia para el regreso seguro a clases.

En el documento se afirma: “100 % de las escuelas de educación básica, beneficiadas. 93 millones 361 mil pesos invertidos en el programa. 6 (mil) 240 lavamanos instalados”.

Incluso, tras citar la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, aceptan la falta de medidas para este escenario: “Esta situación extraordinaria tomó a todos por sorpresa, ya que la educación en México en general y en Baja California, no estaba preparada para acatar las medidas de cuarentena y sana distancia”.

Durante el periodo Bonillista, Catalino Zavala Márquez era secretario de Educación, y siguió una trayectoria como coordinador general de campaña y del equipo de transición, hasta acomodarse en la Secretaría General de Gobierno de la actual mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ambos, en sus discursos públicos con motivo del regreso presencial a clases desde el pasado 28 de febrero, no han mencionado ni alentado a usar dicho equipo sanitario, según ha sido constatado en las distintas transmisiones en vivo realizadas mediante redes sociales.

Embodegan lavamanos en los baños de los niños

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Ante el vandalismo de la zona, en el preescolar “El Niño Artillero”, ubicado en Ensenada, los lavamanos portátiles están embodegados dentro del cuarto más seguro de todo el plantel: los sanitarios infantiles.

Al abrirse una pesada puerta de metal, en una construcción sin ventanas, lo primero que llama la atención son los equipos esquinados. Además, les amarraron la techumbre para evitar algún accidente a los pequeños usuarios.

En la tarja que no ha conocido el agua, las jaboneras están amontonadas, y las llaves aún tienen las etiquetas. Sin embargo, apenas se puede pasar, pues los armatostes nuevos, emplayados y relucientes, le restan espacio al interior del inmueble.

La escuela está anclada en el fraccionamiento Puerto Azul, al noreste del puerto, sobre un declive y a un costado de una profunda zanja en la que solía haber una tubería.

Las risas infantiles contrastan con las detonaciones que se escuchan de tiempo en tiempo, al haber en las cercanías campos de tiro reglamentarios.

Esta comunidad escolar tardó en regresar al modo presencial porque carecía del servicio de agua, los salones tenían los vidrios rotos y habían sufrido robo.

Una maestra -quien reserva su identidad- intenta recordar la fecha en la que les llevaron los lavamanos portátiles contra el Covid-19. No había nadie en el plantel, por lo que ella acudió a recibirlos.

“Me los querían instalar en la parte de enfrente. Le comenté (a uno de los trabajadores) que teníamos vandalizada la escuela, que nos estaban robando mucho. Me dijo ‘Ok, profe. ¿Va a tomar la decisión que no los instalemos?’ le dije: ‘Sí, mejor los voy a resguardar porque todavía no estábamos en clases presenciales”, comenta entre el griterío.

Los hombres dejaron los equipos, la tubería, y listo: fue lo único. Después, vendrían otros empleados a instalarlos, pero no fue posible porque el lugar carecía de agua. Además, le explicaron que solamente podían dejar una cantidad aproximada de tubo, para las conexiones, y sugirieron que el agua fuera desechada en los jardines.

En su testimonial, la docente no recuerda que le hayan dicho que los conectarían al drenaje. Desde aquella visita, no ha vuelto a saber del tema.

Opacidad en el gasto: información incompleta

Para confirmar el gasto superior a los 93 millones de pesos, y ante quejas populares de que los lavamanos portátiles en realidad estaban arrumbados en las escuelas, Border Hub solicitó mediante Transparencia, copia de los contratos realizados entre el gobierno bajacaliforniano y los proveedores, así como la distribución de los muebles a nivel estatal.

Sin embargo, la información resultó incompleta al no coincidir con la cifra oficial del gasto.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación -mediante el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP)- únicamente proporcionó 6 contratos con 5 proveedores.

La suma es de 78 millones 599 mil 956.26 pesos para “suministro e instalación” o “servicio de instalación en sitio”, para 6 mil 240 lavamanos portátiles -con un diseño específico- en jardines de niños, primarias y secundarias.

Para estos niveles, también fue contratada una compañía que únicamente se encargaría de habilitar las instalaciones, mediante “demoliciones”, “excavaciones”, “conexiones” y otras tareas, por la cantidad de 11 millones 228 mil 355.09 pesos.

Con todo, el total sería apenas de 89 millones 828 mil 311.1 pesos.

También fue identificado otro modelo enviado a los planteles Cobach, por lo que, tras solicitudes de transparencia a esta institución, resultó que tenían su propio contrato con un empresario, quien se comprometió a elaborar un prototipo específico y entregar 30 equipos por 894 mil 360 pesos.

En forma conjunta con el nivel de bachillerato, suman 90 millones 722 mil 671.35 pesos, cifra aún alejada de los datos oficiales.

Otro punto es que, en la distribución entregada por el ISEP, aparece que una de las compañías tendría un segundo contrato por mil lavamanos, pero no fue compartido en los documentos entregados vía transparencia.

Destaca que los proveedores fueron seleccionados mediante adjudicación directa, es decir, sin la existencia de un procedimiento de competencia.

Estos son: Proveeduría Integral de la Península, S. de R.L. de C.V.; MAXRO Construcciones, S. de R.L. de C.V.; e Intelligent Trade de Baja California, S.A. de C.V.

Le siguen Construcción Ecológica y Medio Ambiente, S.A. de C.V.; GRD Ingeniería, S. de R.L. de C.V.; y Ricardo Guzmán Gómez, este último para nivel preparatoria.

Los contratos para nivel básico fueron firmados el 14 de diciembre de 2020 y el 8 marzo de 2021, luego de que la pandemia por el covid-19 obligó a alrededor de 1 millón de alumnos, así como personal docente de la región, a replegarse en sus casas y adaptarse a las caóticas condiciones de enseñanza a distancia.

Sólo en el caso de los Cobach, el documento trae fecha del 23 de marzo de 2022, según las copias consultadas.

En el contexto, el criterio del Semáforo Epidemiológico del Sector Salud y la falta de vacunas contra el covid-19, retrasarían el retorno a clases hasta el lunes 28 de febrero de 2022.

De esta forma, al volver a las aulas de educación básica, la comunidad escolar se encontró con lavamanos portátiles prácticamente caducados, pues en algunos documentos aparece que la garantía otorgada era de un año.

Mapa de la supuesta distribución estatal de lavamanos portátiles contra el Covid-19.

“¿Qué hacemos con ellos?”, cuestiona el magisterio

De los 6 mil 240 lavamanos portátiles para jardines de niños, primarias y secundarias de la región, un total de mil 194 correspondieron al municipio de Ensenada.

En pláticas informales, al menos 14 docentes consultados se quejaron de falta de aviso sobre la llegada del equipo, salvo comentarios en reuniones de trabajo, además de que al recibirlos les aseguraron que la Secretaría de Educación de Baja California se encargaría de la instalación y conexión a las redes de agua.

Un maestro comentó, bajo petición de no revelar sus datos personales, que incluso la directiva de algunos planteles absorbió parte de los gastos y usó mangueras para conectar los lavamanos, mismos que están valuados en 12 mil 931 pesos, o 13 mil 888 pesos, dependiendo del contrato.

Como muestra, de cinco escuelas indagadas en la zona centro porteña, solamente una está conectada al drenaje.

En las demás, las unidades están enchufadas a mangueras y tiran el agua en jardines; otras lucen descuidadas, acumulan polvo dentro de bodegas, estorban en los pasillos o generan charcos bajo los equipos.

Cuando se les pregunta a los profesores sobre este tema, los comentarios más comunes son: “No sabemos quiénes los hicieron (las empresas), nada más nos los entregaron”, “No sabemos qué hacer con ellos, no tenemos dinero para instalarlos”, “Están caducadísimos” o, el más tajante: “Fue un gasto inútil”.

Lavamanos para lugares donde no hay agua

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Además de estas fallas, señalaron que tampoco se tomó en cuenta la infraestructura escolar, pues hay lugares que con frecuencia carecen de agua.

La localidad fronteriza de Ensenada tiene actualmente severos problemas de abasto: al menos 86 centros educativos reportaron falta de suministro, y 7 llegaron al extremo de cancelar clases durante el pasado ciclo escolar 2021-2022.

Para determinar cuántas escuelas de la localidad tenían acceso al suministro, fueron comparadas las cifras oficiales de la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), este último encargado de cobrar el consumo de agua.

Al contestar la petición, la primera refirió 585 planteles en el municipio, mientras que la segunda reportó 379.

Esta discrepancia entre ambas dependencias refleja un grupo de 206 comunidades escolares, de las que no está claro si tienen acceso al líquido vital.

Además, personal de la paraestatal contestó en dicha petición que, hasta el último corte en abril de 2022, las escuelas públicas de nivel básico de Ensenada les debían 1 millón 424 mil 793 pesos.

De lavamanos a… lavaplatos

En la escuela Misiones de Baja California, los lavamanos portátiles, supuestamente diseñados para combatir el Covid-19, ahora también sirven para enjuagar platos.

A esta comunidad escolar con alrededor de 200 alumnos, seis maestros, un director y un intendente, les llevaron tres equipos, mismos que quedaron puestos en la entrada.

En parte, la mujer -quien se reservó su identidad- justifica el equipo, pues al plantel acuden menores del fraccionamiento Puerto Azul, conocido por sus deficiencias en el servicio del agua, donde incluso algunos pequeños no tenían la costumbre de lavarse las manos.

El alumnado usa estos muebles sanitarios antes de pasar al comedor, pues es una escuela de tiempo completo.

“Limpian su plato y aquí vienen y lo enjuagan. También sirve para eso. De los (baños) fijos, uno no sirve; de los otros dos sale un chorrito de agua”, explicó.

Otro problema con los equipos es que están mal instalados: al abrir las llaves son notorias las fugas. En otros, la presión es tan fuerte que el chorro salpica en casi todos se aprecian charcos debajo de las estructuras, mismas que comienzan a corroerse.

La trabajadora comparte que tiene formación en plomería, por lo que considera que las unidades -llevadas unas dos semanas antes del regreso presencial- estarían mejor aprovechadas en diferentes puntos, pero al igual que en la escuela “El Niño Artillero”, el muchacho que acudió a instalarlos justificó que solamente traía 10 metros de tubería.

“Por lo tanto, ni siquiera se podía conectar al drenaje. Me dijo que tampoco tenía permitido romper banqueta ni algún lugar para poder conectar el tubo, por eso que está por fuera”, indicó, al tiempo de mostrar que tapó con cinta la línea expuesta, para evitar que se cayera alguien en la entrada.

Para la entrevistada, existen mejores opciones para este plantel que en ocasiones no cuenta con agua tres días a la semana y cuya directiva solicita pipa para llenar los tinacos, ante la falta de cisterna.

La solución sería el reúso del líquido, prosigue, pues podría emplearse para los sanitarios y jardines.

Manufactura “hechiza” para una realidad que rebasó al gobierno estatal

Los lavamos están construidos con acero inoxidable, tienen cuatro estaciones con llaves de plástico, patas de PTR de acero, así como lonas y hojas de coroplast en las que exhiben con grandes letras los logotipos institucionales de la Secretaría de Educación de Baja California.

El diseño incluyó jaboneras y una tarja, que a estas fechas lucen llenas de polvo o como depósitos de hojas secas que caen desde los árboles de los planteles escolares.

También cuentan con un techado, mismo que ha ocasionado quejas entre el profesorado, pues algunos refieren que no está claro cómo acomodarlo, mientras que otros aseguraron que los tumba el viento, lo que representa un riesgo.

Llama la atención que los responsables tuvieron de 17 a 85 días, dependiendo de los plazos establecidos en los contratos, para el armado de las unidades.

El vendedor de una ferretería, quien consideró que para hacerlos se necesitó por lo menos de un herrero y un plomero, pues no existe una empresa que se dedique exclusivamente a ellos.

“Son modelos ‘hechizos’. No se conoce como tal que alguien los haga prefabricados”, comentó la arquitecta Cynthia Castillo Bejarano, socia del taller de arquitectura Architectums -fundado en 2003 y uno de los más reconocidos de Ensenada- al compartirle también dicho diseño.

Además, la experta consultada refirió que, a la fecha, se han encarecido productos derivados del acero hasta en un 60 %, por lo que no sería conveniente volver a elaborarlos en caso de daño o pérdida.

Desglose de gastos, gráfico.
Desglose de los contratos con empresas, así como la diferencia de costos por unidad en los lavamanos portátiles
Crédito: Claudia Durazo

Un lavamanos para casi 2 mil alumnos

A simple vista, los primeros lavamanos portátiles destinados a los Colegios de Bachilleres de Baja California (Cobach) tienen un diseño que recuerda a un carrito de frituras: patas con llantas y espacio en la parte superior para colocar dos garrafas.

Lo anterior fue constatado durante una visita el pasado 24 de marzo al Plantel Ensenada, donde las autoridades estatales enviaron una sola unidad para una comunidad escolar de mil 980 alumnos, según el contrato revisado.

Algunas hojas secas han caído en las jaboneras y la tarja luce oxidada. En su alegría o indiferencia, los jóvenes pasan al lado de la unidad, que estorba lo menos posible en un área abierta, rumbo a los sanitarios tradicionales.

Si el equipo contara con agua, se tendría que activar el mecanismo mediante un pedal; de ahí, el agua utilizada caería en un par de cubetas, mismas en ese momento tenían insectos y tierra.

Un trabajador explica uno de los grandes inconvenientes de este modelo: tendrían que revisar y llenar todos los días las garrafas, además de que el gasto correría por cuenta de la directiva.

La historia varía un poco en el Plantel “Profesor Arturo Vázquez Rivera”, ubicado en la colonia Los Encinos, pues el armatoste tiene rota la techumbre y las láminas guindas alusivas al partido político en el poder.

Fue colocado cerca de una cancha de baloncesto y, durante el tiempo de una visita al plantel el pasado 2 de septiembre, ningún estudiante de los 700 que componen esta comunidad escolar se acercó a utilizarlo.

Aunque la tarja ya luce oxidada, el director Manuel Gasca Santana considera que sí son funcionales.

“El material se está oxidando, por la naturaleza del mismo, pero hay que darle su mantenimiento. Es lijarlo, pintarlo y todavía está en etapa funcional. No está podrido ni poroso”, dijo.

En contraste con esta unidad que va cayendo en desuso, en los pasillos del plantel ya cuentan con un nuevo modelo de lavamanos portátiles, pero que ahora ostentan lonas blancas con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Luce emplayado y han ido colocando basura en su interior, según se aprecia cuando llegamos al lugar donde fue puesto, para que no estorbe dentro de la escuela. El alumnado pasa indiferente al lado del mueble sanitario por el que aún no ha circulado el agua.

Gasca Santana calcula que quizá lo entregaron hace tres meses, para ser usado en este nuevo ciclo escolar. Sin embargo, prevé que será utilizado hasta que el otro ya no tenga vida útil, aunque le gustaría cambiarle el mecanismo para que las llaves se cierren en forma automática.

“La verdad es que en este momento no urge, el otro está haciendo su función, además de que tenemos los sanitarios. Hay un módulo en cada piso donde los muchachos tienen jabón y agua, y se pueden lavar las manos de forma constante, cuando lo requieran”, puntualizó.

Lavamanos cobach.
Imagen del modelo enviado al Cobach Plantel Ensenada. Los detalles de este diseño no fueron transparentados por el gobierno estatal.
Foto:Benjamín Pacheco.

Advirtió CNTE BC que no habían sido entregados

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Días antes del regreso presencial a clases planeado para el 28 de febrero de 2022, Marco Antonio Pacheco Peña, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, declaró a la prensa estatal que no había garantía de que las escuelas contaran con la infraestructura y el material de limpieza ante la pandemia.

Posteriormente, ya por cerrar el ciclo escolar 2021-2022, reiteró su postura en una entrevista concedida que continuaban sin ver el apoyo de los sectores de salud y educativo para contener, en la parte de higiene, los contagios por Covid-19, pues hubo docentes que tuvieron que proveer sus insumos.

Esto, mediante asociaciones civiles locales y de Estados Unidos, mismas que realizaron donativos.

Pacheco Peña remarcó que no contaron con ayuda del sector educativo, además de que tampoco fueron efectivos los lavamanos “tan cacaraqueados” en la administración de Jaime Bonilla.

“El ingeniero Bonilla no sé cómo los concesionó… se comprobó que es un cochinero de material que llevaron a las escuelas y no los instalaron en más del 45 % de los planteles educativos. Porque nada más querían hacer una instalación superficial, tirando el agua donde fuera, sin drenarlo ni nada. Sí, fue algo feo”, acusó.

El líder sindical consideró que, debido al diseño, los equipos parecen más “mamparas” o “cosa para vender algún tipo de fritura”, que un equipo de higiene en forma.

Recordó la crisis de agua en Ensenada y en Tijuana, donde en esta última ciudad tuvieron conocimiento de que “más del 35 % de las escuelas” en algún momento suspendieron labores debido a la falta de dicho líquido, además de que la red de agua potable del Estado es “arcaica”, incluyendo la zona costa donde está ubicado el municipio porteño.

Sobre el programa de lavamanos portátiles, Pacheco Peña aseguró que tampoco los informaron, pues únicamente los mandaron con la intención “de que algún día los iban a instalar”.

“Y después llegó otra gente que los iba a instalar, pero nada más los pusieron superficialmente. Y que el agua se regara por donde mejor le fuera porque no les alcanzaron a instalar el drenaje. La tubería (es) superficial, se rompían tubos en algunos casos”, describió.

El líder de la CNTE de BC subrayó que no tiene caso solicitar que sean bien puestos estos equipos.

“Sobre la situación de los lavamanos los directores ni nos quejamos porque no sirven para nada. Son obsoletos, son inoperantes, están mal fabricados. No están adecuados. Inclusive no propician la sana distancia: están amontonados. No son operativos por eso los directores ni los hemos peleado. Ahí están echados a perder en las escuelas: están amontonados, almacenados”, aseguró.

Ensamblan lavamanos a escondidas en Ensenada

El medio local (El Vigía) documentó el 18 de noviembre del 2021 una situación inusual: decenas de lavamanos estaban siendo ensamblados dentro de una obra en construcción, en un predio particular del puerto de Ensenada.

Esto fue mediante denuncias anónimas enviadas al diario, mientras que en el sitio los trabajadores declararon -con reserva de su identidad- que estaban “terminándose de ensamblar para ser llevados a los centros educativos”.

Y que ellos “trasladan el equipo” porque “los planteles de la ciudad ya están cubiertos”, pero faltaban los de la zona sur, pues en ese entonces permanecían cerrados los planteles.

Al publicarse esta noticia, una usuaria identificada como Luisa Alejandra Brand Carballo señaló la deficiencia de estos muebles en los foros públicos de las redes sociales del medio que en su opinión no fueron diseñados para los niños que los usarían.

“Por eso termina este tipo de mobiliario abandonado o sin usarse. Mandaron a hacer todo del mismo tamaño y altura. En los jardines de preescolar y en las primarias, hay niños pequeños que no alcanzarían a lavarse. También ¿dónde dejan a los niños con alguna discapacidad, los que tienen algún problema motor? Si necesitan utilizar estos, simplemente no podrán”, según comentó.

De acuerdo a los documentos revisados para este trabajo, la Secretaría de Educación no contrató alguna compañía de Ensenada o refirió que el municipio sería sitio para estas labores.

El 2 de septiembre de 2022, lavamanos continuaban en el sitio: había 12, empolvados, sobre un remolque.

Dado que el precio unitario por cada lavamanos es de 13 mil 888.88, o 12 mil 931.03 pesos -dependiendo del contrato-, esto significaba por lo menos 166 mil o 155 mil pesos en equipo que debería estar en las escuelas.

Una persona a cargo del lugar comentó que “ahí los construían” y que “movieron cientos de ahí”, pero no precisó al responsable, mismo que al parecer rentaba el lugar para estas labores.

Se le dejó una tarjeta, para hacerla llegar al supuesto proveedor con intención de realizar una entrevista, pero a la fecha de publicación del reportaje, no comunicó.

Lavamanos nuevos en predio, gráfico.
En este predio fueron detectados lavamanos que deberían estar en las escuelas públicas.
Foto:Isaac Rosas.

Empresa no entrega más del 54 % de lavamanos en Ensenada: concentrado oficial

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Según un concentrado oficial entregado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), una compañía no entregó más del 54 % de lavamanos portátiles para el municipio de Ensenada.

Para tener certeza de si habían sido elaborados e instalados dichos equipos, fue solicitado al ISEP -vía Transparencia- un listado con la distribución para el municipio de Ensenada.

El gobierno entregó un concentrado relativo a los proveedores y los 6 mil 240 lavamanos portátiles, en el que mil 194 corresponden al municipio de Ensenada y sus delegaciones.

Datos de la Dirección y Subdirección de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, en un archivo Excel de 4 hojas, con fecha del 28 de marzo del 2022, aparece que Proinpe, MAXRO Construcciones, y Construcción Ecológica y Medio Ambiente, tenían el compromiso con la comunidad escolar.

Lo anterior, de acuerdo al programa “Preparación y Habilitado de instalaciones sanitarias e hidráulicas para lavamanos”, pues para las dos primeras eran 176 y 234 equipos, respectivamente, mientras que para la última la cifra alcanzaba los 784 muebles sanitarios.

En el documento digital entregado por el gobierno, los 784 muebles estaban desglosados por nombre de la escuela, turno, domicilio, colonia, nivel, código postal, y dos columnas para “cantidad” y “entregados”.

La última fue rellenada con las palabras “SÍ” o “NO”, donde tras un análisis y conteo, resultó que 428 lavamanos no fueron entregados, equivalentes al 54.59 % del total por parte de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.

Las autoridades no aclararon en este concentrado la razón del faltante, o si había sido sancionada la empresa; en contraste, con MAXRO y Proinpe no especificaron tampoco si habían concretado, o no, las entregas correspondientes.

Se buscan empresas: Tijuana y Mexicali

En Tijuana comienza la patria y también es sitio donde cuatro proveedores indicaron la dirección en sus contratos para elaborar los lavamanos portátiles contra el covid-19.

Durante la investigación, el 6 de septiembre se procedió a comprobar si los proveedores contratados para construir y trasladar los lavamanos portátiles mantenían la misma dirección -luego de casi dos años de la firma-.

Proveeduría Integral de la Península (Proinpe) es la única con una lona colgada en su portón y cuyo domicilio coincide con el de su contrato. Personal del lugar aseguró que “no estaba quien pudiera dar la información”, que tampoco “había un número para llamarlo” ni “certeza de cuando estaba”.

Un empleado de mayor rango comentó en plática a nivel calle que “no habían mandado (lavamanos) para Ensenada”, pero que cuando llegara la persona con conocimiento del caso, se comunicarían. A la fecha no se ha tenido noticias de esta empresa.

Lavamanos nuevos en predio, gráfico.
Proinpe es el único proveedor con una lona al frente de su negocio.
Foto:Isaac Rosas.

El edificio donde debería estar GRD Ingeniería, en la avenida Rápida Poniente 4020, interior A, luce cerrado. Por el interfon nadie responde, un vecino desconoce si estuvieron ahí, y tampoco hay algún letrero o lona alusiva.

GRD Ingeniería es la única que aparece en el portal de proveedores del Gobierno del Estado de Baja California, donde arroja una dirección diferente a la indicada en el contrato: avenida Panamericana 9814, colonia Panamericana, C.P. 22647, en la ciudad de Tijuana.

Al parecer cuenta con otra dirección, pero no respondieron vía telefónica la solicitud de entrevista.

MAXRO Construcciones indicó como domicilio para recibir notificaciones el “edificio cinco”, interior 103, de la calle Germán Gedovius, en la zona urbana Río Tijuana. Es un lugar con 10 edificaciones y todas tienen nombre, además de que nadie los reconoce por algún tipo de número, lo que dificulta la ubicación.

En la calle posterior, en la Alfredo Ramos, están las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde un trabajador aseguró que MAXRO Construcciones “no era socio” y que tampoco los conocían.

En la calle Coahuila, conocida por ser una de las principales zonas de tolerancia de Tijuana, además de estar cerca del conocido arco distintivo de la ciudad, aparece la dirección de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.

El número 1606-5 en realidad corresponde a un lote con ocho casas y ahí nunca ha estado una compañía, como asegura J. Reyes Hernández Pérez, contador de profesión y residente que tiene décadas viviendo en el lugar.

En el caso de Intelligent Trade de Baja California indicó en su contrato el domicilio Andador Cholula 1090, planta 1, C.P. 21000, en el Centro Cívico del municipio de Mexicali.

Fue constatado el 12 de septiembre que este domicilio de la ciudad cachanilla, lleva a un edificio de dos pisos en el que están colocados seis letreros de “Se Vende”.

Tras los cristales se aprecia que el lugar también es utilizado como bodega, aunque bastante descuidada, pues son notorias las cajas amontonadas y los papeles revueltos, al grado que estorban el acceso principal.

Y en el caso de Ricardo Guzmán Gómez, con lavamanos para el Cobach, en su contrato fueron bloqueados con recuadros negros el RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma, bajo el argumento legal de ser “datos identificativos”.

En una revisión más a fondo, aparece como proveedor del Ayuntamiento de Mexicali, con una dirección y número telefónico.

En comunicación telefponica el 19 de septiembre, contestó un hombre, quien confirmó que sí era un número para comunicarse con este proveedor, pero que estaba conduciendo en ese momento. Aseguró que él pasaría el recado, pero a la fecha no se ha comunicado con el diario.

Ricardo Guzmán Gómez aparece como proveedor en Mexicali. Se le buscó vía telefónica, pero tampoco ha respondido la solicitud de entrevista.

Clasificaron información como reservada durante 5 años

Debido a las quejas y lo constatado en las revisiones de campo, así como los documentos obtenidos, Border Hub realizó una solicitud de transparencia para que la Secretaría de Educación brindara todas las pruebas (fotografías, videos o actas de entrega-recepción) de que los lavamanos habían sido entregados e instalados.

En respuesta, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y del ISEP indicó el 27 de mayo pasado que “existe una investigación administrativa” y que “esta autoridad se encuentra impedida física y materialmente para remitir los documentos referentes a las investigaciones”.

Lo anterior porque “está obligada a guardar el sigilo procesal” y que los expedientes de investigación y procedimiento de responsabilidad “no se divulguen hasta en tanto no se resuelvan en definitiva”.

Por lo que “se solicitó la clasificación como información reservada” al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y del ISEP “por el periodo de 5 años”, para evitar que se “obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”.

Ante la reserva, se solicitó una entrevista formal con Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno; Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación; y Juan Eugenio Carpio Ascencio, director general del Cobach BC.

Fue mediante tres cartas, vía los canales oficiales del gobierno estatal y confirmada de recibido por parte de funcionarios. A la fecha no han respondido los mensajes de WhatsApp o los correos de solicitud enviados.

Reserva de información refleja que investigan a funcionarios: abogado

El gobierno de BC reservó por cinco años la información relacionada con los lavamanos portátiles.

Consultado en torno a las implicaciones de que la información haya sido reservada, el abogado Ricardo Paul Green Padilla explicó que este procedimiento refleja que sí hay una investigación contra funcionarios del gobierno estatal.

El también miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ensenada, institución con más de 60 años de trayectoria en el puerto, analizó que esto responde a un supuesto dentro de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, aunque de momento sería de carácter administrativo.

Esto, contra los funcionarios públicos que participaron dentro del otorgamiento de las licitaciones o los contratos, a reserva de la cantidad de años que haya sido clasificada la información; en este caso sería por la adquisición de lavamanos portátiles para escuelas públicas.

Comentó que posiblemente el Órgano de Control Interno del ISEP advierte que “existen ciertas discrepancias o inconsistencias”, y de ahí que incluso lo haya hecho saber a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

“¿Cuáles van a ser las consecuencias a priori en el sentido administrativo? Puede ser, dependiendo de la falta que ellos adviertan, grave o muy grave. Puede ir desde una amonestación hasta una inhabilitación por varios años. Puede ser hasta 10 años, dependiendo de lo que marca la ley”, dijo.

Además de las consecuencias administrativas que pudiera haber, prosiguió el abogado, se podría pasar a una sanción penal, que en este caso habría que ver cuál es el delito o la clasificación jurídica que le diera en este caso el órgano investigador.

En cuanto a los representantes legales de las empresas que firmaron los contratos, Green Padilla consideró que podrían ser llamados durante el proceso administrativo, aunque queda claro que no se les puede aplicar sanción al no ser funcionarios públicos.

Se les podría llamar como testigos, pero en caso de materia penal, aclaró, podrían ser imputados, o al menos investigados como posibles responsables o copartícipes de la conducta que se está investigando.

El experto ejemplificó que sería en el caso de que hubieran acordado las partes “inflar los precios”, y repartirse el dinero tras “armar” una situación de ese tipo, donde ya tendrían una responsabilidad en el caso.

“¿Cuáles son las consecuencias? A diferencia de los servidores públicos, las consecuencias penales serían poco menos gravosas, porque estamos hablando de un fraude, sin embargo, sí tendríamos la responsabilidad o la obligación de pagar también la reparación del daño por el agravio al erario. Siempre y cuando se les finque alguna responsabilidad, eso es muy importante referirlo”, abundó.

“Con el Corazón por Delante”

Lavamanos cobach.
Los lavamanos portátiles ahora lucen el lema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como se aprecia en este modelo ubicado en el Cobach Plantel Ensenada.
Foto:Benjamín Pacheco

Para el 14 de julio, había un nuevo inquilino en el Cobach Plantel Ensenada: un reluciente lavamanos blanco, adornado con pulcras lonas en lugar de frágiles láminas de coroplast, con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La unidad había sido colocada en el sitio estelar: a la entrada, junto al monumento conmemorativo a la fundación del plantel, el 17 de noviembre de 1958, y pegada una jardinera, para discretamente echar el agua utilizada en las plantas.

De cerca, se puede apreciar que únicamente cambiaron el modelo anterior por los utilizados en el nivel básico, pues se nota desgastada la tarja y las demás piezas, a pesar de la novedad de las lonas.

En plática informal, un docente reconoció que les había llegado en forma reciente y que aún esperaban más, según expresó con un semblante de desconcierto.

Por lo pronto el lavamanos fue colocado en dicho lugar, a la espera de ser usada por la comunidad y visitantes.

Sin embargo, para el 22 de agosto, la unidad ya había sido relegada, debido a una serie de labores de remodelación en la fachada.

Frente a la dirección del plantel, el lavamanos luce empolvado, manchado de cemento y con agua de lluvia acumulada en su techumbre.

Y lo inevitable: sin utilizar por el estudiantado.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Premian a alcalde Armando Ayala y municipio sigue en el 'ranking' de los más endeudados

Redacción
Hace 5 años
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Armando Ayala, premio alcaldes
El alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles, con su reconocimiento.
Foto:Cortesía.

A pesar de negarse a transparentar el estado de las finanzas públicas el alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles recibió por segundo año consecutivo el Premio Alcaldes de México a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales.

El reconocimiento que por primera vez se otorgó en el 2011 y cuyo propósito reconocer a los municipios que se han esforzado por salir adelante y ofrecer un mejor futuro a sus habitantes.

No obstante que organismos empresariales y medios de comunicación que han realizado la consulta del estado de deuda que guarda el municipio de Ensenada en el año 2020, y 2021 cuando en años anteriores era una megadeuda que crecía mes con mes, se han encontrado con la negativa de la actual administración del Ayuntamiento.

El intento de pago de la deuda y gasto operativo es lo que mantenía al municipio en ruinas.

No es un secreto que las finanzas siguen complicadas y de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, (CEFP), Ensenada figura en el lugar 17 de los 2 mil 446 municipios de México con un total de 564.4 millones de pesos solo a bancos, sin contar otros adeudos en proveedores, seguros, impuestos, retenciones y pagos a sindicatos.

En esta ocasión, el primer edil ganó en la categoría de Obra Pública, por la ejecución de proyectos prioritarios entre los que destacan el programa de rehabilitación de vialidades más grande en la historia de Ensenada, que abarca 639 mil metros cuadrados, equivalentes a más de mil calles.

La revista Alcaldes de México reveló en sus editoriales que sus investigaciones para ubicar a los municipios más destacados, consultan estudios a nivel regional elaborados por institutos de investigación, universidades, organismos internacionales, organizaciones civiles y otras fuentes calificadas de información.

Mencionan entra sus fuentes a el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

No menciona al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Para tener una idea del pasivo que cargan las finanzas del Ayuntamiento la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió sin resultado la información sobre la deuda total de los ejercicios 2019 y 2020 y cuál es el plan para abatir este problema.

La solicitud fue respondida de manera parcial por parte del gobierno de Armando Ayala Robles, respondió el pasivo que dejó el ex alcalde Marco Novelo Osuna hasta el 30 de septiembre del 2019 se debían 5 mil 061 millones 674 mil 750 pesos, pero debido a la opacidad se desconoce si esta cantidad fue liquidada, se mantiene o ha incrementado.

Conforme al estudio del CEFP, Ensenada se encuentra hoy dentro del ranking de los 25 municipios más endeudados porque sus ingresos son inferiores a los gastos. La tendencia de los gobiernos porteños ha sido la misma en los últimos dos gobiernos.

En el 2018 el puerto también se coló en el ranking 12 con un déficit de 719.2 donde cada uno de los ciudadanos debía 1 mil 324 pesos.

La situación a nivel nacional, indica que el monto total de la deuda municipal presenta una tendencia en general creciente desde el primer trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2017, momento en el que alcanza su máximo nivel de 51 mil 672.8 mdp.

Al 31 de marzo de 2021 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los municipios más endeudados del país en términos absolutos son los siguientes:

  1. Tijuana, Baja California con 2 mil 591.0 mdp;
  2. Monterrey, Nuevo León con mil 953.9 mdp;
  3. Hermosillo, Sonora con mil 773.3 mdp;
  4. Guadalajara, Jalisco con mil 720.1 mdp;
  5. Zapopan, Jalisco con mil 186.0 mdp y
  6. León, Guanajuato con mil 037.4 mdp.

En este estado de las cosas, Armando Ayala incumple su promesa de esta y de la anterior campaña de ordenar y contener el creciente deterioro de las finanzas municipales y dado que, la información en el portal no está clara, han solicitado específicamente conocer el comportamiento detallado de los pasivos en el 2020.

Armando Leon Ptanick, quien formó parte del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información sostiene que la opacidad en el manejo de las finanzas solo tienen una respuesta: una mala administración del erario que tarde o temprano incidirá en los ciudadanos, ya que su deterioro provoca ausencia de obras, desvío de recursos y demás quebrantos a pesar de la aparente bonanza.

Coparmex se encuentra en medio de una disputa ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Baja California ( ITAIPBC) la cual no ha podido obligar al gobierno a cumplir con la obligación de reportar la deuda.

Una vez más "A Proceso" Hirata Chico y su tesorero

Redacción
Hace 5 años
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Gilberto Hirata Chico
Gilberto Hirata Chico, fue el alcalde 24 de Ensenada de 2013 a 2016.
Foto: Enrique Botello Abarca / Semanario Zeta.

El ex presidente de Ensenada, Gilberto Hirata Chico y el Tesorero Municipal Samuel Aguilar Jaime, siguen ocupando los titulares a pesar que su administración terminó  en 2016.

Esta vez, la Fiscalía General de la República (FGR), en seguimiento de la carpeta judicial 125/2020, vinculó a proceso por el presunto delito de peculado en uno de los casos penales abiertos en contra de ambos ex funcionarios priistas.

El ayuntamiento de Ensenada, informó que la medida fue realizada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California.

Conforme a los antecedentes del caso, la ex Síndico Procurador, Karina Castrejón Bañuelos, fue quien encabezó la denuncia en contra de los ex funcionarios y conforme a la ley la actual Síndico, Elizabeth Muñoz Huerta, le dio seguimiento a la investigación la cual fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR.

En el expediente se hace referencia al desvío de recursos superiores a los cuatro millones de pesos, que fueron destinados por la Secretaría de Cultura del gobierno federal al Ayuntamiento de Ensenada para un proyecto de obra en el ex mercado municipal.

En la audiencia celebrada el pasado 16 de febrero, la Sindicatura Municipal como representante jurídico del Ayuntamiento parte ofendida, se estableció que los imputados exservidores públicos del XXI Ayuntamiento de Ensenada presuntamente incurrieron en violación al Código Penal Federal.

Concretamente, la conducta de los exservidores públicos se encuadró en el Artículo 223 fracción IV, misma que establece: comete el delito de peculado, cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

No es la primer vez que Hirata Chico es vinculado a proceso

En distintos medios se han publicado investigaciónes del caso Hirata Chico y Samuel Jaime en Ensenada.

Calculan que el daño al erario cometido por el alcalde numero 24 de la ciudad durante su gestión (2013-2016) alcanzaría los 500 millones de pesos. Y deuda municipal pasó de 800 millones de pesos a 4 mil millones durante su administración.

Ya un Juez Federal vinculó a proceso por el delito de peculado al "profe Hirata", y a quien fuera tesorero en su administración Samuel Jaime Aguilar.

La carpeta de investigación FED/BC/ENS/000490/2019, que asentó la denuncia interpuesta en 2017 por la entonces Síndico Procurador, Karina Castrejón Bañuelos, en la Ciudad de México.

No obstante el 18 de abril del 2018 la investigación fue cerrada por la dirección General del Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero meses después reabrieron el caso.

De esas denuncias se obtuvo la inhabilitación por más de 10 años para ambos ex funcionarios.

A través de los años las denuncias han sido desestimadas por la autoridad.

Denuncias contra Hirata Chico y "Malas noticias para el pueblo"

 

Exigen abogados retiro de escoltas para Juan Manuel Molina y Alejandra Ang

Hace 4 días
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El Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California pidió retirar escoltas a Juan Manuel Molina García y Alejandra Ang Hernández.  - Foto: Cortesía.

Abogados de Baja California exigen el retiro de escoltas para dos diputados del Congreso local, pues uno de ellos tiene 17 años con esta medida sin que existe un riesgo real, mientras que la legisladora Alejandra Ang los habría usado para mover los 800 mil pesos con los que fue detenida en una garita hacia los Estados Unidos.

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Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C., lo puntualizó este jueves 15 de enero mediante un video y un posicionamiento compartido desde el municipio de Mexicali.

Al ser dichos escoltas personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el oficio fue dirigido a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, y con copia a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“En este documento estamos solicitando retiro inmediato de escoltas de la diputada Alejandra Ang Hernández y del diputado Juan Manuel Molina García. Ambos tienen escoltas sin tener necesidad de tenerlos. El pueblo de Baja California está pagando escoltas con el erario público a dos funcionarios que no deberían de tener”, remarcó en el video.

Flores Gallegos denunció que, en el caso del morenista Molina García, tiene años con esta protección.

“El diputado Juan Manuel Molina cuenta con escoltas desde hace 17 años. Son 17 años de costos al erario público, escoltas que únicamente los utiliza para cuestiones irregulares”, acusó.

El abogado señaló que, en el caso de la legisladora, al parecer se apoyó en este personal para el traslado de dinero que fue confiscado el lunes 5 de enero por parte de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

“Es necesario que se le retire a la diputada sus escoltas cuanto antes ya que los utilizó para el traslado de dinero previamente al momento de cruzar la garita del cruce fronterizo de Calexico”, puntualizó, además de reiterar el llamado a las autoridades mencionadas.

“Son parte de mis ingresos, de mis ahorros”: insiste Alejandra Ang

En su primera aparición pública tras el escándalo, la diputada local morenista Alejandra Ang Hernández reiteró a la prensa de Mexicali que el dinero encontrado en su vehículo son parte de sus ingresos y ahorros.

La diputada local fue abordada por los medios de comunicación de manera previa a la sesión del Congreso del Estado.

Este día también destacó por la defensa del bloque morenista para que ella se quedara al frente de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; la oposición panista solicitó que se separar temporalmente en lo que se esclarece el caso.

Al final, la votación fue de 18 a favor contra 7 en contra; el PAN estatal criticó el “proteccionismo” por parte del bloque morenista.

Ante la prensa, Ang Hernández reconoció que su investidura “está para el escrutinio”, pero que “es un tema personal, administrativo”.

“Una situación que no tuvo ningún dolo… es una situación que yo voy a arreglar con las autoridades de Estados Unidos. Tengo todos los documentos para acreditar el origen lícito de esos recursos que son parte de mis ingresos, de mis ahorros familiares. Ya lo he dicho”, sostuvo, pero no dio fecha para mostrar dichas pruebas.

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol

señalan a agentes aduanales, militares, también al exgobernador de BC Ernesto Ruffo Appel
Redacción
Hace 4 meses
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Entre los señalados está el exgobernador de Baja California y panista Ernesto Ruffo Appel, dueño de la comercializadora Ingemar, ligada al megadecomiso de combustibles en Coahuila.  - Foto: Cortesía.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Fiscalía General de la República (FGR) alistan la ejecución de más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y militares presuntamente vinculados al delito de huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles que operó durante varios años en el país.

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Entre los señalados se encuentra el exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Ruffo Appel, identificado como propietario de la comercializadora Ingemar, empresa ligada al megadecomiso de hidrocarburos registrado en Coahuila.

Agentes aduanales y militares bajo investigación

De acuerdo con fuentes federales, los procesos alcanzan a agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de distintas aduanas en México, además de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Las órdenes comenzaron a interponerse desde el 1 de agosto de 2025, a través de la FGR y fiscalías estatales ante jueces federales y locales, con el objetivo de desmantelar la red de complicidades que permitió el ingreso irregular de combustible al territorio nacional.

Huachicol fiscal en la mira

El llamado huachicol fiscal consiste en la importación ilegal de combustibles mediante empresas fachada, documentación alterada o triangulaciones financieras, lo que provoca pérdidas millonarias al erario y favorece al crimen organizado.

La investigación federal apunta a que esta práctica se mantuvo durante años con la participación de funcionarios de alto nivel y personal militar en activo.

El caso Ruffo Appel

El nombre de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de Baja California y figura histórica del PAN, aparece entre los empresarios señalados. Fuentes oficiales indican que la comercializadora Ingemar, de la que es dueño, fue vinculada directamente al decomiso de hidrocarburos ocurrido en Coahuila, considerado uno de los más grandes en la historia reciente.

Las autoridades federales prevén que en los próximos días se comiencen a cumplir las órdenes de aprehensión, lo que podría derivar en procesos judiciales de alto impacto político y empresarial.

En julio, el panista, en un video transmitido en sus redes sociales, declaraba que todas sus operaciones estaban dentro del marco de la ley.

Quitan escoltas a Armando Ayala y funcionarios municipales

Redacción
Hace 9 meses
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Escoltas fuera: Armando Ayala y funcionarios de Ensenada deberán buscar seguridad privada. Policías regresan a patrullajes.  - Foto: Cortesía.

Aunque se omitió el números de escoltas que protegían al senador Armando Ayala Robles y funcionarios de la actual administración, un comunicado del Gobierno de Ensenada indica que policías municipales que realizaban labores de escolta de servidores públicos, se reincorporan a sus funciones dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Además de los cuatro escoltas que tenía asignados el senador, Armando Ayala Robles, extraoficialmente se sabe que entre los funcionarios que contaban con escoltas está Carlos Ibarra, director de Desarrollo Económico; Normando Elías, jefe de la oficina de presidencia; Rubén Best Velasco, asesor de presidencia; Marco Antonio Orozco Orozco, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, así como la regidora, Ana Daniela García Salgado, entre otros, sin embargo, autoridades municipales omitieron la información.

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El comunicado oficial establece que “Esta medida obedece a la necesidad de aumentar la presencia policial en las calles y de esta forma garantizar entornos seguros a la población ensenadense, acción prioritaria de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y del director de la corporación, Alejandro Monreal Noriega”.

Se indicó que “El funcionariado que requiera seguridad personal, deberá contratarla por su cuenta con empresas privadas o iniciar el procedimiento requerido ante las autoridades correspondientes, a fin de que este servicio no tenga un cargo al erario municipal”.

Se apoderan de vía pública vendedores de autos usados

Ante la inacción de las autoridades, acaparan los espacios de estacionamiento en vialidades principales y zonas habitacionales y escolares
Redacción
Hace 2 años
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Invaden vías públicas vendedores de autos usados  - Foto: Cortesía.

Aunque la venta de autos usados en vía pública ha prevalecido como una práctica común, en los últimos meses cientos de vehículos que se exhiben en calles y avenidas, dan muestra de un notorio incremento de esta actividad regulada por las autoridades federales y municipales.

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Si bien hay casos en los que podría tratarse de autos de “particulares”, es evidente que estos son superados por los que, grupos o empresas, exhiben para su comercialización, sin mediar permiso o pago alguno al erario por la actividad que desarrollan.

Ello, pese a la ocupación de la vía pública y a las afectaciones que causan a la población en general por el uso de áreas de estacionamiento.

En un recorrido que Zona Norte realizó por la zona de Los Globos, se contabilizaron 84 vehículos en venta, es decir, rotulados con datos del auto y número teléfono como contacto para posible compra venta.

De estos, más de 35 tenían el mismo número de contacto y ocupaban los espacios de estacionamiento de una vialidad (en ambos sentidos), mientras otros, con los mismos datos en parabrisas y ventanas,, estaban estacionados en diversos tramos de la calle Novena.

Además de el año o modelo, y en algunos casos, el precio, las leyendas más comunes son: “pasa decreto”, “importado por decreto”, ”a prueba de mecánico”, “título”.

Sin sanciones ni acciones para liberar vía pública

El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos en el XXV Ayuntamiento, Santiago Garín Walther, declaró que como administración municipal, deben actuar contra quienes ejerzan el comercio en vía pública sin contar con los permisos correspondientes.

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Sin embargo, reconoció que “no se han aplicado multas ni levantamiento de vehículos, debido a que se está analizando a quién se otorgará el servicio de arrastre (grúas)”.

Sobre los puntos donde se ha detectado mayor concentración de autos en venta que son expuestos en vía pública, mencionó vías principales como Bulevar Zertuche, avenida Reforma y zonas como el mercado Los Globos, delegación Maneadero, Pórticos y Valle Verde.

El funcionario enfatizó en que, para poder aplicar alguna sanción, “los vehículos deben tener letrero que lo identifique que está a la venta”.

El funcionario dijo que a la dependencia a su cargo, le corresponde aplicar las sanciones a los autos que se identifican como “a la venta”, mientras que a la Dirección de Seguridad Pública, le compete actuar cuando los vehículos que excedan a las horas permitidas para estar estacionados en la vía pública, conforme a lo que establece el Reglamento de Tránsito Municipal.

Cuando se trata de vehículos de procedencia extranjera, dijo, pudiera intervenir el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo que estipula el Reglamento de Comercio Alcoholes y Espectáculos Públicos

ARTÍCULO 51.- Se prohíbe a los comerciantes ambulantes, fijos, semifijos y de mercados comunes incurrir en cualquiera de las conductas que a continuación se mencionan; de hacerlo, motivarán la infracción correspondiente o la revocación del permiso anual o accidental otorgado.

Prohibiciones:

XIV.- Comercializar en la vía pública, automóviles nuevos y usados;

Cifras de la regularización a septiembre de 2024

  • 2 millones 559 mil 256 vehículos en 16 estados
  • Alrededor de 6 mil 398 millones 140 mil pesos recaudados en los 16 estados
  • 400 mil vehículos en Baja California
  • Más de 950 millones de pesos captados en BC
  • El decreto para regularizar vehículos de procedencia extranjera en Baja California estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.
La falacia del “saldo blanco” y el maquillaje político de la inseguridad
2026-01-02 14:20:01
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La frase “saldo blanco” se ha convertido en el refugio retórico predilecto de las autoridades para proclamar el "éxito" de sus operativos, especialmente tras festividades o eventos masivos. en su intento de distorsionar la realidad, priorizan el capital mediático por encima de la seguridad ciudadana.

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Para los gobernantes y mandos policiales, el concepto parece reducirse a una métrica biológica: si no hay cadáveres, no hay problema.

Bajo esta lógica, los heridos son invisibles, las pérdidas patrimoniales por asaltos son inexistentes y el trauma psicológico de las víctimas es un factor irrelevante.

Se ignora deliberadamente que un festejo —como el Año Nuevo— plagado de accidentes, incendios, robos y violaciones sistemáticas a los reglamentos, difícilmente puede calificarse como un éxito.

A fuerza de repetición, el poder político ha intentado resignificar la paz como la mera ausencia de sangre, omitiendo que la inseguridad es un fenómeno multifactorial.

En este escenario, la batalla de las autoridades no es contra la delincuencia, sino contra la estadística.

Hace apenas unos meses, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Estatal Ciudadano de Seguridad Pública, denunció que la administración de Marina del Pilar recurre al maquillaje de cifras oficiales. Según la acusación, existe evidencia de instrucciones directas a fiscales para reclasificar delitos, particularmente homicidios y desapariciones, con el fin de diluir su impacto ante la opinión pública.

Minimizar o borrar crisis tan sensibles como las desapariciones no solo es un error táctico; es una afrenta ética. Un acto de responsabilidad mínima —ya que la honestidad absoluta parece una utopía política— exigiría el reconocimiento pleno de la realidad en el día a día.

La transparencia y la aplicación de criterios acordes a los hechos, no anula el esfuerzo de los elementos que cumplen con su deber, ni de las inversiones, ni de las estrategias, sino que les otorga un marco de actuación real.

Insistir en lo contrario y mantenerse en la narrativa del "saldo blanco" frente a una realidad evidente solo alimenta la desconfianza y la animadversión de una ciudadanía que se siente desprotegida y, además, engañada.

“Ya son otros temas”: gobernadora sobre manta de petición a “El Ruso”

Hace 4 meses
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La gobernadora Marina del Pilar aseguró que sí hay abasto de medicamentos, y defiende: “Ya son otros temas”  - Foto: Cortesía.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, consideró que “son otros temas” los señalados en la manta de petición de abasto de medicamentos dirigida a “El Ruso”, presunto líder criminal por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares.

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La mandataria estatal lo declaró este miércoles 24 de septiembre en su conferencia matinal, luego de que la prensa la cuestionara sobre la manta exhibida en el Hospital General de Mexicali, con la solicitud indicada, además de denunciar supuesto desvió por parte del gobierno de Baja California.

Con una sonrisa, Ávila Olmeda contestó: “Ya son otros temas, ¿no?”, además de asegurar que su administración es “un gobierno honesto que combate de frente a la delincuencia”.

De manera previa, la gobernadora afirmó que “hay abasto de medicamentos”, según informes de la Secretaría de Salud de Baja California, además de que revisan las claves faltantes.

Luego, repitió las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el abasto de medicinas en las instituciones, donde exhibió a las compañías que no han cumplido sus contratos.

“Ayer (martes 23 de septiembre) lo decía la presidenta en su mañanera; ayer, tal cual lo dijo: hay algunos proveedores que están quedando mal y esos proveedores se tienen que ir, ¿no?”, expresó, además de mencionar que durante este miércoles tendrían una reunión para revisar algunas especificaciones y revisar la visita presidencial programada para el viernes 26 de septiembre.

El lunes 22 de septiembre, en el Hospital General de Mexicali, Baja California, desconocidos colocaron una manta en una de las entradas para solicitar a “El Ruso”, presunto líder criminal en la región, que se haga cargo de surtir los medicamentos del lugar, ante el desabasto y supuesto desvío de recursos por parte del gobierno estatal.

“Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”, según el texto indicado.

El pasado 16 de septiembre, el gobierno estadunidense anunció la recompensa por datos que conduzcan a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado un alto mando del Cártel de Sinaloa (CDS), con presencia en Baja California, al ser considerado “terrorista” por parte de la administración de Donald Trump.

Piden investigar a presuntos “aviadores” del gobierno de Ayala Robles

El daño patrimonial es de 2 millones 400 mil pesos mensuales
Hace 9 meses
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PAN Ensenada exige investigar a presuntos “aviadores” del gobierno de Ayala Robles, cobraban sin trabajar, un daño patrimonial de 2.4 millones de pesos mensuales.  - Foto: Cortesía.

Que la Sindicatura del Ayuntamiento investigue los posibles delitos que se cometieron a través de la contratación de personas que cobraban sin trabajar en la administración municipal anterior, en referencia a la del ex alcalde Armando Ayala Robles, y parte de la actual, demandó el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Ensenada (CDM-PAN).

La presidenta de del CDM-PAN, Carmen Iñiguez Casanova, reaccionó así ante el despido que hizo la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz de 177 empleados que en realidad eran “aviadores” del Gobierno Municipal de Ensenada.

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Los supuestos trabajadores cobraban su nómina pero que no se encontraron trabajando en ninguna área del municipio, lo que causaba al erario un desfalco de casi 29 millones de pesos al año, indicó la dirigente blanquiazul.

Lo anterior supone varios delitos como fraude, colusión de funcionarios, desvío de recursos públicos, encubrimiento, entre otros, indicó.

“Reconocemos el valor de la alcaldesa por haber tomado esa decisión, pero también exigimos que se siga investigando dentro del ayuntamiento si existen más personas que estén en calidad de ‘aviadores’¨, dijo Iñiguez Casanova.

Además, reiteró su petición de que se investigue y se castigue a los responsables de agravar las finanzas municipales -con los empleados por contrato en su momento- así sea el mismísimo exalcalde y actual senador Armando Ayala Robles.

También se debe iniciar una carpeta de investigación en contra del ex Oficial Mayor, Juan Guillen Sánchez, de su administración que también lo fue hasta hace unos días de la presente, a funcionarios de finanzas y a la ex Síndico Procurador, Elizabeth Muñiz Huerta, por permitir esa situación.

La presidenta del PAN en Ensenada también solicitó que se informe a la comunidad sobre los recursos que se recuperen y el destino que tendrán para asegurar que se invertirán en beneficio de los ensenadenses.

Hasta hoy ya suman 2 millones 400 mil pesos mensuales esperando se apliquen en áreas prioritarias, según el cálculo del daño patrimonial.

Iñiguez reiteró el reconocimiento a la determinación de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz para resolver este grave problema que ha venido suscitando en cada administración municipal, en espera de que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Cobra matrimonio 70 mil pesos mensuales en Gobierno de Ensenada

Hace 10 meses
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Este caso se suma a una situación similar registrada en enero pasado, cuando Miriam Liliana Cruz Castaños, esposa del regidor de Morena Eduardo Vega Zamora, fue contratada como personal de confianza en el Departamento de Educación  - Foto: Cortesía.

El director de Desarrollo Regional y Delegaciones del municipio de Ensenada, Francisco Jesús Villavicencio Márquez, incorporó a su esposa, Alma Yoselin Madrigal Aguilar, a la nómina del Ayuntamiento, según información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Villavicencio Márquez percibe un salario mensual bruto de 46 mil pesos, mientras que su esposa recibió 26 mil pesos, lo que representa un ingreso conjunto de aproximadamente 70 mil pesos mensuales con recursos del erario.

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Este caso se suma a una situación similar registrada en enero pasado, cuando Miriam Liliana Cruz Castaños, esposa del regidor de Morena Eduardo Vega Zamora, fue contratada como personal de confianza en el Departamento de Educación con un sueldo neto de 18 mil pesos al mes. Vega Zamora, por su parte, tiene un ingreso mensual neto de 43 mil pesos.

El historial laboral de Villavicencio Márquez muestra que desde 2017 ha ocupado diversos cargos en la administración pública.

En ese año, se desempeñó como auxiliar en el módulo de atención de la entonces diputada local Claudia Ágatón Muñiz, con un sueldo de 15 mil pesos mensuales. Posteriormente, durante la administración de Armando Ayala Robles, obtuvo contratos como prestador de servicios profesionales en la Sala de Regidores, con un salario bruto de 18 mil pesos al mes.

Al solicitar información sobre las actividades desempeñadas por Villavicencio Márquez, la respuesta de las autoridades municipales fue clasificada como confidencial.

"Esta Oficialía Mayor está trabajando en el escaneo de los contratos para posteriormente generar la versión pública, toda vez que contienen datos de carácter confidencial, conforme al artículo 136 de la Ley de Transparencia", señala la respuesta oficial.