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ORGANISMO INTERNACIONAL

Ponen a México en la "Lista Negra" por declive de Vaquita Marina

El gobierno mexicano pone disposición, pide financiamiento y corresponsabilidad para resolver el problema de la pesca furtiva que amenaza la supervivencia del mamífero marino
Colaboración
Hace 3 años
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Estatua conmemorativa para la conservación de la Vaquita Marina puesta en 2018 en el zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México. - Wikimedia Commons.

Los urgentes esfuerzos de conservación para salvar de la extinción a la vaquita marina (Phocoena Sinus), ha llegado a niveles internacionales. México entró en la lista negra de países que "no hacen lo adecuado", para la protección de plantas y animales en peligro.

La Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), prohibió a partir del 27 de marzo de 2023, todo el comercio de flora y fauna delicados con México.

Informaron que la prohibición deberá ser acatada por los 184 estados miembros de CITES y afecta a 3 mil 148 especies registradas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) ante la CITES dentro de las cuales hay 2 mil 513 de plantas y 635 de animales.

La vaquita marina es una especie de marsopa que se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pesca ilegal de totoaba, un pez también en peligro crítico de extinción, ambos endémicos del Golfo de California en México.

El deficiente Plan de Acción del Gobierno Federal para combatir el tráfico de totoaba, ha llevado al mamífero marino más pequeño del mundo a quedar atrapado en las redes de enmalle utilizadas para capturar totoaba donde muere por ahogamiento.

Las últimas estimaciones calculan que quedan menos de 10 individuos de vaquita marina en el mundo, lo que la convierte en la especie de mamífero marino más amenazada del planeta.

El desplome de ejemplares ha sido alarmante desde 1997 cuando existían casi 600 vaquitas, para el 2016 ya calculaban eran 60, un solo un año después la cifra cayó a la mitad, y desde el 2019 se maneja que hay menos de 10 ejemplares. En 2023 el número oficial es de 8 vaquitas.

La zona del alto Golfo de California, unos 13 mil kilómetros cuadrados, es un espacio que comparten las vaquitas con la totoaba y pese a estar declarado como reserva y haber sufrido innumerables restricciones de pesca, sigue siendo un área donde pescadores furtivos.

La presencia en la zona de embarcaciones de militares, activistas y pescadores ha generado enfrentamientos violentos.

Por su parte el gobierno mexicano, anunció que consideraba un trato inequitativo hacia el país, al no tomar en cuenta los esfuerzos realizados y que el mismo CITES ha reconocido públicamente. La postura del gobierno es de apertura y diálogo, con disposición de atender las observaciones de ese organismo.

Expertos señalan que de tomar medidas drásticas como la de la CITES, el mamífero marino está en condición de salvarse.

Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Marina (SEMAR) y de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), reclamaron la corresponsabilidad de los países de tránsito y destino del tráfico de totoaba, así como apoyo con financiamiento internacional para combatirlo.

Las consecuencias económicas para grupos de la población de México dedicados a la producción y comercio de las especies señaladas por la prohibición de la CITES ponen en peligro el colapso de mercados específicos del país.

La sanción pone en detención la exportación de orquídeas, pieles de reptiles y cactus. Incluso hay plantas de uso exclusivo en la industria cosmética, la producción de instrumentos musicales. Los recursos que generaban eran para subsistencia de poblaciones que difícilmente tienen acceso a otras actividades comerciales.

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Federación dará recursos al nuevo sistema de justicia en BC

Archivo
Hace 1 decada
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Sesión del congreso.  - Archivo.

El gobierno del estado está a la espera de recibir un fuerte apoyo económico para darle agilidad a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Baja California. Según informó el secretario general del gobierno de Baja California, Francisco García Burgos el monto dependerá del informe que presente en unas semanas el presidente nacional Enrique Peña Nieto.
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“También tenemos noticias de que el gobierno federal está viendo la manera de tener una bolsa más grande de recursos para poder apoyar a los gobiernos de los estados en la implementación de los sistemas, entonces creo que van a dar las dos cosas en las siguientes semanas lo vamos a saber cuando el presidente Peña -Enrique Peña Nieto- presente su presupuesto, y cuando el gobernador electo -Francisco Vega de Lamadrid- presenta el suyo al gobierno del estado”, anunció el funcionario. Mientras, a las 11:00 horas cuando la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se reunió en el teatro de la UABC y de los Periodista para realizar un simulacro de juicio oral sobre un proceso en un caso de homicidio calificado ^ García Burgos indicó que las instalaciones de Ensenada están casi listas pero que falta la construcción de las salas y ampliación del área de periciales. Además agregó que en el caso particular del puerto, el recurso se tiene que dividir debido a que San Quintín, sus residentes necesitan otras instalaciones y que al igual que la ciudad de Ensenada deben quedar terminadas antes de concluir el 2014 cuando se implemente el nuevo sistema en esta ciudad.
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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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