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FINANZAS PÚBLICAS
De 64 municipios que presentan un nivel de observación, Ensenada es el único que presenta “elevado”; para el nuevo gobierno municipal significa que enfrentará mayores restricciones para solicitar nuevos préstamos, y financiamientos para salir de los problemas económicos
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace 6 meses
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El alcalde Marco Novelo durante el tercer informe de gobierno.
Foto: Cortesía
Ensenada, B.C.

Durante esta administración según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Gobierno Municipal de Ensenada pasó de una ubicación de un nivel de “endeudamiento en observación” a “nivel de endeudamiento elevado”.

Aunque durante el Tercer Informe el Presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna resaltó que su gobierno evitó el colapso gubernamental producto de la deuda municipal heredada de casi dos mil millones de pesos, Ensenada encabeza la lista de 64 municipios con mayores problemas para pagar sus compromisos y mantener la prestación de servicios a sus ciudadanos.

Tachado con la etiqueta “nivel endeudamiento elevado", por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, basado en información emitida por la Secretaría de Hacienda, el nombramiento contrasta con el de otros municipios de Baja California Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate presentan un endeudamiento como “sostenible” .

Las consecuencias de este y otros indicadores para el nuevo gobierno municipal es que enfrentará mayores restricciones para solicitar nuevos préstamos, ni financiamientos para salir de los problemas económicos.

El sistema sobre el nivel de endeudamiento en los estados de la repùblica ubicó a 64 municipios con mayores problemas entre esos municipios se destacan, ciudad Juárez, Cuautla. Macuspana, en Sonora: Nogales, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Cajeme.

De una lista de los 2 mil 447 municipios de México, sólo 786, el 32.1%, tienen obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único. No obstante la Secretaría de Hacienda sólo pudo evaluar a 655 municipios de todo el país que entregaron información completa sobre sus finanzas.

Los otros 131 municipios, 16.6%, no pudieron ser evaluados por información insuficiente.

Entre otras restricciones si el endeudamiento se ubica en niveles de observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto a los posibles destinos de sus excedentes, señala la ley.

Y en caso de obtener un convenio de ajuste en sus finanzas públicas será sometido a la comisión Bicameral correspondiente del Congreso de la Unión para su opinión. Y El nivel final de financiamiento deberá ser aprobado por el Congreso local, sujeto a las restricciones mencionadas.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que 591 municipios presentan un nivel de "endeudamiento sostenible".

Regale plantas de bajo consumo de agua
Viva Nativa Vivero
Antonio García Viera / El Malpensado
Hace 2 meses
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Ilustración: Carlos Mendoza
Hermosillo, Sonora

El martes 14 de marzo de 2017 Florencia recibió una llamada telefónica. Le preguntaron si acudiría a ver a sus tres nietos que se encontraban en la casa hogar Unacari, bajo responsabilidad del DIF Sonora. Cuando contestó de forma afirmativa, le dieron la noticia de que Nahomi, su nieta de 9 años, se había escapado.

La fuga había sucedido desde el domingo, pero a Florencia le avisaron una hora antes de que llegara a la visita. Su nieta se fue junto con un niño de 9 años, otra niña de la misma edad, y una adolescente de 16.

Los cuatro lograron burlar la seguridad de un espacio que las autoridades dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuidan con lujo de detalle, según consta en documentos oficiales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su huida provocó una gran movilización, que les llevó a las autoridades cuatro días para encontrarlos.

El día de la fuga el resguardo de las instalaciones estaba a cargo de una empresa conocida comercialmente como SISPS, que tiene como razón social Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V., que en este rubro ha sido la más beneficiada en la presente administración estatal con 97 millones de pesos, seguida de Excelencia en Seguridad Privada FASA, que ha recibido más de 80 millones.

Ambas empresas se llevan más del 50% del presupuesto que el poder ejecutivo del gobierno del estado de Sonora destina -a través de sus diferentes dependencias- para el gasto en seguridad privada y vigilancia, que en los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57%, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.

La empresa SISPS, encargada de la vigilancia el día que se escaparon los menores de la casa hogar Unacari, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los datos del Registro Público de Comercio permiten saber que la empresa fue creada en abril de 2013 por el padre de Luis René, Alejandro René Ibarra Platt, quien es hermano de la mamá de Sergio Torres Ibarra, Margarita Ibarra Platt, que desde el inicio de la administración y hasta este año fungió como presidenta honoraria -es decir, sin responsabilidad legal ni administrativa- del DIF Sonora.

El 11 de noviembre de 2015, casi dos meses después de la llegada al poder de Claudia Pavlovich Arellano, Alejandro René Ibarra Platt cedió el control de la empresa a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de su hijo Luis René, quien también aparece como socio.

A través de solicitudes de información, así como con una serie de documentos como contratos y las cuentas públicas anuales, se pudo comprobar que durante la presente administración, el estado -a través de sus diferentes dependencias- elevó en 57% su gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para llegar a 122 millones al cierre de 2018. En la pasada administración estatal SISPS no recibió ningún contrato.

El estado habrá destinado 340 millones de pesos entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50%, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA. Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de los personajes públicos mencionados.

Se solicitaron entrevistas a ambas empresas pero ninguna dio respuesta ni vía telefónica ni por correo electrónico.

En los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57% del gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.
foto: cortesía

Fausto Salazar Gómez, de acusado en caso ABC a contratista beneficiado

Fausto Salazar Gómez fue detenido en septiembre de 2011 por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños. Se desempeñaba como director de recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, de la cual dependía la bodega en la que inició el fuego que se propagó a la guardería. Cuando fue detenido libró la cárcel al cubrir una fianza superior a los 2 millones de pesos.

En octubre de 2009, cuatro meses después del incendio, Fausto Salazar Gómez creó una empresa denominada Excelencia en Seguridad Privada FASA, con las iniciales de su nombre y primer apellido. Con él aparecieron como socios Juan Carlos y Jorge Horacio Mazón Salazar.

En octubre de 2011, Fausto Salazar renunció a las acciones de la empresa, que fueron adquiridas por su esposa, Mónica Rubio Soto, por Alejandro Mazón Salazar y por Felipe Francisco de Jesús Pavlovich del Razo, primo del padre de la gobernadora, y tío de Epifanio Salido Pavlovich, titular de la Secretaría Técnica del gobierno del estado.

Durante el periodo de 2009 a 2015 esta empresa, conocida comercialmente como Argus Seguridad Privada, no obtuvo ningún contrato con la administración panista de Guillermo Padrés, pero a partir de 2016 ha logrado ingresos por más de 80 millones de pesos.

Al iniciar la administración de Claudia Pavlovich, los hermanos Mazón se retiraron de la participación empresarial, al igual que Felipe Pavlovich del Razo, y cedieron sus acciones a Mónica Rubio Soto, esposa de Fausto Salazar Gómez, y a Jorge Luis Meneses Coronado, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.

Las dependencias con las cuales Argus ha obtenido contratos de manera sistemática y sin tener competidores han sido la Secretaría de Hacienda, el Isssteson, la Secretaría de Gobierno, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y la Secretaría Técnica encabezada por Epifanio Salido.

El caso de SISPS es similar: ha sido beneficiada por 10 dependencias que la han contratado desde 2016, entre las que sobresalen los Servicios Educativos de Sonora, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura; además del DIF y la Universidad Estatal de Sonora.

Los primeros contratos los obtuvo principalmente bajo los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida a tres; sin embargo, durante los tres últimos años ha ganado licitaciones públicas a las que en la mayoría de las ocasiones se presenta como participante única, sin competidores.

En una de las ocasiones en que se presentó otra compañía a competirle fue para la licitación 2019 de los Servicios de Salud en Sonora, que paga el contrato más alto en materia de seguridad privada de todas las dependencias. La empresa Seguridad Privada del Desierto hizo una oferta menor, con diferencia de 100 mil pesos, y le quitó la posibilidad de llevarse a SISPS un contrato anual por 20 millones de pesos.

Gráfico: Gabriela Guerrero.

Las dos empresas obtienen más presupuesto que algunas dependencias

En la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos que hace la administración estatal para la partida 33801, orientada a los gastos por seguridad y vigilancia privada, ha contemplado en el periodo 2016-2020 ejercer presupuestos anuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos.

Esos montos programados resultan insuficientes para los compromisos que adquieren las diversas dependencias con todos los proveedores. El compromiso de pagar únicamente a las dos empresas mencionadas ha rebasado los topes aprobados anualmente.

Por ejemplo, a finales de 2015, el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado una propuesta para gastar 20.7 millones de pesos por estos servicios durante el año fiscal 2016 en todas sus dependencias.

Con los 16.7 millones que recibió Servicio Integral de Seguridad Privada y los 8.1 millones de pesos destinados para pagos a Excelencia en Seguridad Privada FASA, se alcanzaron 24.8 millones entre ambas, llevándose casi el 35% de los 71.3 millones que terminó gastando el gobierno estatal ese año en seguridad privada.

En 2017, el porcentaje de ganancia de ambas empresas subió a 44% del total ejercido; y en 2018, prácticamente se duplicó con respecto al 2016: las dos empresas lograron llevarse dos terceras partes de un gasto máximo histórico para esa partida, alcanzando 81.7 de los 120 millones de pesos erogados.

De esta forma, las dependencias del Poder Ejecutivo incrementaron 57% el gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para alcanzar los 122 millones en el 2018.

El gasto propuesto por el gobierno del estado en el presupuesto de egresos del año 2020 considera sólo erogar 29.5 millones de pesos, por lo que de seguir la inercia en los resultados de los procesos de contratación, ese dinero no alcanzaría para cubrir ni siquiera a cualquiera de estas dos empresas que han liderado el gasto en seguridad privada durante el sexenio.

El gasto anual en la partida 33801, destinada a servicios de seguridad y vigilancia, representa más de lo ejercido cada año por algunas instancias como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa; y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, cada una con gastos inferiores a los 120 millones de pesos, para toda su operación, incluyendo nóminas, gastos en servicios y demás compromisos.

Roban jardín de niños 20 veces, pero no hay dinero para guardias

Durante la segunda semana de octubre de este año los ladrones entraron a varias aulas del jardín de niños de nueva creación del fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de la capital sonorense. Se llevaron cableado eléctrico y todo el material que los padres de familia aportan con recursos propios para la educación de sus niñas y niños.

De ese hecho se enteraron un lunes. Dos días después, el 9 octubre, los ladrones regresaron. Se llevaron todas las instalaciones de los bebederos de agua que se ubican a la entrada del preescolar.

Así ha sido desde el año pasado, cuando en noviembre de 2018 inició operaciones este plantel. La comunidad de este centro preescolar ha sido víctima de más de 20 robos en el último año.

Por esa razón una comitiva de madres y padres de familia acudió el ciclo pasado, y también al inicio del presente, a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para solicitar la contratación de un guardia de seguridad para el plantel. La respuesta de las autoridades de la SEC fue que no hay recursos para tener un guardia en cada escuela.

En los primeros tres años de la administración, de 2016 a 2019, Servicios Educativos del Estado de Sonora, dependiente de la SEC fue la tercera dependencia con mayor gasto en el gobierno de Claudia Pavlovich, al erogar casi 29 millones de pesos, para el cuidado principalmente de oficinas administrativas.

Una muestra de esas decisiones es el documento que para 2019 firmó esta dependencia, al contratar a la empresa Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora, por un total de 9.5 millones de pesos, para tener la atención de 71 guardias, 49 de ellos en oficinas y unidades administrativas de la capital y 22 más para diversos puntos del estado de Sonora.

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Jesús Alonso Montes Piña, indicó que la Secretaría de Educación y Cultura eroga al año cerca de 60 millones de pesos para las reparaciones de las escuelas que sufren algún robo o son vandalizadas.

“En ninguna escuela he visto seguridad privada pagada por la SEC, eso sí te lo aseguro. Ni del sistema federal ni del sistema estatal”.

“No podría yo ser tan ligero, tan laxo en decirte: ‘está muy mal que contraten’, muy probablemente se pueda justificar (el pago de guardias en oficinas y bodegas). Lo que sí, yo no sé si las formas en que se pueda contratar a una empresa sean las correctas o no”, cuestionó Montes Piña.

foto: Cortesía

Retrasan pagos a empresa non grata

Los automovilistas se molestaron cuando un grupo de 20 guardias de seguridad se atravesó a lo ancho de la calle Reforma, frente al Hospital Infantil del Estado (HIES), y detuvo el tránsito vehicular en la zona norte de Hermosillo. En sus manos sostenían pancartas con colores fosforescentes, en los que todavía resaltaban más sus mensajes: “Exigimos nuestro pago”; “Nuestras familias comen”; “Exigimos pago de quincena”; “Mis hijos tienen hambre”.

Un representante de la Secretaría de Salud, de quien depende la administración del HIES, se acercó con ellos ese 7 de noviembre, para informarles que se encontraban en gestiones con la empresa Seguridad Privada del Desierto para que se hiciera responsable del pago a los vigilantes.

No era la primera ocasión en que se retrasaban con la nómina. Y tampoco fue la última…/p

La situación se repitió apenas cinco semanas después.

Claudio Huidobro, un representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer el viernes 13 de diciembre que más de 230 guardias de seguridad de la empresa Seguridad Privada del Desierto no recibieron pago de su sueldo, situación que los llevó a tomar las oficinas de la Secretaría de Salud, para ejercer presión.

“Recordemos que el Congreso del estado hace la aprobación de los presupuestos, y etiqueta recursos para seguridad y limpieza. Y son recursos etiquetados, es decir, no deberían estar faltando, debería pagarse mes con mes la prestación del servicio.

“Ahorita la empresa aduce que se le adeudan seis meses por la cuestión de servicios y que no tienen dinero para el pago de la raya que es el día 17 (de diciembre), del aguinaldo, sigue otra raya el día 2 (de enero); y parece ser que se concluye el contrato de prestación de servicios de esta empresa, y tendríamos que hablar del finiquito de liquidación de los compañeros”, explicó el representante de la CTM.

La Secretaría de Salud, a través de un representante que atendió a los manifestantes ese día, recordó Huidobro, se comprometió a cubrir los adeudos con la empresa, aunque la preocupación aumenta porque a partir del día 20 de diciembre, los servidores públicos inician periodo vacacional por motivos de las fiestas decembrinas, y el contrato con la empresa concluye el último día del año.

El Malpensado solicitó una entrevista con los propietarios de la empresa Seguridad Privada del Desierto. Aunque no la concedieron, confirmaron a través de un empleado que la Secretaría de Salud les ha retrasado los pagos.

Seguridad Privada del Desierto ganó este 2019, a través de una licitación pública nacional, el contrato de 20 millones de pesos con la Secretaría de Salud, tras ofertar una propuesta 100 mil pesos por debajo que la hecha por SISPS, empresa que a la mayoría de las licitaciones llega sin competidores.

La empresa SISPS, propiedad de José Luis Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019.
foto: cortesía

Evasión de obligaciones ante el Seguro Social

La empresa SISPS, propiedad de José Luis Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019 con al menos 10 diferentes dependencias estatales como el DIF, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, entre otras.

Estos compromisos, le requerirían al menos 284 guardias simultáneos para cada turno de 12 horas, por lo que para cubrir ambos turnos, necesitarían de al menos 568 guardias.

Sin embargo, tras una búsqueda en bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución ante la cual las empresas deben registrar a sus empleados, no sólo por Ley, sino porque se encuentra establecido en el contrato de prestación de servicios con cada dependencia, se halló a mediados de noviembre que únicamente tiene 13 trabajadores permanentes dados de alta y 76 eventuales.

Hay opacidad en el gasto, asegura diputada

El órgano que revisa el ejercicio de los recursos públicos para que el Poder Legislativo cumpla con una obligación constitucional es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Sin embargo, sus funciones quedan acotadas por diversas razones, explicó la diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.

“El ISAF solamente hace observaciones, quien integra los expedientes, quien le da seguimiento a una malversación, un desvío de recursos o un mal ejercicio es la Contraloría del Estado, entonces sabemos que ahí es donde realmente se le da trámite a eso o se detiene”, agregó.

En octubre de este año el Congreso del estado informó que después de revisar las cuentas públicas de 96 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, se determinaron 1,397 observaciones que fueron solventadas; y quedaron 167 en proceso de análisis y 45 por atender.

Para la legisladora, el gobierno del estado gasta a discreción una cantidad millonaria de recursos, porque una vez que el Congreso aprueba el presupuesto para cada año, ya no tiene injerencia hasta que concluye el año fiscal, y hasta que reciben la cuenta pública y las auditorías del ISAF.

Esta situación permite que el Ejecutivo realice reordenamientos financieros y ampliaciones al presupuesto durante el año fiscal sin avisar al Poder Legislativo.

“Es una gran cantidad de recursos que quedan a discreción porque esas autorizaciones de ampliaciones de presupuesto, o modificaciones al presupuesto no pasan por el Congreso del Estado”, agregó Platt Salazar.

La fracción XXV del Artículo 64 de la Constitución del Estado de Sonora, referente a las facultades del Congreso local, menciona lo referente a la cuenta pública:

“Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley”.

Para conocer más sobre el papel del ISAF, El Malpensado solicitó una entrevista a través de la oficina de vinculación, pero no obtuvo respuesta. De igual forma no se obtuvo respuesta de la Contraloría del Estado ni de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

La diputada María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, explicó que el estado se encuentra en el camino a modificar leyes y reglamentos que permitan tener mejores herramientas para enfrentar los actos de corrupción, como por ejemplo, tener detalles de las compras que se realiza el gobierno y a quién se beneficia con esos contratos.

“El problema es que tenemos una Ley de Adquisiciones muy vieja, y son de las cosas que tenemos que mejorar. Cuando te hablaba que hay la oportunidad en la Comisión Anticorrupción de modificar leyes, una de las leyes que es importante es precisamente la Ley de Adquisiciones”, aseguró del Río Sánchez.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana cuenta con una serie de indicadores agrupados en la plataforma Data Coparmex, con la finalidad de medir los retos en economía para cada entidad federativa, entre los que destaca una medición denominada “México sin corrupción”.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, explicó que el resultado del indicador se obtiene a través de encuestas con los empresarios socios del organismo, para conocer su opinión y percepción sobre corrupción en la interacción con el gobierno.

La opinión de los empresarios sobre el gobierno estatal en Sonora, arrojó en marzo de 2018 que un 43% de los encuestados tiene una percepción negativa, que fue disminuyendo hasta llegar a 33% en noviembre de 2019.

“Aún así, 30% sigue siendo alto, de un fenómeno que no debería de suceder, que debería de ser cero. Aunque nos estamos dirigiendo en esa dirección, falta mucho trabajo aún por hacer”, explicó el dirigente de Coparmex Sonora Norte.

CRÉDITOS:

Investigación: Antonio García Viera

Edición: Lorena Lamas

Ilustración: Carlos Mendoza

Infografía: Gabriela Guerrero

“Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
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Karla Lorena Lamas / Semanario Zeta
Hace 3 meses
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La deuda del municipio suma 4 mil millones de pesos cuando se había mantenido en 800 millones en anteriores administraciones. Ilustración: Carlos Mendoza
Ensenada, B.C.

Un caso más de desvío de fondos en México podría quedar en la impunidad luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra del ex alcalde del municipio de Ensenada Gilberto Hirata Chico, y el ex Tesorero Samuel Jaime Aguilar, quienes enfrentaban cinco denuncias penales por el delito de Peculado.

De ser así, quien fue un profesor con trayectoria en Baja California habrá trazado el camino para que los próximos alcaldes del municipio de Ensenada, también evadan a la justicia luego de un mal manejo del erario.

Actualmente, mientras el ex alcalde Hirata se pasea por la ciudad, con buen estado de salud y frecuentando clubs deportivos donde practica la natación, en las comunidades lo recuerdan por su falta de compromiso.

Gilberto Antonio Hirata Chico, fue alcalde de Ensenada durante el XXI Ayuntamiento de 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2016.
Foto: Enrique Botello Abarca

El ex alcalde y su tesorero fueron llamados este jueves 7 de noviembre a una audiencia inicial para la formulación de imputación por el supuesto delito de Abuso de Autoridad cometido durante el XXI Ayuntamiento, con el Número de Caso Único (NUC) 0201-2017-06081.

En este asunto ambos son señalados por mal uso de dinero proveniente del programa Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). La audiencia fue diferida por el juez debido a un cambio en la defensa de los señalados y será en febrero del 2020 cuando se tengan que presentar de nuevo ante el juez.

Imputaciones como esta tienen ya una historia detrás desde 2016, año en el que Hirata y Aguilar dejaron el cargo. Desde entonces, han librado denuncias ante la Fiscalía de Baja California, donde el Ministerio Público dio “carpetazo” a tres de ocho querellas penales por “falta de elementos probatorios”, respondió la autoridad investigadora local.

Ambos exfuncionarios no han aclarado con precisión dónde está el dinero de los programas etiquetados para obras prioritarias en colonias marginales, estación de bomberos, alumbrado público, tuberías de agua, armamento para policias, patrullas, aulas escolares y áreas deportivas y recreativas.

Según la carpeta de investigación FED/BC/ENS/000490/2019, del 18 de abril del 2018, en poder de Semanario ZETA, la Fiscalía decidió no ejercer la acción penal con el argumento de que el Director General del Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Heladio Elías Ramírez Pineda, no interpuso querella respecto a los hechos que integran la carpeta de investigación.

Además de Peculado a nivel federal, los señalamientos han sido por delitos como desvío de fondos, abuso de confianza, administración fraudulenta por un daño al erario estimado en más de 500 millones de pesos, de los cuales 282.4 millones corresponden a dinero de programas federales.

Lo único que Hirata y Aguilar no han podido detener son las sanciones administrativas que los inhabilitan para continuar en el servicio público, por lo que ambos siguen su vida normal en este municipio, protegidos por un patrón sistemático en el gobierno federal, diseñado para lograr la impunidad:

“Malas noticias para el pueblo”

El hecho de no solicitar una querella contra el ex presidente es un pésimo antecedente para la ASF, declaró el abogado penalista e integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, José Bustamante.

“Sin duda son malas noticias para el pueblo de Ensenada”, expresó el litigante.

En materia legal, el único motivo para no presentar una denuncia es si no existiera quebranto patrimonial, pero en este caso lo hay y con graves consecuencias para el erario público, agregó el abogado en referencia a que el Ministerio Público debió presentar más pruebas al juez.

“Solo bastaba con que la Auditoría Superior respondiera que iría con todo el peso de la ley para que el Ministerio Público Federal hiciera su trabajo”, detalló.

Agregó que este hecho es una contradicción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso aseguró que en su gobierno no iba a perdonar a los corruptos y cuando se le presenta un caso responde que no va a presentar querella.

Ante la posibilidad de que exista una cadena de complicidad gubernamental, el pasado 30 de octubre las ciudadanas Beatriz Watanabe Flores y Eloísa Talavera Hernández, realizaron por escrito una petición a la Síndico Procurador, Elizabeth Muñoz Huerta, para que dé seguimiento a las denuncias penales en contra de Hirata y Aguilar.

Este 1 de octubre de 2019 inició un nuevo gobierno en Ensenada, encabezado por el representante de MORENA, Armando Ayala Robles, quien relevó al priista Marco Novelo Osuna. Como antecedente de lo que ha sucedido en cada gobierno, éste último fue señalado también por la ASF con 35 observaciones por mal uso de los recursos públicos en siete programas federales.

Zeta intentó en múltiples ocasiones obtener el punto de vista del ex alcalde a través de peticiones de entrevista, llamadas telefónicas, y correos electrónicos, pero no recibió respuesta, lo mismo con su abogado Óscar de la Peña Hernández, quien no respondió mensajes.

La última ocasión que Hirata ofreció una atención a medios de comunicación fue en diciembre del 2017, cuando fue citado a declarar ante Sindicatura Municipal por asuntos de índole administrativa.

En ese momento el ex alcalde se deslindó de cualquier responsabilidad cuando se le preguntó qué autoridad o dependencia debería asumir la responsabilidad por el dinero que desapareció.

“Hasta ahorita la indagatoria que tengo, informativa, es que pasa a otra área. Que la responsable administrativa del ayuntamiento es de Tesorería Municipal y aparte de fiscalización, y de darle seguimiento a todos los procesos que se hacen en un órgano de gobierno es la Sindicatura la responsable”, respondió y afirmó que él era el más interesado en que se esclarezcan las denuncias penales.

Constructores lo delataron

El gobierno municipal de Hirata Chico inició en diciembre del 2013 y concluyó en diciembre del 2016.

La sospecha de que algo iba mal en la administración inició cuando un grupo de empresarios de la industria de la construcción presentó quejas ante el órgano de control interno por incumplimiento de contrato.

Los desarrolladores afirmaron que no recibieron el pago o adelanto de obras que les fueron asignadas con fondos del programa federal RAMO 33 y Fortalece.

Una vez que el Órgano de Fiscalización local y la ASF presentaron observaciones, el entonces Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, emprendió las primeras tres denuncias penales a nivel local.

Una de ellas fue por el mal uso del programa de Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

En la delegación La Misión, al norte de Ensenada, el comedor escolar de la primaria pública está incompleto porque el dinero para esa obra lo usaron en pago de nómina.
Foto: Enrique Botello Abarca

Este dinero estaba etiquetado para mejorar la policía municipal de Ensenada, dotar de armamento a los elementos policiacos, comprar uniformes, patrullas y tecnología para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Esta carpeta sigue abierta y el argumento de la parte acusada es que el dinero se usó para pagar nómina.

Conforme a los estados de cuenta y resultados de auditorías en mano se detectó que, de los 71.4 millones de pesos para este programa en 2014, no se ejercieron 13.6 millones de pesos.

La información plasmada en la denuncia indica que hubo transferencias bancarias de la cuenta del SUBSEMUN a otras cuentas con la leyenda “depósitos bancarios de nómina general de aguinaldo”.

Una denuncia más fue porque se detectó que Tesorería realizó descuentos catorcenales vía nómina a los empleados y omitió entregar este dinero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por la cantidad de 201 millones de pesos.

Este hecho fue fatal, afirmó el dirigente del Sindicato de Burócratas de Ensenada, Jacinto Alcalá de la Cruz, quien explicó que, como consecuencia, hay más de 150 empleados con 30 años de trabajo que no han recibido su pensión, ni su jubilación y enfrentan desabasto de medicamento en Issstecali, debido a que también les han restringido el servicio médico.

Esto influyó en la deuda pública, ya que después de mantenerse en 800 millones de pesos durante dos administraciones priistas, en este momento se elevó a 4 mil millones, informó el alcalde entrante Armando Ayala.

Para el siguiente gobierno, de Novelo, fue insostenible el pago puntual de los servicios médicos ya que la deuda comenzó a generar fuertes intereses y hasta la fecha el Gobierno Federal ha descontado dinero de las participaciones federales como cobro a la deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por esta anomalía que se inició el 30 de noviembre del 2016 se determinó que el caso está “concluido-no ejercicio de la acción penal”, porque de acuerdo con Sindicatura Municipal no se encontraron elementos suficientes para vincular a proceso, fue la respuesta de la fiscalía.

Una tercera denuncia se entregó cuando el cabildo de Hirata, para supuestamente subsanar la deuda contraída con Issstecali, aprobó un crédito con la institución Bansi por 262.1 millones de pesos, dinero que Tesorería usó para el pago de sueldos y prestaciones, sin abonar a los servicios médicos.

La periodista solicitó en por lo menos tres ocasiones a la fiscalía de Ensenada una respuesta sobre por qué la Ministerio Público permitió que se determinara el no ejercer acción penal en tres de los asuntos, al entonces subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Alberto Aranda Díaz, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Sindicatura Municipal asumió que hubo falta de interés por parte del Ministerio Público al momento de presentar las pruebas que ellos entregaron.

Estatus de denuncias ante PGJE:
NUC Iniciado Delito Imputados Estatus
2017-06081 08/05/2017 ABUSO DE AUTORIDAD SAMUEL JAIME AGUILAR Y GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO EN INVESTIGACIÓN
2017-04371 31/03/2017 ABUSO DE CONFIANZA, ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PECULADO IMPROPIO GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO Y SAMUEL JAIME AGUILAR CONCLUIDO-NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
2017-04771 10/04/2017 ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PECULADO GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO Y SAMUEL JAIME AGUILAR EN INVESTIGACIÓN
2017-02236 15/02/2017 COHECHO COMETIDO POR SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOCIÓN DE CONDUCTA ILÍCITA Y COHECHO COMETIDO POR PARTICULARES GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO CONCLUIDO-NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
2016-11125 30/11/2011 ABUSO DE AUTORIDAD GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO Y SAMUEL JAIME AGUILAR CONCLUIDO-NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
13366/14/311 Anterior Sistema penal ABUSO DE AUTORIDAD GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO EN INVESTIGACIÓN
2016-10773 22/11/2016 ABUSO DE AUTORIDAD SAMUEL JAIME AGUILAR EN INVESTIGACIÓN
2016-10594 17/11/2016 ABUSO DE AUTORIDAD SAMUEL JAIME AGUILAR EN INVESTIGACIÓN

Impunidad, deuda y marginación

La familia Castillo Peralta tiene agua cada tercer día y vive en una pequeña casa hecha con tablas y lámina donde soportan temperaturas extremas de hasta 40 grados. “El agua huele como a podrida o maloliente, azufrada, aunque hay días que sale blanca y lo que atrae son moscos, acarrea larvas también”, describieron la mañana del 24 de julio.

A sus dos hijos los baña con agua de garrafón, porque en un pueblo sin agua que pase por las normas de calidad, los habitantes son más propensos a las enfermedades.

Durante las vacaciones de verano la familia Castillo Peralta compra pipas de agua que reusa para entretener a sus acalorados hijos.
Foto: Enrique Botello Abarca

En un recorrido por los municipios de Ensenada más afectados por el desvío del dinero del RAMO 33, destinado a las colonias marginales, se visitaron colonias afectadas y por lo menos tres escuelas de nivel básico en Villa Jesús María, a la que asisten alrededor de 400 alumnos, quienes hubieran sido beneficiados directamente con la obra hídrica.

En las instituciones del extremo sur del municipio el agua la extraen de pozos y el líquido vital que utilizan es de muy mala calidad.

Del otro extremo del municipio de Ensenada, el comedor escolar de la primaria ubicada en la delegación de La Misión es uno de veinte que están inoperables porque la edificación quedó en obra negra.

Al interior del edificio se observa un cuarto en ruinas de cuatro paredes sin techo, y a unos metros de la primaria está un terreno propiedad del Ejido donde se encuentra un quiosco que sería usado por los abuelos. Todo permanece en el abandono.

Desviaron todo el dinero destinado a los pobres

Uno de los programas federales más esperados por quienes viven en comunidades con rezago social es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (RAMO 33).

De acuerdo con el expediente de denuncia NUC 2016-10594, cuya investigación sigue abierta por el delito de Abuso de Autoridad, el extesorero, Samuel Jaime Aguilar, realizó transferencias bancarias hasta por 92 millones de pesos a dos cuentas oficiales del ayuntamiento de Banamex, para el pago de nómina y otra para gastos generales del Ayuntamiento por la cantidad de 83.2 millones de pesos.

La denuncia fue interpuesta por la siguiente Sindicatura Municipal a cargo de Karina Castrejon Bañuelos, quien viajó a la ciudad de México con el equipo jurídico para que la responsable ASF reclamara los fondos.

La familia Castillo Peralta sufre los problemas del abasto y mala calidad de agua en la delegación de Villa Jesús María, en los límites con Baja California Sur.
Foto: Enrique Botello Abarca

En este caso en particular fueron más de 50 mil personas las afectadas por la falta de aplicación de este dinero etiquetado para obra pública como calles, alumbrado, comedores escolares, aulas, parques, drenajes, tuberías.

Los recursos originalmente fueron etiquetados para construir en 2015 un total de 68 obras distintas en comunidades con alto grado de pobreza, como aulas, vialidades, red de electrificación, así como para llevar agua potable a comunidades relegadas, como Villa Jesús María, a más de 600 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.

Auditoría Superior no aportó pruebas: Sindicatura Municipal

Dar seguimiento y aportar más pruebas a las denuncias derivadas por el mal uso del recurso de los programas federales es responsabilidad de la ASF y no de los municipios, afirmó el Órgano de Control.

En 2016 la Síndico Procurador, Castrejón Bañuelos, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en México los cinco expedientes para que el órgano federal diera seguimiento a las denuncias correspondientes.

A ninguno de los expedientes se le dio seguimiento, señaló la funcionaria, por lo tanto, quedaron en estatus de “concluidas”.

La entonces funcionaria mencionó que era responsabilidad de la auditoría avanzar con pruebas periciales, mismas que no presentó y por lo tanto las denuncias quedaron como concluidas y sin acción penal.

“El titular de ese dinero es la Auditoría Superior, es la parte afectada en este asunto de desvíos, por eso Sindicatura del Municipio no puede reclamar el seguimiento de las denuncias porque el origen del recurso es federal”, respondió la síndico.

Fueron más de dos años de que sindicatura municipal dispuso de personal jurídico para comprobar los malos manejos, sin embargo, cuando Karina Castrejón entregó el expediente en la Secretaría de la Función Pública y posterior en la fiscalía federal, la respuesta no fue la que esperaban.

“Desde un inicio nos advirtieron que la cantidad de dinero no era representativa, nos desilusionó porque fue mucho trabajo el que realizamos y viajes, ya veíamos venir que esas carpetas se iban a archivar, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía”, defendió la ex servidora pública.

Las irregularidades señaladas por Sindicatura Municipal se cometieron durante el gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto.

Se le solicitó a la FGR los números de expedientes, sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud hecha vía telefónica con voceros de la dependencia.

Es el único ex alcalde inhabilitado en BC

Los procesos administrativos que interpuso Sindicatura Municipal sí han prosperado. Incluso, Hirata Chico sentó un precedente al ser el único alcalde con el estatus de inhabilitado en Baja California.

El 6 de agosto del 2018 se dictó la primera sentencia en cumplimiento a lo ordenado en el amparo 217/2018, por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, donde el ex presidente y ex tesorero fueron inhabilitados por diez años.

La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Baja California señaló que ambos eran responsables por incumplir con la fracción II y XXIII del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en el asunto relacionado con el mal uso del fondo del Subsemun 2014.

Además, se abrieron diez averiguaciones administrativas más, cada una por separado, por los diferentes desvíos de recursos propios y federales, que fueron detectados por la ASF.

Todos los asuntos administrativos prosperaron, afirmó sindicatura, por lo que Castrejón Bañuelos estimó que si los años de inhabilitación fueran acumulables, ambos ex funcionarios se harían acreedores a por lo menos 100 años de inhabilitación.

“Jaime por mal uso del dinero, mientras que Hirata Chico por no cumplir con su responsabilidad de vigilar el recurso público”.

Aunque los abogados de los funcionarios inhabilitados han apelado esta sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los amparos que han interpuesto han sido negados por el tribunal.

Amigos y familiares se acabaron la nómina

El argumento principal que favoreció a Hirata para evadir la justicia es que el dinero que desvió se usó para el pago de nómina de sus empleados, así lo manifestó en declaraciones ante Sindicatura Municipal. Sin embargo, existe otro antecedente en su gobierno relacionado con nepotismo.

Su hijo, Takayuki Hirata Mora, y su nuera Raquel Novoa Martínez, fueron empleados. Ella figuró en la nómina como asistente de quien fue esposa de Hirata, Consuelo Mora de Hirata.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Baja California, donde se señala que ningún funcionario de primer nivel puede favorecer a cónyuges, parientes o consanguíneos hasta en cuarto grado.

En ese entonces se realizó un análisis a la nómina a través de Transparencia Municipal donde se detectó a colaboradores que recibían sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales.

Hirata devengaba un sueldo de 86 mil pesos mensuales y desde que inició su gestión reconoció públicamente que su hijo, Takayuki Hirata, se encargaba del diseño de imagen de su gobierno.

En ese momento Hirata afirmó a la prensa que contrató familiares porque eran personas de su “confianza” y que el sueldo saldría de su “bolsa”.

El sueldo de la Raquel Novoa, la nuera, era de 14 mil 594 pesos de acuerdo a la plantilla de trabajadores de DIF municipal.

Otros funcionarios allegados como el ex secretario de Desarrollo Social, Samuel Albestrain Pérez, incluyeron a familiares en la nómina; en este caso a su padre Samuel Albestrain Cárdenas, como coordinador de Salones y Videojuegos del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos. El salario de ambos sumaba 70 mil pesos mensuales.

El ex Oficial Mayor, José Guadalupe Ríos Vela, presuntamente incurrió en nepotismo al tener a su hijo Salvador Ríos Montes como encargado del Departamento de Normatividad en Sindicatura.

Entre los dos cobraban 60 mil pesos al mes, mientras que entre el regidor priista César García Urías, su esposa Brenda Razo Higuera, que laboraba en Oficialía Mayor, y el hermano del edil, Miguel García Urías, exjefe en el Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE), se llevaban casi 93 mil pesos cada treinta días.

La exdiputada federal panista Eloísa Talavera Hernández presentó una denuncia que fue radicada con número único de caso 6081/2017 por desvíos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).

De este recurso, Hirata recibió de la federación 26.5 millones de pesos para seis proyectos, entre la construcción de 168 bebederos en escuelas de nivel básico. Meses después este dinero lo invirtió en sueldos.

Bienes registrados en RPP de imputados y familia

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP) en Baja California, el Tesorero Samuel Jaime, no tiene propiedades. Hirata Chico, del 2016 a la fecha compró en Ensenada un predio en el fraccionamiento Puerta del Mar por un millón de pesos y su hijo Takayuki adquirió un predio en el exclusivo Fraccionamiento Chapultepec II sección por 95 mil dólares.

La escalada de Hirata, de profesor a político priista

Ex presidente municipal de Ensenada, Baja California, Gilberto Antonio Hirata Chico.
Foto: Enrique Botello Abarca

“El profe” es nativo del poblado de Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe, y antes de llegar a su mayor anhelo: ser presidente municipal de Ensenada, enfrentó un reto de salud.

Pero ya repuesto, el 1 de septiembre del 2012 asumió el cargo como Diputado Federal tras ganar en las urnas la elección por el Distrito 3, pero cinco meses después, en febrero del 2013, renunció al Congreso de la Unión para participar en las elecciones a la presidencia de Ensenada.

Así, y al paso de tres años, finalmente le llegó la oportunidad y presentó su mejor imagen, cabello pintado y vestido de guayabera. Con un buen recuerdo del catedrático, la ciudad le concedió el voto.

Aunque del tema de su salud nadie hablaba, el político recuperó la posibilidad de ser alcalde… más no la voz ni la coordinación motriz y así gobernó la ciudad.

Siempre ha mantenido pretensiones políticas. La última fue trabajar con el candidato del PRI en la elección presidencial de 2018 José Antonio Meade Kuribreña, por lo que, al terminar su gestión y pese a las acusaciones en su contra, viajó a Morelos y se convirtió en el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Cuernavaca, el cargo lo dejó en el 2018.

Lista de hallazgos de Sindicatura Municipal y ASF que derivó en inhabilitación

  1. Incumplir con la vigilancia correcta de recursos del RAMO 33 por 79.691 MDP.
  2. No supervisar la administración del recurso desviado por 35.656 MDP.
  3. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS 2015 por 16.720 MDP.
  4. No vigilar e incumplir las disposiciones por el manejo del crédito BANSI por 262.1 MDP.
  5. Otorgar 96 ascensos a policías municipales de manera irregular.
  6. Incumplir con la correcta inversión del FAIS o RAMO 33 por 89.6 millones de pesos.
  7. No vigilar la administración del fondo federal Archivo Histórico 2016 por 1 MDP.
  8. No vigilar la administración del Programa Regional de Desarrollo 2016 por 1 MDP.
  9. No vigilar la administración del Programa Regional de Desarrollo 2016 por 3.5 MDP.
  10. Incumplir con la normalidad del FORTALECE 2016 por 26.5 MDP.
“Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Comunicado de prensa
Hace 4 meses
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Fueron más de 35 mil manifestantes los que se reunieron en la Plaza de los tres poderes en Mexicali.
Foto: Cortesía
Mexicali, B.C.

Con una histórica manifestación encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, que congregó a más de 35 mil manifestantes, la comunidad universitaria y sociedad en general que se unió al reclamo de los cimarrones exigieron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid el pago de la deuda de 1597 millones de pesos.

Los manifestantes llegaron a la Plaza de los Tres Poderes donde el rector de la UABC ingresó al Congreso del Estado y se dirigió a las diputadas y diputados:

“Honorables diputadas y diputados:

Acudimos ante ustedes, representantes populares, y lo hacemos en este recinto oficial, en el que se deposita la confianza del pueblo, de la soberanía de Baja California”.

“Acudimos en una legítima exigencia de justicia que no es exclusiva de la comunidad universitaria, porque hoy se han congregado en esta plaza, muchos más que estudiantes, trabajadores y profesores cimarrones. Están presentes padres, madres, hermanos, amigos de esos 65,500 alumnos, de los 7,800 trabajadores, de los más de 130 mil egresados de la Universidad Autónoma de Baja California”.

“Esta manifestación es acompañamiento a las medidas legales que la universidad ha encausado en contra del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, miembros de su gabinete y quien resulte responsable”.

Durante el trayecto los universitarios, trabajadores y docentes exigieron el pago inmediato de la deuda que el Gobierno del Estado mantiene con la Universidad.
Foto: Cortesía

“El día de ayer, se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la posible comisión de delitos tales como corrupción, coalición de servidores públicos, peculado, abuso de autoridad, y los que resulten”.

“Nosotros estamos proveyendo los hechos para que sean las autoridades competentes quienes determinen si nos asiste la razón y digan el derecho”.

“Diputadas y diputados, hoy se les deposita el clamor de justicia del pueblo bajacaliforniano, el reclamo para que a aquellos que protestaron cumplir y hacer cumplir las leyes y no hicieron honor a la investidura de servidor público, efectivamente, el pueblo se los demande”.

“Por acción u omisión han comprometido y vulnerado el desarrollo de Baja California al poner en riesgo su principal fuente de educación pública superior a cambio del beneficio económico de unos cuantos. Han negado el derecho humano reconocido en nuestra Constitución, de vivir libre de corrupción”.

“Es por ello que, en este momento, presentó solicitud de juicio político para que sean ustedes quienes en el uso de sus facultades constitucionales tengan a bien hacer la valoración efectiva de lo que aquí se presenta y tomen una determinación para que no sea bajo el escudo de un cargo público, que una persona quede impune”.

“Diputadas y diputados, la comunidad universitaria y bajacaliforniana les agradece que sean aliados de la UABC”.

“Voy ahora a la explanada de los 3 poderes para dirigirme a los miles de personas reunidas allá afuera, pues esperan conocer en la voz de un servidor, que se ha depositado en ustedes la exigencia de justicia que los ha congregado hoy, en el día del orgullo cimarrón”.

“Y posteriormente, con la clara premisa de que la UABC no se detiene, regresaremos a nuestras aulas, a nuestros lugares de trabajo, a seguir forjando el desarrollo del Estado Libre y Soberano de Baja California. Muchas gracias”.

Mensaje del rector doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo a la comunidad, desde la Plaza de Los Tres Poderes en Centro Cívico, Mexicali:

Cimarronas y cimarrones, comunidad bajacaliforniana:

“Este día quedará registrado en la historia de la Universidad Autónoma de Baja California, como el día en que la comunidad universitaria salió a las calles para defender lo que por derecho le corresponde y el Gobierno del Estado le ha negado”.

“Hoy, la UABC, respaldada por amplios sectores de la sociedad, está unida en una sola voz para exigir justicia para la educación superior de nuestra entidad, de nuestra Baja California”.

“Hoy, es la dignidad lo que nos ha reunido: nuestra dignidad como estudiantes, como trabajadores, como familias, que ante la irresponsabilidad hemos reclamado nada más que lo que corresponde; nada menos que lo que es justo. Pero hemos recibido como respuesta tan sólo promesas falsas y mentiras”.

“Por eso aquí estamos hoy. En este 10 de octubre que ya es parte de nuestra historia, para decirle al Gobierno del Estado de Baja California que no claudicaremos. Que venimos a reclamar los 1,597 millones de pesos que nos adeudan. Para recordarle al poder ejecutivo que ese dinero no le pertenece. Que es de la juventud de Baja California y que la sociedad entregó sus impuestos para que la UABC eduque a sus hijas y a sus hijos”.

“Hoy, venimos a exigir que el Gobierno del Estado cumpla su compromiso de ofrecer oportunidades de bienestar a nuestra juventud”.

“En la UABC comprobamos diariamente que la educación superior es uno de los medios principales para mejorar la calidad de vida de todos, no sólo de quienes estudian una licenciatura o posgrado. Porque con cada profesionista que egresa de nuestras aulas, una familia consolida una esperanza de movilidad social, y una sociedad recibe a un ciudadano formado para contribuir a su desarrollo”.

“Y el esfuerzo que hace cada uno de los estudiantes, es nuestro esfuerzo también. Cada mañana, miles de académicos, trabajadores administrativos y de servicios acudimos a nuestro lugar de trabajo sabiendo que lo que hacemos tiene un objetivo fundamental: establecer las mejores condiciones para que los 65,500 alumnos que estudian en la UABC puedan cumplir sus anhelos de superación”.

Los contingentes que salieron de distintos puntos de la ciudad.
Foto: Cortesía

“Porque nuestra responsabilidad social es tan grande, nuestra convicción es que la transparencia institucional y una constante fiscalización de los recursos que administramos son prácticas indispensables para ganarnos la confianza de la sociedad. Por eso cumplimos puntualmente con todas las obligaciones de transparencia que nos exige la ley, y cada año rendimos cuentas públicamente de los estados financieros de la institución, además de que somos auditados tanto a nivel estatal como federal”.

“Hace 15 años, cuando aún se discutía en el país si las auditorías externas violaban o no la autonomía universitaria, fuimos una de las primeras universidades públicas que de manera voluntaria solicitó la revisión de su cuenta pública por la auditoría superior de la federación y por el órgano de fiscalización del estado de Baja California”.

“Para la UABC está claro, y no existe la mínima duda, de que la autonomía no se contrapone con la transparencia y rendición de cuentas. Estamos convencidos de que no se trata de preceptos excluyentes”.

“Es en la autonomía como esta universidad de todos los bajacalifornianos ha alcanzado notables logros que son ya ampliamente conocidos:”

“En Baja California, 6 de cada 10 estudiantes que cursan una licenciatura universitaria y 3 de cada 10 de los que están inscritos en un posgrado, son cimarrones. Y muchos de ellos, hoy están aquí, dando la cara por su universidad”.

“Cerca del 100% de nuestros estudiantes de licenciatura, cursa su carrera en programas educativos de calidad reconocida; y en el posgrado, cerca del 90% se forma en programas inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”.

“Miles de estudiantes de la UABC participan en programas de servicio social y práctica profesional que atienden las necesidades de amplios sectores de la población más vulnerable de nuestra región; esta universidad divulga la ciencia y difunde la cultura entre sectores que difícilmente podrían acceder a estos beneficios de otra forma”.

“Alcanzar estos y otros logros institucionales es producto del trabajo y talento de muchas generaciones de universitarios, de cimarrones de ayer y hoy, quienes con su dedicación, voluntad y esfuerzo han conquistado sueños personales y comunitarios, construyendo sobre estos cimientos una identidad universitaria que hoy se manifiesta orgullosamente”.

“La identidad de los cimarrones es una manera de vivir que trasciende generaciones. Esta identidad que abraza a todo bajacaliforniano vinculado a la UABC, surge de lo que todas y todos los estudiantes, académicos, trabajadores, egresados y jubilados hacemos día con día al guiar nuestra conducta con base en los valores universitarios. Es una forma de ser y hacer que nos identifica porque está inspirada en nuestra misión fundacional y en las funciones sociales que desarrollamos por el bien y el desarrollo de nuestras comunidades: enseñar, buscar el conocimiento, compartir la ciencia y la cultura con toda la sociedad”.

“La identidad cimarrona es de superación individual y colectiva. La fuerza que surge de nuestra identidad es imparable. Nos colma de orgullo y nos impulsa hacia adelante. Se manifiesta en nuestros símbolos y nos identifica como integrantes de la gran familia cimarrona”.

“Y ante una crisis como la que hemos vivido, nuestra identidad sale fortalecida. Estamos unidos porque la UABC es mucho más grande que quienes quisieran vernos divididos. ¡Hoy todos somos cimarrones! ¡Hoy todos somos UABC!”

“La universidad es un ente vivo en constante cambio, fluye continuamente en procesos de mejora a partir de reconocer sus errores; por eso debemos alentar la autocrítica. Es necesario reflexionar y comprender lo que no hemos hecho totalmente bien, para transformarnos y continuar mejorando”.

“Vivimos un nuevo tiempo en la UABC. Es momento de cambiar el enfoque, es hora de acabar con viejas prácticas y fortalecer nuestras vastas virtudes institucionales; aquí estamos todas y todos unidos demostrando que esta generación honra a los fundadores y a todos quienes en el pasado impulsaron este noble proyecto educativo”.

“A ellos les decimos gracias por su lucha y su contribución. Y a las generaciones futuras les aseguramos que daremos la batalla para heredarles espacios de formación universitaria con calidad y autonomía”.

“Porque la autonomía es un mecanismo que protege a la educación y al conocimiento de los abusos de poder y permite, en un ambiente de tranquilidad, el desarrollo del pensamiento, la discusión abierta, la transferencia de las innovaciones y el trabajo con distintos grupos sociales”.

“La autonomía universitaria se garantiza por ley al asignar recursos financieros para poder brindar educación de gran calidad, recursos que son aportados por la sociedad bajacaliforniana. El presupuesto que es derecho de todos los universitarios y que por norma nos corresponde ejercer para educar a la juventud, ha sido violentado por el aberrante incumplimiento del gobierno estatal”.

“Por eso estamos hoy aquí: para reclamar el patrimonio de la sociedad bajacaliforniana que el Gobierno del Estado ha puesto en riesgo. Para no permitir que se cancelen los sueños y anhelos de nuestra juventud. Estamos hoy aquí para ¡Exigir todos juntos, de manera enérgica, el cumplimiento de los compromisos interinstitucionales del Gobierno de Baja California!”

La manifestación estuvo encabezada por el rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo.
Foto: Cortesía

“Por ello, hicimos la convocatoria a esta Marcha del Orgullo Cimarrón; sin embargo, sabemos que no bastará con esta marcha para restituir lo que se ha arrebatado a la juventud bajacaliforniana”.

“Entendemos que se requieren otras acciones que manifiesten nuestra indignación ante la injusticia. Por eso les informo que ayer miércoles 9 de octubre acudimos ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer denuncias contra Francisco Vega de Lamadrid y quien resulte responsable”.

“Junto con eso, hace unos momentos presenté ante el pleno del Congreso del Estado de Baja California la Solicitud de Juicio Político en contra de Francisco Vega de Lamadrid y otros miembros de su gabinete”.

“El Gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la ley y si no lo hiciere, el pueblo se lo demandaría”.

“Gobernador, ¡el pueblo de Baja California se lo demanda!”

“Durante 62 años, en la Universidad Autónoma de Baja California, hemos formado más de 170,000 profesionistas, nuestros investigadores atienden de manera prioritaria las problemáticas del entorno social de nuestras comunidades. Representamos la principal fuerza científica de nuestro estado y somos uno de los pilares fundamentales del desarrollo de Baja California. Por eso ¡cimarrones y bajacalifornianos estamos de pie y exigimos que se le restituyan a nuestra universidad los recursos que se le adeudan!”

“¡La UABC NO SE DETIENE!”

Colaborador
Hace 7 meses
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Imagen del Bosque, Cuernavaca, Morelos; foto del Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales Morelos.
FOTO: Cortesía CC(Creative Commons)
A partir de hoy, 29 de julio, cuando se "celebra" (así, entre comillas) el Día del sobregiro de la Tierra 2019, la humanidad estará en números rojos en recursos naturales el resto del año.
Esto significa gastar el sueldo de todo un mes en solo 15 días, por lo que hasta el otro mes se entra en deuda.
Así lo plantea un nuevo reporte de Global Footprint Network (GFN), una organización que se dedica a registrar el impacto de la actividad humana sobre los recursos de la Tierra.
Además, GFN advierte que el Día del Sobregiro se ha adelantado dos meses en los últimos 20 años.
Eso quiere decir que este 29 de julio marca la fecha del sobregiro más temprana de la historia.
El ritmo de consumo de recursos naturales es a todas luces insostenible
Para hacer sus cálculos, GFN utiliza datos de Naciones Unidas y estudios científicos que han pasado por un elaborado proceso de revisión.
Según explica GFN, que el sobregiro comience el 29 de julio significa que la humanidad está utilizando la naturaleza 1.75 veces más rápidamente de lo que los ecosistemas del planeta lo pueden regenerar.
Estos procesos vienen acompañados de una creciente acumulación de desechos, especialmente dióxido de carbono en la atmósfera. En términos reales es como si necesitáramos casi dos Tierras para abastecernos de todo lo que consumimos en un año.
"El sobregiro implica que estamos agotando nuestro capital natural, lo que compromete la futura seguridad de los recursos para la humanidad", dice el GFN en un comunicado.
La deuda con el planeta se acumula y por ahora no hay otro de donde tomar prestado.
"Los costes de esta sobreexplotación ecológica mundial son cada vez más evidentes a través de la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera".
Todos estos cambios, explica GFN, conducen al cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes.
Si el sobregiro se mirara por países o regiones
Si el mundo llevara un ritmo de consumo de recursos como Estados Unidos, Canadá o Emiratos Árabes, el sobregiro habría comenzado en marzo.
En cambio, en países como Cuba, Nicaragua y Ecuador, el sobregiro comenzará en diciembre.
México, a pesar de todos los recursos naturales y territorio con que cuenta, su fecha el 17 de agosto, es posible crear soluciones amigables con el ambiente y que también resulten rentables.
En Colombia, el sobregiro comenzará el 18 de octubre; en Perú el 23 de septiembre; en Venezuela el 23 de agosto; y en Argentina el 26 de junio.
Soluciones
Es obvio que la solución no se dará de un dìa para otro, este es un problema de cultura y desarrollo sostenible, y cada año la deuda con el planeta es cada vez mayor.
GFN afirma que la meta es retrasar el día del sobregiro cinco días cada año, esto permitiría a la humanidad alcanzar vivir dentro de la capacidad del planeta antes de 2050.
Por ejemplo, según GFN, reducir en un 50% las emisiones de CO2 emitidas por el uso de combustibles fósiles aplaza la fecha 93 días.
"Las empresas y los países que entienden y gestionan su realidad consistente con nuestro único planeta están en una posición mucho mejor para tener éxito en el siglo XXI", dice en un comunicado Mathis Wackernagel, cofundador de GFN.
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace 1 año
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En la Zona Libre de la Frontera Norte la percepción pasa de 88.36 pesos a 176.72 pesos por día laborado.
FOTO: Cortesía CC(Creative Commons)
Ensenada, B.C.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que a partir de este martes 1 de enero, entró en vigor el aumento que corrige la política salarial del todo el país.
Con esta medida se pretende, según el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, combatir la creciente desigualdad y abatir los niveles de informalidad existentes a lo largo y ancho del país.
Por su parte la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, recordó que el salario mínimo había perdido más de 70 por ciento de su poder adquisitivo debido a una política de contención de anteriores gobiernos.
Resaltó que el acuerdo logrado por unanimidad por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), es un hecho sin precedentes que permitió combatir la precarización del empleo, y que es una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos.
Así, el Salario Mínimo General Nacional será de 102.68 pesos diarios a partir del 1 de enero. El salario mínimo fronterizo será de 176.72 pesos diarios.
Para fines de aplicación la Zona Libre de la Frontera Norte, integrada por los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, y Sáric.
Así como de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.
Mientras que el área de Salarios Mínimos Generales está integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales (alcaldías) de la Ciudad de México.

Publica STPS algunas consideraciones sobre el salario mínimo
  • De acuerdo con los cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de diciembre, los salarios mínimos para las profesiones, oficios y trabajos especiales se hace con base en la Resolución de 2017 como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo.
  • La población a la cual la Conasami le fija el salario mínimo general es a los trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa y rige su relación laboral bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo.
  • El Monto Independiente de Recuperación es el mecanismo de recuperación y es una cantidad absoluta en pesos. Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general.
  • La Secretaría del Trabajo aclaró que el aumento al salario mínimo, no afecta los créditos de vivienda vigentes y en proceso otorgados por el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ni el pago de contribuciones u obligaciones ante el gobierno federal ni las entidades federativas.
  • Ello debido a que las aportaciones tasadas en Veces el Salario Mínimo (VSM) fueron desvinculadas desde 2016 y su referente para la cuantía del pago se establece en la Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA.

Estadísticas sobre SMG
  • Dos millones 76 mil 894 trabajadores asalariados percibió un salario mínimo durante el tercer trimestre de 2018. El 5.7 por ciento del total de asalariados y 3.8 por ciento de la población ocupada.
  • La edad promedio de trabajadores a tiempo completo y perciben un salario mínimo es de 35.6 años de edad y tienen en promedio un nivel de escolaridad equivalente a 8.8 años, de los cuales, 57 por ciento son hombres y 42.1 por ciento mujeres.
  • Las ocupaciones que en su mayoría desempeñan estas personas es:
    • servicios personales (24.2 por ciento)
    • trabajadores industriales, artesanos y ayudantes (23.2 por ciento)
    • comerciantes (19.2 por ciento)
  • 57.8 por ciento de los asalariados de tiempo completo de un salario mínimo trabaja en micronegocios, de uno a cinco trabajadores.
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace 2 años
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Un grupo de maestros sindicalizados manifestaron su disconformidad.
Foto: Zona Norte Noticias
Ensenada, B.C.
Un grupo de maestros pertenecientes al SNTE y SETE, se manifestaron este este jueves con la liberación de las casetas de peaje de San Miguel en Ensenada.
Ruben Orlando Calzada Becerra coordinador de la sección Ensenada del SNTE, indicó que el problema a nivel estatal se está agravando y que seguirán en la lucha hasta que el estado pague lo que adeuda.
Informó que además del pago a jubilados y pensionados, le deben a los maestros interinos y a los activos el aguinaldo a que debió quedar depositado el pasado 10 de diciembre.
Desde las 8:00 horas los maestros tomaron las casetas y entregaron volantes a los usuarios de la carretera escénica Tijuana-Ensenada en donde explicaron los problemas económicos que enfrentan por la falta de pago.
Mencionó que son 3 mil trabajadores de la educación en Ensenada y que por órdenes del dirigente nacional Alfonso Zepeda Salas, la sección 2 del SNTE también se sumó a las protestas con un paro de labores los días jueves y viernes.
La líder en Baja California del SNTE, Maria Luisa Gutierrez Santoyo, aún no ha dado a conocer cuáles serán las acciones que tomarán para el viernes.
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace 2 años
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Ensenada, B.C.
El 18.7 por ciento de los municipios evaluados presentan un nivel de Endeudamiento en Observación, entre ellos las finanzas del Ayuntamiento de Ensenada.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Gobierno Municipal de Ensenada se ubica en un nivel de “Endeudamiento en Observación”.
En la Evaluación del Sistema de Alertas de los Municipios Cuenta Pública 2017, que se publicó en agosto 2018, indica que este estatus permite, como máximo, que el gobierno de Marco Antonio Novelo Osuna, adquiera un endeudamiento equivalente al 5% de sus ingresos.
Si la deuda pública alcanza el nivel de “Elevado” no podrá contratar financiamiento para salir de los problemas económicos.
Anterior a este gobierno se encontraba en un nivel de “Endeudamiento Sostenible” que le permitió un endeudamiento equivalente al 15% de los ingresos.
Aunque al final, la decisión de adquirir un crédito lo aprueban los diputados del Congreso de Baja California y está sujeto a las restricciones mencionadas.
De los 555 municipios que sí pudieron ser evaluados, ninguno presenta un nivel de Endeudamiento Elevado.
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Después de Ensenada está Ciudad Juárez, Ahualulco de Mercado, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Sayula, Tequila, y Tonalá en Jalisco; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Acatlán de Osorio, Libres, San Martín Texmelucan y San Salvador el Seco en Puebla; Cozumel y Othón P. Blanco en Quintana Roo; Tamuín, San Luis Potosí.
Editorial
Anuncian ampliación a 4 carriles en carretera Ensenada-Guerrero Negro
2020-02-24 08:20:14
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El sueño de muchos bajacalifornianos y californianos de Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo la construcción de una carretera de cuatro carriles desde Tijuana hasta la Paz.

La realización de la ampliación a cuatro carriles de la carretera transpeninsular entre Ensenada y Guerrero Negro, estaría cerca de realizarse, así lo anunció durante el recorrido de la Jornada por la Paz de este domingo en Ensenada, el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez.

El anuncio fue que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dio “bandera verde” al proyecto. Aunque el presidente también prometió un hospital nuevo para San Quintín que quedó solamente en una ampliación.

La secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite Montijo explicó que la primera etapa tendrá un costo estimado de 500 millones de pesos.

La ampliación a cuatro carriles reducirá el tiempo de viaje y brindaría mayor seguridad al transitar por la carretera. Se estima una inversión superior a los 13 mil millones de pesos.

Mientras el gobernador anuncia esto, el plan de obra del anterior presidente, Enrique Peña Nieto, para la modernización de la ruta Maneadero-Punta Colonet, se anunció en 2018 una inversión de más de 240 millones para el tramo del kilómetro 58 al 65, a la altura de El Zacatón.

Ya es 2020 y el tramo no se ha terminado, a ver si esos 500 mdp no dejan otro tramo empezado y otro dolor de cabeza para los más de 15 mil vehículos que circulan de y hacia Ensenada todos los días.

El costo acumulado de los créditos de corto plazo, es una sumatoria que se acrecienta por falta de planeación
Hace 1 año
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Con el único voto en contra del Regidor Teodoro Araiza se aprobó por mayoría la contratación de un crédito de corto plazo por 30 Millones de Pesos.
“Cuando las insuficiencias de liquidez se vuelven una constante en las administraciones, es momento de establecer planes y proyectos integrales que permitan resolver los problemas.” Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el segundo trimestre de 2018, el Municipio de Ensenada se encuentra en el estatus de endeudamiento en observación, lo anterior, considerando que no está contabilizada el total de la deuda.

austeridad, en la eliminación de gastos innecesarios y la disminución de sueldos
El resultado de dicho endeudamiento tiene su origen en diversos factores. Pero si bien del endeudamiento es multifactorial, la solución no puede ser de otra manera, esta solución se debe basar en la austeridad, en la eliminación de gastos innecesarios y la disminución de sueldos que permita un ejercicio efectivo del gasto.
Resulta grave la recurrencia con la que se están solicitando estos créditos a corto plazo para contar con liquidez en lugar de sentar las bases para la resolución de la problemática, porque estos créditos generan un costo, y solo se está administrando el problema para que alguna futura administración realmente asuma el compromiso con la ciudadanía y se atreva a “transformar el municipio” y más allá de una reingeniería a medias; -congele plazas, -redireccione eficazmente el gasto. recalcó el Regidor Araiza.
Se posicionó en favor de cumplir con las obligaciones contractuales. “Realmente somos solidarios con los trabajadores del Municipio. Pero consideramos que con un mayor endeudamiento se aleja la posibilidad de resolver el problema y por el contrario, se impulsa una mayor crisis financiera en lo inmediato”.
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Manifestaron que están fuera de toda lógica los proyectos, y el fuerte incremento local son la salida fácil y podría inhibir la inversión
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace 2 años
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Ensenada, B.C.
La delegación Ensenada de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) rechazaron la propuesta de ingresos del gobierno del estado para el ejercicio 2019.
Acompañado del presidente de la federación Coparmex, Armando León Ptacnik, y el presidente del CCEE, Jorge Cortéz Rioz, descalificaron no solo la propuesta del Gobierno del Estado sino también la de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) y la de Ley del Ingresos del Gobierno Municipal de Ensenada.
En rueda de prensa los empresarios leyeron un posicionamiento donde se manifestaron en contra de proyectos como el C5 que endeudaría a Baja California por 800 millones de pesos.
Reconocieron la necesidad de suministro de agua en todo el estado pero rechazaron la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito. Que se trata de un proyecto inviable y que se pagaría con aumentos en la tarifa así como con el impuesto sobre la nómina.
Cortéz Rioz, opinó que no es procedente el aumento a las tarifas del agua cuando Cespe tiene una nómina de más de 600 empleados sin parámetros de eficiencia de personal.
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“No obstante la crisis financiera por la atraviesa el estado y fuera de toda lógica pretende pagar estos proyectos con un fuerte incremento locales nos parece fuera de lugar, procurar resolver problemas de liquidez parece una salida fácil y se corre el riesgo de inhibir nuevas inversiones”, indicó Marco Navarro Steck, presidente de Coparmex local.
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Caen dos por tráfico de especies protegidas
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace menos de 1 mes
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Los dos hombres fueron detenidos en la calle principal del poblado de Bahía de Los Angeles.
FOTO: Cortesía de SSPM
Ensenada, B.C.

Agentes municipales detuvieron a dos hombres acusados de tráfico de especies protegidas, además de manejar de forma temeraria y bajo la influencia y por portación de estupecacientes en la delegación de Bahía de Los Angeles.

Informaron que a las 21:40 horas del 1 de febrero agentes realizaban un recorrido preventivo sobre el bulevar principal, cuando observaron un vehículo que avanzaba en sentido contrario a la circulación.

Al intervenir la unidad solicitaron documentos al conductor y detectaron que el copiloto traía aún en la mano un cigarro y la unidad presentaba un fuerte olor a marihuana por lo que le indicaron a ambos ocupantes que descendieran, preguntándoles si portaban algo ilícito, a lo que contestaron que no.

Al practicarles una inspección en su persona al acompañante, le encontraron en la bolsa frontal de la sudadera que vestía, residuos de una hierba verde y seca, misma que expedía un olor de la droga conocida como marihuana.

Enseguida al revisar la unidad en la 18 ejemplares marinos de pepino del mar , especie que se encuentra protegida, razón por la que cuestionaron a los dos sujetos si tenían permiso para su transportación.

Al no contar con dicha autorización, motivo por el cual detuvieron a quienes dijeron llamarse Guillermo Eduardo “N” de 31 y Jesús Miguel “N” de 25 años de edad.

Ambos fueron trasladados a Ensenada, junto con el producto decomisado para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, por el probable delito de tráfico de especies protegidas y lo que resulte. 

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Arresta DSPM a 159 personas en Vicente Guerrero durante enero
Redacción / Zona Norte Noticias
Hace menos de 1 mes
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En la delegación Vicente Guerrero, fueron arrestadas 159 personas durante el pasado mes de enero.
FOTO: Cortesía de SSPM
Ensenada, B.C.

Más que nada por faltas administrativas, agentes municipales en la delegación Vicente Guerrero, arrestaron a 159 personas durante el pasado mes de enero.

El jefe de la corporación local, Luis Felipe Chan Baltazar, informó que como resultado del operativo permanente de vigilancia, y la oportuna atención de las denuncias hechas por la ciudadanía, agentes municipales detuvieron a 153 individuos por infringir artículos del Bando de Policía y Gobierno.

Oficiales intervinieron a 59 sujetos bajo los efectos o con residuos de sustancias prohibidas; 39 por comportarse de manera agresiva; 39 por causar molestias en la vía pública o lugares abandonados; 22 por andar alcoholizados; y dos por realizar sus necesidades fisiológicas.

Además, de un total de 50 acciones, aplicaron 29 infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal; auxiliaron nueve accidentes vehiculares en tramos de jurisdicción federal; brindaron ocho apoyos a la población, así como cinco a otras dependencias; y atendieron dos hechos de tránsito en zona urbana.

Chan Baltazar reiteró el exhorto a la ciudadanía, para que reporte cualquier hecho constitutivo de delito, a la línea de emergencia 911, o denuncia anónima 089.

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Cuarta 770, Z. Centro Ensenada, B.C.
TEL. (646)178-38-45
Aprueban comisiones para seguimiento a municipalización de SQ y problema de limites con Rosarito
Comunicado de prensa
Hace 1 mes
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La aprobación fue este jueves en el edificio del Ayuntamiento de Ensenada.
Foto: Cortesía
Ensenada, B.C.

Una comisión especial edilicia fue aprobada el pasado jueves en sesión de Cabildo para estudiar, analizar y opinar respecto al proceso de municipalización de San Quintín.

Aprobada por urgente y obvia resolución, la comisión quedó conformada por el regidor Adolfo Muñoz Benítez, presidente; regidora Carmen Lidia Salazar Guerra, secretaría y como vocales los ediles Carmen Elizabeth Jiménez García, Marisol Sánchez García y Miguel Orea Santiago.

La iniciativa fue propuesta por el presidente municipal Armando Ayala Robles, quien señaló que se busca trabajar con los residentes del futuro municipio de San Quintín.

Comisión para la defensa del territorio de los límites con Playas de Rosarito

También en dicha sesión, se aprobó por mayoría de votos la conformación de una comisión especial de seguimiento a la defensa del territorio del Municipio de Ensenada, respecto de los límites con Playas de Rosarito.

El punto de acuerdo fue presentado por la regidora Yolanda Navarro Caballero, quien presidirá la comisión, fungiendo como secretario el regidor Adolfo Muñoz Benítez y como vocales las regidoras Carmen Elizabeth Jiménez García y Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, así como el regidor Joaquín Alonso Moreno Valenzuela.

Esta comisión trabajará de cerca con el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), así como con otras personas y/o agrupaciones y autoridades de los distintos niveles de gobierno.