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El reto más importante de la oceanografía actual

Los nuevos especialistas en ciencias del mar ante el cambio climático
Redacción
Hace 7 años
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Los científicos e investigadores aún no determinan cómo los océanos responderán al cambio climático. - Foto: Cortesía.

El doctor Sergio Sañudo Wilhelmy es investigador adjunto del Cicese y profesor en Ciencias Biológicas en la Universidad del Sur de California. Lo ha señalado claramente: Todas las predicciones que se han hecho sobre el cambio climático en los últimos 100 años se han cumplido.
En el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, señaló que hay que tomar en serio las predicciones que vienen a futuro. Considera por ello que las generaciones actuales tienen que entender la urgencia del problema, porque son las que más lo van a sufrir. “No hay excusa; tienen que involucrarse”.
Las nuevas generaciones de especialistas en ciencias del mar, tendrán que atender lo que sin duda puede definirse como el reto más importante de la oceanografía actual: entender cómo están respondiendo los océanos ante el cambio climático y usar este conocimiento para aminorar su efecto a escala mundial.
Desde mi punto de vista, indicó el investigador, el cambio climático se tiene que enfocar de diferentes ángulos. Uno es la reducción inmediata del CO2 que producen las industrias (principalmente las que producen energía eléctrica) y los autos, y el segundo es buscar cómo bajar el CO2 que ya se encuentra en la atmósfera, usando biología molecular o el océano como un sumidero de este gas.
Destacó que grandes capitales mundiales ya se están moviendo hacia la ingeniería del carbono y el aprovechamiento de las emisiones negativas de CO2, creando empresas que se van a dedicar a remover este gas de la atmósfera, generando con ello un mercado que según Wall Street valdrá trillones de dólares.
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Avalan investigadores actividad vinícola hasta año 2100

A través de un estudio multidisciplinario sobre los escenarios de cambio climático y variables como humedad, temperatura y fauna nociva
Archivo
Hace 1 decada
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Vista de Valle de Guadalupe antes de la cosecha de la uva.  - Archivo.

De mantenerse las condiciones, la actividad vitivinícola en Baja California podría mantenerse apta por los próximos 90 años, informaron investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (Cicese).
En un estudio multidisciplinario denominado Industria Vitivinícola en Baja California, refiere que los factores que limitan la industria son el agua y el desarrollo urbano, por lo que es necesario hacer estudios detallados sobre los acuíferos de la región e implementar obras de retención de agua en zonas estratégicas.
Tereza Cavazos, investigadora líder del proyecto, da a conocer en el documento que los escenarios de cambio climático indican que la región puede continuar fértil, a pesar de que plantean un incremento de 1.5 a 4 grados centígrados a finales del siglo.
Estudiantes de la institución realizan investigaciones sobre los procesos de infiltración de agua para recargar los acuíferos, así como conocer las áreas donde hay mayor infiltración. El documento muestra resultados de temperatura, precipitación, disponibilidad de agua, enfermedades de la vid y fauna nociva, tras diez años de investigación en la región.
Los escenarios de cambio climático entre 2015 y 2039 para temperatura, unidades de calor y precipitación generados con un modelo británico, muestran que en Baja California siguen siendo viables los cultivos de vid.
A finales de siglo se prevé un descenso de 9 por ciento en la precipitación de invierno, junto con un incremento en las lluvias de verano, la humedad generada podría desencadenar enfermedades de la vid y propagarla a otros valles.
De 10 acuíferos que existen a lo largo de la región vitivinícola, solo tres están en equilibrio, el de Las Palmas, Real del Castillo y San Vicente, mientras que el resto están sobreexplotados, presentan intrusión salina o están sobreconcesionados.
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Opinión:
Riesgos digitales y protección infantil: Baja California ante el nuevo decreto federal DOF 14 de octubre de 2026
2026-10-15 06:14:11
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Colaboración
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Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

Más información...

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios. Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.

Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados. El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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