Iniciaron vacaciones más de un millón de estudiantes en BC

Para los gobernantes y mandos policiales, el concepto parece reducirse a una métrica biológica: si no hay cadáveres, no hay problema.

Bajo esta lógica, los heridos son invisibles, las pérdidas patrimoniales por asaltos son inexistentes y el trauma psicológico de las víctimas es un factor irrelevante.

Se ignora deliberadamente que un festejo —como el Año Nuevo— plagado de accidentes, incendios, robos y violaciones sistemáticas a los reglamentos, difícilmente puede calificarse como un éxito.

A fuerza de repetición, el poder político ha intentado resignificar la paz como la mera ausencia de sangre, omitiendo que la inseguridad es un fenómeno multifactorial.

En este escenario, la batalla de las autoridades no es contra la delincuencia, sino contra la estadística.

Hace apenas unos meses, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Estatal Ciudadano de Seguridad Pública, denunció que la administración de Marina del Pilar recurre al maquillaje de cifras oficiales. Según la acusación, existe evidencia de instrucciones directas a fiscales para reclasificar delitos, particularmente homicidios y desapariciones, con el fin de diluir su impacto ante la opinión pública.

Minimizar o borrar crisis tan sensibles como las desapariciones no solo es un error táctico; es una afrenta ética. Un acto de responsabilidad mínima —ya que la honestidad absoluta parece una utopía política— exigiría el reconocimiento pleno de la realidad en el día a día.

La transparencia y la aplicación de criterios acordes a los hechos, no anula el esfuerzo de los elementos que cumplen con su deber, ni de las inversiones, ni de las estrategias, sino que les otorga un marco de actuación real.

Insistir en lo contrario y mantenerse en la narrativa del "saldo blanco" frente a una realidad evidente solo alimenta la desconfianza y la animadversión de una ciudadanía que se siente desprotegida y, además, engañada.