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REPORTAJE

Baja California C5i: Simulación, opacidad y negocio

La crisis de inseguridad que prevaleció durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, representó una gran oportunidad de negocios para la empresa privada Seguritech, que durante los seis años del priísta recibió contratos millonarios de gobiernos estatales ofertando un moderno esquema de videovigilancia y sistemas de inteligencia, con los que podrían combatir la delincuencia en las zonas más conflictivas del país
Hace 4 años
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Lorena Lamas, Rosario Mosso,
Eduardo Villa Lugo, Ernesto Eslava | Semanario ZETA
crisis de inseguridad, escena de un crimen
Ante la crisis de inseguridad de el país, surgió la necesidad de modernizar.
Foto: Cortesía Semanario Zeta.

Diciembre del 2012, el panista Felipe Calderón concluía su encargo como presidente de México, con más de 120 mil homicidios a consecuencia -principalmente- de la fallida “guerra contra el narcotráfico” que impulsó apenas iniciado su gobierno. Fosas clandestinas, balaceras, narcomantas y cadáveres ensangrentados colgando de puentes o tirados como basura en las vialidades públicas, fue el escenario que se volvió parte de la vida cotidiana en distintas regiones del país.

La sociedad pidió un “golpe de timón” ante la crisis de inseguridad y, por ello, otorgó su voto de confianza al abanderado del partido opositor, el priísta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su estrategia no varió mucho a la de su antecesor.

En medio del entorno de violencia del país, surgió la urgencia de modernizar los esquemas de inteligencia y videovigilancia, como parte de la estrategia del combate a la inseguridad.

Es este contexto, apareció en el mapa la empresa Seguritech Privada, S. A. de C.V., fundada en 1995 en la Ciudad de México, como un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero que bajo el cobijo del gobierno priísta, se convirtió en una marca sumamente redituable al monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Y la promesa, ser una herramienta para combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva.

Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.

En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, el priista Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un 29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos diarios.

En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja California se asentaron como las entidades con más violencia criminal. Situación que no ha mejorado en los dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suman más de 60 mil asesinatos.

Baja California

En Baja California la oferta del C5 llegó en 2016, de inicio se destacó por la falta de transparencia y la negativa del gobierno para hacer públicas las características y la calidad del equipo a comprar, igual, bajo la premisa de protección de la seguridad nacional.

“Es una argumentación inválida, porque si se argumenta seguridad nacional tienen que hacer un análisis que se llama prueba del daño, y decir que el daño es mayor que el beneficio público, cómo puedes argumentar simplemente porque estás buscando cámaras de mayor calidad, de mayor tecnología ¿Cuál es el daño?, ahí el tema de seguridad se queda sin argumentación”, explicó al respecto Octavio Sandoval López, ex comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California en el período 2017-2019, cuando se negoció el C5i en el estado.

Seguritech intentó vender, y el gobierno del Estado, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, ya había aceptado comprar un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, a través de la figura de Asociación Pública Privada que fue prohibida por la Ley de Disciplina Financiera. Así que cancelaron el trato y reiniciaron el proceso.   

Fue en 2018 cuando le volvieron a asignar el contrato a Seguritech, esta vez, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.

La falta de transparencia en la cotización y compra de los equipos.
Foto: Cortesía Semanario Zeta.

El C5i fue rechazado públicamente por los partidos de minoría en el Congreso, por algunas asociaciones civiles, y por el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California. 

“El propio consejo ciudadano hizo un estudio, donde el costo que aquí se nos plantea, son 300 millones menos”, expuso en la sesión de octubre de 2017 el entonces diputado, Catalino Zavala.

“Los equipos estaban hasta tres, cuatro veces más caros de lo que era el valor de mercado de los mismos, no eran equipos de primera generación. Te doy un ejemplo, el de los arcos lectores de placas, es tecnología analógica, cuando ya entonces existía tecnología de inteligencia virtual, en el hecho de que si la placa que cruza por el arco tiene lodo o está doblada, el sistema no lo alcanza a reconocer, y ya existía tecnología que sí lo alcanzaba a reconocer”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente estatal del Consejo Ciudadano. 

Hernádez solicitó de manera independiente el presupuesto de un sistema estático para reconocimiento de placas, cuatro cámaras y un procesador para que éstos funcionen, con un precio por unidad de un millón 510 pesos por los 9 arcos, en total suman 13.5 millones de pesos.

La empresa está cobrando 45.1 millones de pesos adicionales, por la cimentación e instalación de 9 arcos de metal marca Seguritech, con capacidad de almacenaje, el cableado y el equipo de suministros de energía, conexión a tierra, a la red y sensores.

También, en el proyecto aprobado en 2018, vendieron 50 cámaras marca DAHUA, y 150 cámaras marca HANWHA, todas con capacidad de 2 megapíxeles, la misma que tenía el primer iPhone que salió a la venta en el año 2007.

En el mercado las cámaras DAHUA tienen un costo de 60 mil 500 por unidad, y las HANWHA se adquieren por 21 mil pesos, lo que se traduce en 3 millones 175 pesos en compra al menudeo.   

Pero la empresa está cobrando 33.5 millones adicionales por la cimentación de 50 postes con almacenaje, y su respectivo equipo de suministros de energía, conexión a tierra y procesamientos de datos.  

Son 671 mil pesos, es decir, más de medio millón por cada poste cableado marca Seguritech y el servicio que requiera por los 10 años de mantenimiento. 

El contrato se aprobó en junio de 2018 y para frenar el abuso al erario, en septiembre de 2018, el CCSP presentó un amparo, ante el juez Francisco Caballero Green 4to de Distrito en Materia de Amparo, quien le dio curso, pero se negó a conceder la suspensión provisional y definitiva argumentando el interés general del proyecto. Por lo que el contrato en Baja California está vigente. 

Las inconsistencias

En marzo del 2020, un año y medio después de que se promovió el amparo, el Juzgado Cuarto encontró al perito Ingeniero Electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, quien determinó que se violentaron los procesos administrativos al realizar el contrato. 

Los motivos fueron: que no existe un dictamen de propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como exige el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones. 

Tampoco existe justificación, ni detalle o precios unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y actualización, mientras que la propuesta económica

no presenta precios unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de Baja California.

Esto abre la posibilidad de iniciar procesos judiciales y administrativos: 

“Yo pienso que esto ya daría pauta para un tipo de demanda de corrupción, y responsabilizar a las personas que en determinado momento firmaron tanto los procesos de licitación, como el contrato respectivo”, expuso el consejero ciudadano de seguridad.

Por su parte, el abogado especialista en amparo, con trayectoria en el ejercicio de la función pública, José Ángel Bustamante Arbizu, explicó que si el delito cometido por el funcionario es considerado grave, el plazo de prescripción es de 7 años, de lo contrario el período es de 3 años, por lo que el proyecto del C5i aún es impugnable. 

“El gobierno del estado podría entablar una acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado basados en que se reconoció, otorgó derechos que no corresponden, porque es una licitación sobre productos aparentemente sobrevaluados y con un precio excesivo que, al final del día, le causa un perjuicio al erario”, dictó el abogado.

Al respecto, Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California, explicó que existe un expediente abierto, ya que el 20 de septiembre de 2018 se recibió una denuncia dirigida a la entonces Secretaría de la Contraloría. 

“Tenemos un expediente que es el 265Q18, eso significa que se inició en 2018, (la denuncia) está radicada ya, tenemos nosotros diligencias practicadas”, explicó.

En cuanto a las irregularidades detectadas expuso que no aplicaron la norma, no hubo desglose de bienes y servicios en precios unitarios, no hicieron un comparativo de precios, y consideraron una vida útil del equipo diferente a la necesaria.  

“Nosotros tenemos un responsable que es el director de adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilio Pérez Flores y obviamente nosotros ya empezamos con el procedimiento para sancionar y hacerlo responsable de este tema”, advirtió.

A pesar de que Seguritech en obra y entrega de equipo del C5i presenta un avance del 88 por ciento, la carpeta de investigación se inició hace más de dos años, y no presenta diligencias realizadas desde julio de 2019, aseguró la secretaria Espinosa. 

Quiénes firmaron el contrato C5i BC fueron: la ex Oficial Mayor Loreto Quintero; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Sosa; y como testigos, el ex Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández; y el ex Contralor, Francisco Postlethwaite.

Pero la responsabilidad primaria, dijo la secretaria de Honestidad, recae sobre quien encabezó el subcomité de adquisiciones, Rutilo Pérez Flores, quien al igual de Loreto Quintero y Bladimiro Hernández, se encuentran denunciados ante la fiscalía del estado -por otros contratos-, acusados de un desvío de recursos superior a 1200 millones de pesos.  

Al respecto, el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad y al ex Secretario Gerardo Sosa Olachea. 

Aseguró que fue Sosa y su personal en el área de seguridad quienes determinaron lo que necesitaban y revisaron los precios, pero cuando se le preguntó si lo vio, solo repitió que debía estar en el expediente que él nunca resguardo.  

 “Se hizo un estudio de mercado por parte de la SSP, ellos hicieron toda esa búsqueda, traían datos ahí que les permitieron hacer su techo financiero para saber hasta dónde les iba a alcanzar el recurso”, indicó Rutilio. 

 Finalmente justificó la ausencia de precios unitarios en el contrato, que exige la Ley de Adquisiciones, argumentando que se contrató un proyecto integral, la implementación de un C5 y no por cámaras o arcos lectores.

Entrevistado, el ex secretario de seguridad Gerardo Sosa Olachea, repitió que el contrato se hizo por un servicio, reconoció que la Secretaría a su cargo llevó el proceso de licitación, pero negó haber sido responsable del análisis de precios o costos, Indicó que ese aspecto siempre estuvo en manos de la Oficialía Mayor, y del ex director de adquisiciones Rutilo Pérez. 

Continúa en Parte 2

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

MERCADO NEGRO

Por: Nemo
Hace 30 día
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Una serie (malona) de Netflix llamada Eduardo Vega Zamora

¡Ah, qué buena zangoloteada le pusieron los colegas de Semanario Zeta al primer actor, digo, primer regidor Eduardo Vega Zamora! Si no leyó la última edición, córrale a conseguirla, pero por mientras se la resumo. Resulta y resalta que un reportaje documenta el meteórico crecimiento del patrimonio del joven abogado, quien no ha de llegar a los 30 años y cuyo CV lo presenta como “litigante”, aunque desde el 2018 se ha mantenido exclusivamente de la ubre del gobierno, perdón, del “encargo a favor del pueblo bueno”.

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En fin, el punto es que cuenta con una propiedad de 231 metros cuadrados en el cerro de Chapultepec, cuya altura y plusvalía sí hacen que, desde ahí, miren para abajo a la gente, y cuya construcción podría costar 17 millones de pesos, según valuadores. Y, además, a la puerta, una Chevrolet Silverado 2020 vendida por un proveedor del Ayuntamiento de Ensenada.

Obviamente, don Eduardo negó todo y aseguró que “fue un regalo de bodas para mí y mi esposa”, según cita de su respuesta, y que no había conflicto tampoco con el empresario constructor Adolfo Calette, quien le vendió el vehículo citado. (¡Wao!)

Aquí le dejo otros chistes, perdón, respuestas que Eduardo Vega brindó en la entrevista: “Estamos trabajando fuertemente desde Cabildo” y “Me costó mucho terminar de pagar esos gastos”. (Inserte risas de fondo).

A pesar de todo, es verdad que su trayectoria bien podría justificar una serie (malona) de Netflix: Renuncia en 2020 a Bienestar Municipal por presuntamente pedir “moches” a los becados (de ahí el sobrenombre de “Lord Moches” que aún persiste). Lo graban en estas maniobras. Se casa en plena pandemia por el Covid-19, para que pudiera asistir un familiar que estaba por fallecer (ahí están las notas). Lo graban en estas maniobras. Luego, contra toda razón, legalidad, tiempo, espacio, lógica, biología, raza, magia y fuerzas del universo, resultó que era candidato indígena kumiai en las elecciones 2021. No lo pudo comprobar.

El guion que lleva en la actualidad es la de encarnar a un luchador morenista incansable por las causas sociales desde una regiduría, pero según nos cuentan, es bien raro que acuda al teatro, digo, a la oficina, según las quejas en la taquilla municipal, digo, palacio municipal.

  • Anécdota: una vez, en el XXIII Ayuntamiento, Eduardo Vega acudió con otros funcionarios a disque ayudar a unas personas que se les habían quemado las casas. Al llegar, un ciudadano le reclamó que lo que necesitaban eran “manos”, no gente que anduviera ahí parada. Y que me lo ponen a cargar tablas. Uy, ¿cómo? Y ni modo: tragó saliva, puso cara de “Shingaooo”, y cargó un par de tablones de madera prensada hasta que logró zafarse porque “tenía que hacer gestiones”. Pues claro: los ricos “hacen gestiones”, no cargan cosas. Para eso están los subalternos… o los pobres.

 

Con el corazón (y los aumentos) por delante

En el marco de protestas por el aumento en la tarifa del transporte público, este fin de semana filtraron a páginas digitales los supuestos validadores para que el pueblo bueno y sabio use sus tarjetas prepago y pueda subir al transporte público de Ensenada.

Lo que llama la atención es que les pegaron a los aparatos el lema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el de “Con el corazón por delante”, además de una estructura que impide ver la marca o los equipos. También algunas fotos de cojines que colocaron sobre asientos, aunque ni siquiera intentaron disimilar lo descuidada, sucia, en abandono, de la unidad.

A reserva de esta maniobra, suponemos que tipo experimento para ver cómo eran recibidas en las benditas redes sociales, toda la “modernización” ha sido pésimamente llevada desde el 1 de enero, y los responsables tienen nombre y cargo: Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director; José Ramón Silva, delegado local; y Humberto Elías, delegado metropolitano, del IMOS.

Y es que no han sabido (no ha querido, más bien) responder los cuestionamientos de la gente, sobre todo los dos últimos, cuando se les han ido a manifestar afuera de las instalaciones en Ensenada. La indignación, derivado del horrible servicio y la falta de socialización, se incrementó cuando comenzaron a cobrarle a las personas con alguna discapacidad la ridícula cantidad de 7.75 pesos, que en la práctica es mañosamente redondeado a 8 pesos. ¿En serio nuestros impuestos son para el salario de gente a la que se le ocurren estas ideas?

Ya van tres protestas y, para este lunes 13, se prevé una cuarta. Los boletines tardaron 10 días en llegar, como quien dice, tardaron más de una semana en responder a la crisis, y ya está muy avanzado el enojo. Se habla de posibles cambios en el gabinete de la gobernadora. ¿Serán Jorge Alberto Gutiérrez Topete, José Ramón Silva y Humberto Elías los sacrificables? El tiempo dirá.

 

Operación Limpieza (de imagen)

A ver, a ver, ¿cómo que después de anunciar el decomiso de fayuca más grande de la galaxia en suelo ensenandense, donde abiertamente se habló de China y Asia, donde se afirmaron prácticas de contrabando y que estaban coludidas las aduanas, se habla de que el turismo chino es lo que salvará al puerto y a la región?

Lo anterior luego de que desde el Hotel Coral & Marina, digo, la Casa Municipal y Proturismo, han llegado mensajes de que estos son los buenos, estos son los que traen el mero “cash” para gastar, y que hay cuidarlos. ¿De qué lado es el Operativo Limpieza, pues? ¿Quién es el que desea limpiar su imagen? Eso no nos lo cuentan la alcaldesa Claudia Agatón ni el líder empresarial hotelero Andrés Martínez Bremer. Chale, ya ni porque son vecinos.

MERCADO NEGRO ES UNA COLUMNA DE OPINIÓN DE ZONA NORTE NOTICIAS. Sus comentarios los podrá hacer llegar al siguiente correo electrónico: znortemedios@gmail.com.

Benjamín Pacheco ganó el primer premio del Border Hub

Colaboración
Hace 2 años
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Benjamín trabaja como reportero de Periódico El Vigía en Ensenada.  - Colaboración.

El jurado del Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, integrado por las mentoras del Border Hub y de Iniciativa Sinaloa, acordó otorgar el primer lugar de reconocimientos al periodista Benjamín Pacheco López.

De los reportajes publicados el último año por la asociación internacional, la investigación sobre un caso de corrupción del gobierno de Baja California en la compra de lavamanos escolares, obtuvo el primer lugar.

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Benjamín trabaja como reportero de Periódico El Vigía en Ensenada y ha trabajado en medios de comunicación nacionales y en Baja California, y Guanajuato con una trayectoria de más de 25 años.

El reportaje "Malgasta gobierno de BC más de 90 mdp en lavamanos portátiles vs. Covid-19", publicado en noviembre de 2022, fue desarrollado por Benjamín Pacheco en meses previos durante una exhaustiva investigación bajo la mentoría de miembros del Border Hub.

Mediante una carta firmada por Patricio Provitina, Senior Director, y Jorge Luis Sierra, BCJB Director, con membrete del ICFJ (Centro Internacional para Periodistas por sus siglas en inglés), expresaron admiración y elogiaron el esfuerzo del reportero.

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El trabajo periodístico merecedor del reconocimiento aborda la corrupción desde el derroche del dinero público en una etapa tan controvertida como fue la pandemia a nivel mundial, además de la omisión por parte de las autoridades y la falta de sanciones contra los responsables.

Dentro del reportaje, Benjamín explica cómo operó este esquema de gastos y quiénes fueron realmente los beneficiados de este tema. También reveló cómo las autoridades usaron la crisis de la pandemia para hacer compras mediante procesos de contratación pública irregulares.

El reportaje de Benjamín se publicó en medios nacionales y de la frontera norte, tanto impresos como digitales, y será premiado en la ciudad de Monterrey junto a otros periodistas y trabajos reconocidos.

Aquí se puede leer el reportaje: "Malgasta gobierno de BC más de 90 mdp en lavamanos portátiles vs. Covid-19"

Las muertes por sobredosis en BC se quintuplican

Border Hub
Hace 2 años
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Muertes por sobredosis son una problemática cada vez más visible en Baja California.  - Ilustración: Carlos Mendoza .

Por: Yerson Martínez    

En 2017 se registraron 38 defunciones por el consumo excesivo de drogas en la entidad y para el 2022 la cifra se disparó a 192 personas; sin embargo, el Estado tiene programas y espacios limitados para atender estos padecimientos y en los últimos años incluso disminuyó la compra de Naloxona, un medicamento que ayuda a revertir una sobredosis por fentanilo y que no está disponible a la venta para el público en general. En contraste, asociaciones civiles de Mexicali han gestionado con recursos propios la entrega de más de mil dosis de éste fármaco a la población.

Cristian tiene 14 años y Juan 17, no se conocen entre sí, viven en colonias distintas en Mexicali, Baja California, pero tienen algo en común: ambos comenzaron a fumar marihuana a sus once años de edad y actualmente son adictos al fentanilo.

Alexander es otro joven de 20 años de edad y adicto desde los 15 años, ha robado, asaltado y actualmente es limpiaparabrisas para comprar heroína con fentanilo y mezclarlo con marihuana por 200 pesos diarios, aunque en ocasiones, dice, necesita doble dosis.

Él ha visto cómo en su grupo de amigos varios han fallecido por consumir la mezcla de cigarros de marihuana humedecidos con heroína y fentanilo, como su amigo y vecino Jonas, que a los 17 años fumó por primera vez esa mezcla, tras cinco inhaladas se desvaneció en un parque público y falleció por sobredosis en la primavera del año pasado.

Estos son algunos casos que reflejan una problemática cada vez más visible en la ciudad de Mexicali, una localidad de poco más de 1 millón de habitantes, ubicada al noreste de Baja California; siendo el cruce fronterizo con California, Estados Unidos, donde se ha reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana un incremento en la presencia y decomisos de fentanilo.

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La frontera es un escenario desalentador: la prensa estadounidense documentó durante el 2021 un total de 6 mil 843 muertes por sobredosis relacionadas con opioides, de las que 5 mil 722 estaban relacionadas con el fentanilo, según el Departamento de Salud Pública del Estado de California.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, ha advertido que el fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

Juan, es un adicto de la mezcla de fentanilo con heroína desde hace dos años, a los 15 años de edad llegó a su vida. A escondidas de su familia, diluye la droga para empapar cigarros de mariguana. Señala que es lo peor que ha consumido en su vida y cree que no puede dejarlo.

El joven llama a esta mezcla por el nombre coloquial “kush”. Le gusta porque lo relaja, lo pone a gusto, al grado de olvidarse de todos sus problemas, aunque le genere una desagradable malilla, o síndrome de abstinencia, y agregó “la he intentado dejar, pero no puedo”.

A pregunta expresa de qué mensaje ofrece a quienes piensan consumir por primera vez, dijo: “que déjense de cosas, no saben en la mierda que se están metiendo. Esta madre no está pelada tampoco… pero por el momento no la quiero dejar porque me pone relajado, bien agusto, se me olvida todo en ese momento”, expresa.

Los efectos que los consumidores dicen tener son: la sensación de felicidad extrema y el aletargamiento, pero también náuseas, confusión, estreñimiento, sedación y la pérdida del conocimiento.

Sin embargo, el consumo crónico puede detener la respiración, generar un estado de coma, dañar el cerebro e incluso provocar la muerte.

“Cuando empecé, no era por problemas”, alcanza a contar Juan antes de sumergirse en los efectos de la droga: su cuerpo comienza a realizar un movimiento oscilatorio lento, mientras que sentado en una silla, el rostro cae lentamente hacia el frente y la columna a doblarse hasta encorvarse.

La madre del menor lo internó en un centro de rehabilitación, Juan permaneció dos meses, se escapó a finales de febrero y actualmente regresó al consumo de drogas.

Cierra único centro de adicciones

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En agosto del 2022 se inició el proceso de cierre del centro de rehabilitación Misión San Carlos, que pertenecía como una desincorporada del ayuntamiento de Mexicali, y era el único centro de gobierno que atendía las adiciones y la ludopatía; el principal argumento de concluir operaciones fue porque un tratamiento de 45 días tenía un costo promedio de 50 mil pesos.

A finales del 2022 se aprobó en sesión de Cabildo la liquidación de personal para que pasará su funcionamiento al Estado, sin embargo, hasta la fecha abril de 2023 permanecía cerrado.

El gobierno de Baja California carece de programas para prevenir el consumo de fentanilo, porque no han detectado dicha adicción en las escuelas, explicó el director del Instituto de la Juventud, Rigoberto Salcedo Boyd.

Detalló que el tema de prevención del consumo de fentanilo, no lo abordan y proyectan incluirlo en el catálogo de prácticas preventivas para el 2023, sólo enfocan al tema del consumo de clonazepam y marihuana.

En el juzgado para menores, aunque la mayoría de los detenidos y sentenciados son por delinquir y tener alguna adicción, no tienen las pruebas para determinar si ingieren fentanilo, informó el juez Álvaro Castilla.

Agregó que el común denominador de los detenidos, hombres y mujeres, son por robo y en su mayoría, presentan un cuadro de adicción, y deserción escolar en edades promedios de los 16 a los 18 años; al corte del 2022 se contaba con 13 hombres y 1 mujer en el centro de readaptación para menores.

En mayo del 2021, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que habría un programa de atención para las personas con adicciones.

Sí hay alerta en BC, pero… no han comprado naloxona

naloxona, sobredosis
Con recursos propios adquieren Naloxona para atender sobredosis.
Foto:Crédito: Yerson Martínez.

Desde el 28 de septiembre del 2021, el Departamento para el Control de las Drogas en Estados Unidos emitió la alerta de salud pública por presencia de pastillas con fentanilo y metanfetaminas y por el “alarmante aumento en muertes”.

En Baja California en octubre del 2021, la Fiscalía General del Estado emitió la alerta a la Secretaría de Salud por detectar incremento en el consumo, confirmó Néstor Saúl Hernández Millán, subsecretario de Salud estatal.

Información oficial de la Secretaría de Salud, en el oficio SGS-DSS-VE-0293-2023, evidencia que hay un incremento en las defunciones por sobredosis, en el año 2017 se registraron en todo el estado 38 defunciones, cifra que en el 2022 alcanzó las 192 personas, de los cuales 171 fueron hombres y 21 mujeres.

Además de un aumento en las consultas por sobredosis de manera anual, al pasar de 2 a 148 del 2018 al 2021, es decir 7 mil 300 por ciento más, de acuerdo a las cifras oficiales del sector salud, pero contrasta la información al solo tener registradas cuatro atenciones en el año 2022 según data en el oficio: SGS-DAM-000327-2023.

Esto puede interpretarse que, de fallecer tres personas por mes, aumentó a 16 decesos.

Sobre las consultas, de recibir una por semestre en el 2020 la Secretaría de Salud pasó a doce en el 2021 y bajó a cuatro atenciones en el 2022 en todo Baja California.

“No es que haya aumentado la mortalidad: ha aumentado el consumo”, acotó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California.

Reconoció que en Baja California se requiere implementar un mecanismo más extenso para determinar las muertes por fentanilo, aplicar los reactivos a los fallecidos, y aseveró que de acuerdo al Servicio Médico Forense (Semefo) actualmente entre el 40 por ciento y 50 por ciento de los fallecidos de personas en situación de calle dan positivo a fentanilo.

“No es una muestra significativa del total de Baja California, son gente en condiciones de calle o por muertes violentas y llegan a Semefo. Debemos hacer una encuesta no sólo de preguntas, sino de evaluar y mediar las cantidades si hay fentanilo en las personas en los centros de rehabilitación”, reconoció.

El funcionario agregó que durante el 2022 la dependencia adquirió 145 envases de naloxona con 10 ampolletas cada una para tratar las sobredosis de fentanilo de manera intrahospitalaria. Estas fueron distribuidas en cinco de los siete municipios.

Dicho medicamento revierte rápidamente una sobredosis de opioides, lo que hace que la persona restablezca con rapidez su respiración, de ahí su importancia.

Pero la adquisición de naloxona, que también es utilizada para cirugías intrahospitalarias, ha ido a la baja en el estado. De acuerdo al oficio SGA-DA-RMCAB-000467/2023 obtenido vía transparencia, pasaron de comprar 212 envases en el 2018 a 150 en 2020.

Además, de acuerdo al oficio SGA-DA-RMCAB-009242-2022 la reducción siguió en el 2021 pues sólo adquirieron 10 envases, y el año pasado 145 envases.

Sin embargo, al corte de la primera quincena de enero del 2023, las autoridades estatales no la habían adquirido.

La naloxona, no se encuentra disponible para la venta al público en general, explicó el subsecretario Hernández Millán.

Para esta investigación, La Voz de la Frontera-Border Hub acudió a diversas farmacias de la zona centro capitalina, a lugares como La Más Barata, Benavides y Farmacias Especializadas, para constatar que no existía a la venta al público dicho medicamento.

Atienden a más de mil por sobredosis en Mexicali

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Es significativo el aumento de muertes por sobredosis en BC.
Foto:Infográfico: Carlos Juvera.

La falta de medicamento contra la sobredosis está relacionada con que las autoridades de la Secretaría de Salud se basan en una muestra realizada, a nivel estatal, entre 400 pacientes de centros psiquiátricos que arrojó un nivel bajo de consumo de fentanilo.

Solamente un 3.6 por ciento de los encuestados respondió que son consumidores de fentanilo, es decir, apenas unas 14 personas, de acuerdo a la entrevista realizada al subsecretario de salud estatal, Nestor Saúl Hernández Milán.

El Secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, confirmó que a mediados del 2022 en el Centro de Adicciones del Instituto Estatal de Psiquiatría, se realizó un estudio para determinar el impacto de las drogas en la entidad, donde la principal en consumo fueron las metanfetaminas, seguido por la cocaína, la marihuana y en última instancia el fentanilo.

“No negamos el riesgo de que se incrementen las muertes por fentanilo… las muertes por sobredosis no es un problema de salud, como en Estados Unidos, en la medida que se incremente el fentanilo adulterado eso puede llegar a suceder, pero tenemos naloxona en urgencias de los hospitales públicos de Baja California para que se les revierta, y las estadísticas tienen validez porque se hizo en personas potencialmente en uso de drogas, no puede ser una población más significativas que los recluidos en rehabilitación”, puntualizó Medina Amarillas.

Sin embargo, los datos de la dependencia resultan opuestos a una realidad que enfrentan diario organizaciones civiles como Verter, una agrupación que opera en el Centro Histórico de Mexicali desde el 2019.

Desde que iniciaron funciones han detectado un incremento en las cifras de personas adictas al fentanilo porque afirman que las personas desconocen que las drogas vienen mezcladas con dicho opiáceo.

De acuerdo al corte de mayo de 2021, apoyaron en revertir la sobredosis en mil 90 casos, en los que fue utilizado el medicamento de la Naloxona.

De acuerdo a Lourdes Angulo, titular de la organización, atendieron de junio del 2022 al 13 de enero del presente año a mil 100 personas por sobredosis, a quienes les brindaron -con sus propios medios y gestiones- el medicamento.

El panorama anterior refleja un incremento en las atenciones tan sólo en los últimos siete meses, en comparación con los dos años anteriores.

Como parte de su estadística, desde finales del 2022 registraron que el 100 por ciento de las dosis, a las que aplican el reactivo para detectar fentanilo, resultan positivas, aunque estén mezcladas con heroína o mariguana.

“En Baja California las muertes por sobredosis no se registran como tal. No se busca la causa, no se ve el tema del consumo del fentanilo como un problema de salud pública. En Estados Unidos llevan más de 10 años como un tema de alerta de salud pública. Los familiares deberían tener acceso a la naloxona”, subrayó Lourdes Angulo.

Estadística es poco confiable

Por su parte, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, advirtió que el consumo de esta droga puede causar la muerte, pues los narcotraficantes la llegan a ofrecer como cocaína.

“Dos gramos de fentanilo hacen el efecto de un gramo de cocaína. Son confundidas: (las personas) consumen fentanilo pensando que se trata de cocaína. El riesgo de salud se incrementa y es probable que (el adicto) muera con esas cantidades”, explicó.

En contraste con todo el panorama y los datos expuestos, personal de la Secretaría de Salud refiere estadísticas en las que apenas aparecen en forma oficial dos menores de edad fallecidos por sobredosis.

Las muertes refieren a dos adolescentes: una chica de 16 años (2020) y un joven de 17 años (2022) de acuerdo al oficio SGS-DSP-VE-0439-2023, sin especificar la sustancia que provocó la sobredosis.

Además, el subsecretario de Salud, Hernández Millán, mencionó que este tipo de defunciones son registradas “como causas básicas”.

“No somos un laboratorio. Se atienden patologías. Vamos bien”, respondió.

Esto contrasta con la falta de compra de tiras reactivas para determinar si una persona ingirió fentanilo, ya que desde el año 2018 a 2022 las adquisiciones han sido nulas.

El oficio DG-UDIT-000105-2023 signado por el área administrativa de la Secretaría de Salud confirma que no se ha adquirido ninguna tira en los últimos 5 años.

Personal de la fiscalía no suelen aplicar reactivos a los casos de muerte por sobredosis, lo que ocasiona una falta de estadística confiable sobre el consumo y muertes relacionadas con estas drogas, de igual forma en el Servicio Médico Forense que pertenece al Poder Judicial, donde en el oficio 2380/UT/2022 confirman que no aplican las tiras reactivas a fentanilo por ser una evaluación cualitativa, y sólo aplican para análisis inmunoenzimáticos.

Ante este escenario de omisión de compra de tiras de fentanilo, estadística parcial de consumo y un incremento en las defunciones por sobredosis, incluyendo a menores de edad, el fentanilo continúa avanzando por las calles de Baja California.

“La adicción me impide dejarlo”

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Cristian, un menor de 14 años adicto a las drogas. Crédito: Yerson Martínez.
Foto:Crédito: Yerson Martínez.

Cristian tiene 14 años de edad, desde los 11 años comenzó a fumar marihuana, a los 12 pasó al cristal y a los 13 años a la heroína mezclada con Fentanilo.

“El Fentanilo es una adicción muy fuerte, si no consumo me empiezo a sentir mal, vomito, sudo mucho, me da desesperación y muchas ansias. Sí me gustaría dejarlo, pero me lo impide la adicción al fentanilo, aunque a mí me gustaría dejarlo”, expresó.

Todo comenzó por su círculo social, un grupo de amigos a los 11 años de edad le ofreció probar la marihuana, primero lo rechazó pero al segundo intento aceptó, con malestar, pero al día siguiente los mismos amigos le volvieron a ofrecer y siguió consumiendo.

Con el paso del tiempo, en una fiesta ya a los 12 años, estaban pasados en ingesta de alcohol cuando un allegado le ofreció cocaína y aceptó.

“Me dio todo para arriba, se me bajó todo lo pedo, empecé a hacer movimientos muy rápidos, me aceleró el corazón y a doler poquito la cabeza, no pude dormir”, recordó de aquella experiencia.

Comentó que sus amigos lo han llevado a tener una mayor ingesta de drogas, actualmente vive con un amigo que también es adicto.

A solo unas cuantas cuadras de distancia compran la dosis por 200 pesos, la cual alcanza para tres pipas. Comentó que la cantidad alcanza para el día, pero requieren una segunda dosis para la noche, por lo cual diariamente deben de generar 400 pesos para comprar la droga.

Dijo que junto a su amigo Alexander, acuden a limpiar parabrisas en los autoservicios, para sacar solamente para drogarse.

“Con el Fentanilo empiezas a sudar, te cambia el sistema, me quita la sed, me pone tranquilo y relajado”, comentó.

Cristian fuma diario, pero si el dinero es escaso, puede pasar 24 horas sin consumir.

“Les digo a las personas que no lo prueben, es algo bien malo, si lo puedes dejar a tiempo, que lo dejen, por todo lo que pasa con la familia, te empiezan a ver diferente, las personas te ven diferente, te tiran indirectas, un chingo de indirectas, me dicen pinche morrillo vale ver…, cosas así”, compartió de su experiencia.

Cuatro fallecidos en una misma colonia

Sara es la madre de Alexander, quien vive en un ambiente de adicciones en su comunidad y lamentó haber visto a varios jóvenes fallecer por el consumo de las drogas, como la mezcla de heroína o marihuana con el fentanilo.

En su sala, en la colonia Villas de las Lomas, en Mexicali, tiene una serie de imágenes de los menores que han perdido la vida, como Jorge quien tenía 16 años de edad cuando compró de manera clandestina pastillas de Clonazepam y sin saber le dieron M30 qué es fentanilo.

“Su cuerpo no soportó, él no consumía nada de eso y falleció”, recordó de un hecho registrado hace cuatro años.

Otro caso narrado por Sara, es el de otro joven llamado Marcos de 12 años de edad internado para rehabilitación por consumir estupefacientes.

“Siempre luchó con la adicción, pero su cuerpo le ganaba y consumía, hasta que su cuerpo ya no reaccionó, desde los 12 años consumía, era muy pequeño, era parte de la familia, el aquí convive, aquí comía, era amigo de mis hijos”, recordó Sara.

De acuerdo a la Administración de Control para las Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuatro de cada diez pastillas N30 que se distribuyen en las calles, tiene una dosis potencialmente letal.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Sentenciado a 4 años de prisión al ex alcalde de Ensenada Hirata Chico

Redacción / Zona Norte
Hace 2 años
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De un total de 8 denuncias por incumplir la vigilancia y el correcto uso de 512.74 millones de pesos en 2016, durante el XXI Ayuntamiento, el ex alcalde de Ensenada en Baja California, Gilberto Antonio Hirata Chico y su ex tesorero Samuel Jaime Aguilar, solo fueron sentenciados a cuatro años de prisión más una multa de 14 mil 608 pesos.

Luego de siete años de proceso, los delitos y denuncias por las que era investigado: abuso de autoridad, abuso de confianza, administración fraudulenta, Peculado impropio, coalición de servidores públicos, cohecho cometido por particulares, una a una las denuncias fueron siendo desechadas como "Concluido No Ejercicio de Acción Penal".

La sentencia condenatoria se dió el miércoles 8 de marzo, durante la audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño número 19 del juicio oral 12/2021 dentro de la causa penal 125/2020, el juez Sergio Adolfo Peniche Quintal dictó veredicto contra ambos exfuncionarios de Ensenada.

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También les fue dictada la suspensión de sus derechos políticos y civiles e inhabilitación de cuatro años al ser hallados culpables de peculado por el desvío de 4.5 millones de fondos federales destinados para la rehabilitación del Archivo Histórico de la ciudad.

Además del pago de una multa de 14 mil 608 pesos, y sobre todo la reparación del daño por 4.5 millones de pesos que fueron utilizados para el pago de nómina ambos fueron recibieron amonestación para que no cometan otro delito, y una inhabilitación de 10 años para el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar.

En agosto del 2019, Border Hub publicó una investigación hecha por la periodista Lorena Lamas, titulada “Hirata Chico, de profesor a político llevado a la justicia”  revelaron el estado de las denuncias contra del ex alcalde y su tesorero.

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Uno de los hallazgos más importantes del reportaje fue que tres de las denuncias penales interpuestas ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por la entonces Sindicatura Municipal, a cargo de Karina Castrejón Bañuelos, se encontraban cerradas con el estatus de “no ejercicio a la acción penal”.

Medios locales publicaron que en cinco días estará lista la sentencia por escrito y causará ejecutoria una vez que quede firme, hasta en tanto ambos ex funcionarios inculpados estarán en libertad, mientras la defensa advirtió que apelará la decisión del juez.

Malgastó gobierno de BC más de 90 mdp en lavamanos portátiles en pandemia por covid-19

Hace 3 años
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 - Colaboración.

El gobierno de Baja California malgastó más de 90 millones de pesos en la compra de lavamanos portátiles contra covid-19, pues tras el esperado retorno presencial a clases, los equipos lucen arrumbados, con fugas de agua o no fueron entregados en su totalidad a los planteles escolares.

Los enseres aparecen como un logro durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, según se desprende de un informe de la Secretaría de Hacienda de la entidad, donde se afirma la supuesta instalación al 100 % en las escuelas de la región.

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Sin embargo, contradicen la versión oficial una revisión a las cláusulas de los contratos y reportes oficiales --obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) --, así como las observaciones realizadas en ocho centros escolares y los testimoniales del magisterio.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California (CNTE BC) calcula que hasta un 45 %, de las 3 mil 806 escuelas de la entidad, podrían no haber recibido o instalado en forma adecuada los equipos, además de que existe un listado de una compañía que, al parecer, no entregó más del 54 % de las unidades en el municipio de Ensenada.

El dinero fue para seis proveedores de la región, cuyos representantes se comprometieron a suministrar, instalar o habilitar -dependiendo del contrato-, más de 6 mil lavamanos dirigidos a escuelas de educación básica y los correspondientes al Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).

De las compañías seleccionadas bajo adjudicación directa, tres no están en los domicilios indicados en los contratos firmados durante 2020 y 2021.

En su lugar hay locales abandonados, en renta o venta, e incluso uno está ubicado en una zona de tolerancia en Tijuana, donde un vecino aseguró que en 45 años nunca ha habido una empresa, salvo viviendas populares.

La dirección de otro proveedor fue bloqueada por el gobierno, bajo el argumento de que era un “dato identificativo”.

De las dos restantes, tan sólo una cuenta con una lona al frente de su predio, mientras que la otra mantiene un bajo perfil -sin letrero o mención en el directorio empresarial-, entre los demás despachos que conforman el primer piso de una torre de condominios, en el centro de Tijuana.

La investigación llamó la atención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), cuyo Comité de Transparencia decidió reservar por 5 años toda la información relacionada con la compra de dichos lavamanos portátiles.

Esto, bajo el argumento legal de haber iniciado un procedimiento administrativo con la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios públicos relacionados con el caso, según respondieron a solicitudes hechas mediante la PNT.

Incluso fue informada la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, cuyo personal tampoco transparentó la cantidad de funcionarios involucrados, bajo la justificación de que su investigación es “exclusivamente por probables irregularidades de la información contenida en el acta de entrega-recepción”.

Esta dependencia también reservó por cinco años la información, según respuestas de su Comité de Transparencia, para un total de 144 expedientes de investigación relacionados con los lavamanos portátiles.

A pesar de este panorama, el gasto se ha extendido al periodo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues los lavamanos para los Cobach ya presumen el lema de la actual administración: “Con el Corazón por Delante”.

La investigación fue elaborada durante el ciclo escolar 2021-2022 y parte del 2022-2023, con recorridos por las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, así como el respaldo de más de 20 documentos oficiales obtenidos a través de la PNT, una decena de entrevistas, un archivo de por lo menos 60 fotografías y video documental.

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Linea de Tiempo, personajes y sucesos.
Línea de tiempo. Personajes y sucesos.
Foto:Crédito: Claudia Durazo.

Lavamanos sin instalar en la escuela más vandalizada de Ensenada

A falta de techo, la vista se detiene en el cielo azul. La mirada baja por los muros cuarteados, hasta posarse en los libros que deberían estar en las manos de algún alumno, en lugar de lucir destrozados en el piso.

El sol ilumina los muebles rotos de la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, espacio inaugurado el 29 de octubre de 2015, según reza una placa manchada de cemento.

Estamos en la escuela más vandalizada del municipio de Ensenada, el plantel “Felipe Carrillo Puerto”, donde los delincuentes se entretuvieron durante el último receso escolar en destruir tres techos, romper ventanas, hacer pintas en muros y lanzar las sillas a un barranco.

A un lado de este desastre, están dos lavamanos portátiles contra el covid-19, emplayados, nuevos.

Por fuera, los trabajadores están en receso, tras colocar un par de techumbres y reposar el lonche. “Se metieron por un boquete”, según indican sobre un salón al que los malandros destruyeron los vidrios.

Llama la atención que los ladrones no hayan tocado los lavamanos portátiles, los muebles lucen firmes, ajenos a la destrucción del lugar, sin siquiera haber sido conectados a una manguera.

La atmósfera general indica que la escuela, en este momento, tiene prioridades mayores que los armatostes de 12 mil a 13 mil pesos, por unidad, abandonados en lo que queda del sitio de estudio.

Lavamanos empaquetado.
Un par de lavamanos portátiles en la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, en el municipio de Ensenada. El empaquetado delata que nunca han sido instalados.
Foto:Crédito: Isaac Rosas.

Un “logro” de 93 millones de pesos que nunca se vio reflejado

El gobierno aseguró que más de 93 millones de pesos fueron invertidos para instalar 6 mil 240 lavamanos portátiles en las escuelas de la entidad, según aparece en una Evaluación del Desempeño de la Gestión Estatal, fechada al 2021.

Conforme a la página 13, aparece como un logro el Programa de lavamanos para la higiene y salud en escuelas, dentro de la estrategia para el regreso seguro a clases.

En el documento se afirma: “100 % de las escuelas de educación básica, beneficiadas. 93 millones 361 mil pesos invertidos en el programa. 6 (mil) 240 lavamanos instalados”.

Incluso, tras citar la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, aceptan la falta de medidas para este escenario: “Esta situación extraordinaria tomó a todos por sorpresa, ya que la educación en México en general y en Baja California, no estaba preparada para acatar las medidas de cuarentena y sana distancia”.

Durante el periodo Bonillista, Catalino Zavala Márquez era secretario de Educación, y siguió una trayectoria como coordinador general de campaña y del equipo de transición, hasta acomodarse en la Secretaría General de Gobierno de la actual mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ambos, en sus discursos públicos con motivo del regreso presencial a clases desde el pasado 28 de febrero, no han mencionado ni alentado a usar dicho equipo sanitario, según ha sido constatado en las distintas transmisiones en vivo realizadas mediante redes sociales.

Embodegan lavamanos en los baños de los niños

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Ante el vandalismo de la zona, en el preescolar “El Niño Artillero”, ubicado en Ensenada, los lavamanos portátiles están embodegados dentro del cuarto más seguro de todo el plantel: los sanitarios infantiles.

Al abrirse una pesada puerta de metal, en una construcción sin ventanas, lo primero que llama la atención son los equipos esquinados. Además, les amarraron la techumbre para evitar algún accidente a los pequeños usuarios.

En la tarja que no ha conocido el agua, las jaboneras están amontonadas, y las llaves aún tienen las etiquetas. Sin embargo, apenas se puede pasar, pues los armatostes nuevos, emplayados y relucientes, le restan espacio al interior del inmueble.

La escuela está anclada en el fraccionamiento Puerto Azul, al noreste del puerto, sobre un declive y a un costado de una profunda zanja en la que solía haber una tubería.

Las risas infantiles contrastan con las detonaciones que se escuchan de tiempo en tiempo, al haber en las cercanías campos de tiro reglamentarios.

Esta comunidad escolar tardó en regresar al modo presencial porque carecía del servicio de agua, los salones tenían los vidrios rotos y habían sufrido robo.

Una maestra -quien reserva su identidad- intenta recordar la fecha en la que les llevaron los lavamanos portátiles contra el Covid-19. No había nadie en el plantel, por lo que ella acudió a recibirlos.

“Me los querían instalar en la parte de enfrente. Le comenté (a uno de los trabajadores) que teníamos vandalizada la escuela, que nos estaban robando mucho. Me dijo ‘Ok, profe. ¿Va a tomar la decisión que no los instalemos?’ le dije: ‘Sí, mejor los voy a resguardar porque todavía no estábamos en clases presenciales”, comenta entre el griterío.

Los hombres dejaron los equipos, la tubería, y listo: fue lo único. Después, vendrían otros empleados a instalarlos, pero no fue posible porque el lugar carecía de agua. Además, le explicaron que solamente podían dejar una cantidad aproximada de tubo, para las conexiones, y sugirieron que el agua fuera desechada en los jardines.

En su testimonial, la docente no recuerda que le hayan dicho que los conectarían al drenaje. Desde aquella visita, no ha vuelto a saber del tema.

Opacidad en el gasto: información incompleta

Para confirmar el gasto superior a los 93 millones de pesos, y ante quejas populares de que los lavamanos portátiles en realidad estaban arrumbados en las escuelas, Border Hub solicitó mediante Transparencia, copia de los contratos realizados entre el gobierno bajacaliforniano y los proveedores, así como la distribución de los muebles a nivel estatal.

Sin embargo, la información resultó incompleta al no coincidir con la cifra oficial del gasto.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación -mediante el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP)- únicamente proporcionó 6 contratos con 5 proveedores.

La suma es de 78 millones 599 mil 956.26 pesos para “suministro e instalación” o “servicio de instalación en sitio”, para 6 mil 240 lavamanos portátiles -con un diseño específico- en jardines de niños, primarias y secundarias.

Para estos niveles, también fue contratada una compañía que únicamente se encargaría de habilitar las instalaciones, mediante “demoliciones”, “excavaciones”, “conexiones” y otras tareas, por la cantidad de 11 millones 228 mil 355.09 pesos.

Con todo, el total sería apenas de 89 millones 828 mil 311.1 pesos.

También fue identificado otro modelo enviado a los planteles Cobach, por lo que, tras solicitudes de transparencia a esta institución, resultó que tenían su propio contrato con un empresario, quien se comprometió a elaborar un prototipo específico y entregar 30 equipos por 894 mil 360 pesos.

En forma conjunta con el nivel de bachillerato, suman 90 millones 722 mil 671.35 pesos, cifra aún alejada de los datos oficiales.

Otro punto es que, en la distribución entregada por el ISEP, aparece que una de las compañías tendría un segundo contrato por mil lavamanos, pero no fue compartido en los documentos entregados vía transparencia.

Destaca que los proveedores fueron seleccionados mediante adjudicación directa, es decir, sin la existencia de un procedimiento de competencia.

Estos son: Proveeduría Integral de la Península, S. de R.L. de C.V.; MAXRO Construcciones, S. de R.L. de C.V.; e Intelligent Trade de Baja California, S.A. de C.V.

Le siguen Construcción Ecológica y Medio Ambiente, S.A. de C.V.; GRD Ingeniería, S. de R.L. de C.V.; y Ricardo Guzmán Gómez, este último para nivel preparatoria.

Los contratos para nivel básico fueron firmados el 14 de diciembre de 2020 y el 8 marzo de 2021, luego de que la pandemia por el covid-19 obligó a alrededor de 1 millón de alumnos, así como personal docente de la región, a replegarse en sus casas y adaptarse a las caóticas condiciones de enseñanza a distancia.

Sólo en el caso de los Cobach, el documento trae fecha del 23 de marzo de 2022, según las copias consultadas.

En el contexto, el criterio del Semáforo Epidemiológico del Sector Salud y la falta de vacunas contra el covid-19, retrasarían el retorno a clases hasta el lunes 28 de febrero de 2022.

De esta forma, al volver a las aulas de educación básica, la comunidad escolar se encontró con lavamanos portátiles prácticamente caducados, pues en algunos documentos aparece que la garantía otorgada era de un año.

Mapa de la supuesta distribución estatal de lavamanos portátiles contra el Covid-19.

“¿Qué hacemos con ellos?”, cuestiona el magisterio

De los 6 mil 240 lavamanos portátiles para jardines de niños, primarias y secundarias de la región, un total de mil 194 correspondieron al municipio de Ensenada.

En pláticas informales, al menos 14 docentes consultados se quejaron de falta de aviso sobre la llegada del equipo, salvo comentarios en reuniones de trabajo, además de que al recibirlos les aseguraron que la Secretaría de Educación de Baja California se encargaría de la instalación y conexión a las redes de agua.

Un maestro comentó, bajo petición de no revelar sus datos personales, que incluso la directiva de algunos planteles absorbió parte de los gastos y usó mangueras para conectar los lavamanos, mismos que están valuados en 12 mil 931 pesos, o 13 mil 888 pesos, dependiendo del contrato.

Como muestra, de cinco escuelas indagadas en la zona centro porteña, solamente una está conectada al drenaje.

En las demás, las unidades están enchufadas a mangueras y tiran el agua en jardines; otras lucen descuidadas, acumulan polvo dentro de bodegas, estorban en los pasillos o generan charcos bajo los equipos.

Cuando se les pregunta a los profesores sobre este tema, los comentarios más comunes son: “No sabemos quiénes los hicieron (las empresas), nada más nos los entregaron”, “No sabemos qué hacer con ellos, no tenemos dinero para instalarlos”, “Están caducadísimos” o, el más tajante: “Fue un gasto inútil”.

Lavamanos para lugares donde no hay agua

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Además de estas fallas, señalaron que tampoco se tomó en cuenta la infraestructura escolar, pues hay lugares que con frecuencia carecen de agua.

La localidad fronteriza de Ensenada tiene actualmente severos problemas de abasto: al menos 86 centros educativos reportaron falta de suministro, y 7 llegaron al extremo de cancelar clases durante el pasado ciclo escolar 2021-2022.

Para determinar cuántas escuelas de la localidad tenían acceso al suministro, fueron comparadas las cifras oficiales de la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), este último encargado de cobrar el consumo de agua.

Al contestar la petición, la primera refirió 585 planteles en el municipio, mientras que la segunda reportó 379.

Esta discrepancia entre ambas dependencias refleja un grupo de 206 comunidades escolares, de las que no está claro si tienen acceso al líquido vital.

Además, personal de la paraestatal contestó en dicha petición que, hasta el último corte en abril de 2022, las escuelas públicas de nivel básico de Ensenada les debían 1 millón 424 mil 793 pesos.

De lavamanos a… lavaplatos

En la escuela Misiones de Baja California, los lavamanos portátiles, supuestamente diseñados para combatir el Covid-19, ahora también sirven para enjuagar platos.

A esta comunidad escolar con alrededor de 200 alumnos, seis maestros, un director y un intendente, les llevaron tres equipos, mismos que quedaron puestos en la entrada.

En parte, la mujer -quien se reservó su identidad- justifica el equipo, pues al plantel acuden menores del fraccionamiento Puerto Azul, conocido por sus deficiencias en el servicio del agua, donde incluso algunos pequeños no tenían la costumbre de lavarse las manos.

El alumnado usa estos muebles sanitarios antes de pasar al comedor, pues es una escuela de tiempo completo.

“Limpian su plato y aquí vienen y lo enjuagan. También sirve para eso. De los (baños) fijos, uno no sirve; de los otros dos sale un chorrito de agua”, explicó.

Otro problema con los equipos es que están mal instalados: al abrir las llaves son notorias las fugas. En otros, la presión es tan fuerte que el chorro salpica en casi todos se aprecian charcos debajo de las estructuras, mismas que comienzan a corroerse.

La trabajadora comparte que tiene formación en plomería, por lo que considera que las unidades -llevadas unas dos semanas antes del regreso presencial- estarían mejor aprovechadas en diferentes puntos, pero al igual que en la escuela “El Niño Artillero”, el muchacho que acudió a instalarlos justificó que solamente traía 10 metros de tubería.

“Por lo tanto, ni siquiera se podía conectar al drenaje. Me dijo que tampoco tenía permitido romper banqueta ni algún lugar para poder conectar el tubo, por eso que está por fuera”, indicó, al tiempo de mostrar que tapó con cinta la línea expuesta, para evitar que se cayera alguien en la entrada.

Para la entrevistada, existen mejores opciones para este plantel que en ocasiones no cuenta con agua tres días a la semana y cuya directiva solicita pipa para llenar los tinacos, ante la falta de cisterna.

La solución sería el reúso del líquido, prosigue, pues podría emplearse para los sanitarios y jardines.

Manufactura “hechiza” para una realidad que rebasó al gobierno estatal

Los lavamos están construidos con acero inoxidable, tienen cuatro estaciones con llaves de plástico, patas de PTR de acero, así como lonas y hojas de coroplast en las que exhiben con grandes letras los logotipos institucionales de la Secretaría de Educación de Baja California.

El diseño incluyó jaboneras y una tarja, que a estas fechas lucen llenas de polvo o como depósitos de hojas secas que caen desde los árboles de los planteles escolares.

También cuentan con un techado, mismo que ha ocasionado quejas entre el profesorado, pues algunos refieren que no está claro cómo acomodarlo, mientras que otros aseguraron que los tumba el viento, lo que representa un riesgo.

Llama la atención que los responsables tuvieron de 17 a 85 días, dependiendo de los plazos establecidos en los contratos, para el armado de las unidades.

El vendedor de una ferretería, quien consideró que para hacerlos se necesitó por lo menos de un herrero y un plomero, pues no existe una empresa que se dedique exclusivamente a ellos.

“Son modelos ‘hechizos’. No se conoce como tal que alguien los haga prefabricados”, comentó la arquitecta Cynthia Castillo Bejarano, socia del taller de arquitectura Architectums -fundado en 2003 y uno de los más reconocidos de Ensenada- al compartirle también dicho diseño.

Además, la experta consultada refirió que, a la fecha, se han encarecido productos derivados del acero hasta en un 60 %, por lo que no sería conveniente volver a elaborarlos en caso de daño o pérdida.

Desglose de gastos, gráfico.
Desglose de los contratos con empresas, así como la diferencia de costos por unidad en los lavamanos portátiles
Crédito: Claudia Durazo

Un lavamanos para casi 2 mil alumnos

A simple vista, los primeros lavamanos portátiles destinados a los Colegios de Bachilleres de Baja California (Cobach) tienen un diseño que recuerda a un carrito de frituras: patas con llantas y espacio en la parte superior para colocar dos garrafas.

Lo anterior fue constatado durante una visita el pasado 24 de marzo al Plantel Ensenada, donde las autoridades estatales enviaron una sola unidad para una comunidad escolar de mil 980 alumnos, según el contrato revisado.

Algunas hojas secas han caído en las jaboneras y la tarja luce oxidada. En su alegría o indiferencia, los jóvenes pasan al lado de la unidad, que estorba lo menos posible en un área abierta, rumbo a los sanitarios tradicionales.

Si el equipo contara con agua, se tendría que activar el mecanismo mediante un pedal; de ahí, el agua utilizada caería en un par de cubetas, mismas en ese momento tenían insectos y tierra.

Un trabajador explica uno de los grandes inconvenientes de este modelo: tendrían que revisar y llenar todos los días las garrafas, además de que el gasto correría por cuenta de la directiva.

La historia varía un poco en el Plantel “Profesor Arturo Vázquez Rivera”, ubicado en la colonia Los Encinos, pues el armatoste tiene rota la techumbre y las láminas guindas alusivas al partido político en el poder.

Fue colocado cerca de una cancha de baloncesto y, durante el tiempo de una visita al plantel el pasado 2 de septiembre, ningún estudiante de los 700 que componen esta comunidad escolar se acercó a utilizarlo.

Aunque la tarja ya luce oxidada, el director Manuel Gasca Santana considera que sí son funcionales.

“El material se está oxidando, por la naturaleza del mismo, pero hay que darle su mantenimiento. Es lijarlo, pintarlo y todavía está en etapa funcional. No está podrido ni poroso”, dijo.

En contraste con esta unidad que va cayendo en desuso, en los pasillos del plantel ya cuentan con un nuevo modelo de lavamanos portátiles, pero que ahora ostentan lonas blancas con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Luce emplayado y han ido colocando basura en su interior, según se aprecia cuando llegamos al lugar donde fue puesto, para que no estorbe dentro de la escuela. El alumnado pasa indiferente al lado del mueble sanitario por el que aún no ha circulado el agua.

Gasca Santana calcula que quizá lo entregaron hace tres meses, para ser usado en este nuevo ciclo escolar. Sin embargo, prevé que será utilizado hasta que el otro ya no tenga vida útil, aunque le gustaría cambiarle el mecanismo para que las llaves se cierren en forma automática.

“La verdad es que en este momento no urge, el otro está haciendo su función, además de que tenemos los sanitarios. Hay un módulo en cada piso donde los muchachos tienen jabón y agua, y se pueden lavar las manos de forma constante, cuando lo requieran”, puntualizó.

Lavamanos cobach.
Imagen del modelo enviado al Cobach Plantel Ensenada. Los detalles de este diseño no fueron transparentados por el gobierno estatal.
Foto:Benjamín Pacheco.

Advirtió CNTE BC que no habían sido entregados

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Días antes del regreso presencial a clases planeado para el 28 de febrero de 2022, Marco Antonio Pacheco Peña, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, declaró a la prensa estatal que no había garantía de que las escuelas contaran con la infraestructura y el material de limpieza ante la pandemia.

Posteriormente, ya por cerrar el ciclo escolar 2021-2022, reiteró su postura en una entrevista concedida que continuaban sin ver el apoyo de los sectores de salud y educativo para contener, en la parte de higiene, los contagios por Covid-19, pues hubo docentes que tuvieron que proveer sus insumos.

Esto, mediante asociaciones civiles locales y de Estados Unidos, mismas que realizaron donativos.

Pacheco Peña remarcó que no contaron con ayuda del sector educativo, además de que tampoco fueron efectivos los lavamanos “tan cacaraqueados” en la administración de Jaime Bonilla.

“El ingeniero Bonilla no sé cómo los concesionó… se comprobó que es un cochinero de material que llevaron a las escuelas y no los instalaron en más del 45 % de los planteles educativos. Porque nada más querían hacer una instalación superficial, tirando el agua donde fuera, sin drenarlo ni nada. Sí, fue algo feo”, acusó.

El líder sindical consideró que, debido al diseño, los equipos parecen más “mamparas” o “cosa para vender algún tipo de fritura”, que un equipo de higiene en forma.

Recordó la crisis de agua en Ensenada y en Tijuana, donde en esta última ciudad tuvieron conocimiento de que “más del 35 % de las escuelas” en algún momento suspendieron labores debido a la falta de dicho líquido, además de que la red de agua potable del Estado es “arcaica”, incluyendo la zona costa donde está ubicado el municipio porteño.

Sobre el programa de lavamanos portátiles, Pacheco Peña aseguró que tampoco los informaron, pues únicamente los mandaron con la intención “de que algún día los iban a instalar”.

“Y después llegó otra gente que los iba a instalar, pero nada más los pusieron superficialmente. Y que el agua se regara por donde mejor le fuera porque no les alcanzaron a instalar el drenaje. La tubería (es) superficial, se rompían tubos en algunos casos”, describió.

El líder de la CNTE de BC subrayó que no tiene caso solicitar que sean bien puestos estos equipos.

“Sobre la situación de los lavamanos los directores ni nos quejamos porque no sirven para nada. Son obsoletos, son inoperantes, están mal fabricados. No están adecuados. Inclusive no propician la sana distancia: están amontonados. No son operativos por eso los directores ni los hemos peleado. Ahí están echados a perder en las escuelas: están amontonados, almacenados”, aseguró.

Ensamblan lavamanos a escondidas en Ensenada

El medio local (El Vigía) documentó el 18 de noviembre del 2021 una situación inusual: decenas de lavamanos estaban siendo ensamblados dentro de una obra en construcción, en un predio particular del puerto de Ensenada.

Esto fue mediante denuncias anónimas enviadas al diario, mientras que en el sitio los trabajadores declararon -con reserva de su identidad- que estaban “terminándose de ensamblar para ser llevados a los centros educativos”.

Y que ellos “trasladan el equipo” porque “los planteles de la ciudad ya están cubiertos”, pero faltaban los de la zona sur, pues en ese entonces permanecían cerrados los planteles.

Al publicarse esta noticia, una usuaria identificada como Luisa Alejandra Brand Carballo señaló la deficiencia de estos muebles en los foros públicos de las redes sociales del medio que en su opinión no fueron diseñados para los niños que los usarían.

“Por eso termina este tipo de mobiliario abandonado o sin usarse. Mandaron a hacer todo del mismo tamaño y altura. En los jardines de preescolar y en las primarias, hay niños pequeños que no alcanzarían a lavarse. También ¿dónde dejan a los niños con alguna discapacidad, los que tienen algún problema motor? Si necesitan utilizar estos, simplemente no podrán”, según comentó.

De acuerdo a los documentos revisados para este trabajo, la Secretaría de Educación no contrató alguna compañía de Ensenada o refirió que el municipio sería sitio para estas labores.

El 2 de septiembre de 2022, lavamanos continuaban en el sitio: había 12, empolvados, sobre un remolque.

Dado que el precio unitario por cada lavamanos es de 13 mil 888.88, o 12 mil 931.03 pesos -dependiendo del contrato-, esto significaba por lo menos 166 mil o 155 mil pesos en equipo que debería estar en las escuelas.

Una persona a cargo del lugar comentó que “ahí los construían” y que “movieron cientos de ahí”, pero no precisó al responsable, mismo que al parecer rentaba el lugar para estas labores.

Se le dejó una tarjeta, para hacerla llegar al supuesto proveedor con intención de realizar una entrevista, pero a la fecha de publicación del reportaje, no comunicó.

Lavamanos nuevos en predio, gráfico.
En este predio fueron detectados lavamanos que deberían estar en las escuelas públicas.
Foto:Isaac Rosas.

Empresa no entrega más del 54 % de lavamanos en Ensenada: concentrado oficial

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Según un concentrado oficial entregado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), una compañía no entregó más del 54 % de lavamanos portátiles para el municipio de Ensenada.

Para tener certeza de si habían sido elaborados e instalados dichos equipos, fue solicitado al ISEP -vía Transparencia- un listado con la distribución para el municipio de Ensenada.

El gobierno entregó un concentrado relativo a los proveedores y los 6 mil 240 lavamanos portátiles, en el que mil 194 corresponden al municipio de Ensenada y sus delegaciones.

Datos de la Dirección y Subdirección de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, en un archivo Excel de 4 hojas, con fecha del 28 de marzo del 2022, aparece que Proinpe, MAXRO Construcciones, y Construcción Ecológica y Medio Ambiente, tenían el compromiso con la comunidad escolar.

Lo anterior, de acuerdo al programa “Preparación y Habilitado de instalaciones sanitarias e hidráulicas para lavamanos”, pues para las dos primeras eran 176 y 234 equipos, respectivamente, mientras que para la última la cifra alcanzaba los 784 muebles sanitarios.

En el documento digital entregado por el gobierno, los 784 muebles estaban desglosados por nombre de la escuela, turno, domicilio, colonia, nivel, código postal, y dos columnas para “cantidad” y “entregados”.

La última fue rellenada con las palabras “SÍ” o “NO”, donde tras un análisis y conteo, resultó que 428 lavamanos no fueron entregados, equivalentes al 54.59 % del total por parte de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.

Las autoridades no aclararon en este concentrado la razón del faltante, o si había sido sancionada la empresa; en contraste, con MAXRO y Proinpe no especificaron tampoco si habían concretado, o no, las entregas correspondientes.

Se buscan empresas: Tijuana y Mexicali

En Tijuana comienza la patria y también es sitio donde cuatro proveedores indicaron la dirección en sus contratos para elaborar los lavamanos portátiles contra el covid-19.

Durante la investigación, el 6 de septiembre se procedió a comprobar si los proveedores contratados para construir y trasladar los lavamanos portátiles mantenían la misma dirección -luego de casi dos años de la firma-.

Proveeduría Integral de la Península (Proinpe) es la única con una lona colgada en su portón y cuyo domicilio coincide con el de su contrato. Personal del lugar aseguró que “no estaba quien pudiera dar la información”, que tampoco “había un número para llamarlo” ni “certeza de cuando estaba”.

Un empleado de mayor rango comentó en plática a nivel calle que “no habían mandado (lavamanos) para Ensenada”, pero que cuando llegara la persona con conocimiento del caso, se comunicarían. A la fecha no se ha tenido noticias de esta empresa.

Lavamanos nuevos en predio, gráfico.
Proinpe es el único proveedor con una lona al frente de su negocio.
Foto:Isaac Rosas.

El edificio donde debería estar GRD Ingeniería, en la avenida Rápida Poniente 4020, interior A, luce cerrado. Por el interfon nadie responde, un vecino desconoce si estuvieron ahí, y tampoco hay algún letrero o lona alusiva.

GRD Ingeniería es la única que aparece en el portal de proveedores del Gobierno del Estado de Baja California, donde arroja una dirección diferente a la indicada en el contrato: avenida Panamericana 9814, colonia Panamericana, C.P. 22647, en la ciudad de Tijuana.

Al parecer cuenta con otra dirección, pero no respondieron vía telefónica la solicitud de entrevista.

MAXRO Construcciones indicó como domicilio para recibir notificaciones el “edificio cinco”, interior 103, de la calle Germán Gedovius, en la zona urbana Río Tijuana. Es un lugar con 10 edificaciones y todas tienen nombre, además de que nadie los reconoce por algún tipo de número, lo que dificulta la ubicación.

En la calle posterior, en la Alfredo Ramos, están las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde un trabajador aseguró que MAXRO Construcciones “no era socio” y que tampoco los conocían.

En la calle Coahuila, conocida por ser una de las principales zonas de tolerancia de Tijuana, además de estar cerca del conocido arco distintivo de la ciudad, aparece la dirección de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.

El número 1606-5 en realidad corresponde a un lote con ocho casas y ahí nunca ha estado una compañía, como asegura J. Reyes Hernández Pérez, contador de profesión y residente que tiene décadas viviendo en el lugar.

En el caso de Intelligent Trade de Baja California indicó en su contrato el domicilio Andador Cholula 1090, planta 1, C.P. 21000, en el Centro Cívico del municipio de Mexicali.

Fue constatado el 12 de septiembre que este domicilio de la ciudad cachanilla, lleva a un edificio de dos pisos en el que están colocados seis letreros de “Se Vende”.

Tras los cristales se aprecia que el lugar también es utilizado como bodega, aunque bastante descuidada, pues son notorias las cajas amontonadas y los papeles revueltos, al grado que estorban el acceso principal.

Y en el caso de Ricardo Guzmán Gómez, con lavamanos para el Cobach, en su contrato fueron bloqueados con recuadros negros el RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma, bajo el argumento legal de ser “datos identificativos”.

En una revisión más a fondo, aparece como proveedor del Ayuntamiento de Mexicali, con una dirección y número telefónico.

En comunicación telefponica el 19 de septiembre, contestó un hombre, quien confirmó que sí era un número para comunicarse con este proveedor, pero que estaba conduciendo en ese momento. Aseguró que él pasaría el recado, pero a la fecha no se ha comunicado con el diario.

Ricardo Guzmán Gómez aparece como proveedor en Mexicali. Se le buscó vía telefónica, pero tampoco ha respondido la solicitud de entrevista.

Clasificaron información como reservada durante 5 años

Debido a las quejas y lo constatado en las revisiones de campo, así como los documentos obtenidos, Border Hub realizó una solicitud de transparencia para que la Secretaría de Educación brindara todas las pruebas (fotografías, videos o actas de entrega-recepción) de que los lavamanos habían sido entregados e instalados.

En respuesta, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y del ISEP indicó el 27 de mayo pasado que “existe una investigación administrativa” y que “esta autoridad se encuentra impedida física y materialmente para remitir los documentos referentes a las investigaciones”.

Lo anterior porque “está obligada a guardar el sigilo procesal” y que los expedientes de investigación y procedimiento de responsabilidad “no se divulguen hasta en tanto no se resuelvan en definitiva”.

Por lo que “se solicitó la clasificación como información reservada” al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y del ISEP “por el periodo de 5 años”, para evitar que se “obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”.

Ante la reserva, se solicitó una entrevista formal con Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno; Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación; y Juan Eugenio Carpio Ascencio, director general del Cobach BC.

Fue mediante tres cartas, vía los canales oficiales del gobierno estatal y confirmada de recibido por parte de funcionarios. A la fecha no han respondido los mensajes de WhatsApp o los correos de solicitud enviados.

Reserva de información refleja que investigan a funcionarios: abogado

El gobierno de BC reservó por cinco años la información relacionada con los lavamanos portátiles.

Consultado en torno a las implicaciones de que la información haya sido reservada, el abogado Ricardo Paul Green Padilla explicó que este procedimiento refleja que sí hay una investigación contra funcionarios del gobierno estatal.

El también miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Ensenada, institución con más de 60 años de trayectoria en el puerto, analizó que esto responde a un supuesto dentro de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, aunque de momento sería de carácter administrativo.

Esto, contra los funcionarios públicos que participaron dentro del otorgamiento de las licitaciones o los contratos, a reserva de la cantidad de años que haya sido clasificada la información; en este caso sería por la adquisición de lavamanos portátiles para escuelas públicas.

Comentó que posiblemente el Órgano de Control Interno del ISEP advierte que “existen ciertas discrepancias o inconsistencias”, y de ahí que incluso lo haya hecho saber a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

“¿Cuáles van a ser las consecuencias a priori en el sentido administrativo? Puede ser, dependiendo de la falta que ellos adviertan, grave o muy grave. Puede ir desde una amonestación hasta una inhabilitación por varios años. Puede ser hasta 10 años, dependiendo de lo que marca la ley”, dijo.

Además de las consecuencias administrativas que pudiera haber, prosiguió el abogado, se podría pasar a una sanción penal, que en este caso habría que ver cuál es el delito o la clasificación jurídica que le diera en este caso el órgano investigador.

En cuanto a los representantes legales de las empresas que firmaron los contratos, Green Padilla consideró que podrían ser llamados durante el proceso administrativo, aunque queda claro que no se les puede aplicar sanción al no ser funcionarios públicos.

Se les podría llamar como testigos, pero en caso de materia penal, aclaró, podrían ser imputados, o al menos investigados como posibles responsables o copartícipes de la conducta que se está investigando.

El experto ejemplificó que sería en el caso de que hubieran acordado las partes “inflar los precios”, y repartirse el dinero tras “armar” una situación de ese tipo, donde ya tendrían una responsabilidad en el caso.

“¿Cuáles son las consecuencias? A diferencia de los servidores públicos, las consecuencias penales serían poco menos gravosas, porque estamos hablando de un fraude, sin embargo, sí tendríamos la responsabilidad o la obligación de pagar también la reparación del daño por el agravio al erario. Siempre y cuando se les finque alguna responsabilidad, eso es muy importante referirlo”, abundó.

“Con el Corazón por Delante”

Lavamanos cobach.
Los lavamanos portátiles ahora lucen el lema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como se aprecia en este modelo ubicado en el Cobach Plantel Ensenada.
Foto:Benjamín Pacheco

Para el 14 de julio, había un nuevo inquilino en el Cobach Plantel Ensenada: un reluciente lavamanos blanco, adornado con pulcras lonas en lugar de frágiles láminas de coroplast, con el lema “Con el Corazón por Delante”, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La unidad había sido colocada en el sitio estelar: a la entrada, junto al monumento conmemorativo a la fundación del plantel, el 17 de noviembre de 1958, y pegada una jardinera, para discretamente echar el agua utilizada en las plantas.

De cerca, se puede apreciar que únicamente cambiaron el modelo anterior por los utilizados en el nivel básico, pues se nota desgastada la tarja y las demás piezas, a pesar de la novedad de las lonas.

En plática informal, un docente reconoció que les había llegado en forma reciente y que aún esperaban más, según expresó con un semblante de desconcierto.

Por lo pronto el lavamanos fue colocado en dicho lugar, a la espera de ser usada por la comunidad y visitantes.

Sin embargo, para el 22 de agosto, la unidad ya había sido relegada, debido a una serie de labores de remodelación en la fachada.

Frente a la dirección del plantel, el lavamanos luce empolvado, manchado de cemento y con agua de lluvia acumulada en su techumbre.

Y lo inevitable: sin utilizar por el estudiantado.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Lorena Lamas: la mentoría, valor agregado para el periodismo de investigación

Colaboración
Hace 3 años
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Lorena Lamas, presidente de México
La periodista Ensenadense Lorena Lamas durante una de las visitas a Ensenada del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Fotografía: Edgar Lima

por Melva Frutos

Cada trabajo de investigación periodística publicado como parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) está respaldado con el conocimiento y la pasión de una editora que fue llevando al reportero de la mano, enseñándole cómo, con disciplina se pueden hacer reportajes de largo aliento.

Y sí, la periodista bajacaliforniana, Lorena Lamas lo confirma, detrás de muchos de los reportajes del Border Hub están sus consejos, las horas vividas con preocupaciones y dudas, también certezas y satisfacciones.

“Es un gran reto cada nuevo becario. Todos son muy diferentes y, no es broma, hay algunos compañeros reporteros que son muy emocionales; unos exigen demasiado y unos no exigen nada”, detalla la mentora del Border Hub.

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Lorena ha dado mentoría en 19 reportajes, 12 ya publicados y siete que están por salir a la luz. Son más de dos años haciendo esa tarea que, dice, le apasiona.

Le entusiasma el periodismo y le gusta compartir sus conocimientos, lo que provee la ecuación perfecta para ser una editora calificada en una labor tan minuciosa.

“A mí me encanta. Nunca he sido egoísta. A mí me encanta trabajar en equipo. “Si algo entiendo perfectamente es que me encanta traer siempre la primera plana. Ni modo, así nací.

Pero no he tenido ningún problema por compartir esa primera plana. Nunca he tenido ningún problema con compartir mis conocimientos. Me encanta”, afirma.

El acompañamiento de las mentoras del Border Hub

El Border Hub otorga becas para que periodistas mexicanos realicen investigaciones relacionadas con temas de corrupción.

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Las subvenciones vienen acompañadas de capacitaciones y un acompañamiento durante el proceso, el cual está basado en un método especial y comprobado, que siempre deriva en la publicación de un artículo investigativo verificado.

Lorena Lamas, presidente de México
Lorena Lamas durante tiene una trayectoria de más de 20 años como reportera en Baja California.
Fotografía: Edgar Lima

El acompañamiento lo da la organización, pero quien está directamente en comunicación y trabajo con el periodista becado es la mentora. El alto nivel de experiencia en la investigación de temas de corrupción ha hecho de Lorena Lamas una editora de cien.

Todas las investigaciones que ha acompañado han tenido un cumplimiento exitoso. “Hoy por hoy, no ha habido ni una historia que me hayan asignado que no se haya publicado. Nadie ha declinado”, comenta.

Una mentoría es un trabajo integral. Dice que se sienta sobre un banquito frente a la computadora que coloca sobre la mesa de la cocina, y así puede estar en todo a la vez.

Y lo hace. Tiene comunicación permanente con los becarios. Siempre está al tanto de su estado e inquietudes y les apoya en cada parte del proceso de investigación, desde que hacen la hipótesis hasta que la publican.

Su expertise viene de 20 años como periodista, ocho como corresponsal y editora del Semanario Zeta desde Ensenada, en donde se especializa en la cobertura de tema de corrupción e inseguridad.

Junto a sus compañeros de Semanario Zeta, Ángela Torres Lozano, Uriel Salcedo y Lourdes Loza Romero, recibió el premio Border Summit 2020 en la categoría de Interés Humano por el reportaje "En el desamparo".

Atando cabos

Como reportera ha cubierto de todo, incluso la fuente de negocios, cuando trabajó durante cinco años en el periódico El Vigía.

En esa fuente es donde se encuentra lo mejor y lo peor, asegura, se puede "nadar de a muertito", repitiendo el discurso oficial o se pueden "atar cabos" y encontrar información valiosa.

“O sea, vas más allá de lo que te dan tus fuentes y decir '¡oh my god!'".

“Y ahí es donde empieza todo. Aquí es donde nace un tema de corrupción”, explica.

La llegaron a señalar como "la enemiga de la iniciativa privada", recuerda. El mote de villana se lo ganó por pensar más de lo que les convenía a quienes ostentan el poder.

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Después de El Vigía se tomó una pausa de un año y medio para enfocarse en su familia y a su regreso se sumó por dos años a la corresponsalía de Milenio.

De ahí entró al Semanario Zeta, en donde además de tener la satisfacción de dar un amplio espacio al tema de Derechos Humanos, permanentemente revela información que obtiene a través de su exploración continua en las bases de datos de los sujetos obligados.

Narra que es muy curiosa y disfruta entrar a los datos abiertos, en donde consigue información que, en lo particular o en conjunto con un reportero que tiene a su cargo, usan para publicar reportajes de investigación.

Lorena Lamas, Periodista de Ensenada
Corresponsal y editora del Semanario Zeta desde Ensenada, se especializa en la cobertura de tema de corrupción e inseguridad.
Fotografía: Edgar Lima

"Trabajar con investigaciones especiales cada semana no es tarea sencilla, porque tenemos que traer los mejores temas", afirma, y es que su trabajo es permanente, ni siquiera en vacaciones descansan, "te vas a ir de vacaciones, me tienes que dejar un tema".

El secreto de Lorena Lamas para lograr cumplir con una periodicidad sin sacrificar la calidad, es indagar y ordenar la información con base en el comportamiento de su entorno político y social, para programar las salidas de los artículos.

"Entre diciembre y enero tengo dos semanas de vacaciones, en esas semanas yo hago solicitudes de transparencia, veo los temas que se vienen, sobre todo si hay cambio de gobierno, ya sé cuáles son los temas que no nos pueden faltar, más los que surgen por las quejas nos envían".

“Por lo menos, tres veces al año manejo temas relacionados con homicidios dolosos, entonces, ahí ya tengo tres temas y bueno, el cambio de gobierno, toda esa transición; ahí tenemos otro tema”, detalla.

Inclusive, va proyectando sus investigaciones conforme le van respondiendo a las solicitudes de información, "ahorita, por ejemplo, tengo una batería de solicitudes de Transparencia que voy a ir poco a poco investigando, manejando".

Lorena, tiene una Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, y su experiencia más cercana a un alumno fue cuando disfrutó dio clases de periodismo en la Universidad Autónoma de Baja California, sin embargo, nunca se imaginó ser mentora, no estaba en sus planes.

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"Lloramos juntos"

- Ahora lo practica al grado que comparte con ellos las preocupaciones y alegrías que se derivan del reto que es una investigación, “lloramos juntos”, dice.

Con el surgimiento de cada nueva generación de becarios, el trabajo se incrementa, pero lo disfruta. Lo dice y lo refleja la sonrisa en su rostro.

Lorena Lamas, Periodista de Ensenada
Lorena ha dado mentoría en 19 reportajes, 12 ya publicados para el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. 
Fotografía: Edgar Lima

La tarea inicia desde que hace el primer contacto con los becarios.

"Para conocerlos y saber qué tanto van a demandar de mí, porque hay algunos que ni siquiera están esperando una llamada mía y hay otros que hasta los domingos".

"Incluso hay otros que ya publicaron y me siguen buscando para hacerme consultas para cosas personales. Entonces, yo creo que es muy padre, como que se va creando también una amistad. Eso me gusta”, agrega.

La mentoría implica guiar a los alumnos en cada etapa del proceso, que se apoya en un método establecido por la organización.

Mediante reuniones programadas, que se van incrementando conforme avanza la investigación, la mentora instruye a los becarios sobre las mejores prácticas para llevar el proyecto a su conclusión.

Eso sí, aclara, hay reportajes más demandantes que otros, así como hay hipótesis más complejas y difíciles de comprobar que otras, pero siempre estar disponible para atender las dudas de sus alumnos ha significado que todas se concluyan.

“Yo siempre estoy. Tengo una característica y no sé, pero siempre soy muy ágil, me gusta responder pronto cuando se trata de trabajo. Me gusta ser una periodista muy responsable”, afirma.

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Es categórica en sus responsabilidades: cada semana atiende las solicitudes de sus editoras del Semanario Zeta y mantiene otra parte de su atención en las mentorías a los periodistas becarios, para que cada investigación salga a la luz cumpliendo los requerimientos que el periodismo de investigación exige.

Se publicó originalmente en el blog del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub).  La-mentoria-es-un-valor-agregado-para-el-periodismo-de-investigacion

Pide Iniciativa Sinaloa celeridad en investigación de denuncia del C5i en BC

Colaborador
Hace 4 años
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Marlene Leon Fontes, Iniciativa Sinaloa
Marlene León Fontes, directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa.
Foto:Cortesía.

El 10 de marzo de 2021, iniciativa Sinaloa interpuso una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por los hallazgos que se evidenciaron en un reportaje del Semanario ZETA de Tijuana, el 12 de febrero del 2021, en colaboración con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub).

El reportaje C5I: Simulación, opacidad y negocio expone los casos de Baja California, Guanajuato y Estado de México, revela irregularidades en la contratación de la empresa SeguriTech, que durante seis años obtuvo más de diez contratos millonarios con gobiernos estatales para la instalación y funcionamiento de Centros de Inteligencia y Video vigilancia (C5I).

Iniciativa Sinaloa hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de la Honestidad en Baja California así como al Sistema Estatal Anticorrupción para que atiendan la denuncia interpuesta por la agrupación relacionada con la investigación publicada.

El trabajo realizado señala que la crisis de inseguridad en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representó una oportunidad de negocios para la empresa privada para la instalación y funcionamiento de Centros de Inteligencia y Video vigilancia, los contrato se realizaron con falta de transparencia, incumplimiento a las Leyes de Adquisiciones, sobreprecios y resultados deficientes.

Los datos aportados por el reportaje dieron elementos suficientes para presentar la querella por desvío de recursos públicos y actuación en contra de la legislación vigente, en contra de quien resulte responsable.

Existe una denuncia administrativa ante la SFP que fue turnada a la Secretaría de la Honestidad donde, de acuerdo con el último reporte, se encuentra en la etapa de recepción, comentó Marlene León Fontes, directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa.

“Creemos que el reportaje tiene elementos claros que demuestra que hubo faltas administrativas en lo público y que incluso pudieran judicializarse”, sostuvo.

Desde Iniciativa Sinaloa, dijo Marlene, vemos como un retraso o una obstaculización al combate a la corrupción porque han pasado cinco meses desde que se presentó la denuncia y no ha pasado al siguiente estatus que es el análisis e investigación.

Reiteró su preocupación pues en este escenario son pocas las denuncias que se quedan en la etapa de recepción cuando hay tanto elementos probatorios sobre faltas administrativas.

Ante la inoperancia del Sistema Anticorrupción en Baja California para la directora no es pretexto el detener el tema de las denuncias.

“El sistema tiene una tarea muy clara de prevenir, investigar y sancionar la corrupción y por el hecho no tener un elemento, como es el magistrado o fiscales, no es motivo para que las otras autoridades como el propio Tribunal de Justicia Administrativa no les den seguimiento a los casos”, indicó.

Invitó a los medios de comunicación a seguir denunciando los actos de corrupción, así como solicitar al Sistema Estatal Anticorrupción para tener una respuesta inmediata y atraiga los casos de manera oficiosa.

Con información del Border Hub

Llenado irregular de permisos de tránsito afecta la recaudación en Hermosillo

Hace 4 años
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ilustracion carlos mendoza, formatos estacionamiento
 
Ilustración: Carlos Mendoza
Por: Antonio García Viera / El Malpensado  
 Hermosillo, Sonora

La expedición de permisos oficiales que fueron llenados de manera irregular en el departamento de Tránsito, entre 2019 y 2020, ha provocado evasión en la recaudación de impuestos en Hermosillo, Sonora, en un esquema que beneficia a empresarios y particulares.

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La alteración detectada en una investigación es en el llenado de permisos por unidad que autorizan el traslado de maquinaria pesada y movimientos de carga y descarga dentro del municipio, por periodos mensuales o anuales, son duplicados.

En lugar de anotar únicamente las placas de cada vehículo, en los permisos se agregan palabras como “varias”, “otras”, “diferentes”, “distintas”. El documento respalda así una cantidad adicional de unidades que no pagaron derechos.

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, considera que esta falta de control sobre unidades que realizan labores de carga y descarga dentro del primer cuadro urbano, afecta las condiciones de la vía pública por el exceso de dimensiones y peso de los vehículos, y a clientes les dificulta encontrar espacios para estacionarse.

En una entrevista el 21 de abril de este año, el ex titular de la dirección de Tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño, quien fue ascendido hace unos meses a supervisor general de la Policía Municipal, explicó que se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades sobre este procedimiento irregular.

La documentación autorizada por el mismo Durón Montaño entre 2019 y 2020 antes de ser ascendido a supervisor, libró del pago a al menos 84 permisionarios.

El permiso anual para realizar labores de carga y descarga, costaron en 2020, entre mil 737 pesos y 6 mil 950 pesos, dependiendo del tipo de vehículo, mientras que para el traslado de maquinaria pesada fue de 4 mil 344 pesos.

Durón Montaño aseguró que antes de la entrevista del 21 de abril no tenía conocimiento del llenado irregular de los formatos, y que no actuó con dolo ni ventaja para obtener algún beneficio de esta situación.

“Para eso (del llenado) está una persona responsable, una persona que ya tiene bastantes años encargado de eso, y pues, es el que conoce el tema. Lo mío era nomás autorizar el permiso. Y él se encargaba de checar el vehículo, de dar horarios, etcétera, todo lo que es la tramitología”, explicó el ex director de tránsito.

Al haber más personal de Tránsito involucrado en el llenado irregular de los formatos, agregó, se realizará una investigación ante el Comisario General de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briseño.

El artículo 89 de la Ley Estatal de Responsabilidades señala que se considerará falta administrativa no grave cuando un servidor público cause daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio.

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Este recibo de pago de Tesorería amparó el traslado de una retroexcavadora, hasta diciembre de 2020.
Foto: Cortesía.

El proceso de pago y la evasión

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La Ley de Tránsito del estado de Sonora, el reglamento de Tránsito Municipal para Hermosillo y en la Ley de Ingresos municipales determinan que los propietarios de vehículos que transportan maquinaria pesada y de aquellos que se estacionan en zonas prohibidas para realizar labores de carga y descarga deben pagar permisos para evitar ser merecedores de una infracción.

Todo vehículo que va a hacer maniobras de carga en la vía pública ocupa su permiso, solicitarlo aquí en la zona centro, se le expide un documento y pasa a Tesorería a hacer su pago correspondiente”, explicó José Ángel Román Rodríguez, nuevo director de Tránsito Municipal.

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En el campo placas, para este permiso otorgado para una retroexcavadora, se anotó también la palabra “diferentes”.
Foto: Cortesía.

El Malpensado confirmó que el llenado irregular de los formatos oficiales sirve a los propietarios para amparar más de 40 vehículos por un solo pago realizado ante el gobierno municipal.

Al permiso oficial, firmado por el director de tránsito, se anexa un tercer documento fuera del procedimiento normal, que lleva un sello de la Policía Municipal: se trata de una hoja que incluye -además de las placas del vehículo por el que se hizo el pago- otras más que no fueron autorizadas mediante una transacción en Tesorería.

Los conductores de los vehículos que están en esa relación poseen una copia del permiso oficial, así como una copia de la hoja anexa donde se encuentran, entre otras, las placas del vehículo a su cargo.

Cuando los oficiales de Tránsito interceptan a cualquiera de estos automóviles, el chofer muestra ambos documentos y, acto seguido, los policías le permiten continuar sin aplicar ninguna infracción. De esta forma, los propietarios de los vehículos no solo evaden el pago del derecho por la expedición del permiso, sino que además no se les aplican las multas de tránsito.

Cada empresa debe tener sus vehículos con permiso (…) Creo que nomás está la empresa de la Corona. Tecate no se ha regularizado; no se ha regularizado la Coca Cola, no se ha regularizado la Pepsi Cola, no se ha regularizado Oxxo, no se han regularizado los de Ley, son muchas empresas que no se han regularizado, y no hemos nosotros tocado el tema de empezar a infraccionarlos”, explicó Durón Montaño.

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En esta hoja sin membrete oficial se escribieron a mano los números de serie de maquinaria por la cual no se realizó ningún pago ante el ayuntamiento de Hermosillo. Además, el documento aparece con un sello oficial.
Foto: Cortesía.

El caso de la retroexcavadora

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El 13 de enero de 2020, un particular pagó en Tesorería municipal un permiso anual para el traslado de una retroexcavadora, considerada como maquinaria pesada e identificada con las placas JJG0305018.

El permiso tuvo un costo de 3 mil 41 pesos y se le agregaron los conceptos de “asistencia social”, “mejoras al servicio público” y “fomento al deporte”, para sumar un pago total de 4 mil 562 pesos. Ese recibo de cobro #8766396 de Tesorería quedó identificado con el número de folio CJPT001-54892. El documento abrió la puerta para que el Departamento de Tránsito entregara el permiso identificado con el folio 1501.

El Malpensado tuvo acceso a un permiso expedido por el Departamento de Tránsito que corresponde a los datos del recibo de pago #8766396. En el campo en el que se registran los datos del vehículo se leen las placas JJG0305018, seguidas de un guión y la palabra “diferentes”, refiriéndose a que el permiso cubre otras unidades. Tiene, además, un sello del Ayuntamiento de Hermosillo, con identificación del Departamento de Tránsito, se aprecia también una firma y el nombre de J. Alonso Durón M.

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El permiso otorgado bajo el folio 1413 amparó a tres unidades bajo un solo pago en Tesorería.
Foto: Cortesía.

En esta hoja sin membrete oficial se escribieron a mano los números de serie de maquinaria por la cual no se realizó ningún pago ante el ayuntamiento de Hermosillo. Además, el documento aparece con un sello oficial.

El llenado irregular del permiso por la retroexcavadora permitió que se hiciera uso de una hoja extra que no corresponde a ningún formato del municipio, acompañada de un sello que aparenta ser oficial, y que ampara una relación extra de 37 vehículos o equipos pesados, por los cuales el ayuntamiento no realizó ningún cobro.

Esto significa que por los 37 registros ilegales, el municipio dejó de obtener ingresos por al menos 112 mil 540 pesos, si se toma la misma cuota por el permiso para el traslado de la retroexcavadora identificada con las placas JJG0305018, sin incluir los otros conceptos.

Respecto a las hojas anexas no oficiales, Durón Montaño consideró que existe la posibilidad de que al interior de la corporación alguien haya aprovechado la falta de revisión y supervisión en la expedición de los documentos.

“Ese tipo de actos no éticos no los podemos tolerar, y es una investigación también por parte de nosotros”, agregó.

Acciones para combatir actos de corrupción

Los documentos a los cuales El Malpensado tuvo acceso reflejan el uso de al menos tres sellos diferentes que se estamparon en los listados anexos, que no corresponden a ningún formato oficial. Esta situación, asegura Durón Montaño, es un reflejo de prácticas al interior de la corporación que se han combatido en los últimos tres años.

“La cuestión de los sellos, hijo’ela… Yo le puedo decir que sellos, antes, no sé cuántos policías de tránsito manejaban esos sellos, es por eso que se les quitó esa autorización a cualquier responsable de zona”, explicó.

Desde el inicio de su administración atendieron solicitudes de agrupaciones de transportistas de carga, señaló Durón Montaño, porque consideraban que había una persecución contra las unidades y choferes en Hermosillo.

Es por ello que decidió tomar diferentes medidas, entre ellas controlar por cuenta propia la autorización de los permisos, y concentrar a los elementos de tránsito en acciones con fines diferentes a los recaudatorios.

“Fue una instrucción que les di a todos los encargados de zona: tenemos cosas muy importantes, o más importantes que atender que andar buscando y revisando permisos de tráileres; tenemos accidentes, tenemos conductores ebrios, tenemos otro tipo de operatividad, para enfocarnos en estar revisando permisos”, justificó Durón Montaño.

Incluyen más de 1 vehículo en permiso oficial, sin hojas anexas

El Malpensado también documentó un caso en el cual dentro del mismo permiso oficial se escribieron tres números de serie de diferentes tipos de maquinaria, a pesar de que el pago se realizó por esa unidad en particular.

Se trata del folio 6077415 emitido por Tesorería el 15 de enero de 2019, en el que se pagó un permiso de circulación de una motoconformadora, identificada con la leyenda “72V17077”, con un monto total de 4 mil 352 pesos.

Ese mismo día se emitió el permiso por el Departamento de Tránsito, con el folio 1413, en el cual se autorizaron, además de la motoconformadora, una retroexcavadora y un vibrocompactador por un año en el mismo campo de vehículos autorizados.

En este caso, el permiso contaba también con la firma de Jesús Alonso Durón Montaño, jefe del departamento de Tránsito de Hermosillo, así como con un sello de la corporación.

Diferencias en el trato a comerciantes del centro de Hermosillo

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Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, explicó durante una entrevista con El Malpensado que la dinámica de esta zona obliga a una gran movilización de vehículos que deben realizar labores de carga y descarga para surtir a todos los negocios.

En ese sentido, afirmó que los agentes de la Policía de Tránsito de Hermosillo tienen un trato diferente con los pequeños y medianos comerciantes, quienes reciben mayor número de infracciones por estacionarse en carriles de circulación para labores de carga y descarga de mercancía, en comparación con las grandes cadenas comerciales que tienen instalaciones en el primer cuadro.

Respecto a la dinámica bajo la cual se tramitan y entregan los permisos por el Departamento de Tránsito, aseguró desconocer si algunos de sus agremiados han evadido pagos; sin embargo, tras ser informado sobre el asunto, dijo que realizará un sondeo para tener mayor información sobre su posible participación en este esquema.

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En muchas de las ocasiones, los vehículos utilizados para labores de carga y descarga realizan su labor estacionados sobre uno de los carriles de circulación.
Foto: Ramsés Baduqui.

“A las cadenas comerciales nacionales se les permite descargar con tráileres y camiones de gran tonelaje y en horario de día, sobre lo cual según el reglamento dice lo contrario. Además, ocupan muchos estacionamientos que son necesarios para nuestros clientes, y debido al gran tamaño y peso de las unidades de estas empresas, ocasionan daños al pavimento y congestionamiento del tráfico”, advirtió López Peralta.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, aseguró que sus agremiados no han manifestado ninguna opinión respecto a la entrega de permisos por el Departamento de Tránsito Municipal.

* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Tiene BC deuda millonaria

Hace 4 años
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Lorena Lamas, Rosario Mosso,
Eduardo Villa Lugo, Ernesto Eslava | Semanario ZETA

La oferta del C5 llegó en 2016 a Baja California, con falta de transparencia Seguritech vendió al gobierno del Estado, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años.

...

El contrato se aprobó en junio de 2018 y en septiembre de ese año un amparo frenó el contrato pero no hubo una suspensión definitiva por lo que el contrato está vigente. 

A la fecha, la empresa debería haber recibido 177 millones de pesos, pero el gobierno panista que la contrató solo hizo un primer depósito de 19 millones y dejó de pagar hasta el final de su gestión y se fue debiendo a la empresa más de 78 millones. 

Deuda que se duplicó a 156 millones de pesos durante la administración del actual gobernador Jaime Bonilla. 

Al respecto, la secretaria de honestidad Vicenta Espinosa negó que el estado incurriera en responsabilidad al incumplir los pagos: “No porque hay una investigación. La investigación ordena y manda que se detenga todo precisamente porque no puedes tú generar un pago sobre algo irregular y observado”.

Actualmente, con el 88 por ciento de avance en la instalación de los equipos del C5i, en Baja California la incidencia delictiva no ha disminuido.   

Cuando la empresa Seguritech Privada llegó a Baja California para ofrecer sus servicios de videovigilancia e inteligencia, otras entidades ya habían signado contratos con resultados negativos.

Sin embargo, los proyectos con mayores problemas fueron los de mayor incidencia delictiva a nivel nacional, Baja California, Guanajuato y Estado de México.  

Entre Guanajuato y Estado de México erogaron más de 8 mil millones de pesos en la implementación de los C5i. 

Días después de que el priista Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de la república, el recién nombrado gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, firmó el contrato SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i. 

El plan consistió en instalar un moderno esquema de videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los “ojos de Guanajuato” y así evitar que la violencia de entidades vecinas como San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Jalisco, influyera en la criminalidad. 

El proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez. El contrato se adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera.

Pese a las múltiples negativas, Semanario ZETA obtuvo una copia del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Seguritech Privada, en el año 2012. 

El documento firmado por Alvar Cabeza de Vaca, Gabriel Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero, por parte de la Secretaría de Seguridad, y por René Bustos Soler, por parte de la empresa, consta de 53 páginas. 

Una de las irregularidades detectadas es que pese a lo elevado del costo se trata de un arrendamiento donde todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse en octubre del 2018. 

Aunque había una opción de compra si el Ejecutivo Estatal decide comprarlo, para lo que tendría que pagar el 2 por ciento del total, lo que representa poco menos de 50 millones de pesos. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió extender el servicio y a la fecha ha erogado más de 100 millones de pesos.

El acuerdo de voluntades también obliga a la empresa a obtener un seguro de daño, robo o extravío, para el equipo de vigilancia, pero no establece mayores detalles sobre cuándo se haría responsable cada uno en el caso de que esto ocurra.

El auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respaldó las acciones realizadas por la dependencia a su cargo y aseguró que durante los primeros años se contabilizaron 28 observaciones en torno al contrato y los servicios del proyecto C5i, de las cuales fueron solventadas un 80 por ciento.

“De estas se solventaron el 80% de las observaciones, un 11% están parcialmente solventadas. Digamos que hay una atención muy buena del 90% y queda por ahí  un ´saldito´ del 10% de las observaciones, como no atendidas o no solventadas”, calificó el funcionario.

Aunque la mayoría de las irregularidades fueron solventadas, las pendientes resultaron ser las más graves, como la firma del contrato sin la autorización del Poder Legislativo. 

Por parte de la Auditoría hubo un reclamo pero nunca una sanción del Congreso hacia el Ejecutivo, pese a que se presentó una denuncia administrativa en febrero de 2014. 

Los informes de la auditoría también refieren que los arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan por el acotamiento de las vialidades; que los videos captados por el equipo de Seguritech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser cotejable; que existen errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia y discrepancia en la tecnología utilizada con la ofertada, entre otras cuestiones.

Tampoco se llevó a cabo un proceso de licitación abierto, ni se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, omitieron compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato. 

Las observaciones de la auditoría especial fueron enviadas al Poder Ejecutivo, el cual se dio por enterado en agosto del 2016, es decir, casi 4 años después de asignado el contrato y a dos años de concluirlo. 

En esa revisión se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su instalación.  

A juicio del ex legislador en Guanajuato, Sergio Contreras, el proyecto fue un fracaso, máxime cuando se registraron las peores cifras de incidencia delictiva durante este periodo y que la tecnología no resultó ser lo que se había prometido.

Contreras aseguró que los informes de auditoría fueron insuficientes porque inicialmente sólo se revisó si se cumplía con lo adquirido, cuando por la naturaleza y complejidad del proyecto era necesario también evaluar la calidad del mismo.

Estado de México 

Irregularidades similares se documentaron en el proyecto del Estado de México -cuna del presidente Peña Nieto-, donde el gobierno de Eruviel Ávila comprometió las arcas por un monto de 6 mil 376 millones 773 mil 027 pesos.

El esquema fue el mismo: una adjudicación directa entregada de manera injustificada, obligándose a erogar una importante suma de recursos en los siguientes 6 años, para un equipo que finalmente sería devuelto a Seguritech cuando terminara la administración..

El contrato administrativo ADP-002-2018 de prestación de Servicios de 62 páginas, firmado por representantes del gobierno mexiquense, y la empresa Seguritech Privada, S.A. de  C. V., no especifica los precios unitarios de cada uno de los productos y servicios. 

Rene Bustos Soler firmó el contrato en representación de una persona jurídica colectiva, con acreditación ante el notario, pero tanto su firma como la mayoría de la información del contrato es reservada, por lo que tanto nombres como montos están borrados con un marco gris, lo que restringe la información general como RFC, la dirección y el teléfono del contratante. 

De acuerdo con la última auditoría aplicada el 18 de octubre del 2019, la empresa no aclaró ni justificó los resultados y observaciones incorporados por la Auditoría Superior del Estado de México, por lo que la autoridad notificó que ha cumplido de manera parcial con el contrato.

ZETA entrevistó a la investigadora Pilar Deziga, de la agrupación Causa en Común, que ha realizado análisis en materia de seguridad y de los centros de atención de emergencias de todo el país.

“No tenemos especificaciones sobre qué número de estas cámaras son de pertenecía a los C5 o a los consejos estatales de seguridad o son arrendados, al día de hoy desconocemos la información y de nuevo es parte de la tendencia a la opacidad.

-¿Opacidad pero no corrupción?

“Podría ser, al final, que el no acceso a la información te lleva a todos los caminos y ninguno es positivo”, remató la especialista.

Para el especialista, David Chong, secretario General de Corporación Euro Americana de Seguridad, pese a estas irregularidades, las responsabilidades sobre los proyectos no recae realmente en la empresa Seguritech Privada, sino en los respectivos gobiernos estatales, los cuales realizan la evaluación técnica con base en las necesidades del Estado.

“Si la empresa cumple con lo especificado no le puedes señalar ninguna responsabilidad a la empresa, se las señalas a quien no estableció las condiciones adecuadas para proteger el interés institucional” (sic).

La proveedora Seguritech Privada, fue fundada en el año 1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz.
Foto: Zeta Tijuana.

¿Quienes son Seguritech Privada?

La proveedora Seguritech Privada fue fundada en el año 1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz.

Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la empresa registró el nombre de C5i como propio, por lo que ahora ningún sistema de videovigilancia que no pertenezca a Seguritech puede utilizar el nombre.

El origen de la empresa es mucho más humilde, pues de ser una pequeña empresa dedicada a la venta de alarmas vecinales, actualmente es uno de los proveedores de tecnología más importantes del país, teniendo como su principal periodo de crecimiento durante las administraciones priístas, sobre todo durante la presidencia de Peña Nieto.

El consorcio también incluye a filiales Comunicación Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, entre otras, las cuales se alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos C5i del país.

ZETA llevó a cabo una revisión de las empresas a través de las plataformas digitales disponibles en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, pero ninguna aparecía directamente en la consulta.

Sólo una logró ser identificada: la empresa llamada Tres10 S.A. de C.V. cuya creación data del año 2019, teniendo como propietarios a Comunicación Segura S.A. de C.V. y Seguritech Privada.

Su fundación tiene como objetivo brindar el servicio de C5i al Estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue coordinador en la Frontera Norte de la A.C. Amigos de Fox, agrupación que buscó recursos para la campaña del expresidente guanajuatense, en el año 2000.

El proyecto costó 2 mil 619 millones 415 mil 991 pesos y tuvo como representante legal a Alaín Ramos Padilla, exjefe del Departamento Jurídico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante la administración priísta de Rubén Moreira, en el Estado de Coahuila, hermano de Humberto Moreira, gobernador acusado de un millonario desfalco a las arcas estatales de aquella entidad, el cual incluso fue detenido en enero del 2016 en España, y liberado semanas después.

La empresa Seguritech y sus filiales cuentan con un número importante de representantes legales.

René Bustos Soler aparece como representante legal en los millonarios negocios de Seguritech Privada con las alcaldías de Álvaro Obregón, Tlalpan, Valle de Bravo, además de representar a PICORP de México, en los padrones de proveedores de Colima y Puebla.

Otros personajes como Francisco Javier Zubiate Nava, Emanuel Antonio Cárdenas Rojas, Juan Guerrero Mandujano, Raymundo Arriaga Aragón, Ernesto Valdés Cordero, Alaín Ramos Padilla y Lorena Ángel Zayas, aparecen indistintamente representando a las empresas 

En una transmisión en vivo realizada en 2017, el Gobierno de Sinaloa hizo público un proceso de licitación para adquirir un proyecto de modernización de los sistemas de vigilancia de aquella entidad.

René Bustos Soler se identificó como representante de Seguritech, mientras que por parte de Comunicación Segura y Picorp de México participaron Francisco Javier Zubiate Nava y Juan Guerrero Mandujano, respectivamente.

Un año después, todos ellos fueron representantes legales del contrato en Baja California según consta en el documento de la Junta de Aclaraciones del contrato de Seguritech en Baja California, y establecieron el domicilio LAGO BOLSENA # 277 1ER.PISO COL. ANAHUAC C.P. 11320, en la Delegación Miguel Hidalgo, donde se ubican las oficinas de Seguritech Privada.

Entre los representantes se encuentra Ernesto Valdés Cordero, que según el portal Corresponsabilidad del Gobierno de México, es encargado de una asociación civil Fundación en Movimiento, que comparte domicilio con Seguritech, y que es dirigida por Eduardo Ricalde Medina, padre de Eduardo Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller en la administración de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ricalde Medina es también director de la Fundación Teletón, organismo respaldado por la empresa Televisa.

La asociación civil establece como su principal objetivo el combate al acoso escolar en diversas modalidades, además de incursionar en temas como la violencia familiar y otros temas de carácter social.

A través de pláticas y cursos otorgados en escuelas primarias y secundarias, capacita a niños, jóvenes y padres, sobre las conductas antisociales.

En su página de internet, Fundación en Movimiento hace públicos a todos los integrantes del consejo, donde destaca Arturo Ancona García-López, ex director de Propiedad Intelectual de la PGR y titular de la dependencia encargada de la distribución Libros de Texto Gratuito en el Gobierno de Peña; Guillermo Bustamante Manilla, ex funcionario de la administración panista del guanajuatense Vicente Fox Quesada, impulsor de la campaña peñista; el ex diputado panista José Julio González Garza, director de Control Patrimonial del Poder Ejecutivo de Guanajuato en el gobierno de Márquez Márquez; Guido Belsasso Prister, ex comisionado nacional contra las adicciones, también en el gobierno foxista; Francisco Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller, Claudia Ruiz Massieu; y Lorena Ángel Zayas y Ernesto Valdés Cordero, representantes de Seguritech.

Según la página oficial de donaciones del Servicio Administración Tributaria (SAT) disponible en su página de internet, la asociación civil recibió millonarias donaciones del sector privado, y según lo dicho por el propio Ricalde Medina, en un informe anual en poder de ZETA, la mayor parte de sus gastos son cubiertos por Seguritech Privada.

Quintana Roo rechazó a Seguritech

Para tener un comparativo, el Semanario ZETA tuvo contacto con el gobierno de Quintana Roo, luego de que este rechazara la propuesta de Seguritech. 

Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, explicó que -a diferencia de Baja California, Guanajuato y Estado de México- se dieron a la tarea de revisar las propuestas de varias empresas en vez de contratar una sin previo análisis.

El mandatario comentó que analizaron costos, calidad y experiencia, y aunque Seguritech participó en la licitación, la empresa que obtuvo el contrato fue Total Play.

“Bueno, hubo una mejor propuesta, no puedo comentarte directamente que haya sido un alto costo, sino que hubo propuestas que tuvieron mejores costos, que fue lo que permitió entonces que pudiéramos tomar esta decisión”, sostuvo Joaquín González.

Detalló que se instalaron mil 800 cámaras en Cancún y 200 más distribuidas en tres municipios y del costo expuso:

“Son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, la construcción del C5, la instalación de las cámaras, todo lo que es conectividad de fibra óptica, todo el equipo tecnológico, e incluye la remodelación de los C4 que tenemos en el Estado”, estimó el gobernador quintanarroense. 

Por ejemplo, el C5 de Quintana Roo costó 75 por ciento más que el de Baja California, pero tiene:  800% más de cobertura en cámaras; 188% más de cobertura en arcos lectores; y 480% más de cobertura en fibra óptica.

Además, en Quintana Roo construyeron el edificio, actualizaron la Red de Radiocomunicación Digital Encriptada, sumaron 352 terminales de radiocomunicación; incluyeron sistemas de reconocimiento facial, inteligencia de negocios, el Sistema de Despacho; conmutadores IP con teléfonos y consolas de operación CONTACT-CENTER 9-1-1; equipamiento tecnológico para la operación de la Unidad de la Policía Cibernética; más aplicaciones avanzadas para la Unidad de Inteligencia Policial; sistemas de Información para la generación de documentos de inteligencia, redes de vínculos delictivos y mapas de calor: sistemas para la localización de objetivos, un Centro Estatal de Información con  interconexión a Plataforma México y AFIS.

Los agentes policiacos de Baja California han protestado en los últimos tres años para exigir pagos puntuales, equipo para enfrentar la delincuencia, unidades, uniformes y prestaciones para un retiro digno. 

El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policía en Baja California, Alejandro Monrreal Noriega, fue testigo del momento en que la empresa Seguritech firmó el contrato con la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y desde un inicio detectó inconsistencias, como la falta de coordinación. 

“No escuchan a la gente de campo, las necesidades que tienen y ahorita lo acabamos de decir a mediados de la entrevista los 800 millones nos pudieran servir para todas las necesidades que tiene el recurso humano de las corporaciones; de entrada, plazas, después la seguridad social de los policías que van a trabajar para estar blindados  y tener redes de lo que ya tienes”, sostuvo el dirigente, quien habló del déficit de policías en los municipios de Baja California. 

En Tecate y Ensenada faltan alrededor de 300 policías, a Rosarito 150, mientras que en Tijuana y Mexicali unos mil 500. 

Eduardo Rafael Arroyo Pacheco, padre de Aurora Arroyo, mujer desaparecida en Guanajuato.
Foto: ZETA Tijuana.

Ineficiente tecnología

Aurora Gutierrez, es una joven profesionista víctima de la delincuencia. Desapareció el 22 de agosto del 2019 en uno de los estados en los que implementó el esquema C5i arrendado por el gobierno de Guanajuato a Seguritech. 

Ella estudió Criminalistica en la Ciudad de México, y se desempeñó como auxiliar en un despacho de abogados. Ese día salió a trabajar y no regresó. 

Eduardo Rafael Arroyo Pacheco y su esposa Leticia son padres de Aurora y desde que desapareció han emprendido su búsqueda por medios propios. Ambos tenían la esperanza de que a través de los equipos de alta tecnología de Seguritech les aportaran pruebas para conocer el paradero de su hija.  

“La última vez que la vieron salió de mi casa como a las 11:00 de la mañana según iba al Centro de Reinserción Social (CERESO) pero nunca supieron si llegó o no”, compartió el padre. 

La pareja ha recibido el apoyo de José Gutiérrez Cruz, criminólogo fundador del movimiento “Sembrando Comunidad” y colectivo “A tú encuentro” en Irapuato, quien revisa las carpetas de investigación de personas desaparecidas e identifica las violaciones a derechos humanos, así cómo documenta los errores que comete la fiscalía en sus indagatorias.

José calificó el proyecto Escudo, en Guanajuato, como un negocio que en ninguna de las 60 carpetas que tienen abiertas por casos de desaparecidos los han podido ayudar. 

El criminólogo explicó que en un inicio la familia no tenía información de cómo desapareció Aurora,  solo que salió de su casa y no regresó. 

Sin embargo, comenzaron a buscar entre conocidos y fue así como recibieron la información de que su hija se subió a un camión colectivo y que probablemente fue en un asalto donde se la llevaron. 

Comentó que este caso es un ejemplo de lo útiles que pueden ser los equipos de primera tecnología para esclarecer una investigación y poder dar una respuesta a las familias que siguen esperando un resultado. 

En el caso de Aurora, el SECOM, que es el centro donde están las cámaras, su ordenador solo graba por 30 días. 

“Aurora desaparece el 22 de agosto del 2019, entonces, la fiscalía bajo el oficio 66-4-2019 pide las cámaras pero las pide el 8 de octubre, es decir, Aurora tenía un mes 16 días desaparecida y entonces lo piden el 8 de octubre y el mismo 9 en SECOM les contestan no les podemos dar esos videos, tal cual dice, ya que el servidor de la misma respalda solamente 30 días...”, detalló el activista. 

Confesaron que la información es irrecuperable aunque es vital para una investigación porque permite identificar vehículos, placas o rutas. 

Lo correcto, de acuerdo con el activista, es que se cumpliera con los protocolos y la información se transformara en resultados positivos para la comunidad. 

Por lo general la fiscalía hace los trámites y solicita el material filmográfico de las cámaras como un requisito en el proceso, pero no se establecen rutas de interés como lo marcan los protocolos. 

“Piden (videos) pero no saben cómo les van a servir, y no saben cómo establecer la ruta de interés en la investigación, entonces, como no saben, lo agregan a la carpeta y dicen yo cumplí, pero esos videos cómo los van a transformar en una investigación criminal adecuada”, concretó el criminólogo.

ZETA solicitó en múltiples ocasiones entrevistas con representantes de la empresa Seguritech Privada, desde el mes de diciembre, con el objetivo de obtener su versión, pero esta oportunidad fue negada.

Lo único que se pudo obtener es una conversación informal con un directivo, el cual rechazó poder incluir cualquier información en este reportaje.
Esto se encuentra sustentado en múltiples correos, respuestas, llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, en poder de este medio de comunicación.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Denunció la APE a medios digitales fantasma

Héctor Andrade S. / ZNNoticias
Hace 5 años
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comunicado APE
La asociación de periodistas de Ensenada publicó un posicionamiento mediante comunicado.
Foto: Cortesía.

La asociación de periodistas de Ensenada (APE) hizo un llamado el día 5 de octubre a las autoridades y público en general sobre personas y medios de comunicación dedicados a plagiar, calumniar, extorsionar y mentir, sin firmar notas.

Mediante comunicado de prensa dictaron su posicionamiento sobre estos medios digitales.

Los mismos miembros de la APE deberían de predicar con el ejemplo y transparentar sus miembros y a qué medio pertenecen o dónde publican y ejercen su periodismo, de igual manera lanzar una acusación abierta contra medios digitales sin especificar cuáles son y dónde publican es también una irresponsabilidad y una falta a la ética.

Dice mucho también de la asociación que el comunicado no esté firmado al menos por su presidente, o secretario encargado de la comunicación social o institucional.

Harían bien, como un verdadero periódico, tradicional o digital, transparentar no solo sus miembros, sino su financiamiento y sus estatutos, tener un sitio web independiente de redes sociales, localizable y consultable donde tengan toda esta información y publiquen los reportajes, crónicas y premios que reciben sus miembros.

No estaría de más realizar una denuncia anónima al 089 de estas páginas, o a través del correo electrónico guardiacibernetica@fgebc.gob.mx pueden atender esas inquietudes.

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Aquí el comunicado completo:

Ensenada, Baja California, a 05 de octubre de 2020.

A la opinión pública y los tres órdenes de gobierno.

Presentes.

Hoy más que nunca es importante reconocer la labor periodística de los colegas que diariamente ejercen este noble oficio con valentía y responsabilidad social, ya sea de manera independiente o con el respaldo de medios de comunicación formales.

Al mismo tiempo, es importante señalar que existen personas que se aprovechan de un calificativo que no les corresponde para mentir, calumniar y extorsionar, respaldados por medios creados con fines políticos y/o de extorsión.

Dicho de otra manera, existen en esta ciudad medios digitales que no tienen un responsable legal, que publican mayormente contenido que plagian de otros medios, y las pocas notas que sí generan por su cuenta son con fines meramente políticos o de difamación, sin sustento periodístico, mismas que no son firmadas por nadie.

Reiteramos que no es periodista aquél que aprovecha un medio para servirse y no para servir a la sociedad, y no es medio legítimo aquél que no opera dentro de la ley (con representante legal) y que no cuenta con administradores o colaboradores perfectamente identificables, con genuina vocación periodística.

Es en este contexto que reprobamos el actuar de dichas personas y dichos medios, y exhortamos a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto en la erradicación de este tipo de prácticas mezquinas, que afectan a particulares, al gremio periodístico y a la sociedad en su conjunto.

Invitamos también a las personas que se dedican a dichos fines, a tomar conciencia y replantearse si es ese el camino que desean seguir, si es ese el legado que desean dejar a las nuevas generaciones y si en realidad quieren continuar abonando a la crisis que vive el país.

Sin más, agradecemos la atención que se le brinde al presente posicionamiento.

Atentamente

Asociación de Periodistas de Ensenada

Primo del esposo de gobernadora de Sonora ha recibido 100 mdp en contratos

Antonio García Viera / El Malpensado
Hace 6 años
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Ilustración: Carlos Mendoza  - .

El martes 14 de marzo de 2017 Florencia recibió una llamada telefónica. Le preguntaron si acudiría a ver a sus tres nietos que se encontraban en la casa hogar Unacari, bajo responsabilidad del DIF Sonora. Cuando contestó de forma afirmativa, le dieron la noticia de que Nahomi, su nieta de 9 años, se había escapado.

La fuga había sucedido desde el domingo, pero a Florencia le avisaron una hora antes de que llegara a la visita. Su nieta se fue junto con un niño de 9 años, otra niña de la misma edad, y una adolescente de 16.

Los cuatro lograron burlar la seguridad de un espacio que las autoridades dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuidan con lujo de detalle, según consta en documentos oficiales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su huida provocó una gran movilización, que les llevó a las autoridades cuatro días para encontrarlos.

El día de la fuga el resguardo de las instalaciones estaba a cargo de una empresa conocida comercialmente como SISPS, que tiene como razón social Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V., que en este rubro ha sido la más beneficiada en la presente administración estatal con 97 millones de pesos, seguida de Excelencia en Seguridad Privada FASA, que ha recibido más de 80 millones.

Ambas empresas se llevan más del 50% del presupuesto que el poder ejecutivo del gobierno del estado de Sonora destina -a través de sus diferentes dependencias- para el gasto en seguridad privada y vigilancia, que en los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57%, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.

La empresa SISPS, encargada de la vigilancia el día que se escaparon los menores de la casa hogar Unacari, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Los datos del Registro Público de Comercio permiten saber que la empresa fue creada en abril de 2013 por el padre de Luis René, Alejandro René Ibarra Platt, quien es hermano de la mamá de Sergio Torres Ibarra, Margarita Ibarra Platt, que desde el inicio de la administración y hasta este año fungió como presidenta honoraria -es decir, sin responsabilidad legal ni administrativa- del DIF Sonora.

El 11 de noviembre de 2015, casi dos meses después de la llegada al poder de Claudia Pavlovich Arellano, Alejandro René Ibarra Platt cedió el control de la empresa a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de su hijo Luis René, quien también aparece como socio.

A través de solicitudes de información, así como con una serie de documentos como contratos y las cuentas públicas anuales, se pudo comprobar que durante la presente administración, el estado -a través de sus diferentes dependencias- elevó en 57% su gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para llegar a 122 millones al cierre de 2018. En la pasada administración estatal SISPS no recibió ningún contrato.

El estado habrá destinado 340 millones de pesos entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50%, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA. Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de los personajes públicos mencionados.

Se solicitaron entrevistas a ambas empresas pero ninguna dio respuesta ni vía telefónica ni por correo electrónico.

En los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57% del gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.
foto: cortesía

Fausto Salazar Gómez, de acusado en caso ABC a contratista beneficiado

Fausto Salazar Gómez fue detenido en septiembre de 2011 por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños. Se desempeñaba como director de recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, de la cual dependía la bodega en la que inició el fuego que se propagó a la guardería. Cuando fue detenido libró la cárcel al cubrir una fianza superior a los 2 millones de pesos.

En octubre de 2009, cuatro meses después del incendio, Fausto Salazar Gómez creó una empresa denominada Excelencia en Seguridad Privada FASA, con las iniciales de su nombre y primer apellido. Con él aparecieron como socios Juan Carlos y Jorge Horacio Mazón Salazar.

En octubre de 2011, Fausto Salazar renunció a las acciones de la empresa, que fueron adquiridas por su esposa, Mónica Rubio Soto, por Alejandro Mazón Salazar y por Felipe Francisco de Jesús Pavlovich del Razo, primo del padre de la gobernadora, y tío de Epifanio Salido Pavlovich, titular de la Secretaría Técnica del gobierno del estado.

Durante el periodo de 2009 a 2015 esta empresa, conocida comercialmente como Argus Seguridad Privada, no obtuvo ningún contrato con la administración panista de Guillermo Padrés, pero a partir de 2016 ha logrado ingresos por más de 80 millones de pesos.

Al iniciar la administración de Claudia Pavlovich, los hermanos Mazón se retiraron de la participación empresarial, al igual que Felipe Pavlovich del Razo, y cedieron sus acciones a Mónica Rubio Soto, esposa de Fausto Salazar Gómez, y a Jorge Luis Meneses Coronado, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.

Las dependencias con las cuales Argus ha obtenido contratos de manera sistemática y sin tener competidores han sido la Secretaría de Hacienda, el Isssteson, la Secretaría de Gobierno, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y la Secretaría Técnica encabezada por Epifanio Salido.

El caso de SISPS es similar: ha sido beneficiada por 10 dependencias que la han contratado desde 2016, entre las que sobresalen los Servicios Educativos de Sonora, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura; además del DIF y la Universidad Estatal de Sonora.

Los primeros contratos los obtuvo principalmente bajo los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida a tres; sin embargo, durante los tres últimos años ha ganado licitaciones públicas a las que en la mayoría de las ocasiones se presenta como participante única, sin competidores.

En una de las ocasiones en que se presentó otra compañía a competirle fue para la licitación 2019 de los Servicios de Salud en Sonora, que paga el contrato más alto en materia de seguridad privada de todas las dependencias. La empresa Seguridad Privada del Desierto hizo una oferta menor, con diferencia de 100 mil pesos, y le quitó la posibilidad de llevarse a SISPS un contrato anual por 20 millones de pesos.

Gráfico: Gabriela Guerrero.

Las dos empresas obtienen más presupuesto que algunas dependencias

En la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos que hace la administración estatal para la partida 33801, orientada a los gastos por seguridad y vigilancia privada, ha contemplado en el periodo 2016-2020 ejercer presupuestos anuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos.

Esos montos programados resultan insuficientes para los compromisos que adquieren las diversas dependencias con todos los proveedores. El compromiso de pagar únicamente a las dos empresas mencionadas ha rebasado los topes aprobados anualmente.

Por ejemplo, a finales de 2015, el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado una propuesta para gastar 20.7 millones de pesos por estos servicios durante el año fiscal 2016 en todas sus dependencias.

Con los 16.7 millones que recibió Servicio Integral de Seguridad Privada y los 8.1 millones de pesos destinados para pagos a Excelencia en Seguridad Privada FASA, se alcanzaron 24.8 millones entre ambas, llevándose casi el 35% de los 71.3 millones que terminó gastando el gobierno estatal ese año en seguridad privada.

En 2017, el porcentaje de ganancia de ambas empresas subió a 44% del total ejercido; y en 2018, prácticamente se duplicó con respecto al 2016: las dos empresas lograron llevarse dos terceras partes de un gasto máximo histórico para esa partida, alcanzando 81.7 de los 120 millones de pesos erogados.

De esta forma, las dependencias del Poder Ejecutivo incrementaron 57% el gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para alcanzar los 122 millones en el 2018.

El gasto propuesto por el gobierno del estado en el presupuesto de egresos del año 2020 considera sólo erogar 29.5 millones de pesos, por lo que de seguir la inercia en los resultados de los procesos de contratación, ese dinero no alcanzaría para cubrir ni siquiera a cualquiera de estas dos empresas que han liderado el gasto en seguridad privada durante el sexenio.

El gasto anual en la partida 33801, destinada a servicios de seguridad y vigilancia, representa más de lo ejercido cada año por algunas instancias como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa; y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, cada una con gastos inferiores a los 120 millones de pesos, para toda su operación, incluyendo nóminas, gastos en servicios y demás compromisos.

Roban jardín de niños 20 veces, pero no hay dinero para guardias

Durante la segunda semana de octubre de este año los ladrones entraron a varias aulas del jardín de niños de nueva creación del fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de la capital sonorense. Se llevaron cableado eléctrico y todo el material que los padres de familia aportan con recursos propios para la educación de sus niñas y niños.

De ese hecho se enteraron un lunes. Dos días después, el 9 octubre, los ladrones regresaron. Se llevaron todas las instalaciones de los bebederos de agua que se ubican a la entrada del preescolar.

Así ha sido desde el año pasado, cuando en noviembre de 2018 inició operaciones este plantel. La comunidad de este centro preescolar ha sido víctima de más de 20 robos en el último año.

Por esa razón una comitiva de madres y padres de familia acudió el ciclo pasado, y también al inicio del presente, a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para solicitar la contratación de un guardia de seguridad para el plantel. La respuesta de las autoridades de la SEC fue que no hay recursos para tener un guardia en cada escuela.

En los primeros tres años de la administración, de 2016 a 2019, Servicios Educativos del Estado de Sonora, dependiente de la SEC fue la tercera dependencia con mayor gasto en el gobierno de Claudia Pavlovich, al erogar casi 29 millones de pesos, para el cuidado principalmente de oficinas administrativas.

Una muestra de esas decisiones es el documento que para 2019 firmó esta dependencia, al contratar a la empresa Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora, por un total de 9.5 millones de pesos, para tener la atención de 71 guardias, 49 de ellos en oficinas y unidades administrativas de la capital y 22 más para diversos puntos del estado de Sonora.

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Jesús Alonso Montes Piña, indicó que la Secretaría de Educación y Cultura eroga al año cerca de 60 millones de pesos para las reparaciones de las escuelas que sufren algún robo o son vandalizadas.

“En ninguna escuela he visto seguridad privada pagada por la SEC, eso sí te lo aseguro. Ni del sistema federal ni del sistema estatal”.

“No podría yo ser tan ligero, tan laxo en decirte: ‘está muy mal que contraten’, muy probablemente se pueda justificar (el pago de guardias en oficinas y bodegas). Lo que sí, yo no sé si las formas en que se pueda contratar a una empresa sean las correctas o no”, cuestionó Montes Piña.

foto: Cortesía

Retrasan pagos a empresa non grata

Los automovilistas se molestaron cuando un grupo de 20 guardias de seguridad se atravesó a lo ancho de la calle Reforma, frente al Hospital Infantil del Estado (HIES), y detuvo el tránsito vehicular en la zona norte de Hermosillo. En sus manos sostenían pancartas con colores fosforescentes, en los que todavía resaltaban más sus mensajes: “Exigimos nuestro pago”; “Nuestras familias comen”; “Exigimos pago de quincena”; “Mis hijos tienen hambre”.

Un representante de la Secretaría de Salud, de quien depende la administración del HIES, se acercó con ellos ese 7 de noviembre, para informarles que se encontraban en gestiones con la empresa Seguridad Privada del Desierto para que se hiciera responsable del pago a los vigilantes.

No era la primera ocasión en que se retrasaban con la nómina. Y tampoco fue la última…/p

La situación se repitió apenas cinco semanas después.

Claudio Huidobro, un representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer el viernes 13 de diciembre que más de 230 guardias de seguridad de la empresa Seguridad Privada del Desierto no recibieron pago de su sueldo, situación que los llevó a tomar las oficinas de la Secretaría de Salud, para ejercer presión.

“Recordemos que el Congreso del estado hace la aprobación de los presupuestos, y etiqueta recursos para seguridad y limpieza. Y son recursos etiquetados, es decir, no deberían estar faltando, debería pagarse mes con mes la prestación del servicio.

“Ahorita la empresa aduce que se le adeudan seis meses por la cuestión de servicios y que no tienen dinero para el pago de la raya que es el día 17 (de diciembre), del aguinaldo, sigue otra raya el día 2 (de enero); y parece ser que se concluye el contrato de prestación de servicios de esta empresa, y tendríamos que hablar del finiquito de liquidación de los compañeros”, explicó el representante de la CTM.

La Secretaría de Salud, a través de un representante que atendió a los manifestantes ese día, recordó Huidobro, se comprometió a cubrir los adeudos con la empresa, aunque la preocupación aumenta porque a partir del día 20 de diciembre, los servidores públicos inician periodo vacacional por motivos de las fiestas decembrinas, y el contrato con la empresa concluye el último día del año.

El Malpensado solicitó una entrevista con los propietarios de la empresa Seguridad Privada del Desierto. Aunque no la concedieron, confirmaron a través de un empleado que la Secretaría de Salud les ha retrasado los pagos.

Seguridad Privada del Desierto ganó este 2019, a través de una licitación pública nacional, el contrato de 20 millones de pesos con la Secretaría de Salud, tras ofertar una propuesta 100 mil pesos por debajo que la hecha por SISPS, empresa que a la mayoría de las licitaciones llega sin competidores.

La empresa SISPS, propiedad de José Luis Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019.
foto: cortesía

Evasión de obligaciones ante el Seguro Social

La empresa SISPS, propiedad de José Luis Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019 con al menos 10 diferentes dependencias estatales como el DIF, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, entre otras.

Estos compromisos, le requerirían al menos 284 guardias simultáneos para cada turno de 12 horas, por lo que para cubrir ambos turnos, necesitarían de al menos 568 guardias.

Sin embargo, tras una búsqueda en bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución ante la cual las empresas deben registrar a sus empleados, no sólo por Ley, sino porque se encuentra establecido en el contrato de prestación de servicios con cada dependencia, se halló a mediados de noviembre que únicamente tiene 13 trabajadores permanentes dados de alta y 76 eventuales.

Hay opacidad en el gasto, asegura diputada

El órgano que revisa el ejercicio de los recursos públicos para que el Poder Legislativo cumpla con una obligación constitucional es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Sin embargo, sus funciones quedan acotadas por diversas razones, explicó la diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.

“El ISAF solamente hace observaciones, quien integra los expedientes, quien le da seguimiento a una malversación, un desvío de recursos o un mal ejercicio es la Contraloría del Estado, entonces sabemos que ahí es donde realmente se le da trámite a eso o se detiene”, agregó.

En octubre de este año el Congreso del estado informó que después de revisar las cuentas públicas de 96 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, se determinaron 1,397 observaciones que fueron solventadas; y quedaron 167 en proceso de análisis y 45 por atender.

Para la legisladora, el gobierno del estado gasta a discreción una cantidad millonaria de recursos, porque una vez que el Congreso aprueba el presupuesto para cada año, ya no tiene injerencia hasta que concluye el año fiscal, y hasta que reciben la cuenta pública y las auditorías del ISAF.

Esta situación permite que el Ejecutivo realice reordenamientos financieros y ampliaciones al presupuesto durante el año fiscal sin avisar al Poder Legislativo.

“Es una gran cantidad de recursos que quedan a discreción porque esas autorizaciones de ampliaciones de presupuesto, o modificaciones al presupuesto no pasan por el Congreso del Estado”, agregó Platt Salazar.

La fracción XXV del Artículo 64 de la Constitución del Estado de Sonora, referente a las facultades del Congreso local, menciona lo referente a la cuenta pública:

“Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley”.

Para conocer más sobre el papel del ISAF, El Malpensado solicitó una entrevista a través de la oficina de vinculación, pero no obtuvo respuesta. De igual forma no se obtuvo respuesta de la Contraloría del Estado ni de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

La diputada María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, explicó que el estado se encuentra en el camino a modificar leyes y reglamentos que permitan tener mejores herramientas para enfrentar los actos de corrupción, como por ejemplo, tener detalles de las compras que se realiza el gobierno y a quién se beneficia con esos contratos.

“El problema es que tenemos una Ley de Adquisiciones muy vieja, y son de las cosas que tenemos que mejorar. Cuando te hablaba que hay la oportunidad en la Comisión Anticorrupción de modificar leyes, una de las leyes que es importante es precisamente la Ley de Adquisiciones”, aseguró del Río Sánchez.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana cuenta con una serie de indicadores agrupados en la plataforma Data Coparmex, con la finalidad de medir los retos en economía para cada entidad federativa, entre los que destaca una medición denominada “México sin corrupción”.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, explicó que el resultado del indicador se obtiene a través de encuestas con los empresarios socios del organismo, para conocer su opinión y percepción sobre corrupción en la interacción con el gobierno.

La opinión de los empresarios sobre el gobierno estatal en Sonora, arrojó en marzo de 2018 que un 43% de los encuestados tiene una percepción negativa, que fue disminuyendo hasta llegar a 33% en noviembre de 2019.

“Aún así, 30% sigue siendo alto, de un fenómeno que no debería de suceder, que debería de ser cero. Aunque nos estamos dirigiendo en esa dirección, falta mucho trabajo aún por hacer”, explicó el dirigente de Coparmex Sonora Norte.

CRÉDITOS:

Investigación: Antonio García Viera

Edición: Lorena Lamas

Ilustración: Carlos Mendoza

Infografía: Gabriela Guerrero

“Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

‘Time’ nombra ‘persona del año’ a Greta Thunberg

Redacción / Zona Norte
Hace 6 años
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La joven sueca Greta Thunberg fue elegida persona del año 2019 por la revista estadounidense Time.  - Foto: Cortesía.

La joven activista de 16 años Greta Thunberg ha sido elegida persona del año 2019 por la revista estadounidense Time. La publicación selecciona cada año, a un hombre, mujer o movimiento que haya ocupado los medios durante el año.

Por su parte la joven manifestó mediante su cuenta de twitter. "¡Guau, esto es increíble! Comparto este gran honor con todos los que participan en el movimiento Fridays For Future y los activistas climáticos de todas partes"

Originaria de Suecia, la mujer se ha convertido en un símbolo en la lucha contra el cambio climático y en valoración de la revista, meses. En esta ocasión Time ha valorado que la joven activista sueca "ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global".

En un reportaje muy completo sobre ella y sobre el viaje que ha hecho a través del océano atlántico a bordo de un catamarán para asistir a la Cumbre del Clima, la COP25, que se celebra estos días en Madrid.

Las finalistas y publicaciones de otros años

Compitiendo con la joven este año, estaban el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi o los manifestantes de las protestas en Hong Kong.

El pasado año la revista compartieron reconocimiento el reportero saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul o la periodista filipina Maria Ressa, directora general del sitio web de noticias Rappler y perseguida por el régimen de Rodrigo Duterte. Un año antes, en 2017, fueron portada a las mujeres que denunciaron acoso sexual mediante el movimiento #MeToo.

Falleció Don Heberto Peterson Legrand, un apasionado de la historia de Ensenada

Quienes lo conocieron atestiguan que de lo que más orgulloso estaba fue de la fundación del Archivo Histórico
Hace 2 años
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Heberto Peterson Legrand nació en Tijuana el 14 de marzo de 1941 pero la mayor parte de su vida se radicó en Ensenada.  - Foto: Cortesía.

El lunes 18 de septiembre los medios de comunicación de Ensenada se encontraron con la noticia del fallecimiento de Don Heberto Peterson Legrand a la edad de 82 años.

Un hombre incansable y apasionado de la historia de Ensenada designado cronista vitalicio de Ensenada. Periódico el Vigía donde fue director en la primera época publicó que el deceso fue por causas naturales luego de una enfermedad que a últimas fechas se había complicado.

Peterson nació en Tijuana el 14 de marzo de 1941 pero la mayor parte de su vida se radicó en Ensenada. Fue contador público de profesión, se convirtió en articulista, profesor, funcionario y principal impulsor de lo que es el Archivo Histórico de Ensenada.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre amable y cordial, de buen trato y ferviente católico, fue vocal del Patronato del Centro Histórico, Turístico y Cultural de Ensenada, presidente del Patronato del Archivo Histórico de Ensenada, e integrante del Consejo de Conservación del Patrimonio Cultural de Baja California.

En mayo de 2018 fue nombrado como “Ciudadano Distinguido” en el área de Cultura por el gobierno municipal y designado Cronista Vitalicio de Ensenada.

Durante su gestión como Director de Educación Municipal (2004-2007) inició lo que fue su proyecto personal y más preciado, la creación del Archivo Histórico de Ensenada, propuesta en la que trabajó hasta los últimos días de su vida. Y que actualmente se encuentra en el Centro Cultural del Riviera, tras haber sido sacado de las instalaciones del ex Mercado Público.

Como periodista además de ser director general del periódico El Vigía, en su primera época, colaboró de forma permanente en la segunda etapa de este diario, su columna y artículos pueden leerse en línea.

También publicó en Semanario Zeta de Tijuana, La Crónica, Presencia y Frontera, el periodista Gerardo Sánchez estima en más de tres mil las colaboraciones publicadas a largo de varias décadas como columnista.

Como funcionario público fue director de la Casa de la Cultura, titular de la Dirección de Educación Municipal, Director Administrativo del DIF Baja California, también ocupó distintos cargos en la Secretaría de Educación y Bienestar Social.

Impartió clases en Universidad Xochicalco, fue director de Comunicación y Relaciones Públicas del Sistema Cetys Universidad donde impartió diversos cursos y talleres sobre liderazgo y comunicación.

Además de escribir artículos y columnas de opinión publicó los libros: “Incursiones en el Periodismo”, “Oraciones y Pensamientos”, “Conciencia Política”, “Conciencia Social”, “Crónicas Ensenadenses”, “Crónicas de Viaje” y “Cuentos y Coloquios”.

Testimonios de quienes lo conocieron bien aseguran que de todos los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, Don Heberto señalaba que de lo que más orgulloso estaba fue de la fundación del Archivo Histórico de Ensenada, en el que trabajó con intensidad y pasión en los últimos años de su vida, por lo que sería un acierto que el Archivo Histórico de la ciudad lleve su nombre.

Descanse en paz Don Heberto.

Editorial
Un peligroso silencio entre el ruido mediático
2025-02-06 12:59:21
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En estos momentos en el mundo solo hay un tema a tratar: el desplazamiento forzado de seres humanos hacia lugares desconocidos y sin supervisión.

No solo se trata de los migrantes que están de sacando de los Estados Unidos  a sudamérica y a México, sino de los que están mandando a Cuba. O de quienes buscan sacar de la Franja de Gaza. A este fenómeno se le ha llamado históricamente limpieza étnica.

Más información...

La migración es una condición natural del ser humano; de no ser así, África sería el único continente poblado.

Sin embargo, mientras estas crisis humanitarias ocurren, las distracciones abundan: accidentes aéreos, aranceles, los premios Óscar, el Super Bowl. Entre todo ese ruido mediatico hay un peligroso silencio.

La historia nos enseña que no hay nada más peligroso que un hombre con poder absoluto. Ya se vio con los emperadores romanos, los reyes europeos, la Alemania nazi y las dictaduras latinoamericanas.

Este hombre, Donald Trump, no es un rey, mucho menos un emperador, y está lejos de ser un dictador. Sin embargo, ostenta un poder real. Permitir que actúe a su voluntad será un error que podría costar millones de vidas. Los poderes de un presidente de Estados Unidos están limitados por sus propias leyes; hombres más inteligentes y modestos dispusieron estas restricciones, incluso desde tiempos de la antigua Roma.

México ya vivió con un reyezuelo en los últimos seis años, a quien apenas se pudo contener forzando los límites de los tres poderes. En Estados Unidos, podría no ser así: este hombre tiene en sus manos un poder de destrucción militar y económico sin precedentes en la historia de la humanidad.

Denunciar migrantes, sembrar el miedo a salir de casa, la cacería humana: todo esto ya es conocido. Basta con ver los documentales de la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones de los juicios, o leer El diario de Ana Frank y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. No es ficción: el Holocausto realmente sucedió y todos los seres humanos deberían conocerlo en detalle.

Intelectuales contemporáneos ya lo han advertido: donde fallaron Hitler, Stalin, Franco, otro podría triunfar en cualquier país. La gente está demasiado ocupada consumiendo videos y fotos en redes creadas por hombres que ya se subordinan al poder.

La verdadera noticia no es la presencia de una persona trans en los premios Óscar. Es el desplazamiento ilegal de seres humanos, sin la supervisión de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Reviven proyecto turístico Punta Brava en La Bufadora

Un campo de golf es el mayor atractivo
Colaboración
Hace 3 meses
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Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán como áreas de conservación  - Foto: Cortesía.

Después de varios años detenido, el Gobierno Municipal activará el acuerdo para la construcción del “Desarrollo turístico inmobiliario Punta Brava” ubicado en la península de Punta Banda, cerca de La Bufadora.

Hasta el 2022, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimaba una inversión de al menos 150 millones de pesos. Una inversión de 63 millones de pesos mexicanos, para la prevención y mitigación de la zona.

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El desarrollo comprende campo de golf con 18 hoyos, 15 cabañas, casas y villas, restaurante, lounge bar, teatro, boliche, wine room, lotes residenciales, spa, gimnasio y helipuerto, albercas, vialidades internas, planta de tratamiento de aguas residuales, de ósmosis inversa, desalinizadora.

“Este proyecto que se llama Punta Brava, al señor -dueño del proyecto- en realidad nunca le dieron oportunidad de sobresalir porque le pedían demasiado dinero. Pero si tú ves el proyecto, hay que darle oportunidad”, comentó a Semanario ZETA la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Son alrededor de mil hectáreas aprovechadas en la obra, más otras que se usarán por una empresa de Estados Unidos, como áreas de conservación tras haber identificado un importante potencial turístico en esa área de la ciudad.